Los delitos contra la libertad sexual cometidos por menores en Andalucía descendieron un 41% en 2024 y los de violencia de género, un 62%, según la Fiscal Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, Ana Tárrago, en la presentación de la Memoria de esta institución en el Parlamento de Andalucía.

Contra la libertad sexual se abrieron 244 expedientes, entre ellos 206 por agresión sexual y 34 por abuso sexual, unas cifras que se alejan del total de 413 expedientes abiertos en 2022 y de los 330 de 2019. En violencia de género, redujeron los expedientes con menores de 120 a 45 casos. “Una tendencia que esperamos que se mantenga en los próximos ejercicios con nuevos descensos”, ha destacado Tárrago.

Del mismo modo, también se aprecia una tendencia descendente en las 10.933 diligencias preliminares abiertas a menores en 2024, 2.249 menos que el año anterior, lo que supone una reducción del 17%. Los expedientes de reforma son 4.264, 1.869 más que el año anterior.

En violencia doméstica de menores se registraron 1.059 expedientes, 47 casos más. Los expedientes por homicidios se sitúan en 24, uno más, aunque preocupa al Ministerio Público por el alto grado de violencia que conlleva este delito. Actúan como factores criminógenos el consumo de estupefacientes, el absentismo escolar, el uso indiscriminado de las nuevas tecnologías, de material pornográfico y ciertas alteraciones mentales en los menores.

El narcotráfico, una de las principales preocupaciones

“El narcotráfico es otra de las preocupaciones de la Fiscalía por los efectos en la criminalidad que está teniendo al presentar ya un panorama bastante peligroso por lo que considero necesaria una actuación más contundente por parte del Estado para evitar un mayor incremento”, ha subrayado Tárrago en el Parlamento andaluz.

Se trata de un narcotráfico transnacional que genera una espiral de violencia entre bandas por el control del territorio con el uso de armas, asesinatos, secuestros, tráfico de personas inmigrantes o trata, además de enfrentamientos de gran violencia con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Este año, además del cultivo de marihuana y el tráfico de hachís, a la Fiscalía le preocupada una mayor entrada de cocaína hacia Europa por las costas andaluzas y de los puertos de Algeciras y Málaga, tras el refuerzo de vigilancia en los puertos de Róterdam (Países Bajos) y Amberes (Bélgica). Las elevadas cantidades de cocaína aprehendidas indican que se están utilizando las mismas rutas que las de tráfico de hachís.

Tárrago ha insistido un año más en la petición de elevar las penas para los delitos de logística como el abastecimiento de gasolina a las narcolanchas y los enganches ilegales y ha explicado que la Fiscalía continúa intensificando las investigaciones de blanqueo de capitales para debilitar a las organizaciones criminales.

“La lucha contra el narcotráfico no es suficiente con la persecución de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y de la Justicia penal, debe haber una respuesta social unánime de tolerancia cero pero también en la adopción de medidas especiales y programas transversales desde las distintas instituciones”, ha añadido.

La Memoria de la Fiscalía de Andalucía Ceuta y Melilla, correspondiente al año 2024, registra 340.478 diligencias previas; la carga de trabajo real de la Fiscalía ha aumentado un 8% en los procedimientos penales (8.298 más que el año pasado), una cifra elevada para los recursos personales y materiales de la Fiscalía, según Tárrago. Por ello, la fiscal ha pedido ampliar las medias extrajudiciales de mediación y acuerdos para evitar los juicios.

Los delitos contra la seguridad vial y el patrimonio, los más habituales

Los delitos contra la seguridad vial y contra el patrimonio son las modalidades con más presencia en las sentencias condenatorias, al igual que en años anteriores, y siguen subiendo las estafas a través de medios telemáticos. Las causas más habituales en el primer caso son conducir sin licencia -muchas veces de manera reincidente- y bajo los efectos del consumo de alcohol y estupefacientes. En cuanto a los hurtos y robos, se aprecia un carácter violento en los robos cometidos en grandes superficies y centros comerciales.

Asimismo, la Memoria refleja la consolidación de formas delictivas como las agresiones, abusos sexuales y muertes violentas, tentativas y lesiones. En Málaga se incoaron 156 procedimientos frente a los 72 del año anterior. La Fiscalía de Área de Marbella registró 38 procedimientos, 16 más que en 2023, con un aumento del porcentaje ligado a los ajustes de cuentas del narcotráfico.

En Violencia en la Mujer se ha registrado un 53% de asuntos más, un total de 56.862, siendo uno de cada seis de carácter civil, una especialidad con una gran carga de trabajo que acaba de asumir nuevas competencias en los delitos relacionados con la libertad sexual de la mujer.

Los delitos informáticos, por su parte, mantienen una evolución ascendente. Las estafas de ventas a través de Internet es el delito más común, aunque también se han producido ataques informáticos, posesión y distribución de pornografía infantil y la captación de menores en la red para mantener relaciones sexuales con intimidaciones y amenazas de publicación de imágenes o vídeos íntimos. Por su carácter transnacional, son delitos cuya autoría es compleja y difícil de investigar.

En la especialidad de Seguridad y Salud en el Trabajo se recogen 53 fallecidos dos más que el año anterior. Destaca el sector agrícola donde el riesgo está vinculado a la rotación y precariedad laboral y el uso de maquinaria muchas veces obsoleta, y en la construcción por caídas en altura en operaciones de mantenimiento y reparaciones, al ser trabajos de corta duración con escasa evaluación.

La fiscal Superior de Andalucía también ha hecho referencia a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que se está poniendo en marcha para modernizar el sistema judicial y reducir el colapso. Ha señalado que son unas medidas que se aplican partiendo de una ratio de fiscales muy por debajo de los países de nuestro entorno y ha solicitado que esta reforma deba aplicarse de forma paralela a la transformación digital de la Justicia, con la implantación del expediente digital y un sistema procesal único que proporcione rapidez y garantías de autenticidad de las actuaciones.