El Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha comparecido hoy ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, a los efectos de que pueda valorar sus méritos e idoneidad para el cargo.

En su discurso, García Ortiz ha defendido un modelo de Fiscalía “que persiga el avance, el progreso de la jurisprudencia, una Fiscalía que no se aferre siempre a la doctrina vigente de los tribunales, sino que impulse su evolución con la mirada puesta en las víctimas, en las personas vulnerables, en los derechos humanos, en el derecho internacional, en la satisfacción del interés social”. Del mismo modo, ha considerado que la Fiscalía “es y debe ser un motor de cambio, en lo social y en lo jurídico” alejada de la confrontación política. 

“No quiero una Fiscalía conservadora que se limite a reproducir lo ya sentenciado. Quiero una Fiscalía dinámica y proactiva, que evolucione con los nuevos tiempos a la vez que evoluciona nuestra sociedad. No quiero una Fiscalía contemplativa o acomodada a lo que otros resuelvan o propongan. Sino una Fiscalía siempre en defensa y en favor del interés social y de las personas y los colectivos para cuyo amparo se construye nuestro Estado social y democrático de derecho”, ha destacado. 

Una Fiscalía supeditada a la imparcialidad y a la legalidad

García Ortiz ha subrayado que “nada debe perturbar la postura procesal del Ministerio Fiscal ante los juzgados y tribunales”. También ha recordado que el Ministerio Fiscal está supeditado a los principios de imparcialidad y legalidad, que son “los pilares de una Fiscalía democrática y respetuosa con el Estado de derecho, tal y como la configuró el legislador constituyente” y que la designación gubernamental del Fiscal General es el sistema usual en la mayor parte de los países que integran la Unión Europea. En este sentido, defendió la imparcialidad y legalidad de la institución.

“Puedo decirlo más alto, pero no más claro: respetaré el principio de separación de poderes consustancial al Estado de derecho. Respetarlo significa evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado. No me verán tomando postura en cuestiones estrictamente políticas, pues la confianza de la ciudadanía en los servidores públicos —la de todas las ciudadanas y ciudadanos— tiene como cimientos no solo nuestra imparcialidad, sino también la apariencia de imparcialidad”, ha afirmado antes de asegurar que mantendrá a la Fiscalía General “en el espacio de lo jurídico” porque “si el Fiscal General del Estado abandona ese escenario, se coloca en un lugar idóneo para la contienda mediática, para el activismo asociativo, y no para el recto desempeño de su función constitucional”. 

Balance como Fiscal General del Estado

García Ortiz también ha hecho balance de su trabajo al frente de la Fiscalía General del Estado desde septiembre de 2022 y ha apuntado a la aprobación de la Circular 2/2022, sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal, con una regulación detallada, homogénea y garantista de la actividad investigadora de la Fiscalía. Además, ha hecho referencia a la Circular 1/2022, sobre la reforma del delito de hurto y la Circular 1/2023, sobre criterios de actuación del Ministerio Fiscal tras la reforma de los delitos contra la libertad sexual operada por la Ley Orgánica 10/2022.

Desde su nombramiento, García Ortiz ha convocado tres Juntas de Fiscales de Sala, que es el órgano de asistencia al Fiscal General en materia doctrinal y técnica en orden a la formación de los criterios unitarios de interpretación y actuación legal. También ha celebrado trece Plenos del Consejo Fiscal en los que se han informado dieciocho anteproyectos legislativos y 44 propuestas de nombramiento discrecional.

El Fiscal General se ha referido al informe emitido por ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial sobre la idoneidad del Fiscal General”. “Ni los jueces ni su órgano de gobierno eligen en España a los fiscales. No es ese nuestro modelo legal ni constitucional. Nuestra autonomía se predica tanto del Ejecutivo como del Poder Judicial”, ha señalado, antes de reiterar que defenderá “a cualquier fiscal que pudiese verse perturbado en sus funciones, incluidos por supuesto cualquiera de los fiscales que han intervenido en las múltiples causas relacionadas con el procés independentista de Cataluña”. 

“Tengan por sentado que este Fiscal General amparará y protegerá a cualquier fiscal que se vea sometido a injerencias externas o internas. Pero tengan claro también que nunca adoptaré posiciones partidistas ni actuaré conforme a criterios políticos. Insisto en que este Fiscal General mantendrá siempre una posición objetiva y neutral. Y no emitiré ninguna declaración política partidista. De ningún partido. No me corresponde a mi juzgar ni explicar acuerdos de naturaleza política. El campo de la política tiene unas reglas de juego, el de lo jurídico otras”, ha apuntado.

Retos de futuro

Entre las reformas que pretende impulsar, García Ortiz ha hecho hincapié en “la necesidad de transformar nuestro modelo procesal penal, atribuyendo a la Fiscalía la dirección de la investigación criminal” para modernizar el sistema de justicia penal. También en reformar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que confiera a la institución mayores cotas de autonomía con una ampliación de la plantilla orgánica y la implantación de nuevas tecnologías y la modernización de la institución.
Del mismo modo, se comprometió a continuar priorizando la lucha contra la violencia de género protegiendo a las víctimas, además de reforzar la cooperación jurídica internacional ante la aparición de una delincuencia más sofisticada y compleja.

“Me comprometo ante ustedes, representantes de la soberanía popular, a que responderé con dedicación y el mayor de los compromisos para mejorar el servicio público de la Justicia de nuestro país. Para que la Fiscalía se rija con total autonomía y con profesionalidad, sometida plenamente a los principios constitucionales de legalidad e imparcialidad. En definitiva, para que nuestros conciudadanos confíen en una institución tan relevante para el Estado de derecho como es el Ministerio Fiscal”, ha concluido.