CAPÍTULO II. ÓRGANOS CENTRALES DEL MINISTERIO FISCAL - 2. FISCALÍA ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

2.2 Incidencias personales y aspectos organizativos

La última Memoria asignaba a la plantilla de esta Fiscalía, cuya dimensión oficial lleva inalterada diecinueve años, el calificativo de menguante, a raíz del traslado voluntario de uno de sus componentes y la jubilación forzosa de otro. Dos nuevas jubilaciones, una a comienzos de septiembre de 2025 y otra nada más iniciarse 2026, han agudizado esta deriva. La dictadura del calendario nos ha privado de la sabiduría, la experiencia y el leal sentido del compañerismo de estos dos valiosos fiscales. Su ausencia se ha hecho notar; y su acumulación a otras circunstancias obligó a la infrecuente solución de proveer un destacamento temporal, que desde mayo desempeñó con brillante solvencia una fiscal de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. El mérito que implica afrontar y superar con éxito ese reto justifica la gratitud unánime de quienes compartimos con ella estos meses.

Pero este balance positivo no impide insistir en la necesidad de revisar la configuración de una plantilla solidificada desde 2007 que hoy no solo hace frente a una labor ordinaria de mayor complejidad –como unánimemente reconocen los más veteranos–, sino también a nuevas cargas y ocupaciones que tienen que ver, precisamente, con el objetivo de rentabilizar mejor ese trabajo, mediante la acción institucional y la formación, al servicio del conjunto del Ministerio Fiscal.

Por lo que se refiere al personal colaborador, el movimiento en 2025 ha sido relativamente escaso en comparación con los anteriores ejercicios.

En el plano de la organización del trabajo de las y los fiscales, la mayor novedad, de orden esencialmente material, ha venido dada por la puesta en marcha, por fin, del modelo de gestión de cero papel que consiguió despegar en febrero de 2025. Los inevitables ajustes, facilitados por la excelente disposición de todos los miembros de la plantilla, no han incidido en modificaciones de fondo respecto de la división, reparto y ejecución del trabajo. En este aspecto solo hay dos notas destacables: (i) la decisión de repartir entre todas/os las/os fiscales la avalancha de recursos de amparo en materia social que se detallará más adelante; y (ii), el importante –y unánime– acuerdo adoptado por la junta ordinaria de 18 de marzo de 2025, por el que se fijaban una serie de pautas orientadas a una mejor gestión y aprovechamiento de las propias juntas, que han conformado tradicionalmente el núcleo esencial de funcionamiento de este órgano. Se trata de perfeccionar el régimen de colegialidad como método de adopción de decisiones en todos los dictámenes de fondo que formulamos, para dotar a la deliberación de mayor agilidad y utilidad, centrándola en los elementos sustanciales y traduciéndola en conclusiones mejor definidas.

El impacto de la innovación tecnológica se ha hecho notar especialmente en la organización de la oficina. El cambio radical que ha supuesto el tratamiento informático de los procedimientos que hasta hace poco más de un año se gestionaban absolutamente en soporte papel ha requerido una transformación neta de la configuración y el reparto de tareas de todos los funcionarios, que además se ha visto frecuentemente dificultada por la escasa manejabilidad, así como por las carencias y errores de la aplicación informática elegida para articular el cambio. El esfuerzo de aprendizaje, adaptación, control y detección de fallos realizado por los miembros de la oficina merece el calificativo de ejemplar. Es de justicia agradecerles públicamente su paciencia y su profesionalidad.

Lograda la gestión procesal en soporte digital, y también la de los expedientes de asistencia jurídica gratuita, en febrero de 2025 pusimos en marcha un registro interno de expedientes extraprocesales también íntegramente digitalizado. Por tanto, solo resta para alcanzar el papel cero absoluto (sin perjuicio de las adaptaciones que puedan derivar de la implantación de la sede electrónica del Ministerio Fiscal) la digitalización de las comunicaciones con los ciudadanos y los profesionales del derecho que los asisten, que está prevista antes de la finalización del primer semestre de 2026.

No obstante los avances indicados, los sucesivos retrasos que han dilatado la puesta en marcha del sistema de registro y gestión informática hasta el 1 de febrero de 2025, han impedido que los datos estadísticos que se reflejan en este texto se hayan obtenido de forma absolutamente ajena a la tradicional labor artesanal de conteo y ajuste.

En todo caso, el objetivo fijado hace cinco años está cumplido: el precedente modelo de trabajo de esta Fiscalía, prácticamente inmutable desde los años ochenta del siglo pasado, ha dado paso a un sistema de gestión digital integral, articulado sobre dos ejes: (i) la plataforma ATRIO del Tribunal Constitucional, que permite el acceso directo al contenido de los procedimientos constitucionales (aparte de otras posibilidades de enorme valor para nuestra actividad); y (ii) las aplicaciones informáticas facilitadas por el Ministerio de Justicia, FORTUNY, que opera el registro y gestión de notificaciones procesales recibidas a través de LexNET y DATALAB, una potente y versátil herramienta, útil para el reparto de trabajo y para la gestión estadística de los datos.