15.4 Cuestiones de interés suscitadas por los fiscales especialistas
Por razones de espacio no es posible referirnos a todas las cuestiones de interés suscitadas en las memorias de las distintas fiscalías provinciales; así que se trasladan aquí solamente algunas de la totalidad de las reflexiones expuestas en aquellas por los y las fiscales especialistas de las secciones de vigilancia penitenciaria, con la finalidad de ofrecer una panorámica, si no completa, sí al menos suficientemente representativa del funcionamiento y trabajo de estas secciones en el territorio durante el año 2025.
La sección de vigilancia penitenciaria de la Fiscalía Provincial de Madrid da cuenta de su trabajo con seis juzgados de vigilancia penitenciaria (JVP) y de control de las personas internas en siete centros penitenciarios y tres centros de inserción social (CIS). Durante 2025 se emitieron 38.217 dictámenes. La diferencia con el dato reflejado el pasado año (58.041 dictámenes) estriba en que en el año memorial no se han computado como dictámenes los «vistos» a las resoluciones de incoación de expediente por ingreso en el centro penitenciario, o a las relativas a medidas coercitivas o de limitación de régimen (arts. 72 y 75 RP), así como las entrevistas con internos mediante videoconferencia y las posteriores comunicaciones con los mismos por las solicitudes que en ellas hubieran realizado, que en su globalidad el pasado año sumaron 20.779 asuntos, y este año son 18.362.
Los tres CIS (Victoria Kent, Melchor Rodríguez y Josefina Aldecoa) alojaron en el año 2025 a 973 internos, además de 263 liberados condicionales, con una actividad muy elevada, que tuvo su reflejo en la tramitación de 3.581 permisos ordinarios, 4.042 permisos de fin de semana y 8.452 ejecuciones de TBC.
En los centros penitenciarios se concedieron en total 10.880 permisos de segundo grado y 250 permisos de tercer grado, además de 328 permisos extraordinarios y 635 salidas de fin de semana.
Se registró un incremento notable en acuerdos de clasificación en tercer grado (1.042), lo que supuso un 5% más que en 2024. La Fiscalía interpuso 162 recursos de reforma, con 61 estimaciones y 44 desestimaciones, además de intervenir en 24 apelaciones derivadas de las reformas. También se produjo un aumento importante de progresiones desde segundo grado (+29,8%) en relación con el año precedente.
En los programas de tratamiento penitenciarios se contabilizó la participación de 176 internos en los relacionados con justicia restaurativa, 117 en programas de delitos contra la libertad sexual, 184 en libertad vigilada y 14 en medidas de seguridad. En los CIS, 15 internos participaron en programas de justicia restaurativa y 41 siguieron los relacionados con delitos contra la libertad sexual.
Las visitas que realizaron los fiscales de la sección a los centros penitenciarios y CIS en el año 2025 ascendieron a 18, si bien también se llevaron a cabo 64 videoconferencias, lo que permitió la atención a un total de 554 internos. La memoria destaca la elevada carga de trabajo del servicio, la complejidad de la gestión y el sostenido incremento de expedientes.
La Memoria de la Fiscalía Provincial de Barcelona refleja el mantenimiento en 2025 de una plantilla estable, formada por cuatro fiscales en dedicación exclusiva. La relación con la administración penitenciaria catalana ha sido cordial y fluida, con ánimo de colaboración y entendimiento, y de gran eficacia en la resolución de problemas. La carga de trabajo aumentó nuevamente: se emitieron 33.476 dictámenes, frente a 32.221 del año anterior, con 8.088 dictámenes de TBC, representativos del enorme peso de esta pena y la saturación derivada del incremento de población reclusa.
Da cuenta, así mismo, de la plena consolidación del sistema de recursos contra terceros grados en plazo de cinco días, tras las sentencias del Tribunal Supremo de 2022 que reconocieron el efecto suspensivo de los recursos en delitos graves, lo que ha supuesto un esfuerzo extraordinario para el servicio. La Administración autonómica reforzó el servicio con un funcionario adicional y se habilitó un punto de contacto telemático directo con los centros penitenciarios, lo que ha permitido una tramitación mucho más ágil.
El año estuvo marcado por el impacto del «Plan d’Obertabilitat» promovido por la Generalitat de Catalunya, que pretende acelerar terceros grados, permisos y libertades condicionales. La memoria señala el desacuerdo general de los profesionales de prisiones, que consideran que algunas de estas progresiones pueden ser prematuras.
Se informa también de la realización de 29 visitas programadas a prisiones y 66 visitas presenciales a fiscalía de personas internas, familias o letrados.
Por último, conviene destacar que la sección de vigilancia penitenciaria detectó la existencia de una disparidad en la calificación de las conductas de inutilización de aparatos electrónicos de localización cometidas por personas sujetas a libertad vigilada como delito de quebrantamiento de condena del art. 468 CP, pues en la mayoría de las ocasiones se acudía al apartado 3 (que castiga la conducta con pena de multa) y en otras se incardinaba en el más grave apartado 2 del citado precepto (que prevé pena de prisión). Por este motivo, se elevó consulta que dio lugar a la emisión de la Nota de Servicio 6/2026 de la Jefatura de la Fiscalía Provincial de Barcelona, en la que se determina que la conducta de inutilización de los medios telemáticos del artículo 106.1 a) CP habrá de calificarse en su caso conforme al art. 468.2 CP.
La Fiscalía Provincial de Lleida da cuenta de la recepción de 82 notificaciones de progresiones a tercer grado, 36 de clasificación inicial en tercer grado y 46 de aplicación del artículo 86.4 del Reglamento Penitenciario. Se han interpuesto 27 recursos contra dichas resoluciones administrativas, habiendo sido estimados todos ellos. En orden a las tipologías delictivas de los terceros grados notificados al Ministerio Fiscal, se han notificado 11 por delitos de homicidio y asesinato, 17 por agresión sexual y 55 por delitos contra la salud pública, siendo estos los notificados en mayor número muy por delante de los delitos de robo violento (5) o contra la seguridad vial (2) o de violencia de género (1).
La población penitenciaria en los dos centros que se atienden desde esta Fiscalía –Ponent (Lleida) y Mas Enric (Tarragona)– se muestra estable con una tendencia al alza en el segundo. Finalmente, durante el año memorial se realizaron 6 visitas de inspección a los centros (tres a cada uno de ellos).
En la Memoria de la Fiscalía Provincial de Alicante se informa de la tramitación de 15.832 dictámenes, con especial peso de los TBC, quejas y permisos. La implantación de la aplicación Just@ generó importantes retrasos por la falta de migración íntegra de expedientes y su poca agilidad, obligando a mantener fichas auxiliares por interno y requiriendo el refuerzo de un fiscal adicional.
En los centros penitenciarios del territorio aumentó la población reclusa –especialmente en tercer grado– y se constató un fuerte deterioro de la sanidad penitenciaria, crítico en Villena, donde no se han cubierto plazas médicas y se depende de servicios privados y telemedicina; también en el hospital psiquiátrico, donde persisten problemas de envejecimiento de la población, saturación del módulo de mujeres y dificultades para la externalización a recursos civiles.
Del mismo modo, señala que continúan los problemas estructurales de la libertad vigilada postpenal, sin clarificación de competencias, a pesar del reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo, y se mantienen las carencias de plazas en los programas PCAS (programas específicos de rehabilitación relacionados con delitos contra la libertad sexual) y PRIA (en delitos de violencia de género), afectando a la reinserción.
En materia de tercer grado, se notificaron 305 clasificaciones en 2025 (frente a las 297 de 2024), con solo cinco recursos de la fiscalía en casos puntuales de delitos de diversa naturaleza, y el ingreso directo en CIS registró 54 solicitudes, de las cuales 38 fueron aceptadas, concluyendo la mayoría en clasificación en tercer grado.
La Fiscalía Provincial de Valencia recoge en su memoria que el número de informes en los expedientes tramitados en vigilancia penitenciaria ha sido 12.664 vinculados al Centro Penitenciario de Picassent y al CIS Torre Espioca. La población reclusa ascendió a 2.045 internos, con un 28% de extranjeros. Se emitieron numerosos informes sobre permisos (1.714), clasificación (699), libertad condicional (779), TBC (6.693) y disciplinarios (224), observándose un descenso general respecto al año anterior. Las protestas más comunes de los internos se relacionaron con permisos, comunicaciones y atención jurídica.
La Fiscalía Provincial de Castellón da cuenta de un aumento general de actividad, especialmente en libertades condicionales, permisos y clasificaciones, y de un descenso relevante en sanciones, medios coercitivos, quejas de comunicaciones y TBC incumplidos. Concretamente, alude a que han efectuado 5 visitas presenciales a los centros de la provincia; a un aumento de conflictividad en permisos frente a años previos; una tendencia positiva de cumplimiento de la pena de TBC; y a que se notificaron 111 clasificaciones en tercer grado, de las que 6 fueron recurridas por el Ministerio Fiscal (5,4%).
La Fiscalía de las Illes Balears refleja en su memoria que la población penitenciaria alcanzó 934 internos en Palma, 35 en Ibiza y 62 en Menorca, con fuerte aumento de preventivos en Mallorca y Menorca. El CIS gestionó 213 penados y 65 liberados condicionales. La preocupación por la proliferación de drones, que se utilizaban para introducir en el establecimiento móviles y sustancias estupefacientes destinadas a los residentes, parece que ha cesado, siendo algo totalmente excepcional en estos momentos. No obstante, la presencia de sustancias estupefacientes en los centros penitenciarios sigue siendo una de las principales preocupaciones, aunque se valora de forma positiva el empleo de perros adiestrados para la detección de estas sustancias con el fin de impedir que se introduzcan en los recintos penitenciarios.
Finalmente, un año más se pone de manifiesto la gran preocupación que supone la falta de facultativos médicos en los centros de Baleares, y las consiguientes deficiencias y quejas formuladas por los internos, no solo por retrasos en las consultas externas, sino también por una deficiente asistencia médica.
La sección de vigilancia penitenciaria de la Fiscalía Provincial de A Coruña indica que en 2025 se mantuvo un sistema híbrido de tramitación entre soporte digital y papel, avanzando únicamente a expediente digital en materia de libertad condicional y sus incidencias. El JVP incoó 5.666 expedientes, entre ellos 1.003 TBC, 708 permisos y 535 recursos, con 11 quebrantamientos. El CIS tramitó 2.101 planes de TBC, controló 216 internos, 115 liberados condicionales y 293 penados con programas en suspensión de condena (la mayoría por violencia de género). El centro penitenciario de Teixeiro alcanzó 1.213 internos, con un fuerte incremento de población y un total de 302 extranjeros. Las visitas a los centros penitenciaros durante el año 2025 ascendieron a 7 y se recibieron 280 notificaciones de clasificación en tercer grado, de las cuales 11 fueron recurridas.
La Fiscalía Provincial de Lugo despachó 2.947 expedientes procedentes del JVP n.º 3 de Galicia y se emitieron 5.750 informes, todos en formato digital. Durante el año se realizaron 3 visitas presenciales a los centros penitenciarios de Bonxe (Lugo), Monterroso (Lugo) y Pereiro de Aguiar (Ourense), –al depender dicho centro del indicado órgano judicial con sede en Lugo– además de atenderse múltiples solicitudes telemáticas de audiencia. Entre los tres centros se contabilizaron quebrantamientos de permiso en número moderado (16 en total). En cuanto al cumplimiento de penas de TBC, el servicio dispuso de plazas suficientes, sin incidencias, y se incoaron 469 expedientes. En libertad condicional se tramitaron 80 expedientes, con 19 revocaciones, sin dificultades significativas. En lo relativo a las clasificaciones de grado, la Fiscalía abrió 131 expedientes por notificaciones del Centro Directivo, formulando 25 recursos por delitos graves (homicidios, agresiones sexuales, robos violentos, tráfico de drogas, violencia de género, apropiaciones indebidas, etc.). Se destacan también numerosas progresiones a tercer grado por delitos contra la seguridad vial, patrimonio o tráfico de drogas.
La Fiscalía Provincial de Pontevedra informa de la tramitación de 5.155 expedientes, con notable descenso respecto a 2024, y la incoación de 245 diligencias por terceros grados. Se emitieron 9.737 dictámenes. La población reclusa se situó en 1.150 internos (116 preventivos y 1.034 penados), y el CIS de Vigo alcanzó 106 internos. Se registró un aumento importante de expedientes de clasificación (492) y de medidas coercitivas (657). En materia de tercer grado, hubo 126 clasificaciones iniciales y 106 progresiones. La Fiscalía recurrió 15 resoluciones de tercer grado. Se incoaron 42 expedientes de libertad condicional y se tramitaron 60 en Fiscalía.
La Fiscalía Provincial de Sevilla da cuenta en su Memoria del mantenimiento de un elevado número de expedientes procedentes de los dos Juzgados de Vigilancia Penitenciaria –los núm. 2 y 11 de Andalucía-, con sede en la capital, un total de 9.830 en el año 2025. El número de los dictámenes de cada una de las seis fiscales que integran la sección también ha sufrido, consecuentemente, un incremento relevante (un total de 30.029, frente a los 29.820 del año anterior). Atendido el aumento de internos que han solicitado mantener visita con el fiscal, siendo insuficiente el número de visitas ordinarias para poder atender tal incremento de demanda, se decidió crear un turno voluntario de visitas extraordinarias que ha supuesto casi duplicar el número de las inicialmente previstas, de suerte que se han practicado durante el año 2025 un total de 48 visitas, llegando a mantener algo más de 720 entrevistas con reclusos/as. Desde la sección, continuando con el compromiso con los internos que manifiestan su preocupación por que se les promueva de oficio, o bien se agilicen, los expedientes de acumulación jurídica de condena, se han promovido durante el año 2025 un total de 259 expedientes gubernativos para el estudio de oficio de la posibilidad de promover la acumulación jurídica de condenas (número muy similar al del anterior –285–); de los 259 estudiados, 224 han concluido con presentación de dictamen ante el juzgado o tribunal competente.
La Fiscalía Provincial de Almería informa que la sección se encuentra integrada por tres fiscales y una funcionaria, con trabajo continuo y visitas mensuales al centro penitenciario. La población reclusa aumentó hasta 1.017 personas internas, con 414 internos extranjeros. Se detectaron 7 no reingresos, varios fallecimientos e intentos de suicidio. El PAIEM (Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales) redujo drásticamente su número de participantes (14). El CIS, en funcionamiento desde 2019, tiene 200 plazas. Destaca un fuerte incremento de quejas, especialmente sobre permisos, progresiones y atención jurídica. Se tramitaron numerosos recursos contra clasificaciones en tercer grado, por considerar excesivas algunas concesiones. Asimismo, se detectaron problemas en la ejecución de TBC por alegaciones médicas. En total, la Fiscalía tramitó más de 3.000 expedientes, con altos volúmenes en permisos (503), sanciones (313), TBC (778) y quejas (255).
La Fiscalía Provincial de Jaén recuerda en su Memoria que persiste el grave problema de la libertad vigilada postpenitenciaria, que sigue sin ejecutarse al no asumirla ni la Junta de Andalucía ni Instituciones Penitenciarias. Reseña que a final de año había 40 internos pendientes de cumplirla y solo 9 sometidos a ella en SGPMA. De otra parte, se notificaron 59 terceros grados, principalmente por delitos de salud pública y patrimonio, con 3 recursos del Ministerio Fiscal.
La Fiscalía Provincial de Huelva da cuenta del notable incremento de actividad registrado en 2025, con 9.352 expedientes incoados y 7.791 dictámenes emitidos, especialmente en libertades condicionales, clasificación en grado, comunicaciones, permisos y medidas de seguridad. Persisten dificultades en libertad vigilada postpenal y un descenso progresivo de expedientes de TBC.
El total de clasificaciones/progresiones de tercer grado notificadas al Ministerio Fiscal vía art. 107 RP durante el año 2025 han sido de 226 (194 el año anterior), de las cuales 115 fueron clasificaciones; un número significativo de las mismas correspondían a delitos contra la salud pública, contra la seguridad vial y los cometidos en el ámbito de violencia de género, al resultar las penas impuestas en relación con las dos últimas tipologías delictivas penas de corta duración, inferiores a un año de prisión. En cuanto a los recursos que fueron interpuestos por la fiscalía contra resoluciones de clasificación o progresión a tercer grado han aumentado en relación con años anteriores: un total de 24 en 2025 (14 el año anterior); 10 de ellos se presentaron frente a la clasificación inicial en tercer grado, de los cuales 8 se referían a delitos contra la salud pública agravados, todos con penas superiores a 3 años de prisión; los 14 restantes se interpusieron en relación a progresiones a tercer grado.
La memoria de la Fiscalía Provincial de Granada subraya problemas recurrentes en la ejecución de la libertad vigilada postpenitenciaria (dificultad de localización, presentaciones periódicas y conflictos de competencia), así como la necesidad de que las nuevas propuestas de permisos se basen en cambios reales y suficientemente acreditados cuando existen resoluciones judiciales firmes denegatorias previas. En términos generales, se destaca la alta coincidencia de criterios entre centro penitenciario, Fiscalía, JVP y Audiencia Provincial, reflejo de seguridad jurídica y buen funcionamiento del sistema.
La Fiscalía Provincial de Cádiz da cuenta de la situación crítica en el Centro Penitenciario de Puerto III, en particular por la insuficiencia de facultativos, con impacto directo en quejas sanitarias. En Puerto III, con alrededor de 1.300 personas internas, solo acude un psiquiatra una vez al mes, generando listas de espera muy superiores al plazo razonable. Por lo demás, informa de 242 progresiones a tercer grado y de 18 recursos del Ministerio Fiscal, 13 de ellos relativos a condenados por delitos contra la salud pública; el resto correspondió a delitos de asesinato, violencia doméstica y estafa.
La Fiscalía Provincial de Vizcaya informa de que en 2025 la población penitenciaria ascendía a 1.803 internos (220 preventivos y 1.583 penados), cifra superior a la de 2024 (1.701). La carga de trabajo fue también elevada: 2.277 dictámenes de permisos, 2.159 TBC, 596 limitaciones de régimen, 580 medidas coercitivas y 532 expedientes de clasificación. No se interpuso ningún recurso contra clasificaciones de grado ni se observaron incidencias relevantes en libertad condicional, libertad vigilada o aplicación de la LO 1/2015.
La Fiscalía Provincial de Navarra refleja en su Memoria que el Centro Penitenciario de Pamplona ha aumentado el número de internos en comparación con otros centros: el 2025 finalizó con 457 internos (408 en interior y 49 en el CIS). Al cierre del año 2025 la población clasificada en tercer grado representaba, aproximadamente, el 11% del total (en el año 2024 era del 12% y el año 2023 del 15,05%). Por tanto, se observa una clara disminución de los penados clasificados en tercer grado. Se hace eco la memoria de la falta de funcionarios de este centro, lo que provoca que, pese a sus modernas y funcionales instalaciones y capacidad para prestar servicios de muy alta calidad, no pueda convertirse en un centro de referencia. Se realizaron visitas de forma periódica al Centro junto con el juez de vigilancia penitenciaria.
También refiere el aumento del número de expedientes sancionadores y de recursos presentados. Así mismo, en el Centro Penitenciario se vienen desarrollando dos programas de tratamiento, el programa de violencia de género (PRIA) y el de agresores sexuales (PCAS). Como regla general, el Ministerio Fiscal y el JVP condicionan las salidas de permiso y el acceso a tercer grado de internos condenados por estos tipos de delitos al seguimiento de estos programas y a una evolución positiva en los mismos.
La Fiscalía Provincial de La Rioja informa que el Centro Penitenciario de Logroño cerró 2025 con 351 internos (243 penados y 108 preventivos), manteniendo estabilidad respecto al año anterior. Respecto a las clasificaciones en tercer grado, se tramitaron 35 expedientes, vinculados sobre todo a delitos contra la libertad sexual, contra la salud pública y contra el patrimonio. Todos fueron informados favorablemente por la Fiscalía, sin recursos.
La Sección Territorial de Ocaña, Toledo, señala que está plenamente implantada la Fiscalía Digital, consolidándose en 2025 un sistema de registro por código genérico de interno (G31) al que se vinculan todos los procedimientos relacionados con cada penado. Las materias con mayor carga de trabajo fueron TBC (704 entradas y 884 dictámenes), permisos de salida (816 entradas) y clasificación de grado (232 entradas). Se aprecia un descenso de quejas en 2025 (231 entradas). En materia de tercer grado, se mantiene un criterio administrativo de flexibilización, frente al cual la Fiscalía ha recurrido 14 de los 144 expedientes notificados. Se realizaron 12 visitas y audiencias a los centros penitenciarios (mayoritariamente presenciales). La Fiscalía Provincial de Ciudad Real interviene en relación con los Centros Penitenciarios de Herrera de la Mancha, Alcázar de San Juan y Albacete, que suman una población penitenciaria conjunta cercana a 850 personas internas. Se tramitaron 3.287 expedientes, destacando permisos, clasificación en grado, sanciones, libertad condicional y numerosas quejas. El Ministerio Fiscal emitió 6.703 dictámenes a lo largo del ejercicio. En materia de tercer grado se registraron 243 expedientes, con solo tres recursos del Ministerio Fiscal. El CIS informó de 29 ingresos voluntarios, la mayoría clasificados finalmente en tercer grado.
La Fiscalía Provincial de Badajoz informa de persistencia de problemas estructurales: insuficiencia de personal, inexistencia de sede física propia y dificultades derivadas de la falta de interconexión telemática con órganos judiciales de Cáceres, pese a tramitar ejecutorias de internos de ambos centros penitenciarios. La actividad fue muy elevada en TBC (978 expedientes), permisos (617 a petición del centro y 429 recursos por denegación), sanciones disciplinarias y refundiciones (183). En terceros grados, las notificaciones telemáticas funcionaron con normalidad y rara vez se recurrieron, en aplicación de la Nota de Servicio 1/2023.
La Fiscalía Provincial de Valladolid, que extiende su intervención a los Centros Penitenciarios de Valladolid, Segovia y Ávila, tramitó 12.295 procedimientos (4.875 expedientes y 7.420 dictámenes), con incrementos muy notorios en medidas coercitivas, asuntos sanitarios, recursos de permiso y refundiciones. También recibió 166 comunicaciones de progresión a tercer grado, sin recurrir ninguna. Se practicó una visita oficial al Centro Penitenciario de Valladolid.
Desde la Fiscalía Provincial de Palencia se da cuenta en la Memoria de las 18 progresiones a tercer grado que fueron notificadas a la Fiscalía en 2025, sin que ninguna fuera recurrida. Se efectuaron dos visitas presenciales al Centro Penitenciario de Dueñas-La Moraleja, con capacidad para 1.300 plazas y que cerró el ejercicio 2025 con 1.010 internos, manteniéndose por debajo del máximo pese a apreciarse un ligero incremento de población reclusa.
La Fiscalía de Burgos informa que el registro de los asuntos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 2 de Castilla y León, que ejerce sus funciones en relación con los Centros Penitenciarios de Burgos y Soria, se lleva ya por completo conforme al nuevo sistema de asignación de letra y número en la aplicación informática Minerva, compatible además con la aplicación Fortuny. Durante el año 2025 se notificaron a esta Fiscalía un total de 102 resoluciones de tercer grado, sin que se haya recurrido ningún acuerdo. En cuanto a los ingresos voluntarios en CIS, cinco internos del Centro Penitenciario de Burgos accedieron directamente, siendo clasificados en tercer grado (modalidades art. 83 RP y 86.4 RP), mientras que un sexto solicitante fue rechazado.
La Fiscalía Provincial de León destaca en el año memorial un aumento en la cifra de la población reclusa existente en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas, de manera que, a fecha 31 de diciembre de 2025, ascendía a 1.086 internos frente a 887 en la misma fecha del 2024. Por otra parte, el número de dictámenes despachados por la sección de vigilancia penitenciaria de esta Fiscalía también se ha visto incrementado, con 6.271 emitidos frente a los 5.071 del 2024.
La Fiscalía del Principado de Asturias informa en su memoria que la carga de trabajo de la sección aumentó ligeramente, alcanzando los 4.404 expedientes incoados y los 8.943 dictámenes emitidos. No obstante, en materia de permisos se concedieron 949 (893 ordinarios y 56 extraordinarios), lo que supone una disminución notable respecto a 2024 (1.164) y 2023 (1.419). Los quebrantamientos se situaron en cifras bajas, contabilizándose 7 no reingresos, una fuga en CIS y 2 no regresos de salida de fin de semana, cifras sensiblemente inferiores al año precedente que computó un total de 13 quebrantamientos. Las visitas a los centros penitenciarios por parte de los fiscales especialistas se repartieron entre 13 presenciales y 7 a través de videoconferencia. Por último, en materia de clasificación penitenciaria se produjo un fuerte incremento de las clasificaciones en tercer grado, un total de 221, motivado por una política penitenciaria favorable a las mismas para penas cortas (< 5 años).
La Memoria de la Fiscalía Provincial de Las Palmas refleja un incremento general de la población reclusa en los tres centros penitenciarios (Salto del Negro, Tahíche y Las Palmas II), sin que se haya procedido a la apertura de nuevos módulos pese a las necesidades estructurales detectadas.
La actividad en trabajos en beneficio de la comunidad continuó siendo muy elevada, con miles de entradas en SIGMA, especialmente en Las Palmas I, y un volumen también significativo en Lanzarote.
La fiscalía emitió 4.932 dictámenes, con un mínimo descenso respecto al año anterior. Además, durante el año memorial tuvieron entrada 337 asuntos procedentes del Centro Directivo, de los que solo una parte precisó recurso. Los internos clasificados en tercer grado fueron 146, y se mantuvieron las entrevistas de ingreso directo, sobre todo en Tahíche.
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife informa que la actividad de la sección se ha mantenido en cifras elevadas, con 4.036 expedientes incoados y un incremento significativo del número de dictámenes, que alcanzaron los 3.099, unos 300 más que el ejercicio anterior. El funcionamiento de esta sección de vigilancia penitenciaria no ha presentado incidencias relevantes en el año memorial, conservando una plantilla estable que está integrada por cinco fiscales y una funcionaria de gestión.
Respecto a la situación penitenciaria de la provincia, se refiere un aumento de la población reclusa en los tres centros existentes, especialmente en el Centro Penitenciario Tenerife II, que cerró el año 2025 con 985 internos. Se constata además un incremento del número de internos extranjeros y de las actuaciones derivadas de órdenes europeas de detención y entrega, así como de expulsiones judiciales. Asimismo, se han comunicado 133 progresiones a tercer grado y se registraron 656 incidentes regimentales a lo largo del año.
El panorama estructural continúa siendo motivo de preocupación para esta Fiscalía. Tanto en Tenerife II como en La Palma persisten deficiencias graves en las instalaciones, que permanecen obsoletas y con espacio claramente insuficiente en celdas y dependencias básicas. La situación es particularmente delicada en el caso de las mujeres internas, que superan la capacidad del módulo femenino y han de ser distribuidas en módulos no diseñados para ese fin, como UTE o Enfermería, a la espera de un proyecto de reforma que aún no se ha iniciado.
El Centro de Inserción Social Mercedes Pinto también ha experimentado un aumento notable de internos, alcanzando los 243 penados, con un incremento relevante de personas en medios telemáticos y en distintas modalidades del régimen abierto. Aunque la actividad se ha desarrollado con normalidad, se han producido múltiples traslados por medidas cautelares y con un volumen muy elevado de expedientes de trabajos en beneficio de la comunidad, que ascendieron a 3.312.
Durante el año se realizaron trece visitas de inspección a los distintos centros.
La Fiscalía Provincial de Zaragoza informa de la tramitación en el período memorial de 9.178 expedientes, frente a 9.324 en 2024. Igualmente, la cifra de dictámenes emitidos desde la sección, un total de 7.154, fue levemente inferior a la del año precedente.
Por último, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada explica su organización de la materia de vigilancia penitenciaria, configurándola como un servicio centralizado, distinto del modelo territorial y estrechamente vinculado al control individualizado de ejecutorias. De este modo, contabilizan 164 ejecutorias en trámite (121 en sede central y 43 en delegaciones) e informan de la gestión de diversas incidencias vinculadas a las denominadas «macrocausas» de corrupción (con la emisión de dictámenes que implican un análisis técnico de progresiones a tercer grado y del eventual efecto suspensivo del recurso del Ministerio Fiscal). En esta materia, las comunicaciones directas a la fiscalía ascendieron a 27 y, de ellas, 12 correspondían a progresiones a tercer grado. Se informó en contra de la libertad condicional en 4 ocasiones y se recurrió un tercer grado. En este sentido, se resalta la necesidad de un control riguroso de terceros grados (arts. 86.4 y 100.2 RP), especialmente en delitos de corrupción y criminalidad económica, para evitar decisiones tratamentales prematuras que comprometan la finalidad de la pena.