---- Día Mundial del Medio Ambiente

--- La cada vez mayor preocupación por las crecientes amenazas que se ciernen sobre el ecosistema en el que nos movemos tiene marcada el 5 de junio como una fecha de referencia. El Día Mundial del Medio Ambiente que, de manera institucional, Naciones Unidas aprovecha, desde hace 44 años, como plataforma relevante de divulgación pública con amplia repercusión en todo el planeta.

En esta ocasión, con India como país elegido para las celebraciones oficiales de esta jornada, el foco de la preocupación se ha puesto sobre la contaminación progresiva de mares y océanos por el vertido anual de 8 millones de toneladas de plásticos, lo que amenaza la vida marina y humana y destruye los ecosistemas naturales.

De ahí que se busque concienciar a los ciudadanos sobre la necesidad de reducir los plásticos, poniendo las bases para modificar hábitos de conducta que limiten el uso de envases. El lema escogido por Naciones Unidas no deja lugar a dudas: Juntos podemos ganar la batalla al plástico:

#SinContaminaciónPorPlásticos

Se trata de hacer ver que, si bien el plástico tiene diversas aplicaciones muy valiosas, su uso indiscriminado ha provocado una excesiva dependencia de los plásticos de un solo uso o desechables, con consecuencias medioambientales de difícil reparación.

Concienciación para buscar ese equilibrio necesario entre la rápida aceleración de la ciencia y la tecnología que las personas han promovido, a gran escala, para transformar lo que nos rodea de manera inconmensurable, con la necesidad de que individuos y empresas adquieran, como un valor prominente, la responsabilidad en cuanto a la conservación y la mejora del medio ambiente.

Pero inevitablemente, cuando la irresponsabilidad de la población lleva a prácticas delictivas en ese campo, no queda otra que la Justicia tome cartas en el asunto, con un doble objetivo. El de perseguir esas conductas para, llegado el caso, castigar a los culpables de haberlas provocado y, de paso, provocar que esas penas sirvan de acicate para que los vertidos indiscriminados, la provocación de incendios o el maltrato animal tengan un menor recorrido.

Y en esas está, trabajando desde hace más de diez años, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo para lograr el mayor grado de protección jurídica mediante la práctica de diligencias de investigación y el impulso de las causas judiciales.

Causas judiciales en el punto de mira: Residuos y especies protegidas

En este día mundial del Medio Ambiente los Fiscales especialistas ponen el acento en señalar la problemática relacionada con la existencia de residuos, vertederos y vertidos incontrolados.  Una problema a escala internacional que surge de la cantidad de deshechos que genera la sociedad en la que vivimos.

El artículo 325, en la nueva redacción del Código Penal, da respuesta a la preocupación social por las malas praxis en la gestión de residuos. La basura se quema, se vierte, se entierra y esos movimientos pueden conducir a profundos desastres medioambientales. Los materiales residuales requieren tratamientos específicos para ser eliminados, a tenor de causar contaminación del medio ambiente por tierra, mar y aire.

Dentro de esta problemática,  alcanzó una gran alarma social la espectacular columna de humo que provocó el incendio de neumáticos almacenados de forma ilegal en Seseña y Valdemoro y  que investiga la Fiscalía de Madrid.  Investigaciones que se han hecho extensivas por episodios similares, en lugares como Cádiz, Zamora, Badajoz y algunas provincias gallegas.

Otro aspecto que centra la atención de la Fiscalía en este día mundial, es la protección de los animales, en especial de las especies protegidas por peligro de extinción. Varias Fiscalías investigan casos de caza y pesca ilegales, y se han conseguido diversas sentencias condenatorias.

Resulta de interés la problemática en torno al lobo y la tensa relación que existe entre los ganaderos y la administración autonómica y provincial. En Ávila se investigó la caza de dos ejemplares de lobo durante una montería autorizada de jabalíes, si bien se sobreseyó la causa por falta de autor conocido. Fue muy divulgada la imagen tomada en Asturias de un lobo decapitado, que también es objeto de unas Diligencias en Fiscalía.

Otro de los temas más serios que afronta el Ministerio Público es el del uso de cebos envenenados, y se han intensificado las investigaciones de estos supuestos. Para combatir el uso de cepos, se ha autorizado judicialmente el empleo de cámaras anti-trampeo, para detectar al autor de las jaulas-trampa y cepos.

Vertidos, expolios, maltrato animal y construcciones ilegales: ejes de actuación de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo

 La última reunión de la Red de Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo, celebrada en Madrid los días 23 y 24 de enero de 2018, ha servido para acotar el marco de actuación del Ministerio Público en relación a aspectos organizativos e interpretativos en cuanto a la persecución de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Entre las conclusiones, y en relación al ambiguo concepto del expolio, los Fiscales entienden que para superar la ambigüedad penal de este término habría que deslindar la “descontextualización penal del entorno arqueológico”, para perseguir las manipulaciones o intervenciones indebidas en un yacimiento, que se traducen en un valor económico que puede ser muy elevado.

En este sentido, recordaban la necesidad de aplicar correctamente el Código Penal (CP), que en su artículo 323.1 se refiere al término expolio solo en relación a excavaciones arqueológicas, y que, asimismo, determinadas conductas delictivas (como hurtos y daños) ya vienen incluyéndose en el concepto de expolio por determinados sectores de la doctrina, con un tratamiento penal específico agravado por el carácter histórico o cultural de los bienes expoliados, al margen de la previsión específica de los daños recogidos en el artículo 323 del CP.

El vertido de residuos, tras la reforma del artículo del artículo 325 del Código Penal, ha puesto sobre la mesa un problema de calado, con imprudencias graves que pueden causar muertes o lesiones a personas o daños sustanciales a la calidad del aire, de los suelos y aguas, y a animales y plantas.

Por todo ello, y también teniendo en cuenta el impacto económico que conlleva, los Fiscales recuerdan la necesidad de ser rigurosos en la interpretación de los informe periciales que acrediten el daño o el riesgo producido para que, independientemente de que hayan afectado a un elemento natural, se valore adecuadamente si ello ha sido idóneo para afectar de manera relevante al conjunto del ecosistema.

El maltrato animal también se abordó en esta reunión de los Fiscales de Medio Ambiente, en el marco de la modificación introducida por la LO 1/15, de 30 de marzo, de manera que el ámbito material de aplicación del delito pasa de afectar a ‘especies amenazada’ a ‘especies protegidas de fauna silvestre’. Un tema que antes era residual y que, ahora, se ha convertido en un asunto con una casuística cada vez más abundante, que ha obligado a endurecer las penas.

Los incendios forestales siguen siendo también objeto de gran preocupación por parte de los Fiscales, un campo en el que el Ministerio Público cuenta con un sistema de recepción de datos en supuestos donde hay una investigación por incendios obtenidos mediante tests psicológicos o psiquiátricos, que permiten dibujar la tendencia incendiaria en España. Una información con la que se intenta prevenir otros incendios forestales y abrir líneas de investigación donde exista sospecha.

En cuanto al tratamiento de las demoliciones judiciales de construcciones ilegales, los Fiscales recuerdan que estas pueden acordarse en un proceso penal o en un procedimiento contencioso-administrativo, y ambas presentan identidad de razón ya que se trata de restablecer o restaurar el orden jurídico-material vulnerado, cuya desaparición física se impone.

La creciente actividad de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, en cifras

Los frutos del trabajo que, desde hace una década, vienen realizando los Fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo se plasman cada año en la Memoria que recoge los datos de esa actividad.

En este sentido, la última publicada -con las estadísticas relativas a los procedimientos llevados a cabo en el ejercicio 2016- recogía la incoación de 2.499 diligencias de investigación, de las que 479 corresponden a delitos contra el medio ambiente, 893 contra la ordenación del territorio y urbanismo, 83 por patrimonio histórico, 439 por delitos contra la flora y la fauna, 486 por incendios forestales y 119 por malos tratos a animales domésticos.

Del total de diligencias incoadas 982 dieron lugar a la presentación de denuncia o querella y 1.213 fueron archivadas, encontrándose las restantes en tramitación.

Además, en ese ejercicio 2016 se reportaron 4.016 procedimientos judiciales, de los que 528 se incoaron por delitos contra el medio ambiente, 922 por ordenación del territorio, 220 por delitos contra el patrimonio histórico, 707 por delitos contra la flora y fauna, 865 por incendios forestales y 774 por malos tratos a animales domésticos.

Se presentaron 1.472 escritos de acusación que desglosados por tipo penal, 102 lo son por delitos contra el medio ambiente, 552 por urbanismo y ordenación del territorio, 30 se refieren a patrimonio histórico, 350 a flora y fauna, 233 a incendios forestales y 205 a malos tratos a animales domésticos.

Las investigaciones dieron sus frutos en forma de 975 sentencias condenatorias, de las que 54 lo fueron por delitos contra el medioambiente, 394 corresponden a urbanismo y ordenación del territorio, 21 sobre patrimonio histórico, 263 por delitos contra la flora y fauna, 140 por incendios forestales y 103 por malos tratos a animales domésticos. A esas cifras se añadieron 10 sentencias condenatorias del Tribunal Supremo en 2016, de las que 6 lo son en medio ambiente, 3 en urbanismo y ordenación del territorio y 1 por incendio forestal.

También se dictaron 251 sentencias condenatorias de las que 21 lo son por delitos contra el medioambiente, 141 corresponden a urbanismo y ordenación del territorio, 4 sobre patrimonio histórico, 28 por delitos contra la flora y fauna, 29 por incendios forestales y 28 por malos tratos a animales domésticos.

En cuanto al restablecimiento de la legalidad urbanística mediante la demolición de lo ilegalmente construido, en 2016 se refirieron 117 demoliciones efectivamente llevadas a cabo, de las que 78 son forzosas y 39 voluntarias, frente a las 119 del año 2015. La Memoria destacaba las dificultades existentes para llevar un control riguroso de las ejecutorias practicadas para la restitución de la legalidad urbanística.

Casos en la Memoria

Entre algunas cuestiones relevantes de las que se ocupaba la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General del Estado durante 2016, está la que, —tras una comunicación de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid—, ponía de manifiesto que,  agentes forestales habían descubierto un gran número de elementos de cantería finamente labrados que formaban parte de arcos, cornisas, molduras, arquivoltas, celosías, capiteles o basas de columnas, que podrían corresponder a algún edificio gótico de singular importancia, y que habían sido depositados en una finca de la localidad madrileña de Navalagamella a la que habrían sido trasladados desde otra finca radicada en la localidad segoviana de Ortigosa del Monte.

Sin embargo, el edificio del que procedían las piezas indicadas no había podido ser identificado ni por la Comunidad de Madrid ni por la Junta de Castilla y León.

También se llevó a cabo una investigación exhaustiva tras una documentación  remitida por un particular, que afirmaba posibles hechos ilícitos por parte de una empresa, que practicaba  una  doble contabilidad sobre la presencia de mercurio.  Parece que trataba de ocultar a la Administración la exposición de los trabajadores a dosis de emisiones de sustancias tóxicas superiores a las declaradas. Además, continuaba el escrito, denunciaba  falsificación de analíticas, vertidos superiores a los autorizados y contaminación de aguas y suelos.

La documentación remitida por otro particular también motivó la incoación inicial de diligencias por parte del Fiscal Delegado de Medio Ambiente en Barcelona. Se denunciaban hechos relacionados con la denominada tecnología AdBlue, que se estarían produciendo en todo el territorio nacional.

AdBlue es el nombre comercial de un agente químico reductor de los gases de escape contaminantes resultantes de la combustión del gasoil, y su empleo es imprescindible para la aplicación de la reducción catalítica selectiva (Selective Catalytic Reduction en inglés, SCR), pues se trata de un líquido que se almacena en un depósito diferente al del gasoil y se inyecta mediante un pulverizador en los gases contaminantes del motor antes de ser expulsados a la atmósfera, transformándolos en nitrógeno, agua y CO2.

+ Antonio Vercher: “Todos los delitos que afectan al medio acuático son de una extraordinaria importancia para los Fiscales”.