8.4 Relaciones con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, otras instituciones y organismos públicos y privados

Las relaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad continúan siendo fluidas y constantes, tal y como reflejan la mayoría de los/las fiscales delegados/as en sus respectivas memorias en las que recalcan la dedicación y disponibilidad de los funcionarios policiales pese a la falta de medios a su disposición. También destacan la mejora que ha supuesto la creación de los equipos @ de la Guardia Civil como remedio a las carencias de personal especializado en delitos tecnológicos en las Unidades de Policía Judicial de dicho Cuerpo. Dichas relaciones se concretan tanto en reuniones y comunicaciones puntuales para tratar sobre las investigaciones más complejas, como en el envío a los/as especialistas de los atestados relativos a cibercrimen que sean remitidos a los juzgados. Ello nos permite obtener información sobre las investigaciones en curso y las peticiones que se efectúan por dichas unidades ante los órganos judiciales. Este traslado de información en algunas provincias es tan exhaustivo que los funcionarios policiales llegan incluso a dar cuenta a el/la fiscal delegado/a de la totalidad de los atestados en curso indicando si han sido o no judicializados, tal es el caso de A Coruña, Almería, Barcelona, Guadalajara o Zamora, lo que permite un conocimiento mucho más completo de la evolución del fenómeno criminal en el respectivo territorio y hace posible la reclamación de los atestados vía art. 284.2.c) LECrim a los efectos de su valoración y, en su caso, la incoación de diligencias de investigación si así se estima procedente.

A nivel nacional, como en años anteriores, siguen celebrándose con asiduidad reuniones periódicas entre quienes integramos esta Unidad Coordinadora y los responsables de unidades policiales especializadas, que se articulan a través de nuestras Oficinas de Enlace con Policía Nacional y Guardia Civil. Esto posibilita un conocimiento permanente y actualizado de la evolución del cibercrimen y de las investigaciones en curso más relevantes, así como de las dificultades técnicas o jurídicas que de ellas se derivan, y, por ende, el análisis y estudio técnico jurídico de las mismas de forma conjunta a partir de un intercambio serio y reflexivo de experiencias y conocimientos. Ello contribuye igualmente a fomentar una mayor y fructífera coordinación no solo de los investigadores policiales con la Fiscalía sino también entre las distintas unidades especializadas en cibercrimen con ocasión de las cada vez más habituales operaciones en las que confluyen los distintos cuerpos policiales.

En 2022 se han incrementado los contactos con representantes de instituciones u organismos públicos y privados con responsabilidad en este ámbito ya sea para cooperar en actuaciones diversas, crear sinergias o desarrollar actividades de carácter formativo. En este marco destaca especialmente la firma, el 21 de diciembre de 2022, del Convenio de Colaboración para mejorar los Procesos de Detección, Persecución Penal y Retirada de Contenidos sobre Abuso Sexual de Personas Menores de Edad en la Red suscrito entre la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. En virtud de este Convenio el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) remitirá directamente a la fiscalía, a través de la Unidad contra la Criminalidad Informática, los reportes sobre material de abuso sexual infantil que lleguen a su conocimiento en su condición de miembro del servicio hotline internacional INHOPE –habilitado para facilitar la retirada y denuncia de contenidos de esa naturaleza– a fin de que por parte de esta Unidad, en el ejercicio de las funciones que nos corresponden, se promueva e impulse la investigación y persecución penal de los autores y responsables de dichas conductas. Con ello se pretende reforzar el compromiso del Ministerio Fiscal español en la lucha contra ese tipo de acciones criminales siguiendo las directrices marcadas por la Estrategia Europea sobre Lucha contra el Abuso Sexual Infantil a la que anteriormente hemos hecho referencia.

También ha de dejarse constancia de la labor desarrollada por la Unidad de Criminalidad Informática como Punto de Contacto a efectos de ejecución del Protocolo para Combatir el Discurso de Odio Ilegal en Línea, que fue adoptado en marzo del 2021 en el marco del Acuerdo interinstitucional para colaborar en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia, renovado por unanimidad en la presente anualidad. En el año 2022 se tramitaron con éxito 6 peticiones a las plataformas –Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y Tik Tok–, cursadas a solicitud de autoridades judiciales. Además, en el seno de dicho Acuerdo interinstitucional, la Unidad de Criminalidad Informática ha colaborado activamente en diversos grupos de trabajo, reuniones y actividades docentes relacionadas con el discurso de odio online celebradas en 2022, entre ellas las dos reuniones convocadas en su Comisión de Seguimiento en las que ha participado la Fiscal de Sala.

Por otra parte han de mencionarse los contactos mantenidos a lo largo del año para abordar conjuntamente temas de interés común con distintos departamentos del Ministerio de Justicia y también con el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) dependiente de Presidencia de Gobierno, el Mando Conjunto del Ciberespacio, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el Embajador en Misión Especial para las Amenazas Hibridas y la Ciberseguridad así como con diversas entidades docentes, entre las que destaca la Universidad de Alcalá de Henares cuyo Departamento de Ciencias de la Computación colaboró estrechamente con la Fiscalía en la organización y desarrollo de unas Jornadas técnicas orientadas a mejorar la especialización de los/as fiscales de la red. Al respecto también ha de citarse el apoyo prestado por INCIBE en la celebración de las Jornadas de Especialistas en Criminalidad Informática que tuvieron lugar en la sede de dicho Instituto.

Durante el año memorial se han seguido manteniendo igualmente los contactos con diversas empresas u organismos del sector privado tales como entidades bancarias, proveedores de servicios –Meta, Microsoft, Google/Youtube o Twitter– entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual y con operadores de comunicaciones como Telefónica Nacional de España en cuyo Consejo Asesor Externo ha participado en diversas ocasiones la Fiscal de Sala.

La proyección internacional de la Unidad de Criminalidad Informática sigue intensificándose como corresponde al carácter transnacional del cibercrimen. Hemos seguido manteniendo nuestra presencia activa en las reuniones semestrales del T-CY de la Convención de Budapest del CoE, en las que la Fiscal de Sala ostenta la representación española por designación del Ministerio de Justicia y que en mayo de 2022 cristalizaron en la apertura a la firma del Segundo Protocolo Adicional a dicha Convención. Por otra parte, la celebración en el presente año 2023 del vigésimo aniversario del Primer Protocolo Adicional sobre Racismo y Xenofobia de esa misma Convención motivó la intervención de la Unidad Coordinadora en un webinario sobre esa materia, celebrado en el mes de diciembre y la preparación de diversos cuestionarios e informes sobre la implementación de ese Primer Protocolo en nuestra legislación interna que culminaron con la participación como ponente de la Fiscal de Sala en la Conferencia internacional celebrada en Estrasburgo con ocasión de dicha onomástica, ya en 2023, para exponer la experiencia española en relación con ello.

También son ejemplo de nuestra proyección internacional la participación de la Fiscal de Sala en el Global Cybersecurity Forum 2022 –en Arabia Saudí, así como en el Seminario Bilateral España-EEUU sobre ciberseguridad, celebrado en Madrid y en el que, además de los Delegados de la Administración y la Fiscalía Federal de EEUU, intervinieron representantes de los Departamentos Ministeriales de Presidencia de Gobierno, Exteriores, Justicia e Interior. También y a petición de su Presidente, la Fiscal de Sala pronunció, en forma virtual, la Conferencia inaugural del mes dedicado a la ciberseguridad organizado por el Senado de Chile.

Por otra parte, se ha seguido manteniendo la participación de los puntos de contacto establecidos en la Unidad Especializada en las distintas redes internacionales operativas en materia de cibercrimen. Así en la CiberRed integrada por los países miembros de la Asamblea Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) se han celebrado en 2022, con nuestra intervención, dos reuniones online y en la Red Judicial Europea contra el Cibercrimen (EJCN), una online y otra presencial, así como contactos en diversos grupos de trabajo y reuniones de coordinación en el marco de Eurojust en las que también ha intervenido activamente la fiscal adscrita designada como contacto en dicha red. Por su parte la Red Europea de Fiscales Especialistas en Propiedad Intelectual (EIPPIN) ha continuado con sus webinarios y reuniones a las que han asistido los Puntos de Contacto nacionales, así como el delegado de Valencia para ilustrar a los integrantes de dicha red sobre la doctrina establecida por el Tribunal Supremo español en determinados aspectos relacionados con los delitos contra la propiedad intelectual.

Para finalizar haremos referencia a la frecuente participación de los y las fiscales especialistas en proyectos de cooperación al desarrollo impulsados por la Unión Europea, el Consejo de Europa o AECID. Así la Unidad participó junto con la Fiscalía Anticorrupción, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil en una actividad promovida por el Ministerio Publico de Costa Rica y orientada al «Fortalecimiento de las Capacidades del Ministerio Público en temas de estafa y cibercrimen» en el seno del «Programa Latinoamericano de cooperación Técnica». Asimismo y a iniciativa del PAcCTO –Programa de Cooperación Internacional contra el Crimen Transnacional Organizado– algunos integrantes de la Unidad y varios delegados territoriales de la especialidad han prestado su apoyo en diversos proyectos para la capacitación de las fiscalías y/o procuradurías en Iberoamérica como el destinado al fortalecimiento de la Unidad contra el cibercrimen en la Fiscalía de Perú o la asesorías online orientadas a establecer las bases para articular unidades especializadas en cibercrimen en las Fiscalías de Ecuador, Bolivia y Uruguay así como la convocada para la preparación de una propuesta de ley modelo sobre evidencias electrónicas para Latinoamérica.