Capítulo III. FISCALES COORDINADORES Y DELEGADOS PARA MATERIAS ESPECÍFICAS - 8. CRIMINALIDAD INFORMÁTICA

8.3 Estructura y funcionamiento del área de especialización

Toda la problemática que se viene analizando da buena cuenta de la creciente complejidad de las investigaciones de las conductas ilícitas online y, por tanto, del valor añadido que supone para el Ministerio Fiscal contar con secciones especializadas en esta materia, debidamente dotadas y cuyos integrantes cuenten con una formación permanentemente actualizada que les proporcione los conocimientos técnico jurídicos necesarios para poder hacer frente a esta clase de delincuencia con las debidas garantías. En este sentido, las secciones especializadas en criminalidad informática han pasado a constituir un punto de referencia a nivel provincial tanto para los fiscales de cada demarcación territorial –que tienen la posibilidad de acudir al especialista recabando su asesoramiento en cualquier cuestión sobre la interpretación y aplicación de los preceptos sustantivos y procesales relativos a la materia– como para las unidades policiales a cargo de la investigación y demás operadores jurídicos, para el planteamiento de cualquier consulta o traslado de cuestiones o problemas relacionados con el área de actuación de la especialidad.

La progresiva toma de conciencia por los/as fiscales jefes territoriales como responsables de la organización interna de sus respectivas fiscalías –acerca de la difícil problemática que suele acompañar a la investigación y/o persecución penal de los delitos tecnológicos y, en especial a todo lo que concierne a la obtención, salvaguarda y tratamiento de las evidencias electrónicas–, queda reflejada en los esfuerzos realizados por muchos de ellos para reforzar las secciones especializadas. En unos casos, este esfuerzo ha dado lugar a la reestructuración del servicio correspondiente, como ocurre con la Fiscalía de Barcelona, donde los cambios introducidos en 2019 en el funcionamiento de la sección, están redundando en una mejora del control de asuntos y en el incremento del número de intervenciones y procedimientos asumidos por la misma. En otros supuestos, se ha concretado en la incorporación a las secciones especializadas de nuevos fiscales colaboradores.

Del aumento progresivo en el número de fiscales que integran la red nacional de especialistas, cuya configuración actual responde al esquema establecido en la Instrucción 1/2015 sobre algunas cuestiones en relación con las funciones de los Fiscales de Sala Coordinadores y los Fiscales de Sala Delegados, ya nos hicimos eco en el informe memorial del año precedente.

Esta tendencia ha seguido su curso en el presente ejercicio, de tal forma que actualmente la red se compone de 145 fiscales, 7 más que en 2018, distribuidos de la siguiente manera: 3 fiscales integrados en la Unidad Especializada contra la Criminalidad Informática de la Fiscalía General del Estado, un fiscal de enlace en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, 50 fiscales delegados al frente de cada una de las secciones territoriales especializadas en las que, a su vez, desempeñan sus funciones 60 fiscales colaboradores y 31 fiscales de enlace distribuidos en las fiscalías de área constituidas en 17 demarcaciones provinciales.

Como suele ser habitual, pese a tratarse de una red prácticamente consolidada, en el año 2019 se han producido algunos cambios de titularidad en las delegaciones que en su mayor parte estaban motivados por traslados de destino y, en algún caso puntual, por la reorganización interna de los servicios. Al primer motivo obedece el nombramiento de los nuevos delegados de la especialidad en las Fiscalías de Zamora, Badajoz y Teruel, y también los recientes cambios en la sección de Gipuzkoa, con la marcha tanto del delegado como del fiscal colaborador si bien, actualmente, ya se está tramitando el nombramiento del nuevo delegado. Al segundo motivo, obedece la sustitución del delegado en la Fiscalía de Illes Balears. En cualquier caso, ha de ponerse de manifiesto que estas alteraciones no siempre implican una pérdida del bagaje de conocimientos y experiencia de los fiscales salientes. Así, por ejemplo, se da la afortunada circunstancia de que la fiscal cesante como delegada en Teruel ha pasado a integrarse como fiscal colaboradora en la sección especializada de Zaragoza y el actual fiscal delegado en Illes Balears había ostentado con anterioridad la delegación de la especialidad en Madrid.

El progresivo afianzamiento de la red de especialistas, el evidente esfuerzo que realizan sus integrantes para contar con una formación permanente y actualizada –en una materia sometida a constantes cambios propiciados por la evolución tecnológica– y la existencia de una comunicación fluida y constante entre sus componentes, contribuyen sin duda a un mejor funcionamiento de las secciones especializadas y les proporcionan una mayor visibilidad tanto dentro de las propias fiscalías como frente a la ciudadanía y organismos e instituciones que, por razones diversas, pueden precisar entrar en contacto con el Ministerio Fiscal.

La articulación interna de un sistema de trabajo basado en la permanente disponibilidad y ayuda mutua entre todos los miembros de la red constituye también un factor esencial para el buen desarrollo de sus funciones. A este respecto la Unidad Especializada contra la Criminalidad Informática de la FGE actúa como correa de transmisión, de modo tal que, además de centralizar la recepción de consultas relativas a la especialidad, cuestiones específicas suscitadas en el curso de investigaciones concretas o dudas relacionadas con la interpretación y/o aplicación de los preceptos penales –muchas de las cuales son resueltas desde la propia Unidad Especializada con la colaboración de otros compañeros de la red– asume la posterior comunicación de las soluciones alcanzadas a todos los integrantes del área de especialización. De especial interés es también la colaboración prestada por los delegados con la remisión a la Unidad Especializada de aquellas resoluciones, informes o documentos que se estiman de interés en el desempeño de la actividad, información que, junto con la que es objeto permanente de recopilación por la propia Unidad –jurisprudencia, artículos doctrinales o normativa internacional–, es difundida con periodicidad semestral a todos los miembros de la red.

Aun cuando determinados fiscales especialistas trabajan en régimen de exclusividad, como ocurre con alguno de los componentes de las secciones de Madrid, Las Palmas o Barcelona, la mayoría de los delegados están asumiendo la llevanza de todo o parte de los asuntos relacionados con la criminalidad informática compatibilizando esta labor con el despacho de asuntos de otra naturaleza que les son asignados por reparto. Generalmente, y salvo contadas excepciones, los/as fiscales delegados/as tienen asignado el visado o previsado de los asuntos que entran en el ámbito de la especialidad, tarea que les permite un mayor control de los mismos y, al tiempo asegura la unidad de criterio en su tratamiento. Esta labor se complementa con la revisión de escritos de acusación que se efectúa en cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción 1/2015 sobre algunas cuestiones en relación con las funciones de los Fiscales de Sala Coordinadores y los Fiscales de Sala Delegados en la Unidad de criminalidad informática de la FGE que, en el año 2019, se ha materializado en 500 escritos de acusación remitidos desde los órganos territoriales.

Otro factor que ha de resaltarse, en la medida en que está contribuyendo a una mejora del servicio, es la incorporación a las secciones de criminalidad informática de fiscales que prestan su servicio en otras áreas de especialización, como la de violencia de género o la de menores, encargadas de actuar frente a manifestaciones criminales que, en un alto porcentaje, se ejecutan a través de Internet o con apoyo en las nuevas tecnologías. Baste señalar a título de ejemplo las secciones de las Fiscalías de Sevilla, Lleida o Pontevedra. Además, los/as delegados/as de criminalidad informática, en su mayoría, se ocupan también del Área de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación, de forma que los asuntos de ambas especialidades suelen tramitarse en la misma sección.

No obstante, estos avances, la labor desarrollada por los especialistas no está exenta de dificultades, muchas de las cuales quedan reflejadas en las respectivas memorias provinciales. En este sentido, de forma generalizada, si bien con alguna excepción reseñable como la de la Fiscalía de Madrid, se insiste en los problemas derivados de la falta de personal auxiliar específico para la tramitación y registro de los delitos informáticos. Esta carencia incide a su vez en otra de las insuficiencias, quizá la más relevante, que afecta notablemente al funcionamiento de las secciones especializadas como es la imposibilidad de llevar un control y registro adecuado de los ciberdelitos. Todos los fiscales delegados llaman la atención sobre este problema, achacándolo tanto a la falta de funcionarios adscritos a la sección como a las deficiencias de los propios sistemas de registro –tal es el caso, entre otros, de Fortuny, JustiziaBat en el País Vasco, o Atlante en Canarias– que no reflejan con fidelidad los datos relativos a estos procedimientos, al no identificarlos como pertenecientes a la categoría de delitos informáticos. También se señala que muchos de los asuntos de carácter informático que son calificados y ejecutados en el servicio de guardia no son debidamente comunicados a la sección especializada y que, en ocasiones, pese a las buenas relaciones con las restantes secciones del mismo territorio, se producen disfunciones por la falta de comunicación a los especialistas en criminalidad informática de asuntos relativos a hechos ilícitos cometidos a través de las TIC que, por su temática, han tenido entrada en otros servicios.

Con frecuencia, a fin de resolver estos problemas y aun cuando no dejan de ser soluciones parciales e insuficientes, se recaba la colaboración policial para que procedan a la remisión de los atestados etiquetando su carácter informático, o bien envíen periódicamente una relación de las investigaciones por delitos de esa naturaleza incoados en sus respectivas unidades. A nivel interno, son muchos los delegados/as que, debidamente respaldados/as por sus fiscales jefes, han remitido comunicaciones al resto de los fiscales de plantilla recabando su colaboración para que informen a la sección especializada de cualquier asunto relativo a criminalidad informática del que tengan conocimiento en el ejercicio de sus funciones. Esta última medida suele tener efectividad en las fiscalías más pequeñas, pero en la práctica no ocurre lo mismo con las fiscalías que cuentan con plantillas muy numerosas, donde el seguimiento resulta mucho más difícil y, además, pese a la buena voluntad de los/as fiscales, en muchas ocasiones la carga de trabajo determina que no se dé debido cumplimiento a lo solicitado.

Para finalizar, ha de ponerse de relieve que en la Unidad Especializada contra la Criminalidad Informática de la FGE se sigue trabajando para encontrar una solución adecuada a la problemática, ya comentada en la memoria del año precedente, que se genera por las divergencias existentes en los esquemas de organización y funcionamiento de las secciones especializadas de los órganos provinciales, en los que coexisten fiscalías provinciales y fiscalías de área. Estas diferencias, que vienen motivadas por factores de distinta naturaleza, (plantilla, medios personales y materiales, distribución de trabajo, alcance y contenido de las relaciones entre delegados y puntos de enlace etc.), están causando disfunciones en el desarrollo del trabajo especializado, tales como la pérdida de información estadística relacionada con asuntos tramitados en las fiscalías de área o la falta de control adecuado de los asuntos, lo que en definitiva repercute negativamente en la unidad de criterio que ha de inspirar el ejercicio de nuestras funciones.

De ahí que en las Jornadas de Especialistas del año 2018, una de las conclusiones alcanzadas se centrara en la necesidad de homogeneizar el funcionamiento de las secciones territoriales, al menos en sus aspectos esenciales, asumiendo la Unidad la tarea de efectuar un análisis de los diferentes sistemas de organización en cada una de ellas con el objetivo de aprovechar la experiencia y buenas prácticas en la estructuración de los diversos servicios para definir unos criterios comunes que puedan ser de aplicación en la organización de nuestro trabajo en cualquier lugar de la geografía nacional y que, al tiempo, respeten las peculiaridades de los diferentes órganos territoriales. A estos efectos, en el año memorial se ha concluido la recopilación de información sobre la organización de los respectivos servicios solicitada a los/las fiscales/as de los territorios en los que concurren las circunstancias antedichas, cuyo estudio y análisis habrá de servir para elaborar en los próximos meses una propuesta general en el sentido indicado.