8.4 Relaciones con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, otras instituciones y organismos públicos y privados

Las relaciones con las unidades y grupos de policía judicial, articuladas generalmente a través de las oficinas de enlace con el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra, sin perjuicio de los habituales contactos con la Ertzaintza y con las Unidades de Información de unos y otros cuerpos policiales, se han intensificado notablemente durante 2025. Ello obedece no solo a la mayor complejidad del fenómeno criminal al que venimos haciendo referencia sino, también, a la implicación en la actividad ilícita de organizaciones o grupos criminales y a la dimensión y complejidad de muchas de las investigaciones policiales, circunstancias que están determinando una demanda creciente de intervención de la Fiscalía a efectos de solventar la diversidad de cuestiones jurídicas y técnicas que suelen plantearse y/o, en determinados casos, para facilitar la coordinación en aquellas actuaciones que implican a varios cuerpos policiales. Una labor que, en el año memorial, se ha visto recompensada con la condecoración otorgada por los Mossos d’Esquadra a la Fiscal de Sala por su función como Coordinadora de Criminalidad Informática de la FGE y con el acto oficial de reconocimiento a la colaboración prestada por la Unidad en la lucha contra la ciberdelincuencia efectuado por el Cuerpo Nacional de Policía con motivo de la celebración del trigésimo aniversario de la Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC).

Al respecto ha de recordarse que el uso cada vez más habitual del ciberespacio para la realización de ataques informáticos u otras actividades delictivas que afectan al funcionamiento de infraestructuras críticas o de instituciones y organismos públicos y, por ende, a la seguridad de los Estados, exige una colaboración y coordinación constante entre las autoridades implicadas, tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de impulsar las investigaciones, evitar duplicidades y trabajar conjuntamente si así se estima necesario, aunando esfuerzos para afrontar el ingente volumen de operaciones que nos competen. En los casos no infrecuentes de dimensión transnacional, puede ser necesaria también la participación de Eurojust, organismo que en el desarrollo de su labor cuenta con la ya mencionada intervención de un miembro de esta Unidad como corresponsal nacional para ciberdelincuencia, y también, en otras ocasiones, de las redes judiciales o policiales de cooperación internacional.

A nivel territorial, los/las fiscales delegados/as dan cuenta de contactos fluidos y constantes con las fuerzas y cuerpos de seguridad de sus respectivas demarcaciones. Tal es el caso de las/los fiscales de Álava, Asturias, Almería, Barcelona, Cáceres, Córdoba, Girona, Madrid, Murcia, Sevilla o Zaragoza, que destacan su especial dedicación en la materia, así como el traslado fluido de información sobre investigaciones en curso a la Fiscalía y, en particular, más detalladamente, de aquellas que presentan una mayor complejidad. No obstante, algunos/as delegados/as, como los de A Coruña o Huelva, muestran su preocupación por la negativa incidencia que está teniendo, en ese habitual traslado de información, la reducción de efectivos y medios personales en las respectivas unidades policiales. Llamamos la atención sobre esta circunstancia ya que esa actualización constante de información por parte de los cuerpos policiales resulta imprescindible para garantizar un control adecuado de las investigaciones y procedimientos en curso –subsanando, en muchas ocasiones, las deficiencias de nuestros sistemas de registro– y también para hacer posible el análisis de las solicitudes cursadas por sus respectivas unidades a la autoridad judicial y, en su caso, para valorar la procedencia de reclamar aquellos atestados que no habiendo sido remitidos a los órganos jurisdiccionales, por mor de lo dispuesto en el art. 284.2.c LECrim se considere que deben ser objeto de investigación procesal.

Durante la pasada anualidad se incrementaron los habituales contactos con representantes de instituciones públicas y privadas para trabajar conjuntamente materias específicas y también para organizar actividades formativas. En relación con ello, ha de mencionarse que seguimos participando activamente en el marco del Acuerdo para cooperar institucionalmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia, asistiendo a las reuniones de la Comisión de Seguimiento y asumiendo la importante función atribuida a esta Unidad como Punto de Contacto para la ejecución del Protocolo para Combatir el Discurso de Odio Ilegal en Línea, en tanto dicha labor no sea asumida plenamente por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) –entidad con la que mantenemos una colaboración fluida y constante– en su calidad de Coordinador de Servicios Digitales.

En ese mismo contexto de colaboración interinstitucional, hemos de referirnos a la comparecencia de la Fiscal de Sala ante la Comisión Mixta Congreso-Senado de Seguridad Nacional, en la «Ponencia de análisis de las amenazas en el ciberespacio, en la era de la Inteligencia Artificial y la Computación cuántica», así como a nuestra contribución en las actividades del Plan de acción contra el fraude financiero (PAFF).

Por otra parte, tanto desde la Unidad como desde las correspondientes secciones territoriales, se han mantenido contactos frecuentes con múltiples organismos e instituciones públicos y privados en los que hemos tenido la oportunidad de aportar nuestra experiencia y conocimientos como forma de hacer efectiva la contribución de la Institución al fortalecimiento de la ciberseguridad y la capacidad de respuesta común frente a la ciberdelincuencia. A las reuniones mantenidas con las entidades e instituciones públicas que ya se han mencionado anteriormente han de añadirse las celebradas con el Departamento de Seguridad Nacional, la AEPD, el Banco de España, el Defensor del Pueblo y diversas instituciones de carácter docente. Paralelamente, los fiscales especialistas de las secciones provinciales también han establecido relaciones y contactos de interés con entidades territoriales tales como el Consejo de Transparencia y Protección de Datos y el Consejo Audiovisual de Andalucía o la Agència de Ciberseguretat de Catalunya.

La colaboración con estas entidades ha sido en todos los casos positiva y fructífera, si bien hemos de agradecer especialmente el apoyo prestado por alguna de ellas, particularmente en aspectos formativos; tal es el caso de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alcalá por la organización un año más del seminario de especialización técnica, que tanto contribuye a mejorar la capacitación de los fiscales en esta materia, y al INCIBE por su apoyo constante al acoger en su sede la celebración de nuestras jornadas de especialistas.

Igualmente fructíferas han sido las relaciones mantenidas con entidades del sector privado y de la sociedad civil, entre ellas la Asociación española de Empresas contra el Fraude, la Asociación Española de Banca, determinadas entidades bancarias, operadores de comunicaciones, entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, proveedores de servicios de internet, colegios profesionales y organizaciones no gubernamentales como Save the Children y la Fundación ANAR.

En el ámbito internacional, la Fiscal de Sala, en su condición de representante española ante el Comité (T-CY) del Convenio de Budapest del CoE, además de los encuentros habituales participó en la Conferencia Internacional sobre dicho Convenio y su Segundo Protocolo Adicional, celebrada en Lisboa.

Asimismo, a petición de la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y del PACcTO 2.0 intervino como experta en el Seminario sobre «Lucha contra el ciberdelito en Iberoamérica», celebrado en República Dominicana. Por su parte, la Fiscal Adscrita punto de contacto de CiberRed asistió, a petición del CoE, al taller desarrollado en Lima (Perú), con apoyo del PACcTO 2.0 y la AECID para impulsar la adaptación legislativa de los países latinoamericanos a las directrices del Convenio.

En el espacio comunitario, seguimos colaborando activamente con la Representación Permanente de España ante la UE (REPER) en el desarrollo de los trabajos en curso para la modificación de la Directiva 2011/93/UE, de 13 de diciembre, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, así como en las actividades de la Red Judicial Europea contra el Cibercrimen (EJCN) y de la Red de Fiscales Especialistas en Propiedad Intelectual (EIPPIN), participando, tanto las fiscales que son punto de contacto de la propia Unidad como los integrados en secciones provinciales, en las reuniones plenarias y en diversas acciones formativas, como el seminario EU Criminal Law in the field of Intellectual Property, celebrado en Belgrado.

Igualmente relevante es la colaboración de fiscales de los órganos territoriales en proyectos y actividades formativas del Consejo de Europa, la Comisión Europea, AECID y otras entidades internacionales como el International Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) a fin de impulsar la cooperación y mejorar la eficacia de la respuesta penal frente a la ciberdelincuencia.