8.3 Estructura y funcionamiento del área de especialización
La Unidad Coordinadora de criminalidad informática, constituida conforme a lo dispuesto en el art. 20.3 del EOMF, se articula en torno a la figura de la Fiscal de Sala Coordinadora que, como responsable del impulso y supervisión de la actividad del Ministerio Fiscal en esta concreta materia, cuenta para el desarrollo de sus funciones con el inestimable apoyo de una Red de Fiscales especialistas, actualmente integrada por 158 fiscales, cuya dirección y coordinación tiene atribuidas y que se estructura conforme al modelo establecido en la Instrucción 1/2015 sobre algunas cuestiones en relación con los Fiscales de Sala Coordinadores y los Fiscales de Sala Delegados.
A nivel central, se integran en la red dos fiscales adscritas, que desarrollan su labor de apoyo a la Fiscal de Sala Coordinadora en la Unidad de Criminalidad Informática de la FGE, y un fiscal delegado de la especialidad en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. En el ámbito territorial, el área de especialización se estructura en 50 secciones especializadas, una por provincia, dirigidas por un/a fiscal delegado/a que, para el desarrollo de su actividad, cuentan con 39 fiscales colaboradores y 31 fiscales de enlace en las 17 fiscalías de área actualmente existentes. Este organigrama se completa con la fiscal delegada en la Fiscalía de la C. A de Madrid y, desde julio de 2022, la fiscal delegada en la del País Vasco. Es de esperar que a este nombramiento de carácter autonómico le sigan otros en restantes fiscalías de CCAA pues, como se puso de relieve en las Jornadas de especialistas de 2021, es necesario hacer extensiva la especialización a dichos órganos del Ministerio Fiscal como medio de reforzar la unificación de criterios a partir de un mayor intercambio de conocimientos y experiencias.
El funcionamiento del área de especialización descansa en el trabajo conjunto y coordinado de la red, caracterizado por la permanente disponibilidad de sus miembros y por el establecimiento de canales de comunicación fluidos y constantes tanto por correo electrónico como por teléfono, WhatsApp o cualquier otro medio de contacto. La celebración anual de las Jornadas de especialistas –foro de encuentro personal en el que se debaten los temas más candentes en las materias propias de la especialidad y se obtienen conclusiones que, una vez validadas por el FGE, constituyen los criterios orientadores de nuestra actuación– tuvo como escenario en esta ocasión la sede de INCIBE en León, los días 16, 17 y 18 de noviembre y constituyó, como es habitual, el entorno ideal para crear equipo y estrechar vínculos entre los miembros de la red, contribuyendo a la mayor agilidad y eficacia en el funcionamiento de la especialidad y al fortalecimiento del principio de unidad de actuación en éste área.
Una imagen adecuada de la actividad desarrollada en el área de especialización en el año memorial requiere diferenciar la desarrollada a nivel central desde la Unidad de Criminalidad Informática de la llevada a cabo por las secciones territoriales.
Actividad de Unidad de Criminalidad Informática de la FGE
Buena parte de la actividad desarrollada por esta Unidad se refleja en los 647 expedientes incoados en 2022 para el ejercicio de las funciones que nos corresponden –art. 9.2-2.º del Reglamento del Ministerio Fiscal– y que atendiendo a su naturaleza, categorizamos como expedientes de seguimiento, de coordinación, de resolución de consultas informales, de comunicación de incidentes de seguridad, de ejecución del Protocolo para Retirada del Discurso de odio y de cumplimentación de solicitudes internacionales. Por otra parte, y en el marco de nuestras competencias se incoaron en ese periodo, 5 diligencias de investigación al amparo del art. 5 EOMF o de la Circular 4/2013 FGE.
De entre los primeros, 317 expedientes se corresponden con denuncias u otros escritos, remitidas a la Unidad por ciudadanos u otros organismos y entidades públicas o privadas, sobre hechos competencia de esta especialidad, ya sea directamente ya a través de Unidad de Apoyo o la Secretaría Técnica FGE. En este grupo se incluyen los 56 expedientes derivados de las comunicaciones remitidas por la AEPD a través del DPD y los 63 expedientes incoados por situaciones relacionadas con suplantación de identidad online a las que ya se ha hecho referencia y cuyo imparable crecimiento exige cada vez una mayor atención de la Unidad Coordinadora. En el empeño por paliar los execrables efectos de estas conductas, la iniciación de cualquiera de estos expedientes implica la comunicación a todos/as los integrantes de la red de la detección de un posible supuesto de suplantación de estas características, a fin de que por los/as mismos/as se recabe información sobre asuntos en curso en los que concurra dicha circunstancia en sus respectivos territorios y se adopten las medidas oportunas para evitar que los afectados por esta situación sean sometidos indebidamente a un procedimiento judicial. Esta labor se complementa con la solicitud de información a los cuerpos policiales, a través de las Oficinas de enlace con Policía Nacional y Guardia Civil o, en el caso de policías autonómicas, a través de los respectivos delegados territoriales, sobre atestados incoados por denuncias de estafa en las que presuntamente se ha usado la identidad suplantada, para trasladar, en su caso dicha información al/la fiscal delegado/a que corresponda a los fines antes indicados.
Por lo que se refiere a los expedientes de seguimiento en el año memorial se iniciaron 286, de los que 186 tuvieron por objeto la supervisión de escritos de acusación o sobreseimiento en asuntos de especial trascendencia elaborados en los órganos territoriales que, en aras a garantizar el principio de unidad de actuación y la máxima calidad técnico-jurídica, se encomienda a los Fiscales de Sala Coordinadores por la Instrucción 1/2015. A estos efectos y tal y como se recoge en Instrucción 2/2011, dicha supervisión alcanza necesariamente a las acusaciones sobre delitos relativos a ataques a sistemas informáticos –ya se trate de espionaje ya de sabotaje informático–, de elaboración o difusión de pornografía infantil o de personas con discapacidad, delitos contra la propiedad intelectual cometidos a través de los sistemas de información, ilícitos online cometidos por una organización criminal y aquellos otros cuyas fases de comisión o efectos se manifiestan en el ámbito territorial de más de una fiscalía. Sin perjuicio de ello, la labor de supervisión se extiende eventualmente a escritos referidos a otros tipos delictivos competencia de la especialidad que, atendiendo a las sugerencias de la Unidad Coordinadora, se remiten por los/as especialistas cuando lo estiman oportuno y que, en su mayor parte, atañen a delitos contra la intimidad o supuestos de childgrooming. Como se ha apuntado, en el apartado sobre escritos de acusación, a menudo esta labor de supervisión recae sobre asuntos de gran complejidad que, como complemento del arduo trabajo realizado por el/la fiscal encargado/a de su tramitación, requiere de un importante esfuerzo de estudio y análisis en la Unidad, sobre todo en aquellos supuestos de corrupción de menores que afectan a un elevado número de víctimas, a veces, agredidas en formas diversas en su integridad e indemnidad sexual y por periodos prolongados de tiempo, a los que pueden ser de aplicación diferentes versiones del código penal derivadas de sucesivas reformas legislativas en esta materia.
A los referidos expedientes de seguimiento se añaden 100 más, abiertos para supervisión y control de asuntos de especial trascendencia, comunicados por los fiscales especialistas o por las unidades policiales especializadas a cargo de la investigación. En relación con estos últimos, es de destacar el importante papel que desempeñan las Oficinas de Enlace con Policía Nacional y con Guardia Civil, pues constituyen la correa de transmisión entre sus respectivos cuerpos y la Unidad Coordinadora, ya sea presentando en nuestra secretaría copia del atestado u oficios elaborados en asuntos de nuestra competencia ya sea trasladando el interés de sus respectivas unidades en mantener reuniones para informar de los principales aspectos de la investigación o plantear cuestiones técnico-jurídicas suscitadas en la misma. Estos encuentros, ya habituales en la actividad de la Unidad, suelen dar lugar a la apertura del oportuno expediente de seguimiento, que es comunicada al/la fiscal especialista competente con el requerimiento de que mantenga informada a la Unidad de las diligencias, dictámenes, escritos o actuaciones de interés en la causa.
Por su parte, las notificaciones sobre incidentes de seguridad remitidos a la Unidad Coordinadora por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) en cumplimiento de lo establecido en el art. 14.3 del RD 12/2018 sobre seguridad en redes y sistemas de información, dio lugar a la apertura de 14 expedientes en los que, tras recabar la pertinente información del cuerpo policial al que se asignó la investigación, se analizaron sus posibles repercusiones penales y se efectuó un seguimiento de la investigación policial y, en su caso, de las diligencias judiciales a las que dieron lugar.
La labor asumida por la Unidad Especializada, como punto de contacto nacional con los proveedores de servicio extranjeros en ejecución de los acuerdos adoptados en el Protocolo para combatir el Discurso de Odio Ilegal, dio lugar a 6 expedientes abiertos para ejecución de resoluciones judiciales de retirada de la red de contenidos ilícitos de odio.
También se han abierto 13 expedientes para la resolución directa de consultas informales planteadas a la Unidad por los fiscales especialistas; 2 de coordinación para acumulación de asuntos con afectados ubicados en múltiples demarcaciones territoriales y otros 5 para atender a solicitudes de colaboración en procedimientos de trascendencia internacional, 2 de ellos a instancia de la Unidad de Cooperación internacional y el resto a instancias de Eurojust.
Además, y como ya se ha dejado constancia, en 2022 se abrieron en la Unidad 5 diligencias de investigación, 1 por asignación directa de la FGE justificada en la especial trascendencia de los hechos, y otras 4 para determinación de la fiscalía territorialmente competente, objetivo para el que resulta esencial el trabajo de investigación en fuentes abiertas que realizan las Oficinas de enlace policiales adscritas a la Unidad Coordinadora.
La función que ostentan las fiscales de la Unidad como puntos de contacto de la Red Judicial Europea de Cibercrimen (EJCN), de la Red Europea de Fiscales Especialistas en Propiedad Intelectual (EIPPIN) y de la Red Iberoamericana de Fiscales Especialistas en Cibercrimen (CibeRed), además de la asistencia a las reuniones que fueron convocadas en el año 2022 a las que se hace referencia en otro apartado de esta memoria, ha exigido una participación activa en las iniciativas de trabajo impulsadas desde las mismas, tal es el caso de intervención en el grupo de trabajo sobre retención de datos de la EJCN, del que formamos parte desde su creación, que en la anualidad a que se refiere esta Memoria ha celebrado dos reuniones –una presencial y la otra virtual – para analizar las últimas resoluciones del TJUE sobre esta materia y su impacto en las legislaciones internas de los Estados miembros y también de nuestra contribución a la preparación y publicación del sexto número de la revista Cybercrime Judicial Monitor, periódicamente publicada por la citada red, mediante la cumplimentación de los cuestionarios sobre evolución de la criminalidad que nos fueron remitidos a tal fin.
La tramitación y resolución de los expedientes a que nos hemos referido tan solo constituye una de las facetas de la actividad desarrollada por la Unidad Coordinadora durante 2022. Así, además de la participación en las frecuentes reuniones y encuentros de trabajo con los cuerpos policiales, u otros organismos e instituciones que se mencionan en el apartado relativo a las relaciones institucionales, han de mencionarse, entre otras: la colaboración en la elaboración de los programas de formación inicial y/o continuada de los/as fiscales e impartición de ponencias en los mismos; la recopilación y remisión con periodicidad semestral de la jurisprudencia más novedosa, nacional e internacional, y documentación de interés para la especialidad –que también se nutre de las aportaciones los/as fiscales de la Red–, o la participación en la Comisión de Seguimiento del Plan Nacional contra la Ciberdelincuencia que convoca semestralmente el Ministerio del Interior y también en los subgrupos 2.º y 4.º del grupo de trabajo sobre regulación, denominado GT5, creado por el Foro Nacional de Ciberseguridad con el objetivo de facilitar la interacción entre los sectores público y privado a propósito de las iniciativas estratégicas o de regulación en ciberseguridad que afecten sus intereses y competencias relevantes, que, en este ejercicio se materializó en cuatro sesiones de trabajo con el subgrupo 2.º, sobre análisis de disfunciones regulatorias, y otras tres con el subgrupo 4.º, orientadas a la fijación de una agenda estratégica de regulación.
Actividad de las secciones territoriales
En el año 2022 la composición de las secciones territoriales ha sufrido modificaciones que en su mayor parte responden al traslado de sus componentes o a reorganizaciones internas de la correspondiente fiscalía territorial que en varios supuestos han implicado un refuerzo de la sección como es el caso de las secciones de Granada que cuenta con dos nuevos fiscales y de las de Bizkaia, Las Palmas o Valencia, todas ellas con un miembro más. Por su parte, las secciones territoriales de Lleida, Huesca, Córdoba, Murcia y la Rioja cuentan con un nuevo delegado y las Fiscalías de área de Dos Hermanas (Sevilla), Manresa (Barcelona), Getafe (Madrid), Móstoles (Madrid) y Elche (Alicante) con nuevos fiscales de enlace. Sin variar el número de sus integrantes, también se han visto afectadas por cambios en su composición las secciones de Cantabria, Toledo y Valencia.
En algunos casos, el traslado del/la fiscal especialista no ha implicado una pérdida del valor que implica su especialización, suponiendo tan solo su incorporación a la correspondiente sección de criminalidad informática del nuevo órgano territorial de destino. Así ha ocurrido con la fiscal de enlace en Manresa que ha pasado a integrarse en la sección territorial de Baza, en Granada y de la fiscal cesante en Toledo actualmente fiscal de enlace en Getafe. Por su parte, la designación del fiscal delegado de Lleida como Fiscal Jefe Provincial, si bien ha supuesto su renuncia a la delegación, para mejor ejercicio de la jefatura, permanece en la sección especializada como fiscal colaborador.
Según se desprende de las memorias de los/as fiscales delegados/as, en el año 2022, la organización y funcionamiento de las secciones de especialistas territoriales que, como es sabido, corresponde al fiscal jefe respectivo en atención a las concretas características del órgano que dirige, no ha experimentado cambios relevantes.
Con carácter general –excepción hecha de las Fiscalías de Madrid, Las Palmas Valencia o Barcelona– los/las especialistas compatibilizan el ejercicio de la especialidad con el despacho de asuntos de distinta naturaleza que les corresponden por reparto. La mayoría de los/las fiscales delegados/as, tienen atribuido el visado o previsado de los escritos de calificación, lo que les facilita el control de causas y, al tiempo, asegura la aplicación de los criterios que se van fijando en el área de especialización y, en definitiva, el cumplimiento del principio de unidad de actuación. La emisión de notas de servicio constituye el medio más común para informar a los demás miembros de la plantilla sobre las normas de funcionamiento de la especialidad, supervisión, parámetros de registro, novedades jurídicas o técnicas en la materia, conclusiones de las Jornadas, etc. En general todos ellos/as han alcanzado un nivel óptimo de relación con los cuerpos policiales y mantienen una relación fluida con los demás miembros de la plantilla y con las otras áreas de especialización, muy particularmente con las secciones de violencia de género, menores, delitos de odio y contra la discriminación y cooperación internacional puesto que, por razón de la materia, son muy habituales los asuntos de interés común con dichas especialidades. Las dificultades de registro y control adecuado y fiable de procedimientos competencia de la especialidad, ya puestas de manifiesto en el análisis de la evolución de la criminalidad, constituye el principal motivo de preocupación y queja de los especialistas que, según refieren, intentan solventar estas deficiencias, instaurando sistemas de registro internos, que en su mayoría se apoyan en la remisión por parte de los cuerpos policiales de información sobre atestados que afectan a la especialidad, indicando si se ha procedido o no a la judicialización de los mismos.