7.6 Otras actividades

7.6.1 Actividades derivadas de la Comisión contra la Violencia, Racismo, Xenofobia e Intolerancia en el Deporte

La enorme repercusión social y económica del deporte profesionalizado en la actualidad está fuera de toda duda. Pocos acontecimientos en nuestros días tienen en el mundo una atención global como la que alcanzan algunas competiciones deportivas que paralizan la actividad cotidiana de países e incluso de continentes enteros. Pese a los indudables beneficios que suponen en relación con la actividad económica, por ejemplo, o en el fomento y desarrollo de la práctica deportiva para la población en general, su carácter de fenómeno de masas también conlleva, no obstante, algunos problemas que en los casos más graves entrañan consecuencias penales por el importante daño o riesgo que suponen para bienes jurídicos trascendentes.

En primer lugar, ha de destacarse, como ya se ha hecho en memorias de ejercicios anteriores, la producción de altercados violentos que determinados grupos de aficionados, especialmente en las disciplinas deportivas con más seguidores, llevan a cabo de modo prácticamente habitual. Se trata de una situación lamentablemente bastante generalizada en algunos deportes denominados mayoritarios, siendo ejemplo paradigmático el del fútbol. Estas situaciones ya no se circunscriben, como antaño, al espacio físico de los recintos deportivos en los que se desarrollan los eventos competitivos, sino que, como consecuencia de las cada vez mayores y más eficaces medidas de seguridad desplegadas en aquellos, se han desplazado a cualquier ámbito del espacio público de manera que las calles de las ciudades de nuestro país se convierten a veces en escenarios de peleas multitudinarias con grave riesgo para la integridad no solo de los participantes en las mismas sino también para la de otros ciudadanos ajenos a tales grupos, así como para los bienes públicos y privados que son objeto de importantes destrozos, con el consiguiente perjuicio patrimonial para las administraciones públicas y los particulares.

Evidentemente, no se trata de un fenómeno único del deporte español sino de una realidad existente en casi todos los países europeos, donde en los últimos tiempos se observa un preocupante repunte de estas rechazables actitudes. Además de los desplazamientos de aficionados violentos de otros países con motivo de la celebración de encuentros deportivos, la gravedad de la situación descrita se incrementa con la acreditada interconexión, entre esos aficionados extranjeros y diferentes grupos de seguidores españoles habitualmente implicados en graves incidentes, con «hermanamientos» y apoyos mutuos en actividades ilícitas.

Todo ello exige un enorme esfuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto en los ámbitos de la información policial y prevención de esas actividades ilícitas como desde el punto de vista de su persecución cuando las mismas tienen lugar, lo que se traduce, de forma habitual, en la necesaria utilización de un ingente volumen de recursos públicos, tanto en cuanto a los medios humanos como a los materiales y económicos que han de ser movilizados.

Junto a los hechos violentos, intolerantes, racistas, xenófobos y discriminatorios, en los últimos años han aparecido nuevos hechos con relevancia penal relacionados con las competiciones deportivas a las que hay que prestar la necesaria atención en su investigación y persecución eficaz. Así, no pueden dejarse de lado los cada vez más frecuentes casos de fraudes y conductas relacionadas con las apuestas ilegales y la corrupción deportiva, hechos ligados en muchos casos a organizaciones criminales complejas, incluso de carácter transnacional, respecto de los que se vienen incrementando las investigaciones de los cuerpos policiales especializados.

La respuesta del Ministerio Fiscal ante estos fenómenos criminales ha de estar a la altura del desafío que suponen desde el punto de vista de la afección a la seguridad y la libertad de los ciudadanos, en unos casos, y a su patrimonio, en otros, ejercitando las acciones penales que procedan ante hechos incardinables en los diferentes tipos delictivos que los castigan, incluyendo la solicitud de las medidas cautelares permitidas por el ordenamiento jurídico en evitación de la reiteración de tales conductas, reiteración que suele darse con frecuencia en muchos de los autores de aquellas.

Por lo demás, como es sabido, y habida cuenta de la previsión normativa recogida en el Real Decreto 748/2008, de 9 de mayo, por el que se regula la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, según la cual un miembro de la carrera fiscal designado por el Fiscal General del Estado ha de participar tanto en el Pleno (art. 7) como, con voz y voto, en la Comisión Permanente (art. 8) de la propia Comisión, se ha asistido a las reuniones convocadas al efecto durante el ejercicio.

Asimismo, al margen de la participación ordinaria en las reuniones de la Comisión a la que se hace alusión en otro apartado de esta Memoria, la Secretaría Técnica ha participado durante 2025 en diferentes jornadas y reuniones relacionadas con los distintos aspectos mencionados:

– Sesión de Trabajo para la erradicación de la violencia y el odio en el fútbol profesional, celebrada el 21 de enero de 2025 en la sede de LALIGA, en la que, además de un fiscal de la Secretaría Técnica, participó el Fiscal de Sala Coordinador contra los delitos de odio, miembros de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, Mossos d’Esquadra, Ertzaintza, clubes de fútbol y la propia Liga.

– Participación en el curso para fiscales organizado en el Centro de Estudios Jurídicos «Violencia y Odio en el deporte. La Violencia en el deporte. Problemas en la persecución penal y tipos penales aplicables», celebrado online entre los días 3 al 6 de marzo de 2025.

– Reunión el 21 de mayo de 2025, en la sede de la Unidad contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, entre el Fiscal de Sala Coordinador, un fiscal de la Secretaría Técnica y miembros del Ministerio del Interior con vistas a una posible reforma de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, para un más eficaz combate contra estos comportamientos.

– Participación en la 4.ª reunión de la red Mars de Fiscales en materia de deporte, celebrada en Estrasburgo los días 1 y 2 de julio de 2025.

– Sports Manipulation in Spain. A view of the problem from the Spanish prosecutor´s office. Sixth Annual meeting of Analysis Project (AP) Corruption. Europol The Hague, 16 de diciembre de 2025.

– Participación en la V Jornada sobre amaños y corrupción en el deporte, organizada por el Centro Nacional Policial por la Integridad en el Deporte y las Apuestas (CENPIDA) de la Policía Nacional los días 19 y 20 de noviembre de 2025 acerca de «El Papel de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción deportiva».

Finalmente, ha de reflejarse que se mantiene la comunicación entre el Fiscal de Sala Coordinador contra los delitos de odio y discriminación (para el supuesto de que estos se produzcan en el ámbito deportivo) y la Secretaría Técnica, siendo aquella constante a fin de lograr una actuación coordinada del Ministerio Público, recordándose que siguen vigentes las consideraciones plasmadas en las Conclusiones de las Jornadas de Fiscales especialistas contra los delitos de odio celebradas en 2024 y que son la base de la coordinación aludida, subsistiendo también, por otro lado, la interlocución con los organismos administrativos, los cuerpos policiales, autoridades deportivas y las fiscalías territoriales.

7.6.2 Actividad relativa a herramientas informáticas

La Secretaría Técnica ha participado a lo largo de 2025 en grupos de trabajo y reuniones en relación con aplicaciones de gestión en el ámbito de la Fiscalía General del Estado. En concreto:

i. En relación con las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal

La Secretaría Técnica colabora con la Unidad de Apoyo en el desarrollo de una aplicación informática que permita garantizar la unidad de actuación del Ministerio Fiscal de acuerdo con los preceptos de la Circular 2/2022, de 20 de diciembre, sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal. Al efecto, se está desarrollando una aplicación de gestión integral preprocesal en el ámbito penal que englobe los tres tipos de diligencias previstas (preprocesales, auxiliares y posprocesales) permitiendo su tramitación, la comunicación electrónica entre fiscalías territoriales, especiales y Fiscalía General del Estado para la inhibición de diligencias, las peticiones de auxilio, las daciones de cuenta y las solicitudes de prórroga. La aplicación permitirá la comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y con los Juzgados vía LexNET así como con el resto de Administraciones Públicas a través de Geiser. Finalmente, el sistema informático facilitará la obtención y explotación de datos estadísticos.

Durante el año 2025 se ha puesto en funcionamiento la referida aplicación, como plan piloto, en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia, aunque no con todas sus funcionalidades operativas, habiendo participado la Secretaría Técnica de todas las reuniones de formación e incluso desplazándose a la referida fiscalía para comprobar su adecuada implementación y tratar de resolver los problemas que pudiera estar generando en la práctica. Se ha programado un calendario de puesta en marcha de la aplicación en todas las Fiscalías de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el año 2026, así como la incorporación de nuevas funcionalidades, tales como módulo de inhibiciones y visado.

ii. Sede Electrónica

La Secretaría Técnica ha participado así mismo, junto con la Unidad de Apoyo, durante el año 2025 en las reuniones para la creación y puesta en marcha de la Sede Electrónica de la Fiscalía. En concreto, se participó en una reunión inicial a la que asistieron también Fiscales de Sala Coordinadores y fiscales adscritos de las unidades especializadas, celebrada en la FGE en fecha 13 de febrero de 2025, y una segunda, en fecha 13 de marzo de 2025, centrada en el trabajo específico de elaboración de una «Guía para la tramitación de los expedientes gubernativos en la sede electrónica». En relación con esta última, la Secretaría Técnica ha colaborado a lo largo del 2025 con la Unidad de Apoyo para su redacción, en una labor de valoración técnico-jurídica del documento.

Por lo demás, se ha programado un calendario para la implementación de la sede electrónica durante el año 2026 para las Unidades de Delitos Económicos y contra la Administración Pública de la Fiscalía General del Estado, así como la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y las Fiscalías Superiores, Provinciales y de Área de Illes Balears, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra.

iii. Atenea

La Secretaría Técnica ha participado, igualmente junto con la Unidad de Apoyo, en el desarrollo de la aplicación Atenea, destinada a sustituir la aplicación Fortuny como herramienta de gestión procesal para el Ministerio Fiscal en aquellas fiscalías donde se venía haciendo uso de la misma. Como sucede con las anteriores aplicaciones se ha diseñado un calendario para su implementación durante el año 2026, a modo de plan piloto, en este caso en la Fiscalía Provincial de Cáceres.

7.6.3 Actividad relativa al seguimiento de los fallecimientos en residencias y centros de mayores

Por parte de la Fiscalía General del Estado, así como de la totalidad de los miembros que conforman el organigrama del Ministerio Público, existe una particular determinación y preocupación en examinar y atender asuntos de especial relevancia y alcance, como son los fallecimientos de personas particularmente vulnerables, acontecidos en los centros y residencias de mayores en todo el territorio nacional en la época de crisis sanitaria que se vivió por la pandemia originada por la COVID-19.

Desde ese primer momento y hasta la actualidad, atendiendo al extenso número de óbitos acaecidos, se ha desarrollado por la FGE una labor de seguimiento y de impartir pautas de actuación a los miembros de la Institución, destinada a lograr una intervención proactiva de la fiscalía en aras de la defensa de los intereses y derechos de los usuarios de centros residenciales, así como de sus familiares, como víctimas indirectas que son. Asimismo, se ha abierto un canal de comunicación con las asociaciones representantes del tercer sector, que se ha constituido como un valioso elemento para conocer de primera mano sus peticiones y quejas, así como para trasladarles el absoluto compromiso del Ministerio Fiscal con la protección de las víctimas.

El cometido de la FGE comenzó con un primer oficio que se dirigió a todos los fiscales superiores en marzo de 2020 a partir del cual se obtuvo información sobre las residencias en cada comunidad autónoma. Posteriormente se dictó nuevo oficio en fecha 6 de octubre de 2022 en el que se solicitaba información actualizada a esa fecha y se les instaba a que dictaran las órdenes oportunas para garantizar que todos los familiares fueran oídos en los procedimientos penales, así como para que los fiscales asistieran a estas declaraciones.

A partir de esa fecha se han ido emitiendo sucesivos oficios destinados a la obtención de datos actualizados a fecha de cada nuevo dictado; de forma que se pudiera tener conocimiento exacto y veraz de la evolución del escenario generado con ocasión de la emergencia sanitaria que asoló la totalidad del territorio nacional y que, como ya se ha referido en párrafos anteriores, ha sido objeto de seguimiento por la Fiscalía General del Estado desde su inicio. En el último de los referidos oficios de seguimiento se solicitaba de los fiscales superiores información actualizada a fecha 31 de diciembre de 2025, a partir de la cuál poder trasladar, con el rigor necesario, una imagen fiel de la actividad y funcionamiento del Ministerio Fiscal en ese año memorial en relación con las causas referenciadas, al tratarse de asuntos de especial relevancia dada la incuestionable vulnerabilidad del colectivo de personas mayores.

Toda la información recabada en años anteriores ha sido objeto de análisis en sus respectivas ediciones memoriales, al tener otorgado un tratamiento específico desde el año memorial 2020; procediéndose a aportar a continuación los datos correspondientes al año 2025, poniéndolos en relación con lo acontecido en la anualidad precedente.

Así, recibida la información recabada para disponer de los datos actualizados a fecha 31 de diciembre de 2024, se concretaron en los siguientes: el número de procedimientos judiciales que en ese momento se encontraban en tramitación ascendían a 59, y en 22 de los mismos se habían interpuesto recurso de reforma y/o de apelación por el Ministerio Fiscal, por los familiares o en alguna causa puntual por el propio investigado por diferentes motivos; de ellos, por los miembros de la carrera fiscal se habían interpuesto o se habían adherido a 8 recursos contra autos de archivo. Por último, se hacía constar que se había mantenido la propensión existente al archivo de estos procedimientos iniciada en años anteriores.

Sin embargo, también se recogía la existencia de un repunte en la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal a final de año, a partir de la denuncia colectiva que fue presentada por dos asociaciones de víctimas en nombre de 108 familiares de 115 personas que vivían en marzo de 2020 en residencias de la Comunidad de Madrid, y a partir de la que se exploraron nuevas vías para intentar la satisfacción de las víctimas al plantearse la posibilidad de que los hechos objeto de denuncia pudieran ser constitutivos de delito de denegación de prestación sanitaria por motivos discriminatorios del artículo 511 CP en relación con el art. 43 CE. Esta circunstancia dio lugar a la incoación de 38 diligencias de investigación preprocesal, de las cuales a fecha 31 de diciembre estaban 17 en tramitación.

Ya en el año 2025, a partir de la información suministrada por las fiscalías de las comunidades autónomas, se ha tomado conocimiento de la existencia de 69 procedimientos judiciales en trámite a 31 de diciembre, de los cuales 28 se encontraban pendientes de resolución de recurso de reforma y/o apelación; asimismo, 21 procedimientos han sido objeto de archivo firme a lo largo del referido año a estudio. Además, debe apuntarse que, durante toda la anualidad, por parte del Ministerio Público se ha procedido a presentar 41 recursos incluidas las adhesiones, tratándose de otro dato que ha experimentado un incremento notable, aspecto que será analizado con mayor detenimiento en los párrafos siguientes.

Tal y como se ha referido, la elevación del volumen de asuntos en tramitación respecto al año previo se ha generado a partir de la actividad desplegada por las fiscalías pertenecientes al territorio de la Comunidad de Madrid tras la referenciada denuncia colectiva; desarrollándose a través de diversos hitos, que se detallan a continuación.

Así, en primer lugar y conforme ya se apuntaba en la Memoria anterior, con el objetivo de establecer criterios para desarrollar una respuesta conjunta, por la ST se procedió a mantener una reunión con los miembros de las fiscalías territoriales de la Comunidad de Madrid encargados del despacho de este asunto a principios del ejercicio memorial objeto de estudio.

En segundo lugar, resulta oportuno señalar las cifras de actividad preprocesal desplegada por las fiscalías con competencia en el referido territorio; la presentación de la denuncia colectiva en noviembre de 2024 (fecha de remisión de la denuncia a cada una de las fiscalías territoriales) dio lugar, entre el último trimestre de esa anualidad y el primero del año 2025, a la incoación de 53 diligencias de investigación preprocesal en las que se presentaron un total de 19 denuncias; así como 38 diligencias de investigación posprocesal. En aquellos supuestos en los que ya existiera un procedimiento penal (aunque se encontrara archivado provisionalmente) se procedió a remitir la denuncia a los efectos de la reapertura; si bien en un número elevado de ellos esta petición fue objeto de denegación, circunstancia que generó una extraordinaria actividad de interposición o adhesión de recursos de reforma o apelación por parte de los/as fiscales adscritos a las fiscalías territoriales madrileñas, de suerte que ascendió a 39 el número de escritos del Ministerio Fiscal presentados en los procedimientos judiciales a tales efectos.

Por último, se estima reseñable que en los órganos judiciales de la Comunidad de Madrid se han incoado en todo el año 2025 un total de 40 nuevos procedimientos, por presentación de denuncia bien del Ministerio Fiscal, bien de los familiares, o por la remisión a Decanato de algunas peticiones de reapertura de procedimientos archivados para la incoación de diligencias previas al denegarse dicha solicitud procesal por los órganos judiciales; de estos 40 procedimientos se encontraban 32 en tramitación a fecha de cierre de la anualidad objeto de estudio, y 12 de ellos estaban pendientes de resolución de recursos interpuestos contra los autos de sobreseimiento o de denegación de reapertura, así como contra aquellas resoluciones que estimaban o denegaban la acumulación de los nuevos procedimientos incoados a otros que ya se encontraban en tramitación.

7.6.4 Actividades en el ámbito internacional

7.6.4.1 Renuncia de jurisdicción con relación a delitos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas de EEUU

Al amparo del artículo VII del Convenio entre los Estados Parte del Tratado del Atlántico Norte relativo al Estatuto de sus Fuerzas Armadas, de 19 de junio de 1951, el Convenio de Cooperación para la Defensa entre España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988 (BOE de 6 de mayo de 1989) diseña el mecanismo en virtud del cual el Gobierno de EEUU puede solicitar la cesión de jurisdicción por los hechos delictivos cometidos por nacionales americanos sometidas a la jurisdicción española.

Dentro del Comité Permanente Hispano Norteamericano, el denominado Grupo de Asuntos Jurisdiccionales (GAJ) es el órgano encargado de canalizar este tipo de solicitudes, estudiarlas y emitir un dictamen que se remite a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, conforme al artículo 65.3 de la LOPJ, tiene atribuida la competencia para decidir sobre la renuncia planteada.

La Secretaría Técnica forma parte del Comité Permanente Hispano Norteamericano desde su constitución, a través de una fiscal de la propia Secretaría Técnica que analiza los casos de cesión de jurisdicción que se le presentan, adopta, conjuntamente junto a los demás miembros del Comité, una decisión caso por caso y después asume la remisión del expediente con el dictamen correspondiente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Durante este año 2025, se ha producido un extraordinario incremento en las peticiones de renuncia presentadas, pasando a alcanzar la cifra de 25, lo que comparado con las 4 del año pasado supone un incremento del 84% en el número de estos expedientes tramitados en la Secretaría Técnica.

La mayoría de los supuestos que se analizan son, como en años anteriores, relativos a delitos de lesiones, agresiones sexuales, violencia de género y doméstica, y delitos contra la seguridad vial, si bien últimamente se ha incrementado el número de casos de violencia de género y doméstica planteados, lo que supone una mayor evaluación de los hechos dado que en ocasiones, cuando son graves o implican a menores de edad, se ha realizado una recomendación desfavorable a la cesión de jurisdicción.

De hecho, de las 25 peticiones tramitadas, en 5 de ellas se hizo una recomendación desfavorable, siendo el resto de ellas favorables, destacando que todas las recomendaciones fueron asumidas íntegramente por la Audiencia Nacional al resolver todas ellas de conformidad con la argumentación expuesta por el Comité en sus actas.

7.6.4.2 Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP)

La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (en adelante, AIAMP), fundada en el I Congreso Interamericano del Ministerio Público el día 26 de noviembre de 1954, es una entidad sin ánimo de lucro entre cuyos objetivos figuran el de estrechar los vínculos de solidaridad y enriquecimiento profesional promocionando la cooperación internacional entre los Ministerios Públicos, con la idea de crear estrategias comunes para impulsar el desarrollo y fortalecimiento de la autonomía e independencia del Ministerio Público.

La Fiscalía Española es miembro de la AIAMP y, además, ostenta su Secretaría, funciones que han sido asumidas por la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General de Estado (en delante UCIF).

Desde la Secretaría Técnica se coordina la participación institucional de la Fiscalía Española en la AIAMP y la designación de los puntos de contacto en las redes y grupos de trabajo y coordinando su actividad posterior.

Por ello, durante este año 2025, la Secretaría Técnica, en coordinación con la UCIF, llevo a cabo el necesario proceso para la renovación y designación de los puntos de contacto de las redes y grupos de trabajo de la AIAMP, al haber concluido su mandato de dos años los puntos de contacto que habían sido designados en Decretos de fecha 30 de enero de 2023, 29 de septiembre de 2023 y 18 de octubre de 2023.

De igual forma, durante este año 2025 desde la Secretaría Técnica se iniciaron los trámites para el nombramiento de los puntos de contacto españoles para el nuevo Grupo de Trabajo sobre Terrorismo creado en la XXXII Asamblea General Ordinaria de la AIAMP, celebrada en Madrid, y donde se aprobó la constitución de este Grupo de Trabajo sobre Terrorismo, co-coordinado por los Ministerio Públicos de Argentina y Paraguay y que se integrará, además, por los Ministerios Públicos de Chile, España, Bolivia, Andorra, Costa Rica, El Salvador y Venezuela.

Para renovar y nombrar todos estos puntos de contacto se realizaron mediante los Decretos de fecha 10 de enero y 29 de septiembre de 2025 sendas convocatorias a toda la carrera a fin de que tomaran parte en el proceso de selección. Es de destacar el hecho de que se presentaron candidatos para todas las redes y grupos de trabajo, de forma que se ha podido garantizar la presencia de España en todos ellos, finalizando el proceso mediante Decretos de nombramiento del Fiscal General del Estado de fecha 13 de febrero de 2025 y 14 de noviembre de 2025 respectivamente.

Así mismo, durante este año 2025 esta Secretaría Técnica participó, en coordinación con la UCIF, en la planificación y celebración de la XXXII Asamblea General Ordinaria de la AIAMP, celebrada en Madrid los días 29 y 30 de mayo de 2025, con un enorme éxito, de lo que dan buena cuenta los importantes acuerdos alcanzados durante la celebración de Asamblea.

7.6.4.3 Expedientes relativos a la participación de fiscales en los programas y actividades de cooperación internacional (Expedientes COOP)

La Instrucción 2/2007 determina la forma en que se debe desempeñar la actividad de cooperación al desarrollo en materia de Justicia por la Fiscalía española.

A fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a actividades de cooperación internacional y la máxima difusión de las convocatorias, se estableció mediante la Nota 69/2023 de la UCIF, un protocolo de actuación que sienta las bases para la selección interna de candidatos dentro de la fiscalía, permitiendo recabar de manera ágil y coordinada la autorización de los fiscales jefes y la Inspección Fiscal, informando semestralmente al Consejo Fiscal como máximo órgano colegiado de representación de la carrera fiscal de su aplicación.

En el desarrollo de esta labor durante 2025 se han tramitado en la Secretaría Técnica un total de 86 expedientes de Cooperación al desarrollo, frente a los 64 del año 2024, lo que supone un incremento del 26% de tramitación de estos expedientes comúnmente denominados COOP.

Con ocasión de los referidos expedientes, se ha dado la oportuna difusión a toda la carrera a través de la UCIF de 86 convocatorias para participar en proyectos internacionales, en los que por parte de la Secretaría Técnica se ha dado el oportuno traslado a la Inspección Fiscal cuando existían peticionarios, y se ha informado al Consejo Fiscal asegurando así la plena trasparencia del proceso de selección.

El siguiente cuadro recoge el número de estas convocatorias difundidas, número de convocatorias con peticionarios fiscales, que fueron un total de 76 lo que representa el 88 % del total, y el número de fiscales que presentaron su candidatura. Cabe destacar que el número de fiscales que participaron en estas convocatorias durante este año 2025 ascendió a 163, aumento que es correlativo al incremento de convocatorias que ha habido este año.

Por último, en el 63 % de las convocatorias a las que se presentaron fiscales, finalmente fueron elegidos fiscales como expertos, dato que viene a dar cuenta de la excelente formación y preparación de los fiscales para asumir estas funciones.

Total convocatorias gestionadas	Convocatorias con peticionarios/as	Convocatorias sin peticionarios/as	Número de fiscales que han participado en las convocatorias
86	76	10	163

En este apartado, tiene un importante peso el Programa EL PACCTO 2.0 por el número de convocatorias ofertadas en la medida en la que la Fiscalía General del Estado es una de sus principales socias españolas, estando integrado el equipo del programa de fortalecimiento institucional en Justicia y Seguridad por un/a fiscal.

Por ello, en los años 2024 y 2025 y según los datos aportados por la FIAP, dentro de este programa la fiscalía ha participado en 68 actividades, aportando un total de 289 días efectivos de trabajo de los fiscales participantes.

7.6.4.4 Cuenta e-curia para las comunicaciones entre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Fiscalía y cuestiones prejudiciales ante el TJUE en los que la Fiscalía ha tenido intervención

Uno de los principales hitos en materia internacional ha sido la creación de la cuenta e-Curia de la fiscalía, lo que tuvo lugar por Decreto del Fiscal General del Estado de 27 de septiembre de 2024. Dicha cuenta, junto al protocolo para su manejo, que clarifica y coordina internamente su uso, permite una comunicación directa con el TJUE, así como la presentación y recepción de escritos procesales por vía electrónica ante el Tribunal de Luxemburgo.

La creación de dicha cuenta ha tenido un gran impacto en la actividad procesal de la Fiscalía ante el TJUE, de forma que desde la Secretaría Técnica en coordinación con los y las Fiscales de Sala Jefes/as de la Sección Civil, Penal, Social y Contencioso-administrativo de la Fiscalía del Tribunal Supremo se ha impulsado durante 2025 la tramitación de las cuestiones prejudiciales, con gran éxito en la coordinación.

Así, desde la creación de dicha cuenta e-Curia se ha hecho el seguimiento de 25 cuestiones prejudiciales planteadas por distintos órganos judiciales nacionales en diferentes órdenes jurisdiccionales y en los que la fiscalía ha sido parte activa en su tramitación.

De igual forma, desde la creación de esta cuenta a finales del año 2024, y gracias al impulso dado por esta Secretaría Técnica, la fiscalía española ha intervenido en 5 vistas orales señaladas por el TJUE, con desplazamiento de los fiscales respectivos al cargo de dichos asuntos a la sede de este órgano en Luxemburgo, a fin de defender y clarificar la postura de la fiscalía ante el TJUE, destacando el nivel en sus intervenciones que pone en valor la importante actuación de la Institución en estos procedimientos.

7.6.4.5 Creación de la Red Civil de Cooperación Internacional (RCIF)

Otro avance alcanzado en materia internacional ha sido la creación de una Red Civil de Fiscales de Cooperación Internacional (RCIF) mediante Decreto del Fiscal General del Estado de fecha 2 de octubre de 2024. El objetivo de esta red es lograr la necesaria especialización e intervención internacional de la fiscalía española más allá del ámbito penal, donde ya es un referente, extendiéndola también al ámbito civil. Esta Red actúa bajo la dirección coordinada de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscal de Sala Jefa de la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo, la Fiscal de Sala Coordinadora de Menores y de la Fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores.

Durante este año 2025 por parte de esta Secretaria Técnica se ha completado el proceso de formación de la Red y, tras la celebración de la necesaria actividad de formación dirigida a los futuros fiscales miembros de la misma, se ha convocado el correspondiente proceso de selección. Finalmente, la designación de sus miembros se ha llevado a cabo por Decreto de la Fiscal General del Estado de fecha 22 de enero de 2026.

7.6.4.6 Intervención en informes, cuestionarios internacionales y seguimiento de iniciativas legislativas de la UE (REPER)

7.6.4.6.1 Participación en el informe sobre el cuestionario relativo a la Undécima Ronda de Evaluaciones Mutuas en relación con la lucha contra el tráfico ilícito de drogas transfronterizo en la UE: retos operativos y jurídicos en la respuesta judicial y policial

Durante este año 2025, la Secretaría Técnica ha seguido afianzado su papel internacional, siendo este órgano el responsable de comunicar toda la información necesaria para dar debida contestación a los cuestionarios y evaluaciones que en el ámbito internacional se refieran al sector justicia y afectan a la actividad del Ministerio Fiscal, a fin de fijar la posición de la FGE en cada uno de ellos.

En 2025, la Secretaría Técnica ha canalizado la respuesta institucional para dar contestación al cuestionario relativo a la Undécima Ronda de Evaluaciones Mutuas en relación con la lucha contra el tráfico ilícito de drogas transfronterizo en la UE: retos operativos y jurídicos en la respuesta judicial y policial. El informe final, remitido en noviembre de 2025 ha sido elaborado por la Secretaría Técnica, en coordinación con las Unidades correspondientes, UCIF y FEAD, recopilando toda la información para dar la debida contestación al cuestionario, en la medida que el mismo fija la postura de la FGE con respecto a los retos operativos y jurídicos para la lucha contra el tráfico ilícito de drogas transfronterizo. Para dar seguimiento a esta evaluación, este órgano ha participado en la visita que los evaluadores han realizado a España en el mes de abril del presente año y de cuyo resultado se informará en la memoria correspondiente al ejercicio 2026.

7.6.4.6.2 Participación en el Informe de la Comisión Europea sobre Estado de Derecho (Rule Of Law) de España

El informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea se constituye año tras año como un instrumento de análisis del correcto funcionamiento del Estado de Derecho en los distintos países que integran la Unión Europea.

Este informe se elabora a través de un diálogo entre la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo con los Estados miembros, y cuenta con la participación de diversos actores públicos y privados de cada Estado.

En el caso de España, la Fiscalía General del Estado a través de la Secretaría Técnica, la Unidad especializada de Cooperación Penal Internacional y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada participa en el proceso de elaboración de este informe desde el año 2023.

En 2025, la Secretaría Técnica volvió a recabar toda la información para elaborar y remitir a la Comisión un informe previo sobre el Estado de Derecho referido a este año.

De igual forma la Secretaría Técnica, junto con la UCIF y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha participado en las entrevistas complementarias para la evaluación de España referida al ejercicio anterior, 2024, y ha tenido intervención nuevamente este año en las entrevistas fijadas al efecto en relación con el año 2025.

7.6.4.6.3 Participación en los procesos de negociación de los instrumentos internacionales relevantes para la fiscalía

Siguiendo la senda iniciada en el año 2024, durante este año 2025 la Secretaría Técnica ha propiciado el contacto entre la Secretaría de la Consejería de Justicia de la Representación Permanente de España en la Unión Europea (REPER) para participar en la negociación de los futuros instrumentos de la UE que afectan a las funciones del Ministerio Fiscal, a fin de trasladar nuestro parecer y sugerencias sobre ajustes o revisiones.

Concretamente, se ha dado seguimiento por la Secretaría Técnica en coordinación con las Unidades especializadas correspondientes de la Fiscalía General del Estado, a las negociaciones relativas al futuro Reglamento de la UE para la Tutela de Personas Adultas, la futura Directiva para combatir el Abuso y la Explotación Sexual y Maltrato de menores y la futura Directiva para Prevenir y Perseguir la Entrada, Tránsito y Estancia ilegal en la UE.

En relación con el futuro Reglamento de la UE para la Tutela de Personas Adultas, es preciso destacar que, desde este órgano, en coordinación con la Fiscal de Sala Jefa de la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Fiscal de Sala Coordinadora de Personas con Discapacidad y Mayores, se han remitido varios informes a la REPER para fijar la postura de la FGE en relación con los trabajos preparatorios para la negociación de este futuro Reglamento.

7.6.4.6.4 Creación del Grupo de Apoyo al EMPACT (Plataforma Multidisciplinaria Europea contra Amenazas Criminales - European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats)

Mención aparte merece la creación este año 2025, mediante Decreto del Fiscal General del Estado de fecha 5 de marzo de 2025, de un Grupo de Apoyo a la plataforma EMPACT dentro de la Fiscalía General del Estado en el que, bajo la coordinación del Fiscal de Sala Coordinador de Cooperación Internacional, se integran los/as Fiscales de Sala Jefes/as de la Audiencia Nacional, de la Fiscalía Especial Antidroga, de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada y de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, así como los/as Fiscales de Sala Coordinadores/as contra la Criminalidad Informática, contra la Trata de Personas y Extranjería, de Menores, de Medio Ambiente y Urbanismo, o los fiscales de dichas fiscalías y unidades en los que aquellos deleguen, todo ello sin perjuicio de que, en atención a futuras prioridades, pueda apreciarse la necesidad de integrar a otras unidades de la Fiscalía General del Estado en este grupo de apoyo a EMPACT.

Con la creación de este Grupo de Apoyo se pretende contar con una estructura adecuada dentro de la FGE para garantizar una respuesta acorde a la magnitud de las actividades de EMPACT en las que se decida participar, dado que esta plataforma asume el desarrollo de las diferentes actividades de la lucha contra la criminalidad organizada, desglosando en quince los Planes de Acción Operativos (OAP, por sus siglas en inglés) correspondientes a las prioridades criminales identificadas por la Unión Europea.

7.6.5 Análisis de conclusiones de las jornadas

Como se ha expuesto ut supra, en 2025 la Secretaría Técnica elaboró el borrador del texto que posteriormente fue publicado como Instrucción 2/2025, de 15 de julio, sobre las jornadas de fiscales especialistas y sus conclusiones.

Las conclusiones de las jornadas se vertebran en torno a la idea de ser un instrumento esencial para garantizar el principio de unidad del Ministerio Fiscal, sirviendo, además, como herramienta de trabajo para los compañeros en el desarrollo de sus funciones. Los fiscales de este órgano asisten a dichas jornadas de especialistas y realizan el análisis del contenido de sus conclusiones, una vez son remitidas por el/la correspondiente Fiscal de Sala Coordinador/a. Ello en la medida en que las mismas, pese a no constituir doctrina de la Fiscalía General en sentido estricto, deben ser refrendadas por el/la Fiscal General del Estado antes de su difusión a toda la carrera a través de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General.

Los miembros de la Secretaría Técnica, dentro de la organización y distribución interna de su trabajo, han asistido de forma presencial u online a las jornadas de especialistas celebradas a finales de 2024 y durante 2025, efectuando el posterior análisis de sus conclusiones con carácter previo a su validación por el/la Fiscal General.

7.6.6 Elaboración periódica de los infofiscalía

La Secretaría Técnica ha continuado durante el 2025 elaborando periódicamente los Infofiscalías. Estos documentos son breves reseñas de distinta naturaleza y que se remiten a todos/as los/as fiscales mediante correo electrónico, constituyendo un medio fácil y rápido de comunicar a toda la carrera desde resoluciones judiciales recientes de especial interés o trascendencia de ámbito nacional o internacional, hasta la publicidad de las novedades normativas, instrucciones, dictámenes de las especialidades y otros asuntos que afectan a la carrera fiscal.

Durante el año 2025, se remitieron a toda la carrera 24 Infofiscalías, de los cuales el 87,5% tenían un contenido jurídico (21) y el otro 12,5% versaban sobre cuestiones trascendentes para la carrera (3).

De los 21 Infofiscalías con un contenido jurídico, 2 abordaban cuestiones de derecho procesal, 1 de derecho constitucional, 1 de derecho civil, 9 incluían repertorios de jurisprudencia reciente de distintas unidades especializadas, 3 procedían del TEDH y 5 recogían la Doctrina de la FGE desarrollada en el año 2025, que ha sido objeto de análisis en el subapartado primero de este apartado relativo a la labor de la Secretaría Técnica de la FGE.