4. ÁREA SOCIAL

4.1 Memorias remitidas por las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia, Provinciales y de Áreas en 2024

4.1.1 Fiscalía la Comunidad Autónoma de Andalucía, Ceuta y Melilla

Se recoge de manera detallada e individualizada respecto de cada una de las sedes, la estadística de Granada, Málaga y Sevilla.

En términos generales los asuntos despachados son similares a los del ejercicio anterior, aunque se aprecia una ligera disminución.

Se destaca la reiteración de algunos de los temas abordados, como ocurre, con las sentencias dictadas resolviendo el recurso de suplicación interpuesto por la Abogacía del Estado, en representación de la Delegación del Gobierno de Ceuta contra las sentencias que resuelven en la instancia la demanda interpuesta en reclamación de tutela de los derechos fundamentales contra la Delegación de Gobierno de Ceuta, y que, reconociendo la vulneración de derechos fundamentales alegados (art. 14 CE) deja sin efecto la condena al pago de indemnización por lucro cesante. Este año se han contabilizado un número de 60 recursos, todos idénticos.

Se han emitido 22 informes en materia de competencia y asistido a 7 vistas.

En la provincia de Almería se ha puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Social núm. 6, pero la Fiscalía Provincial insiste en su memoria sobre el incremento de asuntos y la insuficiencia de los órganos judiciales para su adecuada atención.

En la Fiscalía Provincial de Cádiz el Ministerio Fiscal fue citado a 394 vistas, pero se tiene que realizar una labor de selección de aquellas a las que se puede asistir ante la insuficiencia de la plantilla y las dificultades de coordinación con los juzgados para fijar señalamientos.

La Fiscalía Provincial de Córdoba se refiere a las dificultades para elaborar una estadística por problemas con el sistema Fortuny. Las citaciones al Ministerio Fiscal para asistencia a juicio han pasado de 344 en 2023 a 446 en el año 2024. También se destaca la imposibilidad de asistencia a todos los juicios y que en 2024 el MF asistió a 38 juicios.

La Fiscalía Provincial de Granada menciona, como hacen otras Fiscalías del territorio, el abuso en la invocación de vulneración de derechos fundamentales en las demandas, lo que dificulta la asistencia a juicios por el Fiscal que ha asistido a 45 vistas durante el año.

En la Fiscalía Provincial de Huelva se sigue con la práctica consolidada de asistir a todos los juicios a los que es citada la Fiscalía, pero también con dificultades dada la compatibilidad de los fiscales que atienden la jurisdicción social con servicios en la jurisdicción penal (juicios, guardias…).

También se resaltan los problemas de registro informático. En su memoria se hace una completa y detallada descripción de la actividad de la sección de lo social con una asistencia a juicios similar a la de años anteriores. Se han emitido 9 informes en cuestiones de competencia.

En la Fiscalía Provincial de Sevilla se destaca el incremento de procedimientos pasando de 2.464 el año 2023 a los 3.934 en el año 2024.

Se incrementan también las cuestiones de competencia que ascienden a 195. La demora en los señalamientos es preocupante pues ya se están señalando juicios para el año 2028.

4.1.2 Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón

Se aportan los datos de cada una de las Fiscalías Provinciales del territorio.

– Fiscalía Provincial de Zaragoza: el Ministerio Fiscal fue citado a 965 juicios, de ellos el 78,76% fueron suspendidos, desistidos o conciliados.

El MF asistió a 21 juicios y en otros 174 se comunicó su inasistencia conforme a los criterios de la Instrucción 4/2012. Se aprecia un incremento en los informes sobre competencia que fueron 38 en 2024 frente a 20 el año 2023.

– Fiscalía Provincial de Huesca: la citación al Ministerio Fiscal fue para 57 juicios, concluyendo sin juicio un total de 37. Se emitieron 3 informes en cuestiones de competencia.

– Fiscalía Provincial de Teruel: concreta la intervención del Ministerio Fiscal en 12 procedimientos de derechos fundamentales y 6 cuestiones de competencia.

4.1.3 Fiscalía de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Incluye los datos de las sedes de Oviedo, Gijón, Avilés y Langreo.

Se aprecia un incremento de los procedimientos donde se invoca vulneración de derechos fundamentales que en 2024 fueron 373 y también en las cuestiones de competencia.

Se vuelve a destacar las dificultades para la asistencia del MF a los juicios a los que es citado, lo que es coincidente con el problema expuesto por otras muchas fiscalías provinciales.

En el ámbito del TJS destaca un descenso en los recursos de suplicación que han pasado de 72 en el año 2023 a 57 en 2024.

4.1.4 Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Baleares

La memoria describe la intervención del Ministerio Fiscal en los diversos procedimientos en los que es parte conforme a la Instrucción 4/2012 de la Fiscalía General del Estado.

La asistencia a juicios se rige también por los criterios de esta Instrucción y cuando no es posible la asistencia del MF se comunica al juzgado. Se intenta una coordinación tanto con los jueces como con los letrados/as de la Administración de justicia para el agrupamiento de señalamientos, pero muchas veces resulta imposible. Ya se están señalando juicios para el año 2028.

La entrada de asuntos en la Fiscalía asciende a 682.

Se destaca el incremento de demandas para el reconocimiento del complemento de maternidad por aportación demográfica.

También se hace referencia al Asunto Prejudicial C−631/22 que proviene de la cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de Ibiza en 2022 y que ha sido resuelto por sentencia del TJUE de 18 de enero de 2024.

A este asunto se refiere esta Memoria en el apartado correspondiente del Capítulo II.

4.1.5 Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Canarias

Se aportan los datos estadísticos tanto de los asuntos ante el TSJ como en los juzgados de lo social.

Se destaca la completa digitalización de todos los procedimientos.

En la Fiscalía de Las Palmas se han emitido un total de 96 informes, 60 de ellos en cuestiones de competencia y los fiscales asistieron a 88 juicios.

La selección de los juicios a los que se asiste se hace con los criterios de la Instrucción 4/2012.

También se pone de relieve la dificultad que supone para los fiscales el estudio previo de todas las demandas en las que se invoca genéricamente la vulneración de derechos fundamentales, pero sin aportar ningún indicio de ello.

En cualquier caso y aunque se haya declinado la asistencia a juicio, las sentencias dictadas se notifican a la Fiscalía.

4.1.6 Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria

También esta Fiscalía resalta el abuso en la alegación de vulneración de derechos fundamentales lo que obliga a acudir a los criterios establecidos en la Instrucción 4/2012 sobre la asistencia a juicios por parte de los fiscales.

Los asuntos más recurrentes afectan a la conciliación de la vida profesional y familiar, la garantía de la indemnidad y sobre el complemento de maternidad.

Ante el TSJ el Ministerio Fiscal ha informado en 41 recursos de suplicación.

4.1.7 Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Ante la Sala de lo Social del TSJ la Fiscalía ha intervenido en dos procedimientos en única instancia.

Sobre competencia funcional se emitieron tres informes por razón de la materia y 21 por razón de la cuantía.

Por las fiscalías provinciales y ante los juzgados de lo social, en materia de competencia el Ministerio Fiscal ha informado en 213 asuntos en Toledo, 14 en Ciudad Real, 30 en Guadalajara, 5 en Cuenca y 51 en Albacete.

La Fiscalía ha sido citada a juicio en materia de libertad sindical y derechos fundamentales en 290 casos en Toledo, 38 en Cuenca, 249 en Guadalajara, 162 a Ciudad Real y 442 a Albacete.

En las memorias de todas las fiscalías provinciales se insiste, una vez más, en el abuso de la invocación de vulneración de derechos fundamentales.

La Fiscalía de Ciudad Real pone de relieve los problemas que presenta el sistema de registro «Fortuny» y también las dificultades para la asistencia a juicio, que son coincidentes con lo apuntados por todas las fiscalías provinciales del territorio.

Del mismo modo las memorias de todas las fiscalías provinciales destacan el incremento de demanda en relación con el complemento de maternidad y de «brecha de género».

4.1.8 Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Castilla-León

En las dos sedes de la Fiscalía autonómica, Burgos y Valladolid, se han examinado 3.293 sentencias dictadas en suplicación, con un ligero incremento en relación con el año anterior y se ha asistido a 3 vistas.

En cuanto a la actividad de las fiscalías provinciales del territorio se aprecia un muy significativo incremento de los procedimientos en los que es parte del Ministerio Fiscal. Se ha pasado de los 486 asuntos del año 2023 a 674 en el año 2024.

También se han incrementado los informes en cuestiones de competencia (un 42,4%) con un total de 329 informes.

Este incremento viene asociado a las recientes reformas operadas por el Real Decreto Ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, y la Ley 15/2022 de 12 de julio, sobre igualdad de trato o no discriminación.

También la rectificación de la jurisprudencia en relación con el complemento por aportación demográfica a partir de la Sentencia del TJUE de 14 de septiembre de 2023.

Se pone de relieve, como en otras fiscalías, las dificultades y problemas con el registro informático.

La Fiscalía de Burgos recalca el aumento en las demandas frente al INSS en el que los varones que llegan a la edad de jubilación solicitan el complemento de maternidad derivado de la negativa del INSS y la posterior reclamación judicial por el reconocimiento de una indemnización por los perjuicios causados.

En la Fiscalía de Ávila los asuntos de la Jurisdicción Social se despachan directamente por el Fiscal jefe.

La Fiscalía de León insiste en la insuficiencia de plantilla para atender los asuntos ante los juzgados de lo social y las dificultades para la asistencia a juicios a los que es citado el Ministerio Fiscal.

En la Fiscalía de Salamanca se procura la asistencia a todos los juicios en lo que es citado el Ministerio Fiscal y en concreto se ha asistido a 58 juicios en este periodo. Cuando no es posible esa presencia se comunica previamente a los juzgados.

La Fiscalía de Segovia mantiene una carga de trabajo similar al año anterior para atender el único Juzgado de lo Social de la provincia, aunque con un nuevo juzgado de refuerzo que ha entrado en funcionamiento en el año 2024. Los informes sobre competencia han pasado de 6 en 2023 a 9 en el año 2024.

En la Fiscalía Provincial de Soria el Ministerio Fiscal ha estado presente en todos los juicios a los que ha sido citado.

En cualquier caso, se insiste en la necesidad de acordar con los jueces un calendario de juicios que facilite en lo posible la asistencia de la Fiscalía.

En la Fiscalía Provincial de Valladolid se aprecia también un incremento en los juicios a los que es citado el Ministerio Fiscal pero que en muchos de ellos se aprecia una falta de indicios y fundamentación en la alegada vulneración de derechos fundamentales. También se destaca que los señalamientos de juicios no favorecen la posibilidad de asistencia de los fiscales teniendo en cuenta que Valladolid cuenta con cinco juzgados de lo social.

4.1.9 Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña

En la Fiscalía de la Comunidad, el volumen de trabajo es similar al del ejercicio de 2023. El MF ha emitido los informes en cuestiones de competencia, asistido a ocho vistas en procedimientos en primera instancia.

Respecto al recurso de suplicación, se han notificado a la Fiscalía un total de 7.089 sentencias, cifra que incluye tanto aquellas en las que el MF es parte como otras en las que no tiene intervención. En la memoria se reitera que las notificaciones deberían ceñirse a las sentencias en las que el Ministerio Fiscal es parte.

Se han notificado al MF el anuncio de 131 recursos de casación para la unificación de doctrina, aunque se desconoce cuántos de estos recursos han llegado a interponerse.

En la Fiscalía Provincial de Barcelona los informes sobre competencia (territorial, objetiva o funcional) han sido 822, frente a los 674 en el año 2023.

El mayor incremento se aprecia, en el señalamiento de juicios. Se destaca también el abuso en la alegación de vulneración de derechos fundamentales con la dificultad que ello representa para los fiscales a la hora de poder seleccionar a qué juicios se puede asistir, reclamando un aumento de la plantilla para atender esos servicios.

En la Fiscalía Provincial de Gerona han disminuido los informes sobre competencia y también, ligeramente, el número de juicios.

En la Fiscalía de Lleida se aprecia un incremento en el número de asuntos atendidos por los fiscales y continúa la problemática para asegurar la asistencia a los juicios a los que es citado el Ministerio Fiscal.

También han aumentado los informes de competencia que ascienden a 19.

Situación similar se reproduce en la Fiscalía Provincial de Tarragona, con incrementos tanto en los juicios como en los informes sobre competencia.

4.1.10 Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Extremadura

Ante la Sala de lo Social del TSJ de Extremadura, el Ministerio Fiscal ha emitido 16 dictámenes, la mayoría de ellos sobre la admisibilidad del recurso de suplicación por falta de cuantía para recurrir (art. 19.1 y 192 de la LRJS), sobre posible concurrencia de afectación general y también de vulneración de derechos fundamentales que da acceso al recurso de suplicación.

Se destaca la utilidad que supone la remisión periódica de sentencias de la Sala Cuarta del TS, Sala Especial del artículo 42 de la LOPJ, sentencias del Tribunal Constitucional y del TJUE que se hace desde la Sección de lo Social de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Badajoz y Cáceres de nuevo insisten en abuso de alegación de vulneración de derechos fundamentales y los problemas que ello conlleva para el trabajo de los fiscales.

4.1.11 Fiscalía supeior de la Comunidad Autónoma de Galicia

En las estadísticas tanto de la Fiscalía autonómica como de las fiscalías provinciales y de área se aprecia un incremento en volumen de trabajo.

La Fiscalía de Lugo destaca los problemas de registro de asuntos y también los esfuerzos de la Fiscalía para elaborar una planificación que permita una debida atención a la asistencia por el Ministerio Fiscal a los juicios de esta jurisdicción y a los demás servicios de otros órdenes jurisdiccionales.

En la Fiscalía de Lugo se aprecia un incremento en las demandas para el reconocimiento del complemento de aportación demográfica, tanto por hombres, mujeres y familias monoparentales.

Esos mismos problemas y el incremento de trabajo se producen también en la Fiscalía Provincial de Pontevedra y la Fiscalía de Área de Vigo, que igualmente destacan deficiencias en el sistema de registro de asuntos.

4.1.12 Fiscalía de la Comunidad Autónoma de La Rioja

Se indica en primer lugar el ya reiterado tema del abuso en la alegación de vulneración de derechos fundamentales, sin ninguna concreción o indicios.

Los asuntos con mayor incidencia afectan a las demandas en reclamación del complemento de maternidad –aportación demográfica– por parte de los varones cuando acceden a la jubilación.

Existe una buena relación y coordinación de los juzgados de lo social a la hora de fijar los señalamientos de juicios.

4.1.13 Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid

En la Fiscalía de esta Comunidad Autónoma se aprecia un descenso en el número de asuntos de un 17,5% en relación con el año anterior, si bien han aumentado el número de vistas que han pasado de 21 en el año 2023 a un total de 54 en el año 2024.

En la Fiscalía Provincial sí se produce un notable incremento en todas las actuaciones del Ministerio Fiscal. El número de procedimientos registrados supera, en el año 2024, en un 57,9% en relación con el año 2023. Ese incremento se produce tanto en los juicios a los que es citado el Ministerio Fiscal como en informes de competencia, nulidad de actuaciones, recursos de reposición y recursos de suplicación.

También se aprecia un abuso injustificado en la alegación de vulneración de derechos fundamentales. El mayor número de demandas se refiere al complemento de maternidad por parte de los varones y la ampliación de la prestación por maternidad en las familias monoparentales, todo ello con las dificultades que ha supuesto la modificación de la doctrina de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo para ajustarse a las sentencias del TJUE y del Tribunal Constitucional en estas materias.

4.1.14 Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Murcia

Destaca en primer lugar esta memoria el incremento de asuntos sobre los órganos de esta jurisdicción en la Región, especialmente en el número de juicios.

Este aumento de la litigiosidad se aprecia especialmente en el sector agrícola y del turismo. También se constata en las demandas que afectan a la conciliación de la vida profesional y familiar y a la igualdad de trato entre hombres y mujeres.

La Fiscalía mantiene su intención de estar presente en todos los juicios donde se debate la violación de derechos fundamentes, aunque no siempre resulta posible por la escasez de la plantilla y la propia organización de la Fiscalía para atender los servicios en otras jurisdicciones. En cualquier caso, se apunta la importancia de la presencia del MF en estos procesos, ante la situación de desigualdad en que a veces se encuentran las partes.

Se han emitido 64 informes sobre cuestiones de competencia en Murcia y otros 83 ante los juzgados de Cartagena.

4.1.15 Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Navarra

En primer lugar, se señala el incremento de la carga de trabajo tanto en la valoración de las demandas donde se alega vulneración de derechos fundamentales, como en el número de juicios a los que es citado el Ministerio Fiscal.

La mayor litigiosidad se aprecia en el elevado número de demandas que se han formulado contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social en reclamación de la pensión de viudedad por parte de varones que reclaman la percepción del complemento de maternidad con el argumento de que su no concesión comportaría una vulneración del derecho a no ser discriminados por razón de sexo. Si bien inicialmente el INSS llegó a un acuerdo extrajudicial en que se reconocía el derecho a la percepción de ese complemento, sin embargo, rechazó el abono de los daños y perjuicios derivados de la denegación inicial. De este modo y para obtener esa indemnización por daños y perjuicios, los perjudicados se han visto obligados a acudir a la vía judicial.

Tanto en los juzgados de lo social como en suplicación las sentencias del TSJ de Navarra, se han estimado todas las demandas presentadas, con el apoyo del Ministerio Fiscal.

En los supuestos en que no resulta posible asistir al juicio, la Fiscalía lo comunica por escrito a los juzgados de lo social.

Han disminuido los informes en cuestiones de competencia, 124 en el año 2024 frente a los 417 del año 2023.

El Ministerio Fiscal ha informado en 86 recursos de suplicación del total de 552 recursos tramitados por la Sala de lo Social.

4.1.16 Fiscalía de la Comunidad Autónoma del País Vasco

En la Fiscalía autonómica se aprecia un incremento de asuntos tanto en el número de vistas celebradas como en los informes.

Sobre las consecuencias procesales tras el planteamiento de una cuestión prejudicial, en lo que afecta a otros procedimientos en trámite sobre la misma materia, la memoria de la Fiscalía Superior realiza una interesante exposición, que se reproduce literalmente:

«En este apartado referir el dispar criterio de una de las tres Salas de lo Social respecto a la suspensión de la tramitación de los procedimientos en relación con la cuestión prejudicial.

El TJUE en sentencia de 22 de febrero de 2024 (C−59/22, C−110/22 y C−159/22) ha resuelto varias cuestiones prejudiciales planteadas por el TSJ Madrid, en el sentido de que si el tribunal nacional considera que no hay en el sector público ninguna medida para prevenir el uso abusivo de contratos de duración determinada, la conversión de los contratos temporales en una relación laboral de duración indefinida «podría constituir» una medida adecuada, correspondiendo, en su caso, al tribunal nacional modificar la jurisprudencia nacional consolidada, si esta se basa en una interpretación de las disposiciones nacionales, incluso constitucionales, incompatible con los objetivos de la directiva 1999/70.

Este TSJPV adoptó en pleno no jurisdiccional el criterio mayoritario no vinculante de acordar la suspensión de los recursos en los que se planteara esta cuestión a la espera de la resolución de la referida cuestión prejudicial planteada por el TS, al amparo de lo establecido en el artículo 43 bis LEC introducido por el Real Decreto-Ley 6/2023 de 19 de diciembre. No obstante lo anterior la Sección 3.ª tras la derogación reciente de dicho precepto procesal a través de la disposición derogatoria única del Real Decreto-ley 4/2024 de 26 de junio por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social –en vigor desde 28/06/2024–, suprimiendo el artículo 43 bis LEC, ha venido a considerar que no procedía seguir acordando tal suspensión».

El Ministerio Fiscal ha emitido 20 informes sobre esta concreta materia.

En la Fiscalía Provincial de Bilbao se plantean los mismos problemas ya reiteradamente expuestos en relación con la asistencia del Ministerio Fiscal a los juicios en los que es citado. En concreto las citaciones han sido para 985 señalamientos, de los cuales en una tercera parte no se llegó a celebrar el juicio por confirmación o desistimiento y finalmente el MF estuvo presente en 76 juicios.

En la Fiscalía Provincial de Álava también se aprecia la misma problemática para la asistencia del Ministerio Fiscal a los juicios, entre otras razones por el sistema de señalamientos que siguen los juzgados de lo social.

Se emitieron 48 informes en cuestiones de competencia, número muy similar a los elaborados el año anterior.

Datos y circunstancias parecidas se reproducen en la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa, que también destaca los problemas de registro informático.

4.1.17 Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Valencia

Se han apreciado serios problemas en los sistemas de registro de asuntos que impide realizar una comparativa estadística con años anteriores.

La implantación del programa «Just@» que se realiza en septiembre 2024 no se está desarrollando para el orden jurisdiccional social y se ha seguido trabajando en el programa «Fortuny» y por tanto los datos que se facilitan pueden resultar inexactos pues no incluye los de los cuatro últimos meses de 2024.

El mayor número de asuntos atendidos e informados por las diversas fiscalías, incluida la asistencia a juicios, versan sobre los procesos de consolidación de empleo en la Administración autonómica y local, las infracciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo, los despidos nulos por razón de enfermedad en cumplimiento de la Ley integral para la igualdad de trato y no discriminación (Ley 15/2022).

También se aprecian las mismas dificultades reiteradamente expuestas por todas las fiscalías para asegurar la asistencia del MF a los juicios a los que es citado.

Para realizar una selección se acude a los criterios de la Instrucción 4/2012 y la no asistencia se comunica a los juzgados.