8.5 Relaciones con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, otras Instituciones y Organismos públicos y privados

Con carácter general los/as fiscales delegados/as destacan el mantenimiento de unas relaciones fluidas de cooperación y coordinación con Fuerzas y Cuerpos de seguridad pese a las restricciones derivadas de la declaración del estado de alarma como consecuencia de la pandemia. Al respecto, señalan cómo los necesarios contactos con los responsables de las correspondientes unidades policiales, ya sea para remisión de informes, para seguimiento y control de asuntos de especial trascendencia y complejidad, para valoración de las medidas de las investigación procedentes o para análisis y tratamiento de otras cuestiones específicas relacionadas con la materia, se han llevado a cabo a través de los medios técnicos disponibles –principalmente a través de comunicación telefónica, mensajes de WhatsApp o mediante correo electrónico– ante la imposibilidad de celebrar reuniones presenciales.

Las relaciones con otros organismos e instituciones también se han visto limitadas por la situación de pandemia a contactos mantenidos a través de medios tecnológicos. Como se ha dicho, con el paso del tiempo las secciones especializadas se han ido configurando en puntos de referencia a los que recurrir, en el ámbito de las respectivas demarcaciones territoriales, para solventar dudas y plantear cuestiones relacionadas con nuestro ámbito de competencia. Esta circunstancia explica también que la colaboración del Fiscal especialista en actividades formativas organizadas por estas instituciones u organismos, al igual que ocurre con las proyectadas por Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sea demandada progresivamente con más frecuencia.

A nivel central, son cada vez más habituales las reuniones de los/as integrantes de la Unidad de Criminalidad Informática de la FGE con los/as responsables de las unidades policiales especializadas tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil. Estos encuentros generalmente se celebran a solicitud de los propios cuerpos policiales a través de sus respectivas oficinas de enlace y en la mayor parte de las ocasiones tienen por finalidad dar cuenta, o actualizar la información ya existente, sobre las investigaciones en curso más relevantes, cuando no, recabar la opinión técnico-jurídica de la Fiscalía acerca de la adopción de medidas de investigación tecnológica que se estimen necesarias para el esclarecimiento de los hechos investigados o analizar conjuntamente los problemas de mayor incidencia en este ámbito de la investigación criminal. Ha de destacarse igualmente que, en el periodo de confinamiento más estricto, lejos de interrumpirse estos contactos, los/as máximos/as responsables de las unidades de investigación tecnológica, han mantenido informada a la Fiscal de Sala Coordinadora en tiempo real sobre los problemas, incidencias y/o el impacto de la pandemia en la ciberdelincuencia.

Fiel reflejo de la cooperación interinstitucional de la Fiscalía con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es la creación, a solicitud del director del Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, de un Grupo de Trabajo para la elaboración de un Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad. El Grupo se constituyó en el mes de diciembre de 2020 y ha contado con la participación de varios miembros de la Fiscalía en representación tanto de esta área de especialización, como de la Secretaría Técnica, la Inspección Fiscal, el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional. Asimismo, han colaborado en este proyecto tres Magistrados/as designados por el Consejo General del Poder Judicial y varios letrados/as nombrados por el Consejo General de la Abogacía Española. La labor realizada por el Grupo de Trabajo, se ha centrado en el estudio conjunto del borrador del referido Plan Estratégico –previamente confeccionado por la Secretaría de Estado de Seguridad a través de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad con la colaboración de responsables y especialistas del CNP y de la Guardia Civil– al que por nuestra parte se hicieron las oportunas contribuciones y cuyo texto definitivo, que incluye muchas de nuestras aportaciones, ha visto la luz en el presente año 2021 con la Instrucción 1/2021 de la Secretaría de Estado de Seguridad que aprueba y publica el citado Plan Estratégico.

En el contexto de las relaciones interinstitucionales debe mencionarse la participación de esta área de especialización, en apoyo al Fiscal de Sala Delegado Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, en las sucesivas reuniones de trabajo de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo suscrito entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, los Ministerios de Presidencia, Justicia, Interior, Educación y Formación Profesional, Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Cultura y Deporte y el Centro de Estudios jurídicos para cooperar institucionalmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia y la LGTBIfobia, que se vienen celebrando desde al año 2019. La Unidad también ha intervenido activamente en el subgrupo de la Comisión de Seguimiento sobre Discurso de Odio online, que ha orientado sus esfuerzos a la elaboración de un protocolo de colaboración con las compañías Google, Microsoft, Twitter y Facebook para facilitar la retirada de contenidos ilícitos de la red y en el que también han participado determinadas asociaciones y entidades de la sociedad civil. El trabajo de este subgrupo ha culminado con la reciente publicación del Protocolo para Combatir el Discurso de Odio Ilegal en Línea, presentado el 18 de marzo de 2021 por la Secretaria de Estado de Migraciones del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, como guía para la cooperación entre los/as actores/as institucionales de la sociedad civil y las empresas de servicios de alojamiento de datos para prevenir, eliminar y combatir el discurso de odio ilegal en línea haciendo inaccesibles en la red aquellos contenidos que merezcan la consideración de discurso de odio. En este Protocolo se designa a la Unidad de Criminalidad Informática de FGE como Punto de Contacto Nacional a efectos de dar traslado a las empresas prestadoras de servicio de alojamiento de datos de las decisiones sobre retirada y/o bloqueo de contenidos de carácter delictivo acordadas por el órgano judicial competente con ocasión de procedimientos judiciales en curso.

A destacar también la participación de la Unidad en dos Grupos de Trabajo constituidos en el año memorial a iniciativa de la Agencia Española de Protección de Datos. El primero de ellos cuenta con la participación de representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), Operadoras de comunicación –Movistar, Vodafone, Masmovil, Orange– la Asociación Española para la Digitalización (DigitalEs) y la Asociación Española de Banca, además de esta Unidad Especializada y la propia AEPD y responde a la necesidad de buscar soluciones frente a los problemas generados por la nueva modalidad de fraude conocida como SIM Swapping– a la que ya se ha hecho referencia al analizar la evolución de la criminalidad– sobre la base de una efectiva cooperación entre todos los organismos involucrados y el establecimiento de un marco adecuado de comunicación entre operadores y entidades bancarias que permita la temprana detección de este tipo de fraudes. Por su parte, el segundo Grupo de Trabajo, conformado por representantes de la Secretaría de Estado de Seguridad, de la Dirección General de Telecomunicaciones y Ordenación de los Servicios de Comunicación Audiovisual, del Ministerio de Educación además de la Fiscalía y la AEPD, tiene como objetivo encontrar vías de actuación para proteger a los y las menores frente a las perniciosas consecuencias derivadas del acceso sin control por parte de los mismos a webs o sitios de internet de contenido pornográfico.

Subsiste en 2020 el mismo esquema de confianza, interrelación y trabajo conjunto, ya consolidado en años anteriores, con diversas instituciones con responsabilidad en materia de ciberseguridad y lucha contra la delincuencia en la red, entre ellas el INCIBE y el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras y Ciberseguridad (CNPIC). Así, con el INCIBE, se han celebrado varias reuniones (presenciales y telemáticas) en unos casos destinadas a la preparación de un futuro Convenio de colaboración interinstitucional para la realización de actividades formativas y en otros al tratamiento de cuestiones técnico-jurídicas relacionas con el ámbito de actuación de uno u otro organismo. Entre otras cuestiones se está trabajando, en unión de representantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la posible articulación en España de una línea directa de Internet (hotline), gestionada a través de INCIBE, para la recepción y traslado a las autoridades competentes de los reportes realizados por los/as ciudadanos/as sobre pornografía y explotación infantil y que se integraría en la red internacional INHOPE (asociación internacional de líneas directas de hotlines). También como muestra de las fluidas relaciones con INCIBE ha de reseñarse la participación, como en años anteriores, de la Fiscal de Sala Coordinadora, en representación de la Fiscalía española, en el Cybersecurity Summer Bootcamp 2020, celebrado en formato online, que contó con más de 1.000 participantes de un total de 62 países.

Por su parte y en lo que concierne a las relaciones con el CNPIC, además del intercambio de información vía correo electrónico sobre asuntos de interés común, han de reseñarse las diversas reuniones celebradas para trabajar conjuntamente la propuesta sobre el procedimiento de comunicación de incidentes al Ministerio Fiscal y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del proyecto para la elaboración del Real Decreto 43/2021, de 26 de enero, por el que se desarrolla el Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, recientemente publicado.

En el plano internacional, la actividad interinstitucional de la Unidad también se ha visto condicionada por la situación de pandemia. Así, en 2020 solo ha tenido lugar una reunión del T-CY de la Convención de Budapest sobre Ciberdelincuencia del COE, cuando usualmente se celebran dos al año. En el encuentro, que se desarrolló online los días 30 de noviembre a 3 de diciembre, participó la Fiscal de Sala Coordinadora, designada a dicho fin por el Ministerio de Justicia, como también ha asistido a algunas de las reuniones online, celebradas en el año memorial, del Protocol Drafting Plenary (PDP) grupo de trabajo creado en el seno del T-CY para la elaboración de un Segundo Protocolo Adicional a la Convención de Budapest, centrado en reforzar la cooperación en la obtención transnacional de evidencias electrónicas y cuyos fructíferos resultados permiten augurar su aprobación a finales del presente año 2021 coincidiendo con el vigésimo aniversario de la publicación de la Convención. En esa misma línea reseñamos también la participación de la Fiscal de Sala, en representación de la Fiscalía Española en la reunión del Grupo de Expertos en Ciberdelincuencia de NNUU, celebrada online los días 27 y 28 de junio.

La Unidad también ha estado representada, a través de su punto de contacto, en las diversas reuniones de la Red Judicial Europea de Cibercrimen (EJCN) que han sido celebradas en formato online. Entre ellas en las dos reuniones plenarias convocadas en 2020: la primera, el 11 de junio, se destinó al intercambio de información sobre retos comunes y buenas prácticas frente al impacto de la pandemia. En la segunda, celebrada los días 10 y 11 de diciembre, se analizaron, con la colaboración de algunos miembros del T-CY de la Convención de Budapest, algunas de las nuevas herramientas y medidas de investigación previstas en el Segundo Protocolo Adicional para mejorar la eficacia de las investigaciones penales relacionadas con el cibercrimen. Además, los/as puntos de contacto de España se encuentran integrados/as en el subgrupo sobre retención de datos y, en esa condición, han participado en dos encuentros dedicados a analizar las recientes sentencias del Tribunal de Justicia Europeo en los asuntos C-623/17, Privacy International, asuntos acumulados C-511/18, La Quadrature du Net y C-512/18, French Data Network, así como el asunto C-520/18, Ordre des barreaux francophones et germanophone y a valorar su incidencia a nivel nacional en las investigaciones penales. Para concluir esta referencia a la labor de la EJCN, mencionar que en la última reunión plenaria se aprobó una declaración conjunta dirigida al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea que insta a la rápida conclusión del paquete legislativo sobre evidencias electrónicas dada su relevancia en el marco de las investigaciones tecnológicas.

En 2020 se han celebrado dos reuniones de la Red Iberoamericana de Fiscales Especialistas en Cibercrimen (CiberRed) –integrada por puntos de contacto de los Ministerios Públicos/Fiscalías de los países miembros de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)– que tuvieron lugar por videoconferencia el 18 de septiembre y el 17 de diciembre de 2020 respectivamente. La primera, de carácter extraordinario, fue convocada como complemento de la habitual reunión anual –dedicada a analizar los problemas detectados en la investigación tecnológica y la forma en que la red puede contribuir a su solución– con la finalidad de evaluar conjuntamente el impacto de la pandemia en el ámbito de la ciberdelincuencia.

En el marco de la cooperación con los países iberoamericanos desde la Unidad de Criminalidad Informática hemos colaborado como asesores especializados en la primera fase del proyecto del PAcCTO (programa de cooperación internacional financiado por la UE para la capacitación de operadores jurídicos e investigadores iberoamericanos contra el crimen transnacional organizado) dirigido a promover la especialización en cibercrimen en el Ministerio Público de Perú y cuyos fructíferos resultados, reflejados en la creación de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia con competencia nacional y la designación, en resolución de la Fiscalía de la Nación N.º 1503-2020, de los Fiscales encargados de la misma, ha dado lugar al inicio de una segunda fase del proyecto, actualmente en marcha, para la articulación de una red de fiscales especialistas que apoye a la Unidad central, proyecto en el que también estamos participando desde esta Unidad especializada.