5.2 Fiscalía Especial Antidroga en la Audiencia Nacional
5.2.1 Incidencias Personales Y Aspectos Organizativos
La Fiscalía Especial Antidroga sigue formada por 15 fiscales, incluidas Fiscal Jefa y Teniente Fiscal. Durante el año 2025, una de las plazas ha estado cubierta por una comisión de servicio ante el destino, a su vez, en comisión en el Ministerio de Justicia de uno de los fiscales de esta Fiscalía. La insuficiencia de fiscales para abordar el crecimiento cuantitativo, que hay que recordar alcanzó un 32% de incremento el año pasado, pero sobre todo cualitativo por complejidad y tamaño de las causas, ha determinado que, además de un destacamento acordado con el objeto de cubrir las circunstancias de una plaza adaptada, se hayan concedido dos nuevas comisiones de servicios con dos nuevas fiscales, una desde de abril y otra desde octubre.
La plantilla de funcionarios es también escasa, provisional y está completamente desactualizada: el número de funcionarios es notoriamente insuficiente ante el crecimiento del número de causas y el incremento de fiscales y, aunque se ha incorporado un nuevo tramitador de refuerzo en 2025, reiteramos lo expuesto el año pasado sobre la necesidad de que plantilla se adapte a las necesidades de la fiscalía y a la realidad de los procedimientos que en ella se tramitan.
La Unidad Policial adscrita a la Fiscalía Antidroga sigue formada por un Inspector Jefe como director, además de otro inspector como responsable de la sección operativa y otros cuatro funcionarios del CNP, así como un guardia civil. La Unidad centra gran parte de su trabajo en la ejecución de solicitudes de auxilio internacional que se le encargan por la Fiscalía. Este año han intervenido en 56 órdenes europeas de investigación (OEIs) aumentando las 52 del año pasado al igual que han aumentado las comisiones rogatorias que pasan de 72 a 82. En esa tarea, además de la directa ejecución de las diligencias que corresponden para los procedimientos extranjeros, se obtiene información muy relevante que en muchos casos es aprovechada operativamente en España. Cada vez más, la Unidad se encarga de la ejecución de las tareas de investigación propias de las diligencias de investigación de la Fiscalía Especial.
Se está trabajando concertadamente con la AEAT para la creación de una Unidad de Apoyo de la Agencia Tributaria a la Fiscalía Especial Antidroga, formada por funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera. Entretanto se ha incorporado desde septiembre de 2025 un funcionario del Cuerpo Superior del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), quien desde esa fecha realiza ya las funciones de enlace entre ambas instituciones. Entre otras actividades se han tramitado 6 diligencias de investigación preprocesal y 7 comisiones rogatorias internacionales y OEIs. Además, se está trabajando en diferentes proyectos conjuntos en materias tan relevantes como el impulso de la seguridad portuaria, especialmente en las terminales de contenedores, y en varios proyectos encaminados a reforzar el papel de la Agencia Tributaria en la investigación patrimonial y la recuperación de activos. Es importante recordar que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria es un actor de gran importancia en la lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales. El Servicio de Vigilancia Aduanera, que depende del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y se integra en la Agencia Tributaria, tiene la doble condición de policía judicial y de organismo aduanero y tributario. Su labor se manifiesta en múltiples áreas como: actuaciones de control, análisis, operativas y generadoras de inteligencia; control del tráfico de contenedores marítimos; control y vigilancia marítima de aguas territoriales con capacidad de interdicción en alta mar gracias a una potente flota aeronaval especializada, e investigación y análisis patrimonial. Su integración en la AEAT le permite acceder a la mayor base de datos financiera y económica de nuestro país que, junto a su formación especializada, permitirá a la fiscalía, una vez se cree y despliegue la unidad adscrita mencionada anteriormente, ampliar y mejorar las investigaciones de blanqueo de capitales.
5.2.2 Medios materiales y proceso de digitalización
Los problemas de espacio, de los que se daba cuenta el año pasado, subsisten. La Fiscalía Antidroga dispone solo de uno de los tres pisos de la Fiscalía en el edificio de la Audiencia Nacional. En todo caso el problema ha sido de alguna forma mitigado a través de obras de adaptación del espacio otorgado en el edificio a la Fiscalía Antidroga y que, solicitadas por la Fiscal Jefa, fueron realizadas por el Ministerio en el piso 7.º de la Audiencia Nacional, que corresponde al espacio de la Fiscalía Antidroga. Estas obras redujeron el espacio de la superficie de cuatro de los despachos para construir seis. Aun así, el espacio sigue siendo notoriamente insuficiente. Esta situación ha sido puesta de manifiesto en ediciones memoriales anteriores.
En relación con las aplicaciones informáticas, esta Fiscalía sigue colaborando en el proceso para la futura implantación del sistema Atenea. Mientras, subsiste el sistema actual, Fortuny, con todos sus defectos que derivan a un proceso de digitalización con bases teóricamente adecuadas, pero que sufre de repetidos y diversos fallos o incidencias en términos estrictamente técnico-informáticos que obligan a acudir a la SGIISDJ, la cual en mayor o menor medida subsana los problemas.
Por otro lado, siendo esta una fiscalía operativa con actividad internacional habitual, aún no se ha conseguido, pese a los reiterados avisos a la SGIISDJ, la conectividad normal y el acceso al escritorio desde el equipo portátil facilitado por el Ministerio cuando los y las fiscales se encuentran en el extranjero, especialmente cuando la conexión se pretende realizar desde fuera de la Unión Europea.
5.2.3 Actividad procesal de la Fiscalía Especial Antidroga en la Audiencia Nacional
La actividad de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, se centra, principalmente, en los procedimientos por tráfico de drogas competencia de la Audiencia Nacional y en los procedimientos de blanqueo procedente de estos. También, y cada vez más, actúa en la capacidad propia de investigación preprocesal que, por su naturaleza de Fiscalía Especial, tiene una competencia amplia para iniciar investigaciones cuando aparecen indicios de la comisión, a través de una organización criminal, de delitos contra la salud pública relacionados con las drogas o cuando se trata de tráfico de drogas fuera del territorio nacional.
Así, las diligencias de investigación siguen aumentando, habiéndose incoado 71 este año frente a 64 en 2024. Se mantiene la complejidad de las tramas investigadas, habiéndose observado en algunas la implicación de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, circunstancia que determina que la intensa relación con las dos unidades policiales dedicadas al narcotráfico organizado más grave, UDYCO y UCO, se complete con la cada vez mayor presencia de las unidades de asuntos internos de Policía Nacional y Guardia Civil en la Fiscalía Antidroga. Nuevamente debemos advertir de la dificultad de investigación de algunas conductas corruptas en el ámbito territorial donde trabajan los funcionarios afectados y de la necesidad de ampliar las competencias de la Audiencia Nacional para acoger las investigaciones de organizaciones de narcotraficantes cuando haya funcionarios implicados y las circunstancias impidan una investigación sin riesgo de filtraciones.
De las 71 diligencias de investigación, 27 han sido judicializadas, aunque no todas en la Audiencia Nacional. En algunos casos no concurre finalmente la condición de afectación a distintas provincias y se envían en su estadio de diligencias de investigación a los delegados de las fiscalías competentes (en este año 5) o directamente a los juzgados territorialmente competentes en los casos de explotación de las operaciones en un solo territorio. Otras 20 diligencias han sido archivadas al no poder concretarse el delito investigado y 13 siguen en tramitación. En total, 244 personas físicas y 16 jurídicas han sido investigadas en diligencias preprocesales de la Fiscalía Especial Antidroga. Se han interpuesto 18 querellas en los Juzgados Centrales de Instrucción, algunas procedentes de investigaciones de años anteriores.
Las medidas de investigación patrimonial son las diligencias practicadas más frecuentemente en el seno de las diligencias de investigación, tanto para conocer mejor las circunstancias de las actividades investigadas y la irregular situación financiera de los investigados, como, sobre todo, para garantizar la recuperación de activos y, siguiendo el propio Protocolo de la Fiscalía Antidroga, con el objeto de aumentar y mejorar las investigaciones de blanqueo. Otra de las diligencias ejecutadas con mayor presencia en las diligencias de la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional es la autorización de entregas controladas, 16 concretamente en 2025. En 10 de las diligencias se autorizó la actuación de agentes encubiertos.
Estas diligencias de investigación tienen habitualmente una relación internacional que determina el notorio aumento de la dimensión activa de cooperación internacional de la Fiscalía Antidroga, que este año ha emitido en sus diligencias 6 órdenes europeas de investigación y 8 comisiones rogatorias.
Otra de las diligencias de investigación propias de esta Fiscalía, derivadas de la competencia de la Audiencia Nacional para el conocimiento de delitos cometidos fuera del territorio nacional, son las incoadas tras los abordajes en altamar.
Este año han determinado la presentación de 5 querellas en la Audiencia Nacional. En cuatro de estas intervenciones en alta mar han colaborado embarcaciones de la Armada, cuya intervención fue solicitada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad intervinientes y autorizada previamente por la Fiscalía Antidroga tras la comprobación de la falta de medios adecuados por parte de las otras autoridades intervinientes.
El número de diligencias previas por tráfico de drogas en los Juzgados Centrales de Instrucción (ahora plazas de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia) ha vuelto a su número habitual de los últimos años cercana a la sesentena. Este año se han incoado 56 nuevas diligencias previas, cifra que se aleja del enorme incremento experimentado el año pasado en el que fueron 84. Este descenso no ha supuesto, sin embargo, reducción real del trabajo, dado que siguen en trámite más de la mitad de las incoadas en 2024; concretamente 50 de ellas continúan aún en fase de instrucción debido a su complejidad y a la situación de colapso del órgano judicial. La mayor intensidad del trabajo de estos últimos años se concreta además en la cifra enorme de piezas separadas de investigación, que ha pasado de 31 en 2024 a 93 en 2025, un dato que refleja la extrema complejidad de las investigaciones. Se han incrementado también las piezas separadas para la investigación patrimonial, que son 11 este año frente a 6 en 2024, y las de investigación tecnológica, que ascienden a 15 frente a 10 del año anterior.
Se han incoado este año 21 sumarios frente a los 24 de 2024, y se han incoado 11 procedimientos abreviados frente a 4 del año pasado. El número de investigaciones autónomas por blanqueo pasa de 15 a 13 este año, sin contar con todos los blanqueos incoados como piezas separadas en la mayoría de las diligencias previas por tráfico de drogas.
Como se constata en los últimos años, el trabajo crece en intensidad debido al nivel de complejidad de los entramados criminales investigados y la dimensión internacional de sus actividades. Se trata de organizaciones poderosas con enorme disponibilidad económica para dedicar a sus defensas, lo que incrementa exponencialmente la litigiosidad de los procedimientos, en los que se presentan incontables peticiones reiteradas por cada uno de los abogados de los normalmente numerosos investigados, recursos contra cada una de las decisiones de instrucción, cada vez con alegaciones más sofisticadas que requieren la debida respuesta por parte del fiscal, a quien se le traslada absolutamente cualquier incidencia procesal en el ámbito de la Audiencia Nacional. Esto se refleja en el crecimiento del número de dictámenes realizados por los fiscales, que en el año 2025 ha ascendido a 12.362.
El año pasado ya se comentó el descenso en el número de escritos de acusación presentados (en 2024 fue de 28 frente a 53 en 2023). Este año sigue descendiendo y son 19 las acusaciones presentadas. Este escaso número contrasta con el crecimiento de nuevas causas, lo que muestra el preocupante estancamiento de los procedimientos en los órganos de instrucción.
Durante el año 2025 se han celebrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 42 juicios orales frente a los 39 de 2024, que se desarrollaron en 173 sesiones frente a las 158 del año pasado. La acusación se dirigió contra 251 acusados, de los cuales 99 son españoles y 147 extranjeros, además de 5 personas jurídicas.
Se han dictado en relación con la competencia de esta Fiscalía 34 sentencias; 29 de ellas en procedimientos ordinarios en relación con sustancias que causan grave daño a la salud y 5 en procedimientos abreviados por sustancias que no causan grave daños, todas ellas por la Sala de lo Penal. Todas las sentencias han sido condenatorias, salvo una, aunque algunas de ellas han sido condenas parciales en las que se condena a algunos de los acusados y se absuelve a otros. Del total de sentencias condenatorias solo 9 lo han sido por conformidad de los acusados. En total han sido condenadas 251 personas y absueltas 58.
Resulta alarmante, y justifica una urgente actuación de refuerzo en la Audiencia Nacional, el atasco existente en la Sala de lo Penal. Por una parte, no hay fechas para señalar procedimientos tan complejos como los tratados. Por otra, causa enorme preocupación el tiempo que transcurre en algunos casos desde la celebración del juicio oral hasta que se dicta sentencia, que en ocasiones excede del año y que determina que se aplique la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, con las consiguientes rebajas sustanciales de las penas impuestas.
A la FEAD le ha competido 18 recursos recibidos por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional, de los que 9 han sido interpuestos por el fiscal.
Los expedientes de vigilancia penitenciaria mantienen un número similar al de los últimos años en los que se había dado un crecimiento notable; este año han sido 5.265 dictámenes, un número idéntico al de 2023 y ligeramente superior a los 5.138 expedientes de 2024.
5.2.4 Procedimientos de relevancia de la Fiscalía Especial Antidroga en la Audiencia Nacional
Como ya se ha advertido en años anteriores, la sintética reseña de causas de relevancia en la FEAD es un resumen necesariamente corto y parcial ante la imposibilidad de dar cuenta de muchas de las diligencias que se encuentran en fase de instrucción y secretas, lo que impide reflejar la verdadera dimensión de las relevantes causas que se han investigado durante 2025 y continúan en trámite.
Se significan solo las causas incoadas en 2025 junto a algunas que no pudieron ser reseñadas en años anteriores:
– D. Previas n.º 52/2025, Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia (TCI), plaza n.º 1. Se investiga de forma aún secreta un entramado complejo de tráfico de cannabis con 20 investigados.
– D. Previas n.º 17/2024, de la Sección de Instrucción del TCI, plaza n.º 2, por delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, en el seno de una organización criminal y de extrema gravedad por el uso de embarcaciones. Hay 11 investigados en prisión provisional por pertenencia a este entramado criminal dedicado a la introducción de grandes cantidades de cocaína en Europa por vía marítima mediante barcos nodriza que navegaban hasta un punto acordado previamente, donde un velero ya preparado para ello en el Caribe recogía la carga, siempre en aguas internacionales y navegaba rumbo a España. La investigación comenzó en Noruega, que remitió a la Fiscalía Antidroga varias comisiones rogatorias y, finalmente, el día 18 de diciembre de 2023, la Marina Francesa procedió al abordaje de la embarcación ANA CSY e intervino 1.200 kilogramos de cocaína. En dicho procedimiento se está tramitando una pieza separada por delito de blanqueo de capitales, PDP n.º 3/2025.
– D. Previas n.º 29/2024, Sección de Instrucción del TCI, plaza n.º 2, por delito contra la salud pública de sustancias que causan grave daño a la salud y de sustancias que no causan grave daño a la salud, en cantidad de notoria importancia, cometido en el seno de una organización criminal y de extrema gravedad por el uso de embarcaciones, delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, delito de riesgo catastrófico y contrabando. Hay 6 investigados en prisión provisional, ya que de lo actuado resulta la existencia de una organización criminal dedicada a la introducción de grandes cantidades de hachís y cocaína en España, así como a la inmigración clandestina, usando para ello embarcaciones semirrígidas de grandes dimensiones y embarcaciones recreativas provistas de potentes motores, contando con la logística necesaria para el transporte y almacenaje. Se incautaron 410 kg de cocaína el 7 de noviembre de 2023, 1.900 kg de hachís el 15 de julio de 2023, 396 kg de hachís el 20 de julio de 2023, y 98 kg de cocaína el 24 de octubre de 2023, así como 38 garrafas de 25 litros de gasolina cada una y que iban a ser utilizadas para el repostaje de una embarcación semirrígida. En dicho procedimiento se está tramitando una pieza separada por delito de blanqueo de capitales, PDP n.º 20/2024.
– D. Previas n.º 39/2025, Sección de Instrucción del TCI, plaza n.º 2, por delito contra la salud pública en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, cometido en el seno de una organización criminal y de extrema gravedad al tratarse de cantidad que excede notablemente de la considerada de notoria importancia, ser una red internacional y simular operaciones de comercio internacional entre empresas. Hay 14 investigados en prisión provisional, ya que de lo actuado resulta la existencia de una organización con varios miembros pertenecientes al cártel «Jalisco Nueva Generación», dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína en España. Se incautaron 1.143 kg de cocaína y 368 kg de metanfetamina, sustancias ocultas en el interior de maquinaria industrial y que la organización criminal investigada iba a distribuir por España y otros países europeos, y otros 57 kg de cocaína en una nave de la organización en Cenicientos (Madrid), 30 kg de cocaína en Valencia, así como 581,83 kg netos de cocaína en un contenedor marítimo en el puerto de Rotterdam (Países Bajos). En dicho procedimiento se está tramitando una pieza separada por delito de blanqueo de capitales.
– D. Previas n.º 121/2024, Sección de Instrucción del TCI, plaza n.º 3 (operación Sombra Negra), seguidas por delito contra la salud pública, en cantidad de notoria importancia y cometido por organización criminal mediante el uso de embarcaciones y delito de blanqueo de capitales. Los investigados introducían la sustancia estupefaciente en las Islas Canarias y el sur peninsular utilizando narcolanchas que cargaban de estupefaciente en alta mar, hasta donde trasportaban el combustible en petacas. La operación explotó en dos fases: en junio y noviembre de 2025 y se intervinieron 2.600 kg y 1.000 kg, de cocaína, además de otras cantidades menores. El procedimiento cuenta con aproximadamente 100 investigados, de los que 24 se encontraban en situación de prisión provisional hasta la fecha en que se redacta la memoria, en que fueron puestos en libertad por aplicación de la doctrina de la STC 15/2026, de 23 de febrero, sobre la comunicación de los elementos esenciales en relación con la prisión provisional. Actualmente se está realizando el volcado de la multitud de teléfonos móviles intervenidos, que dado el volumen se está llevando a cabo por la UDYCO con ayuda de la UCO.
– D. Previas n.º 163/2024, Sección de Instrucción del TCI, plaza n.º 5. El procedimiento se incoó a finales del año 2024 como consecuencia de la inhibición cursada por un juzgado de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). Se investiga a una compleja organización criminal que prestaba servicios de transporte a través de embarcaciones de alta velocidad ilícitas que introducían cocaína y hachís en España. La droga era cargada, bien en costas de África, bien en altamar por embarcaciones que cubrían rutas entre América y el Mediterráneo, para ser introducida a través de las costas andaluzas. La instrucción avanza hacia sus últimas diligencias, encontrándose procesadas 45 personas por delitos contra la salud pública en su máxima gravedad y pertenencia a organización criminal, así como una pluralidad de delitos conexos (contrabando, atentado, tenencia ilícita de armas, robo de vehículos o falsedad documental).
– D. Previas n.º 132/2025, Sección de Instrucción del TCI, plaza n.º 5. El procedimiento nace como consecuencia del abordaje de una embarcación que transportaba 2.000 kilogramos de cocaína por aguas del Océano Atlántico con destino a las costas españolas. La especialidad e importancia del procedimiento radica en que el abordaje se llevó a cabo por efectivos de la Marina francesa que pusieron a los detenidos a disposición de las autoridades españolas para que se ejerciera la jurisdicción en nuestro país. Se trata de un caso concreto que pone de manifiesto la intensa, cercana y satisfactoria cooperación entre las autoridades francesas y la Fiscalía Especial Antidroga.
– D. Previas n.º 154/2025, Sección de Instrucción del TCI, plaza n.º 5. El procedimiento se ha incoado como consecuencia de la inhibición del Tribunal de Instancia de Lleida, y tiene por objeto la investigación de una compleja organización criminal que había conseguido establecer una importante estructura criminal en el puerto de Barcelona que le estaba permitiendo introducir contenedores de mercancías con cocaína oculta en su interior con una periodicidad semanal. Hasta el momento se han reunido indicios fundados de la participación en los hechos de 20 personas y se ha comenzado a investigar la posible comisión de delitos de blanqueo de capitales cometidos por los principales líderes de la organización, al detectarse patrimonios injustificados de varios millones de euros.
– D. Previas n.º 48/2024, Sección de Instrucción del TCI, plaza n.º 6. Se iniciaron por querella interpuesta por la Fiscalía Especial Antidroga a raíz de sus Diligencias de Investigación núm. 22/2023. En junio de 2025 explotó la operación, principalmente en Huelva y culminó con 15 detenidos, sin que se haya podido detener a sus dos principales responsables por haber huido a Dubái. El principal investigado mantenía una red de blanqueo constituida por familiares y otras personas de su entorno, además de asociarse con uno de los más conocidos traficantes en Sevilla, habiéndose interceptado un alijo de 500 kg de cocaína que vincula las dos ramas en esta organización.
– D. Previas n.º 59/2025, Sección de Instrucción del TCI, plaza n.º 6. Se incoaron por querella presentada por el Ministerio Fiscal fruto de sus Diligencias de Investigación 35/2025 sobre plantaciones de marihuana en la zona del Campello en Alicante. Culminó con la detención de diez personas y la incautación de plantaciones en los cinco registros realizados en diversas provincias de Levante.
– D. Previas n.º 11/2025, Sección de Instrucción del TCI, plaza n.º 6. Resultan de la intervención, el 17 de febrero de 2025, de dos narcolanchas por parte de una patrullera de la Guardia Civil en una zona cercana a la desembocadura del río Guadalquivir. Al emprender la huida, una de las lanchas colisionó con la embarcación policial, lanzándose al mar uno de los tripulantes para evitar la detención, falleciendo por ahogamiento. Se intervinieron 693 kg de hachís y una escopeta del calibre 12 con 28 cartuchos.
– D. Previas n.º 14/2025, Sección de Instrucción del TCI, plaza n.º 6. Incoadas por querella de la fiscalía tras la finalización de las Diligencias de Investigación n.º 30/2024, en las que se investiga una parte de la organización Tren de Aragua con actividades iniciadas en España, donde sus miembros se dedicaban a la venta de drogas, esencialmente en discotecas y fiestas.
Como sentencias relevantes dictadas en la Audiencia Nacional destacamos las siguientes:
– Sentencia de la Sección 4.ª de la Sala de lo Penal de 5 de junio de 2025. El juicio se celebró entre los días 7 y 23 de abril de 2025. La sentencia consideró miembros de una organización criminal a todos los integrantes de la tripulación de un buque procedente de Brasil en el que se cargaron 3.878,3 kg de cocaína cuando ya se encontraba en altamar, atribuyendo la condición de jefes de la organización al capitán de la embarcación, a uno de los miembros de la tripulación y a un individuo que había subido a bordo en el momento de cargar la cocaína. La resolución entendió que la infraestructura necesaria para este tipo de cargamentos efectuados en altamar requiere necesariamente de una organización criminal, aun cuando no sea posible identificar a aquellos miembros que no se encuentran a bordo.
Apelada la sentencia, la Sala de Apelación, en sentencia de 18 de febrero de 2026, consideró que los miembros de la tripulación no formaban parte de la organización criminal, entendiendo que su participación se trataba de una aportación de codelincuencia, importante pero puntual, no apreciando la integración estable en la organización. La sentencia de apelación mantuvo como miembros de la organización, con la condición de jefes o encargados, a los tres inicialmente condenados como tales.
– Sentencia de la Sección 4.ª de la Sala de lo Penal de 8 de septiembre de 2025. Se celebró juicio entre los días 10 y 26 de junio de 2025. La sentencia condenó a los acusados como miembros de una organización criminal dedicada al narcotráfico. Admitió la prueba procedente de agentes encubiertos que fueron autorizados por el Ministerio Fiscal y consideró consumado el delito a pesar de que la organización no llegó a detentar la posesión de la sustancia, pues la información proporcionada por los agentes encubiertos permitió su incautación antes de que llegara a manos de la organización. Considera la sentencia que la falta de detentación efectiva no conlleva una tentativa de tráfico de drogas, siempre y cuando conste acreditado que la organización criminal había participado activamente en la iniciativa del traslado de la sustancia. Pendiente de resolución de recurso de apelación.
– Sentencia de la Sección 4.ª de la Sala de lo Penal 11/2025, de 2 de junio, dictada en un asunto de especial relevancia por haberse producido el homicidio de un agente de aduanas. El 16 de marzo de 2023, la embarcación tipo velero Rothmans tuvo un encuentro en alta mar con una embarcación nodriza de la cual recibió una gran cantidad de cocaína con la que se dirigía a las costas españolas. La embarcación fue localizada por el patrullero Fulmar y en el momento del abordaje, tras emitir éste las señales acústicas y luminosas reglamentarias, y estando el velero Rothmans navegando a vela, debido a un brusco giro de timón que efectuó deliberadamente el capitán para tratar de impedir el abordaje, la proa de la embarcación de asalto quedó atrapada bajo el casco, volcando y cayendo al mar todos sus tripulantes, procediendo otro de los procesados a encender una bengala con la que incendió el barco, por lo que el velero Rothmans quedó completamente calcinado, así como la totalidad de la sustancia estupefaciente que transportaba, falleciendo uno de los agentes de Vigilancia Aduanera a consecuencia de la colisión del velero con el patrullero. Se condenó en instancia por un delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud, con las circunstancias de notoria importancia y extrema gravedad por la utilización de embarcación como medio de transporte, un delito de atentado a los agentes de la autoridad, y un delito de homicidio doloso, condenando a una pena de 17 años de prisión y un delito de incendio con peligro para la vida, y se absolvió del delito de piratería. El Ministerio Fiscal interpuso recurso de apelación contra dicha sentencia que absolvía por el delito de piratería, habiendo recaído Sentencia de la Sala de Apelación n.º 33/2025, de 9 de octubre, condenando por delito de piratería a la pena de 10 años de prisión. Se interpuso recurso de casación no resuelto durante el año memorial. La STS 277/2026, de 7 de abril, ha confirmado la condena por los delitos indicados, apreciando un concurso ideal entre el delito de homicidio con atentado y el delito de piratería.
– Sentencia de la Sección 4.ª de la Sala de lo Penal n.º 16/2025 de 1 de julio, confirmada íntegramente por la Sentencia de la Sala de Apelación n.º 31/2025, de 30 de septiembre, por el delito de tráfico de drogas de sustancias que causan grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia, pertenencia a organización criminal, y de extrema gravedad, por simulación de operaciones de comercio internacional entre empresas cometido en el extranjero y red internacional para cometer este delito, condenando a penas que oscilan entre los 10 años y 6 meses de prisión y los 4 años y 6 meses de prisión a los integrantes de un entramado internacional de narcotráfico, con miembros de dicha organización en Colombia, México y España, y que iba a dedicarse a la distribución de sustancia estupefaciente en España, preparando para ello un enorme laboratorio clandestino de extracción y elaboración de cocaína, el mayor laboratorio de cocaína desmantelado nunca en Europa hasta ese momento, ubicado en Cotobade (Pontevedra), viajando la sustancia estupefaciente oculta en mercancía legal desde el puerto de Lixoes (Portugal), a donde llegaba la pasta de coca procedente de Colombia oculta en maquinaria industrial que importaba una mercantil portuguesa. La estructura criminal adquirió para el laboratorio una gran cantidad de precursores químicos que almacenó en un chalé de Colmenar Viejo (Madrid) para su posterior transporte y almacenamiento en una nave en Pontevedra y disponían de un complejo entramado empresarial para tratar de ocultar la titularidad de vehículos y diversos bienes muebles e inmuebles, entre ellos el laboratorio desmantelado. En total fueron incautados 1.344.251,63 g de cocaína.
– Sentencia de la Sección 3.ª de la Sala de lo Penal. Celebrado el juicio oral a lo largo del año 2025, en el que se formulaba acusación por el transporte de 150 kg de cocaína a bordo de un velero desde las costas brasileñas hasta España. La importancia de esta sentencia condenatoria radica en que el Ministerio Fiscal ha conseguido, mediante la interposición de recurso de apelación, que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional dictara sentencia estableciendo bases y criterios novedosos en relación con la punición del concurso de normas en los casos en los que se condene por los delitos de pertenencia a organización y tráfico de drogas SAN (Sala de Apelación) n.º 36/2025, de 27 de noviembre. Actualmente, el procedimiento se encuentra pendiente de resolución de recurso de casación.
– Sentencia de la Sección 1.ª de la Sala de lo Penal de 28 de junio de 2025, en la que se condena por delito de blanqueo procedente del tráfico de drogas a 7 personas de un clan familiar y en relaciones con un conocido narcotraficante del sur de España, y en el que además se acuerda el decomiso autónomo solicitado por el Ministerio Fiscal de un enorme patrimonio de este investigado –huido desde hace años y en las listas de los narcotraficantes más buscados del país– consistente en múltiples inmuebles incluido un hotel. La sentencia se encuentra pendiente de resolución del recurso de apelación.
– Sentencia de la Sección 1.ª de la Sala de lo Penal de 19 de enero de 2026, confirmada en apelación el 26 de marzo. Se incoaron diligencias penales tras el abordaje de un narcosubmarino artesanal tripulado por cuatro investigados colombianos. El sumergible había zarpado de Venezuela en mayo de 2024 transportando aproximadamente cuatro toneladas de cocaína. Fue interceptado el 25 de junio por un patrullero del SVA a unas 160 millas náuticas al suroeste de Cabo San Vicente, en cuyo momento la tripulación hundió deliberadamente el submarino para evitar que los agentes de la autoridad pudiesen aprehender la droga. La sentencia de instancia y la de apelación confirman la condena por delito de tráfico de drogas pese a no haberse recuperado la droga, igual que en el caso del Rothmans, en el que se consolida la apreciación por los tribunales de la existencia de droga en cantidad de notoria importancia deducida de la destrucción de esta y sin que por tanto se cuente con análisis o pesaje más allá de avistamientos o fotografías de los fardos antes de ser destruidos.
También debemos mencionar dos grandes procedimientos enjuiciados en 2025 y pendientes de sentencia:
– Rollo n.º 5/2022 de la Sección 2.ª de la Sala de lo Penal. Durante los meses de mayo a julio de 2025 se celebró el juicio contra 26 acusados por tráfico de drogas y blanqueo, este último de gran calado, con grandes operaciones inmobiliarias y gran cantidad de bienes y dinero recuperados y pendiente del decomiso definitivo en sentencia. Se trata de un asunto de complicada y larga instrucción, en el que se creó un ECI con Suecia y que tuvo una gran repercusión mediática. El asunto se encuentra, en el momento en que se redacta la Memoria, 8 meses después de terminado el juicio, pendiente de dictado de la sentencia.
– Por su relevancia y complejidad y por haberse celebrado en parte en 2025, es procedente mencionar nuevamente el Juicio oral celebrado en la Sección 3.ª de la Sala de lo Penal dimanante del Sumario n.º 3/2021 del Juzgado Central de Instrucción n.º 3, durante un total de 32 sesiones que dieron comienzo el día 18 de noviembre de 2024 y finalizaron el día 21 de marzo de 2025. Se enjuició a 48 personas físicas y 5 personas jurídicas, por múltiples y graves delitos: contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño cometido en el seno de una organización criminal y concurriendo la circunstancia de extrema gravedad, delitos de blanqueo, falsificación de documento oficial, dos delitos de homicidios en grado de tentativa, atentado, lesiones y tenencia ilícita de armas, entre otros, estando pendiente el dictado de sentencia.