4. TRATA DE PERSONAS Y EXTRANJERÍA
4.1 Introducción
La Fiscalía de Trata de Seres Humanos y Extranjería coordina una especialidad diversa y compleja debido, tanto a la gravedad de los delitos de trata y la dificultad de sus investigaciones, relacionados frecuentemente con la delincuencia organizada internacional, como a la especial incidencia que el fenómeno migratorio tiene en nuestro país por su configuración geográfica, frontera con el continente africano, y los lazos culturales e idiomáticos que nos ligan con Iberoamérica.
La creciente preocupación a nivel mundial por la trata y el tráfico de personas determina que esta Unidad trabaje en un modelo que progresivamente mejore y modernice nuestra labor para dar respuestas más eficaces y coordinadas a las numerosas cuestiones que se plantean en todo el territorio nacional. Este compromiso determina, no solo hacer un seguimiento de todas las investigaciones policiales y judiciales de nuestra competencia, sino velar de manera primordial por la protección de las víctimas de trata y por los derechos de la población migrante, trabajando para que la Fiscalía española se mantenga como referente en el sector, a cuyo fin participamos en numerosos foros nacionales e internacionales, grupos de trabajo y actividades cuyo objetivo sea éste.
La Unidad de Trata de Personas y de Extranjería trabaja a diario coordinando la actuación de los fiscales delegados provinciales, prestando el asesoramiento y apoyo jurídico que puedan precisar, así como estableciendo criterios interpretativos comunes. La red de especialistas sigue conformada por el mismo número de fiscales ya señalado en memorias anteriores y que asciende a 101, entre los fiscales delegados y adscritos a los mismos y los enlaces de fiscalías de área.
Por parte de la Unidad, se continúa llevando un control exhaustivo de todas las causas que se inician en España en materia de trata de seres humanos, así como sobre delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y prostitución, a través de la incoación de las correspondientes Diligencias de Seguimiento (DS) que incorporan todas las vicisitudes por las que discurre el procedimiento hasta su finalización mediante una resolución judicial firme.
Del seguimiento y registro de las causas referidas, se extraen los datos necesarios para la realización de la Memoria, así como para emitir los informes que requieren los distintos organismos e instituciones, nacionales e internacionales, involucrados en la lucha contra estos fenómenos delictivos (CITCO, Relatoría Nacional contra la trata, Delegación de Gobierno para la Violencia de Género, Eurostat, GRETA y OSCE). En este sentido, desde enero de 2024, se ha comenzado a utilizar una nueva plataforma informática, implementada a través de la Unidad de Apoyo y subvencionada por la ORGA, que mejora sustancialmente la recogida y extracción de datos relativos a las causas seguidas por trata de seres humanos y prostitución, entre los que destacan la nacionalidad de las víctimas y los investigados, el tipo de explotación, los medios comisivos empleados, método de captación y transporte y las resoluciones más importantes dictadas a lo largo del procedimiento.
Después del importante incremento apreciado el año 2023, en 2024 se aprecia un ligero descenso de las DS incoadas, pasando de 272 a 242 que, sin embargo, sigue siendo un número muy superior a los años anteriores.
En este periodo anual, esta Unidad ha continuado elaborando un Boletín Jurisprudencial recopilando todas las sentencias relativas al delito de Trata de Seres Humanos, dictadas por las Audiencias Provinciales, los Tribunales Superiores de Justicia y Tribunal Supremo relativas al año 2024.
Este año se ha elaborado por la Unidad la Nota Interna 1/2024, sobre «los extranjeros de países miembros de la Unión Europea y de países asimilados y la posibilidad de ingreso en centros de internamiento de extranjeros», que tiene por objeto unificar la postura de la Fiscalía, a la vista de la práctica diversa observada en las diferentes provincias respecto a la citada cuestión, y que concluye que, «salvo los supuestos establecidos en el artículo 89 CP, no procede el ingreso de ciudadanos miembros de la Unión Europea y países asimilados en Centros de Internamientos de Extranjeros como medida de aseguramiento para proceder a su expulsión o devolución de carácter administrativo».
Por otro lado, se ha participado en la elaboración de la Nota Conjunta 1/24, junto a la Unidad de Menores y la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Supremo, «sobre la documentación aportada para acreditar la edad dubitada de los extranjeros», en la que se establecen criterios comunes de actuación en las diferentes instancias a la hora de valorar determinados documentos aportados por personas extranjeras para acreditar su minoría de edad, así como para establecer buenas prácticas en el desarrollo de los expediente de determinación de edad.
Asimismo, se ha emitido una Nota Recordatoria de la Nota Interior 2/23 y de las Instrucciones de la FGE 1/2015 y 5/2007, sobre las competencias que tiene asumidas nuestra especialidad y la obligación de los/as fiscales delegados/as de Trata y Extranjería de informar a la Unidad del estado y evolución de los procedimientos.
Respecto al fenómeno migratorio, durante el año que se analiza, cabe reseñar que ha continuado el incremento de llegadas por vía marítima que se inició en 2023, especialmente a las Islas Canarias pero también a las demás costas, por lo que se persiste en la línea de actuación iniciada de coordinación con la Fiscal Superior de Canarias así como con los delegados de las zonas afectadas, manteniendo además, contacto regular con las fuerzas y cuerpos de seguridad especializadas, en aras a coordinar las investigaciones surgidas relacionadas con la inmigración ilegal, de gran complejidad por su vinculación con la delincuencia organizada trasnacional.
Según fuentes del Ministerio del Interior, este año fueron localizadas 1.807 embarcaciones, 10 menos que el año anterior, sin embargo, sigue apreciándose un ascenso del número de inmigrantes llegados por esta vía, pasando de 55.618 a 61.323 (5.705 personas más, lo que supone un incremento del 10,3%). Del mismo modo, en 2024, también han aumentado la entrada irregular de inmigrantes por vía terrestre en Ceuta y Melilla, pasando de 1.234 a 2.647, es decir un 114,5% más.
Este fenómeno supone un incremento importante de la actividad de los/las fiscales delegados/as de las zonas afectadas y de esta Unidad, no solo en lo relativo a la persecución de las conductas delictivas de tráfico, sino también en la garantía de los derechos de los migrantes en los centros de acogida, de internamiento y salas de inadmitidos de aeropuertos, adquiriendo especial relevancia todas las cuestiones surgidas por el aumento progresivo de posibles menores no acompañados, que ha exigido el necesario aumento de recursos para la determinación temprana de la edad y de los centros destinados a acogerlos. Hay que destacar el esfuerzo que se ha realizado a tal efecto por las Fiscalías de Las Palmas y de Tenerife, así como por la Fiscalía Superior de Canarias. Del mismo modo, durante el año, se han presentado numerosas cuestiones relacionadas con devoluciones de extranjeros y procesos de protección internacional y asilo.
Respecto a las relaciones interinstitucionales nacionales, debemos señalar que, en 2024 ha sido fluida y constante la relación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, así como con las unidades especializadas de la Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra. Asimismo, hemos continuado participando activamente en los grupos de trabajo institucionales ya iniciados en años anteriores (grupo de trabajo para la elaboración del Plan Nacional de Trabajo Forzoso y otras Actividades Forzadas, –Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo–, evaluación del Plan Estratégico Nacional contra la TSH –CITCO–, Foro Social contra la trata con fines de explotación sexual –DGVG–). Por último, desde esta Unidad, se ha seguido participando activamente en proyectos formativos y jornadas nacionales en colaboración con Universidades, Colegios de Abogados, el Centro de Estudios Jurídicos, el Consejo General del Poder Judicial y otras entidades e instituciones públicas, (Ayuntamientos, Delegaciones y Subdelegaciones de Gobierno), y privadas, especialmente con organizaciones de la sociedad civil que pertenecen a la Red Española contra la Trata.
En la esfera internacional, nuestra actividad se ha incrementado, habiendo participado en numerosos proyectos, liderados por distintos organismos como el Consejo de Europa, OIM, OSCE, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, PAcCTO 2.0, FIIAPP, UNODC o REDTRAM. Participamos, como puntos de enlace de España, en dos Focus Group de Eurojust, el de trata de personas y el de tráfico de migrantes y en el del Consejo de Europa también sobre tráfico, para los que ha sido designada una de las Fiscales adscritas a la Unidad. Del mismo modo, por Orden PJC/1178/2024 del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la otra Fiscal adscrita a la Unidad especializada fue designada como Corresponsal Nacional de Eurojust para asuntos de trata de seres humanos.