4.9 Consideraciones y valoraciones de interés en los distintos delitos competencia de esta Fiscalía de la Audiencia Nacional
4.9.1 Terrorismo
Históricamente, la lucha antiterrorista ha constituido el núcleo gravitacional de las competencias de la AN y, en el escenario actual, lo que se observa es una transición del riesgo de modo que la amenaza nacional ha cedido paso al terrorismo yihadista, un fenómeno global e interconectado que exige estrategias diferenciadas y una alta especialización técnica.
La Fiscalía ha perfeccionado sus protocolos de actuación en todas las fases del proceso: prevención, instrucción y juicio oral. La implementación de archivos especializados permite hoy en día la elaboración de perfiles de investigación con rigor estadístico, la identificación de nexos transversales entre operativos y el análisis prospectivo de la jurisprudencia aplicada a los nuevos tipos penales de radicalización.
La ausencia de atentados con víctimas mortales en territorio nacional durante 2025 ratifica la excelencia operativa de los servicios de inteligencia y seguridad, así como la solvencia del control judicial preventivo (solo se ha producido en Madrid un ataque con arma blanca investigado como terrorismo yihadista, dejando varios heridos leves).
La lucha contra el terrorismo y el extremismo violento en el marco de la Unión Europea debe articularse sobre la siguiente estructura:
1. Prevención. Detección precoz de focos de radicalización, abordando las causas subyacentes y protegiendo a colectivos vulnerables.
2. Protección. Reducción de la vulnerabilidad de infraestructuras críticas e instituciones mediante el diseño de entornos seguros.
3. Persecución. Neutralización de las redes de logística, captación y financiación, asegurando la plena disposición judicial de los responsables.
4. Respuesta y reparación. Maximización del apoyo a las víctimas y ejecución de planes de resiliencia institucional para el restablecimiento de la normalidad.
A partir del análisis del ejercicio de 2025, se pueden extraer las siguientes conclusiones de relevancia para una política criminal de Estado en materia antiterrorista:
• Dinámica generacional. Se observa un marcado rejuvenecimiento en los perfiles de los individuos en proceso de radicalización yihadista.
• Virtualización del riesgo. Los entornos digitales y redes sociales se consolidan como los principales catalizadores y espacios de captación.
• Geopolítica y radicalización. La inestabilidad en escenarios internacionales actúa como un vector de movilización interna.
• Discurso de odio y tipicidad. La jurisprudencia del Tribunal Supremo subraya que el enaltecimiento del terrorismo no tiene amparo en la libertad de expresión cuando constituye una incitación (si quiera indirecta) a la violencia.
• Juicio de peligrosidad. Para la relevancia penal del discurso, se exige la creación de un riesgo tangible para los derechos de terceros o el orden constitucional.
• Enfoque multidimensional. La seguridad debe integrarse con estrategias de desradicalización y contra narrativa.
• Cooperación transnacional. La interoperabilidad informativa entre Estados es el único mecanismo eficaz contra una amenaza global.
• Equilibrio garantista. La eficacia del sistema reside en la proporcionalidad entre las medidas de seguridad y el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales.
En conclusión, la lucha contra el terrorismo es una tarea de Estado que exige una Fiscalía altamente tecnificada, coordinada internacionalmente y profundamente comprometida con los valores democráticos.
Lucha contra el terrorismo internacional (desde el 17 de agosto de 2023)
|
2023 |
2024 |
2025 |
|
|---|---|---|---|
|
17/08 31/12 |
01/01 31/12 |
01/01 31/12 |
|
|
Detenidos terrorismo yihadista |
61 |
89 |
113 |
|
En España |
59 |
81 |
100 |
|
En otros países |
2 |
8 |
13 |
|
Detenidos otros grupos terroristas |
3 |
9 |
13 |
|
Total detenidos Terrorismo yihadista |
Total detenidos Otros grupos terroristas |
|---|---|
|
263 |
25 |
* Datos actualizados por el Ministerio del Interior a fecha 25.02.2026 (pueden existir variaciones en relación con los datos aportados en memorias anteriores)
Lucha contra el terrorismo yihadista
|
Año |
N.º operaciones en España |
N.º detenidos en España |
N.º operaciones en otros países |
N.º detenidos en otros países |
|---|---|---|---|---|
|
2004* |
9 |
131 |
– |
– |
|
2005 |
11 |
92 |
– |
– |
|
2006 |
9 |
59 |
– |
– |
|
2007 |
19 |
51 |
– |
– |
|
2008 |
11 |
62 |
– |
– |
|
2009 |
10 |
40 |
– |
– |
|
2010 |
5 |
12 |
– |
– |
|
2011 |
12 |
17 |
– |
– |
|
2012 |
5 |
8 |
– |
– |
|
2013 |
8 |
20 |
2 |
4 |
|
2014 |
13 |
36 |
7 |
27 |
|
2015 |
36 |
75 |
8 |
27 |
|
2016 |
36 |
69 |
5 |
7 |
|
2017 |
52 |
76 |
6 |
10 |
|
2018 |
23 |
29 |
8 |
32 |
|
2019 |
32 |
58 |
7 |
10 |
|
2020 |
23 |
37 |
1 |
1 |
|
2021 |
22 |
39 |
1 |
1 |
|
2022 |
27 |
46 |
4 |
7 |
|
2023 |
43 |
78 |
6 |
12 |
|
2024 |
49 |
81 |
5 |
8 |
|
2025 |
64 |
100 |
9 |
13 |
|
Totales |
519 |
1216 |
69 |
159 |
* Datos actualizados por el Ministerio del Interior a fecha 25.02.2026 (pueden existir variaciones en relación con los datos aportados en memorias anteriores)
4.9.2 Evolución de la delincuencia socioeconómica, trata de seres humanos y delitos de jurisdicción internacional en España en 2025
Como se ha fundamentado en memorias precedentes, la Fiscalía de la AN ostenta una competencia estratégica en la persecución de los delitos previstos en el artículo 65.1.c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ). Nuestra intervención se circunscribe a hechos de grave repercusión para la seguridad del tráfico mercantil o la economía nacional, así como a defraudaciones que afecten a una generalidad de personas en el territorio de más de una audiencia.
La distribución de asuntos con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada se articula mediante los mecanismos de asignación de la Fiscal General del Estado (art. 19.4 EOMF) y los criterios de especialización recogidos en la Instrucción de la FGE núm. 4/2006, de 12 de julio, sobre atribuciones y organización de la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción y sobre la actuación de los Fiscales especialistas en delincuencia organizada. Esta coordinación asegura que las causas de mayor trascendencia sociopolítica o complejidad técnica reciban una respuesta institucional unificada y eficiente.
Estadísticas comparativas con las otras Fiscalías Especiales
|
Fiscalía |
DP |
% sobre total |
|---|---|---|
|
Fiscalía Ordinaria |
567 |
88,32% |
|
Fiscalía Antidroga |
59 |
9,19% |
|
Fiscalía Anticorrupción |
16 |
2,49% |
|
Total |
642 |
100% |
|
Terrorismo |
169 |
|
Falsificación de moneda y tarjeta de crédito |
9 |
|
Patrimoniales y socioeconómicos |
187 |
|
Injurias contra la Corona |
1 |
|
Otros |
175 |
Seguidamente se refleja una panorámica de lo que ha sido la actuación de esta Fiscalía en estos tres ámbitos delincuenciales (delincuencia socioeconómica, trata de seres humanos y delitos de jurisdicción universal) a lo largo del año 2025, teniendo en cuenta su contexto, su evolución y los desafíos que suponen.
4.9.3 Delincuencia socioeconómica
El actual escenario socioeconómico ha propiciado una mutación en las formas de criminalidad patrimonial. La actividad del Ministerio Fiscal se ha concentrado en la neutralización de:
• Fraudes de nueva generación: estafas piramidales complejas, esquemas de phishing y delitos contra la propiedad intelectual mediante redes de piratería organizada.
• Gestión desleal y blanqueo: casos de apropiación indebida por administradores sociales y estructuras de ocultación de activos de procedencia ilícita.
Durante el presente año, el Ministerio Fiscal ha identificado tres vectores críticos:
1. Criptoactivos y activos digitales. Se ha registrado un incremento exponencial en delitos vinculados a criptomonedas. La naturaleza descentralizada de estos activos plantea un desafío técnico sin precedentes para la trazabilidad y el embargo preventivo de fondos.
2. Tecnificación del fraude. La sofisticación de las técnicas de ingeniería social y el uso de malware avanzado han incrementado la eficacia de los ciberdelincuentes, exigiendo una respuesta judicial más ágil.
3. Vulnerabilidad segmentada. Se detecta una incidencia desproporcionada de estos fraudes en sectores desprotegidos, especialmente personas mayores y colectivos en situación de precariedad, lo que otorga a la acción fiscal una dimensión de especial protección social.
La internacionalización de la economía ha derivado en una criminalidad transfronteriza, muy especializada y ramificada. Los principales obstáculos para la eficacia del sistema penal son:
– La complejidad investigativa. La dispersión de los elementos de prueba en diversas jurisdicciones exige una cooperación internacional intensiva.
– La adaptación normativa. La respuesta legislativa y judicial se orienta hacia una actualización constante de los marcos regulatorios y un refuerzo en la especialización de los operadores jurídicos, garantizando que el Estado de derecho evolucione al mismo ritmo que las nuevas tecnologías financieras.
4.9.4 Trata de seres humanos
En el ejercicio 2025 la trata de seres humanos se consolida como una de las violaciones más graves de los derechos fundamentales, presentando una mutación hacia formas de explotación más diversificadas y tecnificadas.
Este tipo delictivo ha experimentado cambios significativos en su ejecución y objetivos, que se pueden reconducir a los siguientes:
– La prevalencia de la explotación laboral. Se identifica un repunte sustancial de casos en sectores estratégicos como la agricultura intensiva, la construcción y el sector de cuidados domésticos. La precariedad estructural y la economía informal actúan como catalizadores que facilitan la opacidad de estas redes.
– La virtualización de la explotación sexual. El entorno digital se ha convertido en el vector principal para la captación y el aprovechamiento ilícito. El auge del cibersexo y la pornografía bajo demanda en plataformas de suscripción plantean retos de alta complejidad para la monitorización y persecución penal.
– La heterogeneidad de las víctimas. Se observa una diversificación en los perfiles de vulnerabilidad. En el caso de los menores, preocupa especialmente su instrumentalización para la comisión de delitos (criminalidad forzada).
– La criminalidad forzada. Las organizaciones criminales emplean cada vez más la coacción sobre las víctimas de trata para integrarlas en sus estructuras logísticas, obligándolas a participar en el tráfico de estupefacientes o en la falsificación documental, lo que genera un complejo escenario de «doble victimización».
– El aumento de la tasa de denuncia. La mayor concienciación social y la efectividad de las campañas de sensibilización han derivado en un incremento de las denuncias. Este dato se interpreta no necesariamente como un aumento del crimen, sino como una reducción de la «cifra negra» de este delito.
La eficacia en la lucha contra esta lacra se ve condicionada por obstáculos de diversa índole que dificultan la culminación de los procesos judiciales:
1. Complejidad operativa transnacional. El carácter deslocalizado de las redes criminales exige una cooperación jurídica internacional ágil. La obtención de material probatorio y el seguimiento de flujos financieros fuera de nuestras fronteras siguen representando un cuello de botella procesal.
2. Obstáculos en la identificación y testimonio. La relación de sumisión y el control coercitivo que los tratantes ejercen sobre las víctimas dificultan su reconocimiento como tales. El temor a represalias y la desconfianza sistémica en las autoridades suelen comprometer la viabilidad de los testimonios en sede judicial.
3. Déficit de recursos y especialización. La persecución de la TSH requiere unidades altamente cualificadas. La falta de una dotación presupuestaria estable y de formación continua para los operadores jurídicos limita la capacidad de respuesta frente a las nuevas tácticas de las mafias.
4. Lagunas normativas y fragmentación de la respuesta. Se hace patente la necesidad de una ley integral contra la trata que unifique criterios y solvente vacíos legales. La actual fragmentación entre servicios sociales, fuerzas de seguridad y organismos judiciales impide una tutela reparadora y efectiva para la víctima.
4.9.5 Delitos de jurisdicción internacional
En este ámbito, la actividad del Ministerio Fiscal se vertebra sobre tres categorías fundamentales:
– El genocidio, englobando todos los actos perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso.
– Los crímenes de lesa humanidad, que comprenden los ataques generalizados o sistemáticos dirigidos contra la población civil en el marco de una política estatal o de una organización.
– Los crímenes de guerra, entendidos como infracciones graves del Derecho Internacional Humanitario cometidas en el contexto de conflictos armados, ya sean de carácter interno o internacional.
El año memorial se ha caracterizado por la continuidad investigativa y el fortalecimiento de las alianzas transnacionales:
• Estado de las causas. Se mantienen activos diversos procedimientos por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. No obstante, la tramitación de estos expedientes se enfrenta a una instrucción inevitablemente lenta, derivada de la complejidad intrínseca de la cooperación jurídica internacional, la cual suele verse afectada por la burocracia administrativa y la inestabilidad política en los Estados donde se localizan las fuentes de prueba.
• Impulso a la cooperación multilateral. España ha consolidado su posición en foros internacionales de investigación, destacando la colaboración activa con otros Estados y organismos en la instrucción de crímenes vinculados a la invasión de Ucrania y en el conflicto de Gaza. Esta sinergia busca garantizar la trazabilidad de las evidencias en escenarios de conflicto activo.
La eficacia de la justicia universal en España se ve condicionada por una serie de factores que requieren un análisis crítico:
– Restricciones normativas y jurisprudenciales. Las sucesivas reformas legislativas han supeditado la jurisdicción universal a la existencia de vínculos de conexión rígidos (nacionalidad de las víctimas, presencia del investigado en España, etc.). La interpretación restrictiva de estos nexos por parte de los tribunales dificulta la incoación de procedimientos en causas de gran calado internacional.
– Complejidad probatoria y logística. La obtención de testimonios y evidencias documentales en el extranjero constituye un desafío diplomático y procesal de primer orden. La ausencia de mecanismos de coacción frente a Estados no colaboradores obstaculiza la recopilación de material probatorio esencial para el éxito de la acusación.
– Asimetría de sistemas legales. La disparidad entre los ordenamientos jurídicos y la falta de una armonización procesal plena a nivel global generan disfunciones que ralentizan la ejecución de comisiones rogatorias y órdenes de detención.
– Exigencia de especialización. Estos procesos demandan un despliegue de recursos y conocimientos altamente técnicos en materia de derecho internacional público y humanitario.