13.7 Datos estadísticos sobre procedimientos penales
La elaboración de la Memoria debe nutrirse necesariamente de la actividad desplegada por las distintas secciones especializadas. De ahí que, en tanto no se despliegue la red de un modo efectivo en las distintas provincias de España, no resulta posible ofrecer datos estadísticos concretos y evaluar de forma pormenorizada, en base a los mismos, la evolución de la criminalidad. La ausencia hasta ahora de secciones especializadas y de fiscales especialistas dedicados a esta materia ha impedido asimismo evaluar el impacto de las numerosas reformas penales en esta materia que han tenido lugar en los últimos años. También ha impedido evaluar con el suficiente grado de detalle las carencias existentes en este ámbito y, por supuesto, los aciertos que hayan podido darse.
Buena parte de las/os delegadas/os provinciales, así como de las jefaturas que han auxiliado a la Unidad en este punto, han manifestado las enormes dificultades e, incluso, en numerosas ocasiones, la imposibilidad de ofrecer datos fiables acerca del número de procedimientos por delitos contra la Administración pública que a fecha de hoy se encuentran vivos, es decir, en fase de instrucción o pendientes de enjuiciamiento. Dificultades aún mayores se han apreciado, obviamente, para identificar los procedimientos que han sido archivados y las causas a las que ha obedecido el archivo.
El examen de las distintas memorias provinciales, así como de las relaciones de procedimientos por delitos contra la Administración pública en tramitación en las distintas fiscalías provinciales y de área a fecha de 1 de abril de 2026, confeccionadas a instancias del Fiscal de Sala Coordinador por las/os delegadas/os provinciales, confirma que a fecha de hoy no se cuenta con datos estadísticos fiables. Son numerosas las deficiencias detectadas a nivel de registro, así como las dificultades para la identificación de los procedimientos. La Unidad especializada se encuentra en trámite de adoptar medidas que permitan solventar estas deficiencias a fin de situarse en condiciones de ofrecer en ulteriores ejercicios datos más concretos y fiables acerca de la actuación del Ministerio Fiscal en este ámbito, así como de realizar una adecuada descripción del estado de la criminalidad y valorar su evolución. Contar con información estadística completa y precisa es una condición imprescindible para identificar aquellas formas de delincuencia que por su relevancia merezcan atención prioritaria, para seleccionar los ámbitos en los que resulte especialmente oportuno definir criterios de actuación, así como para detectar necesidades formativas y de cualquier otro orden, en línea con el planteamiento estratégico que el Fiscal de Sala Coordinador de delitos contra la Administración pública propone implantar.
De todos modos, aun con las cautelas a que obligan las carencias y dificultades anteriormente apuntadas, se está ya en disposición de afirmar que la prevaricación administrativa constituye, de entre los delitos contra la Administración pública, la modalidad que aglutina el mayor número de diligencias de investigación y procedimientos judiciales en curso. Similares consideraciones parecen extraerse del análisis de la jurisprudencia y de las resoluciones de los tribunales superiores de justicia y audiencias provinciales.