5.4 Evolución nacional de las causas por tráfico de drogas

5.4.1 Evolución de los procedimientos de tráfico de drogas en las fiscalías territoriales

El número de causas relativas al tráfico de drogas, que se había incrementado especialmente en 2024 (29.758), ha descendido este año (25.832), volviendo a cifras similares a 2023 (24.153), aunque algo superiores. La mayoría de estos procedimientos (12.153) han sido por sustancias que no causan grave daño a la salud, mientras que 9.274 se refieren a sustancias que causan grave daño a la salud; de estas, 4.384 son tráfico de drogas cualificado por alguna de las circunstancias previstas en el Código Penal, de imposible discriminación ya que el sistema de registro no diferencia entre las distintas causas de agravación.

Es difícil hacer un examen cualitativo general de los procedimientos nacionales por tráfico de drogas más allá de los datos y análisis que proporcionan los delegados antidroga en las fiscalías territoriales. La estadística y el sistema de registro es deficiente, un problema general ya advertido en memorias anteriores. Los datos de diligencias previas incoadas por tráfico de drogas son escasamente fiables, debido en parte al momento prematuro en que se realiza el registro y a que la determinación de la calificación se realiza por funcionarios con escasos conocimientos jurídicos y de forma en principio provisional, pero que después se convierte en definitiva ya que en pocas ocasiones es objeto de corrección. Además, no se contabilizan en el sistema datos relevantes para realizar un análisis anual de los casos abiertos; estos datos deben ser apuntados manualmente por los fiscales delegados, como el número de entregas controladas, agentes encubiertos autorizados, número de investigaciones contra miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, demandas de decomiso autónomo, etc. La falta de datos es también preocupante en relación con los delitos de blanqueo, donde no se registra el delito precedente, por lo que es imposible discriminar el número de procedimientos de blanqueo procedente del tráfico de drogas.

En todo caso, del número de procedimientos registrados llama la atención que, en línea con un leve descenso general de procedimientos, se observan descensos no significativos en las provincias que cuentan con delegado de la Fiscalía Antidroga, salvo en las provincias de Guipúzcoa y Castellón donde el incremento (76,39% y 65,56% respectivamente) es grande y se aleja del resto de esta orientación. El resto de los porcentajes de incremento de causas por tráfico de drogas se da en provincias sin delegado como el llamativo crecimiento de Segovia, en el que el aumento es del 54,17%, en Cuenca del 48,15%, en Córdoba 45,35%, en León el 34,29%, en Soria 30,77%, en Lugo el 21,31% y en más del 10% en otras provincias sin delegación como Ourense, Salamanca, Valladolid, Jaén o La Rioja, lo que abunda en la idea de la necesidad de seguir aumentado el número de delegados.

Sí se dan porcentajes de aumento en algunas fiscalías de Andalucía, como el crecimiento del 23,70% en Huelva, o el 18,16% en Cádiz-Ceuta y un 26,18% en Granada. También aumenta notablemente en Girona y Lleida, con 12,68% y 19,90%, respectivamente, y en dos de las provincias con nuevos delegados: en Toledo sube un 19,87% y en Badajoz un 13,33%. También se eleva el número de procedimientos en Pontevedra con un 9,25% más y en Las Palmas con un 12,92% de incremento.

Sin embargo, son significativos algunos descensos como el 78,55% en Alicante, y el de Valencia, con un descenso del 50,49%; y cambia también la tendencia en Barcelona que, frente al sorprendente crecimiento del año pasado, vuelve a cifras más parecidas a las de 2023, rebajando el número de diligencias en un porcentaje del 32,10%. Otra provincia que sufre especialmente los embates del tráfico de drogas como es Málaga también desciende este año en un porcentaje del 23,59%.

Los delitos contra la salud pública más graves se han incrementado notablemente desde los 3.243 del año pasado a los 4.384 de este año. Se trata de los procedimientos estadísticamente registrados como cualificados, una categoría que maneja el sistema y que, como se ha dicho, no se corresponde exactamente con una categoría definida en el Código Penal. Por ilícito comercio de precursores han sido 21 diligencias nuevas este año.

A continuación, se resumen y analizan algunos de los datos y consideraciones que realizan los 31 fiscales delegados de la Fiscalía Especial Antidroga en sus respectivas memorias. Este año 2025 se aumentó el número de 28 a 31 delegados, al nombrarse nuevos delegados en Zaragoza, Toledo y Badajoz. Las 31 fiscalías que cuentan con delegado tienen en su mayoría secciones antidroga de mayor o menor tamaño, según las circunstancias de la propia fiscalía y del territorio en el que se ubica. Los delegados, por sí mismos o a través de la coordinación de los fiscales que se integran en la sección, se hacen cargo de los procedimientos más relevantes. Dependiendo de las circunstancias, los delegados o las secciones se ocupan de todos los procedimientos por tráfico de droga cometidos a través de organización, se encargan de los visados, de la celebración de los juicios y de la interposición o contestación de los recursos. Lo más relevante, sin embargo, se encuentra en el inicio de las investigaciones, en la práctica cada vez más extendida, con el examen previo por el fiscal de los oficios en los que se plasma la investigación policial, asumiendo la dirección desde ese primer momento de dicha investigación y la presentación de la correspondiente querella o denuncia ante los juzgados. Es una buena práctica este examen y coordinación por el fiscal especialista, ya que la mayoría de las investigaciones requieren de la adopción de medidas de investigación tecnológica u otras que inciden en derechos fundamentales, para los que el informe del fiscal es imprescindible, y su dirección y orientación determinan en muchos casos el éxito en la adopción de estas medidas por el juez de instrucción. Sin duda es esta especialidad una de las que está anticipando con esta forma de actuar la futura responsabilidad del Ministerio Fiscal en la investigación criminal.

Seguidamente se incluye un breve resumen de las memorias de los delegados.

En un examen general, los delegados territoriales mantienen sus apreciaciones de años anteriores en relación con los procedimientos de los que se hacen cargo y la valoración de la situación del territorio de su delegación que no ha variado ostensiblemente respecto a años anteriores.

Sin incluir a la Fiscalía central en la Audiencia Nacional, los delegados antidroga territoriales han incoado este año 222 diligencias de investigación en relación con delitos contra el tráfico de drogas en las que se han acordado 25 entregas controladas siendo Algeciras, Valencia, Pontevedra y Madrid las fiscalías territoriales que con más frecuencia autorizan entregas controladas. Menos habitual es que los delegados autoricen agentes encubiertos, que este año se han autorizado en 11 diligencias.

Por otro lado, se reitera la sugerencia de incluir los datos sobre tráfico de drogas como materia de obligado tratamiento en las memorias de las fiscalías territoriales, y ello con el fin de disponer de cifras relativas a un fenómeno criminal existente en todo el territorio nacional, pero con los que no se cuenta allí donde no hay delegado o sección de drogas.

5.4.2 Procedimientos por tráfico de drogas en las fiscalías territoriales

5.4.2.1 Andalucía

Las características geográficas y sociales de Andalucía siguen haciendo a esta comunidad una de las más afectadas por el fenómeno del narcotráfico y, como decíamos el año pasado, probablemente el territorio donde el problema sea más visible y menos oculto, al contrario de lo que es una característica propia del tráfico de drogas, atendiendo a exhibición de embarcaciones de alta velocidad que operan no solo en el Estrecho, sino que se desplazan cada vez más a provincias como Huelva, Almería y Málaga. La violencia y la pérdida de respeto al principio de autoridad es cada vez más visible y se siguen dando situaciones límite que no se alejan de la crisis vivida en Barbate en 2023 con el asesinato de dos guardias civiles, sino que siguen abusando de la violencia y provocando muertes, como el asesinato el pasado 28 octubre de un agente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal con una narcolancha que le embistió y que además dejó otros tres heridos, vinculado al narcotráfico en el Guadiana y al lado de la frontera española.

Todos los delegados de esta comunidad autónoma muestran su alarma por la mayor presencia de armas de fuego e incautación de armas de guerra junto a todo tipo de alijos, y con la constatación de la mayor presencia de personas de países de los Balcanes o de Ucrania organizados en bandas profesionalizadas dedicadas en muchos casos a los vuelcos, que no dudan en usar el armamento que portan, no solo contra otros clanes, sino abiertamente contra los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En la provincia de Cádiz se han incoado 24 procedimientos por tenencias de armas y se relata en la memoria la incautación de 4 fusiles AK-47 (Kalashnikov) en Jerez y Sanlúcar en tres operaciones distintas, 2 armas automáticas, 3 subfusiles y 3 armas cortas en Barbate; 1 fusil Zastava M70, 5 armas cortas y 2 escopetas en Chiclana. En Almería se refiere la incautación de 78 armas de fuego, varios subfusiles e incluso un lanzacohetes.

Igual se observa en la provincia de Sevilla donde se intervienen cada vez más armas de fuego; concretamente en Coria del Río se incautaron armas de guerra con las que los narcotraficantes abrieron fuego contra la policía: el 9 de noviembre la Policía Nacional llevaba a cabo una operación contra el tráfico de hachís (se incautaron 4.500 kg) a solicitud de las autoridades portuguesas en la que los cinco narcotraficantes huidos se refugiaron en una nave en Isla Mayor, disparando a los agentes de policía con fusiles de asalto AK-47 e hiriendo de gravedad, pese a la protección del chaleco, a uno de ellos. Los responsables, de nacionalidad española, fueron detenidos ya en enero de 2026 en Málaga y Marbella, donde se les incautaron 70 kg de cocaína, armas cortas, un dron y otros efectos destinados al tráfico de drogas.

Suelen mencionarse los juzgados mixtos (ahora tribunales de instancia con una sección única) de localidades gaditanas cuando se analiza la inadecuación de la organización judicial al fenómeno del narcotráfico, y así lo hemos hecho otros años. Igual situación sufre la provincia de Sevilla; con los órganos judiciales de Coria del Río, Sanlúcar la Mayor y Nebrija como responsables de procedimientos cada vez más complejos con alijos importantes, armas y un número relevante de investigados. Estas instrucciones judiciales se alargan indefinidamente al no contar estos juzgados con medios suficientes y adecuados para afrontar el crecimiento y la complejidad del narcotráfico en sus partidos.

La cifra de diligencias previas incoadas en 2025 en el conjunto de Andalucía es de 4.242, algo inferior al número de 5.276 de 2024, que se corresponde con un ligero descenso en la provincia de Almería y algo más significativo en la provincia de Málaga. El resto de las provincias, incluidas Córdoba y Jaén que no cuentan con delegado antidroga, crecen en número de procedimientos, especialmente Huelva y Cádiz-Ceuta. Estos incrementos se producen esencialmente en relación con las causas relacionadas con sustancias que causan grave daño a la salud, especialmente en Cádiz, con un incremento del 118%, que es de 59% en el Campo de Gibraltar y del 37,9% en Jerez. Este mayor número de procedimientos se transforma en un notable aumento de la actividad procesal en la provincia y se debe en su mayoría al mayor uso de las narcolanchas para el transporte de cocaína.

El tráfico de cocaína gana notable peso en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva. En Algeciras, por la vía tradicional de los contenedores, y en las zonas de Barbate, Sanlúcar y el Guadalquivir, con el uso de embarcaciones semirrígidas que, como ya se indicaba el año pasado, han dejado de ser utilizadas solo para el transporte de hachís y se usan con normalidad para el transporte de cocaína descargada de embarcaciones en altamar. Los alijos intervenidos en estas narcolanchas son mayores y en la desembocadura del Guadalquivir se han intervenido 1.040 y 1.400 kg de cocaína y otros alijos de 220 y 415 kg en Barbate.

Aun así, el hachís sigue siendo la mercancía predominante utilizando tácticas cada vez más sofisticadas, como grandes remolques con vigas huecas como dobles fondos, con intervenciones de 23 toneladas; o túneles bajo la frontera de Ceuta (en 2026 fue localizado un segundo túnel en la misma zona en la que se había localizado el anterior en la operación Hades).

Huelva es la segunda provincia en cantidad de hachís incautado, con 63.301 kg que aumentan en un 201,8% los 20.975 kg de 2024. El número de diligencias de esta provincia sigue incrementándose, este año cerca de un 30% más con 214 nuevas diligencias previas por delito de tráfico de drogas. Este incremento ha requerido el apoyo de la sección de la Fiscalía de Huelva con un tercer fiscal que se une a la delegada y a otro fiscal que se venían ocupando de esta materia.

El tráfico de drogas en Andalucía se vale de dos instrumentos principales, el uso de embarcaciones de alta velocidad y el tráfico de combustible para el funcionamiento de estas. Respecto a las narcolanchas que ya fueron tratadas en un apartado específico de la Memoria en 2023, destacar que su consideración de género prohibido acordada en España en 2018 acaba de ser aprobada en Portugal a través de Decreto-Lei n.º 43/2026, de 16 de febrero, que entrará en vigor en mayo y que, sin duda, mejorará la lucha conjunta contra el tráfico de drogas evitando que estas embarcaciones se fabriquen o refugien en el país vecino. La persecución de este delito de forma autónoma cuando no se puede probar el narcotráfico, en cuanto que se categoriza como contrabando se lleva, en algunas provincias, por parte de las secciones de delitos económicos, aunque en la mayoría de las fiscalías andaluzas lo siguen despachando las secciones antidroga. En la provincia de Cádiz se han incoado 82 procedimientos por este tipo de contrabando en cuya actividad, además, se produce el más trágico de los resultados ya que han fallecido o desaparecido varios ocupantes de estas embarcaciones. En Huelva fueron 46 los procedimientos incoados por este contrabando.

Respecto al transporte y almacenamiento de gasolina, el conocido como petaqueo, el año pasado hacíamos un apartado para exponer la nueva orientación de la fiscalía tras una Nota de Servicio de la Fiscal delegada de Cádiz como coordinadora de Andalucía. Se decidió considerar que estas actividades están tipificadas como delito de tenencia de sustancias inflamables del artículo 568 CP y se exponía el año pasado las diferentes posiciones de la Audiencia de Cádiz. Aún pendiente de la decisión del Tribunal Supremo, al menos la respuesta de la Fiscalía ha sido validada por la STSJ Andalucía 16/2026, de 15 de enero, por la que se acoge el recurso de apelación del Ministerio Fiscal contra la sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Cádiz que había condenado al acusado por delito contra la salud pública y absolvía del delito de tenencia de sustancias inflamables del artículo 568 CP por el que le acusaba el fiscal al portar 52 garrafas conteniendo 25 litros de gasolina cada una, en total 1.300 litros, al considerar la Audiencia que la tenencia de gasolina no se encuadra en el referido artículo. El Tribunal Superior analiza el comportamiento y considera que el transporte de esta sustancia extremadamente inflamable y volátil con conocimiento de su peligrosidad integra el tipo del artículo 568 CP, y por ello revoca la absolución y condena. Por otro lado, este año se tramitaron en el Parlamento dos proposiciones de ley que han desembocado en la Ley Orgánica 1/2026, de 8 de abril, que tipifica expresamente estas conductas en el artículo 568.2 CP. La gravedad de estas actividades de petaqueo ha dado lugar, conforme informa el Ministerio del Interior, a la intervención solo en la provincia de Cádiz de 262.000 litros de gasolina, un 80% más que en 2024. Se han incoado 82 procedimientos por tenencia de sustancias inflamables y se han acordado 22 prisiones provisionales. En Huelva la cantidad intervenida fue aún mayor con 344.308 litros, superando el doble de los intervenidos en 2024 y con 38 procedimientos incoados.

La respuesta final y la efectividad de la nueva respuesta penal a una conducta tan perturbadora dependerá de la decisión del Tribunal Supremo, que tiene pendiente resolver la casación interpuesta por la Fiscalía contra el auto de sobreseimiento libre acordado por un Juzgado de Instrucción de Chiclana y también, por supuesto, del acierto de legislador en la configuración del tipo en el nuevo artículo 568.2 CP.

Almería, como ya se ha mencionado, sufre el desplazamiento a sus costas de la actividad de las narcolanchas y ha experimentado un aumento exponencial de la incautación de cocaína que ha llegado a 1.255 kg frente a los 324 kg del año pasado, lo que supone un incremento del 287%. Igualmente, se ha observado una mayor presencia de resina de cannabis, que supera las 18 toneladas frente a las 4 del año anterior, en un enorme incremento del 350%, reflejo de la misma realidad de desplazamiento de los puntos de alijo a zonas geográficas contiguas donde se espera menor presión policial. La Fiscalía de Almería sigue refiriendo el incremento y extensión del cultivo indoor de esta sustancia a la vez que constata un decrecimiento de las grandes intervenciones de cannabis relacionadas con el supuesto cultivo industrial lo que, sin embargo, no ha hecho disminuir el número de sustancia incautada, aunque se haga en menores cantidades por cada operación.

En Granada la situación es similar al año pasado con la extensión del tradicional cultivo indoor, que se lleva a cabo cada vez más por organizaciones extranjeras (albanesas, lituanas, holandesas, etc.) que están llegando a expulsar de sus viviendas de forma violenta a los tradicionales vecinos.

Los delegados de Málaga y Marbella se enfrentan a una criminalidad más sofisticada y menos evidente que la sufrida por Cádiz o Huelva, pero no menos peligrosa: la instalación en la provincia de grandes organizaciones criminales dedicadas a todo tipo de tráficos y al blanqueo de las ganancias a través de la creación de entramados empresariales de todo tipo cuya investigación se alarga por la ausencia de una estructura judicial adecuada a este fenómeno. Los Tribunales de Instancia de Marbella y Estepona carecen de Sección de lo Penal y el enjuiciamiento de sus asuntos se realiza en Málaga, cuando las características de complejidad y el propio número de asuntos han justificado la creación de una delegación antidroga con fundamentos que serían aplicables también a la creación de nuevos órganos de enjuiciamiento.

5.4.2.2 Cataluña

El tráfico de drogas se sigue incrementando en Cataluña ligado a las distintas circunstancias de este territorio: la frontera con Francia, el puerto de Barcelona, el aeropuerto de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y la ya tradicional extensión del cultivo y tráfico de cannabis, que deriva no solo de las circunstancias territoriales, sino de la tolerancia de la sociedad al cultivo, venta y consumo de esta sustancia.

El número de diligencias previas crece en todas las provincias salvo en Barcelona, donde el sorprendente número del año 2024 no se confirma en 2025. Lleida aumenta sin embargo un notable 19,40% y Girona un 12,68%. Tarragona experimenta un leve descenso del 1,34%.

Los cuatro delegados de Cataluña siguen reseñando que en las incautaciones y los procedimientos por tráfico de drogas se observa el desplazamiento del consumo, que se confirma también en el descenso de intervenciones, del hachís a la marihuana que se produce en el propio territorio y que es un fenómeno que atrae a bandas criminales extranjeras con mayor tradición de violencia, que provocan mayor número de incidentes violentos y el crecimiento en la cifra de armas incautadas. El delegado de Lleida alerta del aumento de organizaciones criminales que tienen a España, y concretamente a Lleida, como invernadero particular para el cultivo de marihuana y, como ya advertía el año pasado, se extiende otra lamentable circunstancia unida a la extensión de las plantaciones de cannabis en Cataluña que es el abuso de extranjeros en situación de ilegalidad, quienes son reclutados en régimen de verdadera esclavitud.

Las diligencias contra asociaciones cannábicas disminuyen lógicamente como consecuencia de la presión policial y judicial contra estas actividades asociativas; el delegado de Barcelona constata que, del total de 517 diligencias incoadas desde 2014 contra asociaciones cannábicas, solo 9 fueron incoadas en 2025. Sin embargo, informa que estas tácticas de las asociaciones basadas en el engaño y la confusión de un supuesto estudio y análisis de la sustancia para favorecer el tráfico se ha extendido a otras sustancias, de forma que aparecen asociaciones que ahora promueven los enteógenos como, ayahuasca-DMT, cactus de San Pedro, peyote y sustancias similares, que se promocionan en estos clubes como naturales y con beneficios varios –como se hizo en las asociaciones cannábicas–, para suministrar las sustancias en un mercado negro que, sin embargo, niegan realizar en sus estatutos.

El puerto de Barcelona sigue siendo un punto clave para la entrada de la cocaína, pero, en la línea de los principales puertos europeos, la introducción de cocaína ha descendido de forma muy notoria: se han incautado 6,847 toneladas, un 72,88% menos que en 2024 (25,24 toneladas) y poco más de una tercera parte de las 19,24 toneladas incautadas en 2023.

El grupo de trabajo contra tráficos ilícitos en las terminales de contenedores de Barcelona continúa reuniéndose desde 2023, siguiendo el modelo comenzado en Valencia y que se está extendiendo a otros grandes puertos. Este año el grupo de trabajo consolida avances como el refuerzo de los sistemas de videovigilancia, implantación de cámaras térmicas y proyectos de IA, mejora de los controles de acceso e identidad con doble control biométrico (pendiente de informe de protección de datos), mejora en la trazabilidad operativa y desarrollos informáticos. También se valora establecer medidas dirigidas a crear un certificado de idoneidad como filtro para el trabajo en el puerto de forma similar a los existentes en los aeropuertos.

En todo caso, cualquier avance parece insuficiente ante el examen de los procedimientos en curso en los que el delegado de Barcelona denuncia el escandaloso protagonismo e impunidad de los elementos corruptos de la estiba, que aprovechan fallos de control como es que la actual instalación informática de las terminales no registra debidamente las consultas que se efectúan sobre posición y movimientos de contenedores. Las terminales afirman no poder identificar el autor de cualquier consulta debido a los permitidos intercambios de tarjetas y contraseñas, un problema que exige inmediata solución bajo la final responsabilidad de las terminales por falta de mínimo control de una actividad que es crítica.

La mayoría de las diligencias previas relevantes incoadas en los juzgados de Cataluña en 2025 se encuentran secretas, por lo que no procede dar cuenta de ellas en esta Memoria. Otras muchas, incoadas en 2024, 2023 o incluso antes, siguen en trámite o en algunos casos pendientes después de las condenas de recursos de apelación y casación. La lentitud es también en este territorio un problema que genera impunidad, que coincide con lo ya expuesto en relación con la Audiencia Nacional y otros territorios y es destacada por varios delegados.

5.4.2.3 Galicia

Pese a ser Galicia una comunidad tradicionalmente afectada por el narcotráfico, solo cuenta con delegados en las Fiscalías de Pontevedra y A Coruña, provincias que concentran la mayor parte de los procedimientos y los más relevantes. Sin embargo, el crecimiento de procedimientos que se ha dado este año en Lugo del 21,31% y en Ourense del 11,11% aconsejan valorar la conveniencia de contar con delegados en estas Fiscalías.

Las dos delegaciones antidroga en Galicia soportan una carga de trabajo significativa que comienza además en las fases iniciales de las investigaciones en un método de trabajo consolidado por ambos delegados, que comienza con reuniones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que determinan el inicio de las investigaciones judiciales a través de diligencias de investigación preprocesales, 19 en Pontevedra y 11 en A Coruña. En su seno se autorizan aquellas medidas competencia del Ministerio Público y se dirige la actividad policial para culminar en la presentación de querellas ante los juzgados competentes, una metodología que favorece el debido control por el fiscal de las medidas de investigación y la tramitación de las causas.

El narcotráfico en Galicia viene determinado tanto por las características geográficas de la comunidad como por la continuación de las actividades de las organizaciones criminales nacidas en los años 80 y 90, a las que se han unido nuevas organizaciones procedentes principalmente de Iberoamérica y los Balcanes, Albania fundamentalmente, que se aprovechan de la experiencia y estructuras tradicionalmente instaladas en la región.

Los puertos de A Coruña, Marín y sobre todo Vigo son foco importante de entrada de sustancias estupefacientes. Las líneas marítimas que conectan Vigo con Iberoamérica y el tipo de mercancía de productos frescos en que se especializa este puerto permite la introducción de grandes alijos camuflados en los diferentes productos, a través de organizaciones transnacionales con capacidad para enviar, recoger, transportar la carga y realizar transacciones financieras para pagarla.

Otras operaciones en los puertos de Vigo y Marín han permitido constatar el uso de buques portacontenedores a los que adosan a sus cascos y de diversas formas cocaína, entre 40 y 60 kilos, que se rescatan por buzos que se aproximan a los buques con propulsores o scooters submarinos de difícil detección.

La ría de Arousa es otro centro relevante para el narcotráfico a través de la llegada de embarcaciones rápidas, un lugar utilizado no solo por los narcotraficantes gallegos sino también cada vez más por organizaciones internacionales que realizan el transporte oceánico y descargan en tierra a través del empleo de embarcaciones semirrígidas de alta velocidad, que han conseguido este año la introducción por esta vía de 900 kg de cocaína en una operación.

El delegado de A Coruña llama la atención sobre la extensión de los pisos destinados al tráfico de sustancias a pequeña escala, los llamados narcopisos, y la criminalidad adicional que generan, e informa sobre la desarticulación de 13 de estos puntos negros en la capital. Asimismo, alerta sobre el uso de patinetes eléctricos para la distribución de sustancias y las dificultades para la detención de los usuarios de estos medios de transporte.

Gran parte de la heroína detectada en España se localiza en Galicia debido a que sigue habiendo consumidores en la región. Este año se detectaron 21 kg en Francia con destino a Pontevedra.

Se finalizó este año en la Audiencia de Pontevedra el enjuiciamiento de una gran organización con 29 acusados dedicada a la introducción de cocaína con embarcaciones semirrígidas, siendo detenidos en abril de 2020 alijando la cocaína que transportaban en el buque MV Karar. Fueron 35 sesiones de un juicio especialmente complejo que sufrió todo tipo de maniobras dilatorias de las defensas, lo que provocó el agotamiento del plazo de prisión provisional y la huida de una gran parte de los acusados, dado que el juicio empezó en 2023 y terminó en febrero de 2025, encontrándose pendiente de sentencia.

Queremos destacar la Sentencia del Tribunal Superior de Galicia n.º 124/2025, de 17 de octubre de 2025, en relación con la nulidad alegada de una baliza instalada en julio de 2019 y que dio nuevas señales en febrero del 2020 cuando la causa estaba sobreseída. La policía dio cuenta inmediatamente de ellas y se autorizó el uso del dispositivo en marzo. La sentencia ratifica la suficiencia de la autorización y control judicial y llega a afirmar que una baliza en una embarcación constitutiva de género prohibido en modo alguno afecta a la intimidad dado que en estas no cabe desarrollar ninguna actividad de la esfera privada o personal, por lo que ni siquiera sería necesaria la autorización judicial para su instalación.

Nuevamente queremos destacar el trabajo que realiza la Fundación Galega contra o Narcotráfico (Fundación Gallega contra el Narcotráfico) junto al Servizo de Xestión de Bens Comisados ao Narcotráfico (SXB) –Servicio de Gestión de Bienes Decomisados al Narcotráfico– del Colegio de Procuradores de A Coruña que dispone de la voluntad, la experiencia y los medios para la gestión, depósito y realización anticipada de bienes y que ofrece soluciones de custodia y conservación que la ORGA aún no proporciona. Este año el delegado de Pontevedra elaboró un protocolo de gestión junto al CITCO y el Colegio de Procuradores para coordinar la actuación de ambos organismos para mejorar el traslado y custodia de las EAV (embarcaciones de alta velocidad), que además son ahora valoradas por el área regional de Vigilancia Aduanera, lo que favorece enormemente la decisión judicial para la destrucción o venta anticipada de estos vehículos.

5.4.2.4 Canarias

Merece mencionarse la situación de las Islas Canarias. Las Palmas sigue incrementado el número de diligencias previas por tráfico de drogas de forma muy apreciable este año, un 12,19% más, mientras que Tenerife, que había experimentado un exagerado crecimiento del 33,27%, vuelve a los términos de 2023. Ello sin mencionar los procedimientos incoados en 2025 en la Audiencia Nacional en los que parte del entramado se encontraba en estas islas, lo que da idea también de la relevancia de este enclave para las organizaciones internacionales.

La situación geográfica de las islas, cercana a las rutas atlánticas y a las costas africanas, hace que este territorio constituya un lugar estratégico en las rutas del narcotráfico y sea además utilizado como lugar de almacenaje provisional para el posterior traslado de las drogas al territorio europeo.

Esta ubicación, en el centro del tráfico marítimo, provoca todo tipo de situaciones en relación con intervenciones derivadas de abordajes en aguas internacionales y los subsiguientes problemas para la conducción de estas embarcaciones a puertos de Canarias y el traslado de las sustancias intervenidas y los detenidos.

Igualmente, la isla de Gran Canaria sufre el almacenamiento de todos estos alijos, con una gestión complicada que requiere la debida destrucción anticipada y que genera también retrasos en los análisis en las dependencias de los laboratorios de sanidad ante la falta de medios humanos y técnicos suficientes, un problema general pero que Canarias padece de forma excepcional por asumir alijos tanto de procedimientos de sus juzgados territoriales como de la Audiencia Nacional.

El delegado de Las Palmas llama también la atención sobre el importante tráfico para el consumo del turismo que, focalizado en el ocio, aumenta el tráfico de anfetamínicos y drogas de diseño.

Es común en ambas provincias el uso de embarcaciones deportivas para el transporte de estupefacientes y cada vez más de cocaína. También el régimen fiscal de las Islas Canarias conlleva que sea frecuente la interceptación de paquetes en aduanas con productos cannábicos que bajo la apariencia de legalidad encubren venta de sustancias estupefacientes camufladas.

Varias operaciones de relevancia han explotado durante este año en Tenerife y en Las Palmas con intervención de cantidades relevantes de cocaína, además de hachís y marihuana, y con un número alto de personas investigadas.

5.4.2.5 Comunidad de Madrid

En Madrid la fiscalía mantiene una elevada actividad en relación con el tráfico de drogas por razones ya expuestas otros años: por la propia dimensión de una gran población, por zonas conflictivas como la Cañada Real Galiana dedicadas al cultivo y venta de marihuana y otras sustancias, por el elevado número de los llamados narcopisos y, sobre todo, por la presencia del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el lugar más relevante en la comunidad para la entrada de drogas desde el extranjero.

La Sección Antidroga de la Fiscalía Provincial de Madrid está formada por la delegada y 6 fiscales más, que se encargan esencialmente de los procedimientos por tráfico de droga en la capital y del blanqueo de las ganancias de estos delitos cuando se tramitan de forma conjunta. La adjudicación a la sección de delitos económicos del blanqueo autónomo, aunque proceda del tráfico de drogas, hace imposible coordinar esta materia.

La Fiscalía de Madrid tramita con frecuencia entregas controladas principalmente en relación con el aeropuerto, este año ha autorizado cuatro, además de seis diligencias de investigación con agentes encubiertos.

Se reitera la gran preocupación de la fiscal delegada de Madrid y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre cierta falta de control y medidas adecuadas en relación con el movimiento de trabajadores en el aeropuerto de Barajas y la falta de establecimiento de nuevas medidas preventivas, restrictivas, sistemas de vigilancias y protocolos tanto por AENA como por las propias empresas de handling. Las cifras de incautaciones en el aeropuerto siguen siendo muy altas, puesto que este año se han incautado casi 6 toneladas, cifra importante, aunque algo inferior a las 6 toneladas y media incautadas en 2024. Además, se mantienen las cifras de incautaciones de otras sustancias como el MDMA, ketamina, metanfetamina, cannabis y hachís y otras sustancias ilegales como la ayahuasca, hoja de coca, peyote, etc. Las operaciones este año han dado lugar a 101 detenidos y a la incoación de varios procedimientos. La Fiscalía de Madrid constata un problema añadido en relación con los procedimientos por tráfico de drogas en el aeropuerto y es que, más allá de las detenciones de los portadores o rescatadores de las sustancias, es importante llegar a conocer la organización que está detrás de estas actividades, lo que se dificulta cuando se dispersan las detenciones en distintos juzgados que se limitan a investigar a la persona detenida. La fiscalía intenta ir más allá en un trabajo conjunto con las Fuerzas de Seguridad y Aduanas en el aeropuerto, pero este resultado es una de las consecuencias de la instrucción judicial parcial y atomizada.

Más allá de Barajas, como ocurre en otras grandes ciudades, Madrid sufre la actividad de narcopisos y de zonas especialmente utilizadas para el tráfico de drogas como la Cañada Real. En relación con los narcopisos se han elevado este año las operaciones, con 109 registros y 347 detenidos, incautándose una muy relevante cantidad de drogas de todo tipo y, además, como ya es costumbre, armas de fuego.

Madrid, como gran ciudad, se ve especialmente afectada por el consumo y el tráfico de nuevas sustancias psicoactivas (NSP), sustancias que producen los mismos o idénticos efectos que otras fiscalizadas pero que tratan de eludir la prohibición con mínimas alteraciones de moléculas químicas. La magnífica colaboración con el Instituto Nacional de Toxicología, con los informes emitidos en 2025 a solicitud de la Fiscal Jefa Antidroga, y los informes periciales emitidos por los técnicos del Instituto en el propio juicio oral han conseguido que varias sentencias (STSJ Madrid 77/2025, de 18 de febrero, o STSJ Madrid 174/2025, de 16 de abril), siguiendo otras del año 2024, vengan a subsumir en el artículo 368 del Código Penal el tráfico de sustancias aún no fiscalizadas en las listas internacionales pero casi idénticas en su fórmula y con los mismos efectos que las fiscalizadas, como así ocurrió con el 3CMC antes de ser fiscalizado. En todo caso, ni siquiera en Madrid es absoluto este criterio por lo que, como siempre, insistimos en la necesidad de catalogación de las sustancias por familias.

5.4.2.6 Comunitat Valenciana

La Comunitat Valenciana tiene su idiosincrasia en relación con el tráfico de drogas, marcada por los puertos, esencialmente el de Valencia, tradicionalmente uno de los primeros en cantidad de cocaína incautada en contenedores. Por ello, siguiendo la tendencia observada en toda la UE en 2025 con una notabilísima reducción de la incautación de cocaína en los grandes puertos, se observa también una disminución importante en el puerto de Valencia: casi la mitad de contenedores contaminados intervenidos (19 este año frente a 37 en 2024) y menor cantidad de cocaína (de 9.866 kg de 2024 a 7.932kg este año, muy alejada del pico del año 2023 donde se intervinieron 12.523 kg).

Este descenso se comprueba también en el número de procedimientos incoados en la Fiscalía Provincial de Valencia, que ha sido un 50,49 % menor, descenso aún más notorio en Alicante, donde el número se reduce en 78,55%, a la vez que se incrementa en un porcentaje muy reseñable de un 65,25% en Castellón, una provincia que ya crecía notoriamente el año pasado. Este crecimiento dio lugar a la concesión de la exclusividad al delegado de Castellón, como ya la tenían los delegados de las otras dos provincias valencianas. La exclusividad supone una responsabilidad única en Alicante y Castellón, donde no hay secciones compuestas por más fiscales. En Valencia su mayor volumen hace que sean 10 fiscales los que prestan servicio en la sección, además del delegado que lo hace en régimen de exclusividad.

En el análisis de los procedimientos y su relación con el puerto de Valencia, debe indicarse que en los últimos años gran parte de los procedimientos judiciales incoados o reabiertos derivan de las informaciones halladas en la intervención en Francia de las plataformas encriptadas EncroChat y SKY-ECC. Efectivamente, al igual que ocurrió con los puertos de Amberes y Rotterdam, la información obtenida en la explotación de la plataforma SKY-ECC se relaciona principalmente con la actividad de las organizaciones de narcotraficantes en los puertos, y concretamente en Valencia se ha detectado un número relevante de usuarios que han podido ser relacionados a través de esas conversaciones intervenidas con operaciones concretas de introducción de contenedores en el puerto de Valencia. Por eso, más allá de los procedimientos competencia de la Audiencia Nacional, la Fiscalía de Valencia es, junto a Algeciras, la que mayor número de procedimientos con evidencia procedente de SKY-ECC está tramitando. Durante 2025 se celebró la vista oral del Sumario n.º 139/2022 de la Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Valencia contra una trama verdaderamente peligrosa que actuaba en el puerto. Los acusados fueron absueltos en Sentencia de 21 de enero de 2026 por una apreciación sobre la forma de acceso de las defensas a las comunicaciones intervenidas en SKY-ECC que el Ministerio Fiscal no compartía, interponiéndose recurso de apelación, que fue estimado por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia núm. 118/2026, de 22 de abril, que declaró la nulidad de la sentencia de instancia para que el mismo tribunal «dicte una nueva resolución en la que valore íntegramente la totalidad de las pruebas practicadas y particularmente la información obtenida a través de la OEI remitida por las autoridades francesas».

Entre las grandes causas contra tráfico de drogas de este año, el delegado de Valencia da cuenta de la Operación Spider, iniciada en 2024 pero explotada en 2025. Este procedimiento supone un punto de inflexión en la comprensión del fenómeno del narcotráfico en el puerto de Valencia. Se trata de una investigación llevada a cabo con agentes encubiertos en la que se han intervenido 4.500 kg de cocaína y que responde a la introducción sistemática de grandes alijos con gancho ciego, gancho dirigido y empresa a empresa. La investigación muestra que no se trataba de actos aislados de corrupción sino todo un sistema orientado a garantizar el control de los trabajadores de puestos claves para ejecutar la operativa criminal. Se concreta en la participación coordinada de más de 80 personas distribuidas en bloques funcionales diferenciados: organizaciones internacionales financiadoras, narcotraficantes con contactos internacionales y nacionales, portuarios, representantes aduaneros, equipos de extracción, facilitadores críticos y estructuras de apoyo que constituían un modelo tipo cartel portuario, caracterizado por la gestión compartida de recursos corruptos dentro del puerto que permitía la alternancia de equipos de extracción adaptándose a las necesidades operativas. El análisis de la investigación permite evidenciar indicios de amaño de procesos selectivos en el Centro Portuario de Empleo, manipulación de listados y calificaciones, la falsificación del test antidroga, alteración documental, utilización fraudulenta de ETT para simular experiencia laboral, control de bolsas de empleo mediante redes sindicales y empresariales, actuaciones delictivas contra la Seguridad Social y contra el libre mercado. En definitiva, el acceso al empleo portuario estaba instrumentalizado como estrategia para asegurar la disponibilidad del personal connivente, consolidando una infraestructura criminal estable para asegurar las actuaciones criminales en el tiempo.

Tras las detenciones, la complejidad del procedimiento ha determinado la apertura de piezas separadas específicas, una de ellas destinada a la investigación del blanqueo donde hay más de 30 personas físicas y 14 jurídicas como investigadas; otra de las piezas investiga los hechos relacionados con la corrupción y todo el entramado creado para manipular el sistema de contratación de personal del puerto.

5.4.2.7 Región de Murcia

La delegada de Murcia destaca este año el fuerte incremento de las plantaciones indoor de marihuana, que han duplicado las intervenidas en 2024. También, como el año pasado, observa el desplazamiento al litoral murciano de las operaciones de desembarco de narcolanchas, lo que ha hecho también incrementar el petaqueo y las intervenciones de combustible destinadas a abastecer estas embarcaciones. Igualmente avisa del preocupante repunte de la violencia vinculada a la droga y el aumento del empleo de armas por parte de las organizaciones y su uso habitual para vuelcos y ajustes de cuentas.