7.6 Participación del Ministerio Fiscal en la cooperación al desarrollo
7.6.1 Balance anual de la aplicación del protocolo de gestión de convocatorias
Pese a situarse extramuros de la actividad operativa o estratégica del Ministerio Fiscal en materia de cooperación internacional, la participación en misiones de cooperación al desarrollo reviste una creciente relevancia institucional siendo el papel coordinador de la UCIF una parte importante de su carga de trabajo.
Durante el año 2025 la UCIF, en coordinación con la Secretaría Técnica de la FGE, gestionó un total de 85 convocatorias en las que se solicitaba la participación de miembros del Ministerio Fiscal como expertos en misiones de cooperación al desarrollo. Esta cifra representa un incremento significativo (del 32%) respecto de las 64 convocatorias del año 2024 y pone de manifiesto la creciente proyección internacional del Ministerio Fiscal en este ámbito.
Destaca, singularmente, el programa EL PACCTO 2.0, que concentró el 47 % de las convocatorias (40 de las 85). Este programa constituye una apuesta estratégica de la Unión Europea para contribuir al fortalecimiento de los sistemas de justicia y seguridad en América Latina y el Caribe, abarcando toda la cadena penal –policía, justicia y sistema penitenciario– y persiguiendo la lucha contra el crimen transnacional organizado desde cuatro ejes de actuación: el diálogo estratégico de alto nivel, el fortalecimiento institucional, la facilitación de la cooperación operativa y el abordaje de mercados delictivos específicos, como el narcotráfico, el blanqueo de capitales, la trata de personas, la ciberdelincuencia o los delitos contra el medio ambiente.
Asimismo, se ha mantenido una participación en otros proyectos relevantes de la UE en Perú y Bolivia, orientados a combatir formas especialmente graves de criminalidad transfronteriza, singularmente la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el narcotráfico. Concretamente, el proyecto «Apoyo de las fuerzas de la ley de la Unión Europea en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en Perú. Fase II» dio lugar a 14 misiones, mientras que el proyecto «Apoyo a la prevención de la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos en Bolivia» motivó 6 misiones.
En el ámbito europeo, y en conexión con los procesos de aproximación e integración en la UE, la Fiscalía ha continuado colaborando mediante la aportación de expertos en distintos proyectos desplegados en Albania, Bosnia y Herzegovina y Serbia. En concreto, el proyecto EU4Justice en Albania, dirigido a mejorar las capacidades de las instituciones judiciales independientes, generó 5 misiones, manteniéndose además la aportación de un experto a largo plazo para coordinar las actividades relacionadas con los servicios de inspección. El proyecto desarrollado en Serbia, orientado al cumplimiento de los objetivos del Capítulo 24 relativo a justicia, libertad y seguridad, motivó igualmente 5 misiones, si bien finalizó durante el año 2025. Por su parte, el proyecto EU4Justice – Bosnia Phase II, centrado en el apoyo a la profesionalización y a la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, originó 2 misiones.
Debe mencionarse asimismo la colaboración de la Fiscalía en proyectos especialmente relevantes por su vinculación con la cooperación internacional y la recuperación de activos, como son EU Global AML/CFT Facility y el Proyecto CT JUST, ambos orientados al fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la cooperación penal internacional.
La gestión de todas las convocatorias se ha llevado a cabo conforme al procedimiento recogido en la Nota Informativa UCIF n.º 69/2023, que dota al sistema de transparencia, publicidad y certidumbre, tanto para los miembros del Ministerio Fiscal interesados en participar en estas iniciativas como para las entidades públicas con las que colabora la Fiscalía. Consecuentemente, el Fiscal de Sala Coordinador de Cooperación Internacional da puntual cuenta del balance semestral de la aplicación del citado protocolo ante el Consejo Fiscal.
De dicha dación de cuenta resulta que, en el año 2025, las convocatorias se difundieron a toda la carrera fiscal en el 99 % de los casos, y se presentaron solicitudes en 79 de las 85 convocatorias, lo que representa un 92 % del total. Este dato revela un nivel de interés notablemente superior al registrado en 2024, ejercicio en el que habían quedado sin candidaturas el 17 % de las convocatorias difundidas. Asimismo, y de conformidad con las pautas establecidas, en 12 de las 79 convocatorias respecto de las cuales se presentaron solicitudes, fue necesario elaborar una terna acompañada de la ficha técnica ajustada a los TdRs correspondientes, de la que se da traslado a la Secretaría Técnica, sin que conste se haya formulado queja o reclamación alguna.
De las 79 convocatorias a las que concurrieron fiscales, los responsables de los respectivos proyectos designaron finalmente a miembros del Ministerio Fiscal en 52 de ellas, lo que equivale al 66 % del total. La selección final de los expertos corresponde, en todo caso, a cada proyecto y, en ocasiones, son seleccionados miembros de la carrera judicial o letrados de la Administración de Justicia. Atendiendo al perfil de las plazas ofertadas, 76 misiones correspondían a la categoría de experto de corta duración, con una duración inferior a seis meses, mientras que únicamente 3 misiones se configuraban como plazas de experto de larga duración, al implicar una previsión de desplazamiento superior a seis meses. En relación con estas últimas, resultaron seleccionados fiscales en dos de ellas, ambas convocadas durante el segundo semestre de 2025.
Desde la perspectiva de igualdad de género, los datos muestran que, en 2025, los proyectos designaron como expertos a 28 mujeres y 29 hombres. El total de personas seleccionadas es superior al número de convocatorias cubiertas por fiscales, debido a que algunas misiones requerían la participación de más de un experto. En términos abstractos, esta distribución ofrece una imagen próxima a la paridad, con un 49 % de mujeres frente a un 51 % de hombres. No obstante, este dato debe valorarse a la luz del «Informe de Indicadores de Igualdad 8M2025», según el cual las mujeres representan el 66 % de la carrera fiscal –1.867 mujeres frente a 941 hombres, sobre una plantilla total de 2.808–. De ello se desprende que aún existe margen de mejora para alcanzar una participación por razón de género más ajustada a la composición real de la plantilla.
En lo que respecta al destino profesional de los fiscales seleccionados como expertos, los datos reflejan que 22 de ellos estaban destinados en órganos centrales y 35 en fiscalías territoriales. Aun cuando esta distribución muestra una presencia territorial superior a la de ejercicios anteriores, también este dato debe interpretarse teniendo en cuenta que, conforme al mismo «Informe de Indicadores de Igualdad 8M2025», 2.612 miembros de la carrera fiscal, es decir, el 93 % de la plantilla, están destinados en órganos no centrales. En consecuencia, desde la UCIF se toma nota de esta circunstancia a fin de explorar mecanismos que favorezcan una mayor participación de fiscales territoriales en los proyectos de cooperación al desarrollo.
7.6.2 Colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
En el marco de la convocatoria INTERCOONECTA 2025, la UCIF presentó dos programaciones que fueron seleccionadas para su ejecución en el periodo 2026-2027. Ambas iniciativas se orientan al fortalecimiento de los Ministerios Públicos en la lucha contra la criminalidad grave y a la mejora de la protección de víctimas y colectivos vulnerables en América Latina y el Caribe. Las actividades previstas abarcan ámbitos estratégicos como la trata de seres humanos, la cooperación internacional, la ciberdelincuencia, la protección del medio ambiente, los delitos de odio o el acceso a la justicia de colectivos vulnerables, combinando acciones presenciales y formación en línea. Estas programaciones han sido diseñadas en estrecha colaboración con las redes de la AIAMP, garantizando su coherencia con las prioridades regionales, y cuentan con el respaldo de organismos internacionales como ONU Mujeres y UNODC.