6.1 Actividad de la Unidad Especializada

6.1.1 Seguimiento de expedientes tramitados por delitos de máxima o extrema gravedad (art. 10.1 y 10.2 LORPM)

El seguimiento de los procesos incoados en justicia juvenil por hechos considerados de máxima o extrema gravedad tuvo su inicio en el año 2011 por decisión del entonces Fiscal General del Estado y quedó consolidado con la Instrucción 1/2015, sobre algunas cuestiones en relación con las funciones de los Fiscales de Sala Coordinadores y Delegados, que estableció la supervisión que ha de llevar a cabo la Unidad Especializada de Menores, tanto respecto de los escritos de alegaciones como de otros escritos del Ministerio Fiscal, así como de la solución judicial a los expedientes tramitados por esta vía. De esta forma se producen hasta cuatro comunicaciones a los efectos de realizar un adecuado control de los plazos, especialmente limitados en la jurisdicción de menores; velar por la calidad de tales pronunciamientos; así como desarrollar un seguimiento individualizado de asuntos especialmente relevantes.

Durante el año 2025 se han comunicado a esta Unidad 369 asuntos que fueron incoados como expedientes de máxima o extrema gravedad, lo que supone un incremento del 2,21 % respecto al ejercicio 2024 en el que fueron incoados 361, manteniendo la línea ascendente de los últimos años. Entre la fecha de comisión de los hechos y la primera comunicación que se realizó a la Unidad Especializada de Menores, en 67 asuntos transcurrieron más de 12 meses (18, 16 %); en 74 asuntos transcurrieron entre 6 y 12 meses (20,05 %); en 50 asuntos, transcurrieron entre 3 y 6 meses (13,55 %); y en 170 asuntos transcurrieron entre 1 y 3 meses (46,07 %). El nivel de satisfacción con el tiempo de comunicación por parte de las fiscalías territoriales sigue mejorando, ya que más de la mitad de los asuntos se notifican en los primeros seis meses, y de los que tienen un retraso superior a los seis meses, en más de un 60 % lo es porque las denuncias se presentaron con notable retraso respecto a la fecha de comisión de los hechos.

6.1.2 Tramitación de asuntos y comunicaciones

Se han despachado un total de 389 expedientes en la Unidad, lo que supone un incremento del 55 % respecto a los 251 despachados en el ejercicio anterior. De las 389 actuaciones corresponden: 7 a cuestiones suscitadas por el Defensor del Pueblo; 130 a quejas y consultas formuladas por particulares, bien directamente a la Unidad, bien a través del portal fiscal.es, de Acceda o de Geiser; 15 fueron cuestiones suscitadas directamente por asociaciones, fundaciones o instituciones profesionales de diversa índole a la Unidad de menores; 79 responden a comunicaciones internas de cooperación entre las distintas Unidades Centrales de la FGE, 44 fueron comunicación de Policía Judicial en relación a delitos violentos con víctimas menores de edad, 10 fueron comunicaciones de la Autoridad Central Española en materia de cooperación civil internacional, 3 fueron comunicaciones de Magistrados de Enlace con la misma finalidad cooperadora internacional, 5 fueron cuestiones promovidas por el Ministerio de Infancia y Juventud, 1 comunicación del Consejo General del Poder Judicial, 86 corresponden a comunicaciones con distintas fiscalías y órganos del Ministerio Fiscal y 9 a expedientes gubernativos incoados por la Unidad con motivo de cuestiones internas propias de su competencia.

6.1.3 Repertorios sistematizados de jurisprudencia

Se ha continuado con la elaboración de resúmenes y su remisión a las secciones de menores, de repertorios sistematizados de jurisprudencia (TC, TS y Audiencias Provinciales), con arreglo a un índice de materias sustantivas y procesales previamente elaborado.

6.1.4 Jornadas de especialistas en menores

En las Jornadas celebradas este año en la ciudad de Barcelona los días 6 y 7 de noviembre se adoptó un formato mixto que permitiera dar entrada a todos los delegados, incluso a quienes por razones justificadas no pudieron desplazarse al lugar de su celebración. De este modo, se mantuvo el sistema de mesas redondas abiertas, valorado como muy positivo al potenciar el planteamiento de cuestiones a los/as delegados/as y enriquecer el debate, permitiendo una mayor fluidez en la comunicación y puesta en común y una mayor eficacia en la resolución de los problemas que se plantearon.

Por la Fiscal de Sala Coordinadora de Menores se puso de manifiesto la importancia de favorecer el ejercicio de las acciones civiles derivadas de delitos cometidos por menores inimputables o por menores imputables cuando haya reserva expresa de acciones en el marco del expediente de reforma; recordó la relevancia de los expedientes de riesgo y la importancia de realizar un seguimiento efectivo y periódico de la actividad de la Administración, así como, la necesidad de la inmediata incoación de un expediente de esta naturaleza, en los supuestos en que una persona menor de 14 años hubiere cometido, presuntamente, un ilícito penal; informó sobre el contenido del Convenio firmado entre la FGE (Unidades de Personas con Discapacidad y Mayores y Menores) con el Consejo General del Notariado en fecha 11 de septiembre de 2025, y recordó la necesidad de cumplimentar los datos relativos a las víctimas de delitos de máxima o extrema gravedad, conforme a la Nota Interior de 21 de enero de 2025, al tiempo que se efectúa la dación de cuenta prevista en la Instrucción de la FGE 1/2015.

Posteriormente, se procedió al desarrollo de las jornadas, debatiendo temas como el requisito de procedibilidad en los delitos de violencia sexual, con especial referencia a las víctimas menores de edad y a la actuación de los centros escolares cuando no hay denuncia previa de la víctima o de sus responsables legales; la aplicación supletoria en el procedimiento penal de menores del artículo 324 de la LECrim; el impulso de la conformidad; así como diversas cuestiones relativas a la ejecución en el ámbito del Expediente de Control de Ejecución, especialmente, en los casos de expediente digital, la inscripción de los antecedentes penales de menores en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos; la responsabilidad civil de los centros escolares; la posible suspensión de la medida de internamiento en régimen cerrado en los casos de imposición imperativa; la responsabilidad penal en que pudieren incurrir los menores en supuestos de alteración de la página biográfica de su pasaporte para ocultar el visado de entrada en España alterando su situación administrativa; así como sobre la aplicación supletoria de la Disposición Adicional 9.ª de la LECrim a la jurisdicción de menores por derivación a un medio de justicia restaurativa y sus efectos sobre la interrupción de la prescripción.

En el ámbito de protección, se trataron diversas cuestiones que giraron en torno a los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados.

Con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 2/2025, por el que se aprobaron medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia en situaciones de contingencias migratorias extraordinarias, así como del Real Decreto 658/2025 que estableció las medidas en situaciones de contingencia migratoria en España priorizando la protección de la infancia y el Real Decreto 743/25 que aprobó la capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores migrantes no acompañados, unido todo ello a la incidencia de la resolución de 25 de marzo de 2025 de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que acordó como medida cautelar el requerimiento a la Administración General del Estado para garantizar el acceso y permanencia en el Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de los menores que estén a cargo de los servicios de protección de la Comunidad Autónoma de Canarias, y que o bien hubieren solicitando la protección internacional o bien hubieren anunciado su voluntad de solicitarla –recabando para ello la necesaria colaboración y cooperación de la dicha comunidad–, fueron sometidas a debate y reflexión numerosas cuestiones en aras a establecer unas pautas de actuación que permitieran resolver los problemas de coordinación que entre las secciones de menores afectadas se pudieren generar.

En esta línea se hizo referencia a las situaciones de contingencia y de asilo político de los menores migrantes, a la necesidad de que el fiscal controle la debida documentación de aquéllos y se precisaron los cauces legales a observar y se debatieron las peculiaridades del expediente de repatriación. Se abordó el riesgo transfronterizo que afecta a estos u otros menores extranjeros en España y los cauces legales para el reconocimiento de las resoluciones judiciales que acuerdan el retorno de los mismos a su país de origen o residencia, y por último se reflexionó sobre la infancia en conflictos bélicos.

6.1.5 Unidad especializada

Durante este año las actividades presenciales han ido ganando terreno a las virtuales siendo habitual la presencia de los miembros de la Unidad en reuniones y grupos de trabajo.

La Fiscal de Sala asistió a numerosos actos y reuniones. El día 25 de marzo, junto con una de las fiscales adscritas a la Unidad, giró visita al recurso piloto de Barnahus en Madrid; el día 9 de abril acudió a un encuentro de Registradores de España; el 10 de abril, junto con una de las fiscales adscritas acudió al CAED Alcalá de Henares para conocer de primera mano el estado de menores extranjeros dubitados pendientes de determinación de edad; los días 28 a 30 de abril, junto con una de las fiscales adscritas, se trasladó a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla donde mantuvo reuniones de trabajo con las/os fiscales de sus secciones de menores, así como otras instituciones que colaboran con estos, a fin de conocer sus inquietudes y propuestas de mejora. En el mes de mayo, se desplazó al Palacio de la Zarzuela donde mantuvo una reunión con Su Majestad la Reina y un grupo de expertos, sobre el Proyecto de la Ley Orgánica para la Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales, y al finalizar dicha reunión de trabajo, se reunió con Su Majestad La Reina en una audiencia privada. Durante los días 2 a 4 de junio participó en el Congreso Mundial de Justicia e Infancia que se celebró en Madrid, y el día 5 de dicho mes se reunió con la Ministra de Juventud e Infancia. El 16 de septiembre, con motivo de una visita de información de la Conferencia de presidentes del Parlamento Europeo, se desplazó a Las Palmas de Gran Canaria, en aras a participar en las reuniones mantenidas para procurar una acción conjunta por parte de la UE en el ámbito de la migración. El día 24 de septiembre, junto con una de las fiscales adscritas a la Unidad, participó en la reunión del Grupo de Trabajo, coordinado por la Confederación de Autismo de España, sobre soluciones extrajudiciales en casos de acoso escolar que se celebró en la FGE; y el día 26 de noviembre participó en un desayuno informativo organizado por la Plataforma Control Z, dirigido a la prensa, en relación con la problemática derivada del abuso o mal uso de las redes sociales por las personas menores de edad.

A las anteriores, deben añadirse otras reuniones como en los Grupos de Trabajo sobre Comitología, Barnahus y soluciones extrajudiciales en casos de acoso escolar coordinado este último por la Confederación de autismo de España y el día 25 del mismo mes se mantuvo reunión con fiscales de la Unidad de Trata y Extranjería. En el mes de febrero se mantuvieron reuniones en la sede de la Unidad con distintos profesionales, organizaciones e instituciones: representantes de la Guardia Civil, una profesional de la psicología, y con técnicos de la Asociación APRAM, fiscales de la Unidad especializada en delitos de Odio, miembros de UNICEF y de Policía Nacional en relación al Plan Estratégico Nacional de Prevención y Lucha contra la Radicalización Violenta, integrantes de la Asociación «Adolescencia Libre de Móviles», y en el marco del grupo de trabajo sobre expediente digital. En el mes de marzo el día 4 se giró visita al centro de Primera Acogida «Casa de Campo» en Madrid y se participó en la reunión del Grupo de Trabajo de Comitología, el día 7 de marzo se mantuvo reunión en el marco del Grupo de Trabajo sobre el expediente digital, el día 13 se mantuvo reunión con representantes del Ministerio de Juventud e Infancia, y el día 27 se recibió en la sede de la Unidad al Magistrado de Enlace Francés. En el mes de abril, con motivo de una reunión del Grupo Asesor del Proyecto Barnahus, se giró visita al espacio Barnahus de Tarragona. En el mes de mayo, se celebró reunión de Comitología. En el mes de junio se participó en reuniones con motivo del referido proyecto Barnahus. En el mes de julio, se intervino en la reunión interautonómica sobre el proyecto Barnahus, así como reunión en la sede de la Unidad con profesionales de Save The Children. En octubre se mantuvo reunión con representantes del Cuerpo Nacional de Policía, y el día 18 se participó en el programa encuentro Mentes AMI 2025. A final de año se mantuvieron reuniones con profesionales de UNICEF y de la Asociación NACE.

Como se ha expuesto, desde la Unidad se está participando en distintos Grupos de Trabajo, en tanto que se continúa interviniendo como miembros del Grupo Asesor y de la Estrategia del Proyecto Barnahus España coordinado desde el Consejo de Europa y en el mes de septiembre se participó en la visita-estudio realizada al espacio Barnahus de Suecia. Se mantiene intervención en el Grupo de Trabajo coordinado desde la Unidad de Apoyo por el Equipo Tecnológico del Ministerio de Justicia sobre la aplicación nacional «Expedientes de Protección», y sobre la aplicación de reforma Atenea en los que se opera de forma proactiva para abordar las mejoras necesarias en aras a avanzar en una total digitalización del trabajo de las secciones de menores, los cuales se complementan con nuestra participación en el Grupo de Trabajo de la aplicación EVID. Se continúa participando en el Grupo de Trabajo coordinado por la Confederación de autismo de España sobre soluciones extrajudiciales en casos de acoso escolar y en el Grupo de Trabajo coordinado por el Ministerio de Justicia sobre la adaptación del Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia a la creación del nuevo Registro Central de Menores. Desde comienzo de año la Unidad participa en la segunda fase de la Comitología del Consejo de Europa, coordinado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes; se intervino en el Grupo de Trabajo que derivó en la actualización del Convenio de Colaboración entre el Consejo General del Notariado y la Fiscalía General del Estado, anteriormente citado, y tras su firma se ha constituido una subcomisión de trabajo encaminada a procurar el intercambio telemático de documentos. Desde el mes de julio, tras reuniones de trabajo con la Autoridad Central Española, la Unidad centraliza y coordina las peticiones de cooperación internacional que dicha Autoridad recibe de otros países y que afectan a menores extranjeros en riesgo o desamparo en España, cuando no están incursos en causas judicializadas. Se continúa interviniendo en la Red de Justicia Penal Juvenil y Justicia Restaurativa de la AIAMP y tras la creación de la Red Civil Internacional de Fiscales en octubre de 2024 se sigue trabajando para su efectiva implementación, en colaboración con la Unidad Especializada en Personas con Discapacidad y Mayores, la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Secretaría Técnica de la FGE.

Cabe, igualmente, mencionar la colaboración con la Secretaría Técnica y el CEJ en el diseño para los planes de formación inicial y continua de 2025 con cursos propios de la especialidad y la impartición de clases de formación inicial a la 63.ª promoción de Fiscales y continuada para la especialización en responsabilidad penal y protección jurídica del menor. Así como la participación de los miembros de esta Unidad en otras actividades formativas externas dirigidas a profesionales del ámbito social, psicológico, educativo, jurídico y policial.

El día 8 de enero, por la Fiscal de Sala Coordinadora de Menores se emitió Nota Interior, dirigida a los/as fiscales delegados de menores de las fiscalías provinciales, de las fiscalías de CCAA uniprovinciales, así como de las fiscalías de área competentes en la materia de menores, instando a las mismas a incluir en la dación de cuenta de causas de extrema y máxima gravedad la identificación de las víctimas menores de edad.

En el ámbito legislativo, desde esta Unidad, el día 21 de mayo de 2025 se informó el Proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981 de 30 de diciembre reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en fecha 13 de octubre de 2025 se emitió informe sobre el Anteproyecto de la Ley Orgánica de Medidas en Materia de Violencia Vicaria, y el día 1 de septiembre se informó sobre el Proyecto de Real Decreto sobre los Sistemas de Acogimiento de Niños, Niñas y Adolescentes y Determinación de los Estándares de Calidad.