1.4 Instrumentos para la protección de las víctimas
1.4.1 Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI)
Las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI/UVIVG) un año más presentan notables diferencias territoriales en cuanto a implementación y dotación se refiere, lo que condiciona su funcionamiento y efectividad y compromete seriamente la protección de las víctimas.
En Andalucía, las UVIVG están presentes en todas las provincias, aunque con desigual dotación y funcionamiento. En Almería, el equipo completo emite informes en 3-4 meses. Huelva, pese a no contar con unidades estables, mantiene una media de 3 meses. Jaén ha firmado un protocolo para elaborar informes urgentes en casos graves, con 74 informes emitidos en 2024, 42 % con maltrato habitual. Sevilla funciona con grave escasez de personal desde agosto. En Cádiz, la situación ha empeorado, con una plantilla reducida y demoras «inauditas». Granada sufre inestabilidad de personal. Córdoba, con dos UVIVG, agiliza informes, aunque con plazos de 6 meses. Málaga, única que cumple la ratio ideal, tiene un sistema consolidado, integrado en los juzgados, con tiempos medios de 6 meses. En Castilla-La Mancha, las UVFI están constituidas, pero con plantillas limitadas. Cuenca tiene dos profesionales y emite informes en 5 meses. Toledo carece de psicólogo fijo. Albacete, con equipo completo, responde en 1-3 meses. Ciudad Real se centra en casos penales graves y testimonios de menores. Guadalajara presenta una pendencia media de 2 meses y atiende también procedimientos civiles. En la Comunidad Valenciana, Castellón mantiene el funcionamiento sin novedades. Valencia destaca la buena coordinación, aunque se critica la falta de atención judicial a las peticiones del fiscal. En Alicante, la aplicación de la LO 10/2022 ha incrementado el volumen de trabajo por los delitos sexuales, solicitándose refuerzo de plantilla.
En Castilla y León, Valladolid carece de UVFI específica; los informes se hacen sin protocolos urgentes. En Zamora, el tiempo medio es de 3 meses. Salamanca, con equipo completo, ha tenido que desistir de algunos informes por demoras. Burgos ha triplicado los tiempos de respuesta. Segovia acumula retrasos de hasta 8 meses; muchos informes los hace solo el forense. Soria presta atención directa a víctimas con un equipo mínimo. León carece de UVFI, con funciones asumidas por la OAV. Palencia, con equipo desde 2008, tiene un plazo medio de 3 meses, pero no cubre guardias. En Ávila, aunque se cubrió la plaza de psicólogo, persisten los retrasos. En Galicia, A Coruña cuenta con tres equipos, pero insuficientes. Pontevedra tiene demoras de hasta 14 meses. En Lugo, los informes integrales tardan 6 meses, y los civiles hasta 9 meses.
En Catalunya, Lleida tiene una UVFI en la capital con plazos de 3 a 5 meses. Tarragona dispone de UVFI desde 2020. Barcelona presenta tiempos de 4 a 6 meses. En el País Vasco, Álava sufre retrasos por exceso de asuntos. Bizkaia y Gipuzkoa muestran gran desproporción entre la demanda y los recursos, afectando negativamente a las víctimas. En la Comunidad de Madrid, persisten problemas estructurales: falta de coordinación entre equipos, escasez de medios y demoras en la tramitación judicial. En Navarra, los informes los emite el Instituto de Medicina Legal con escasa plantilla y un retraso medio de 6 meses.
Comparando con la memoria de 2023, se observa que persisten gran parte de los problemas estructurales que ya entonces se denunciaban. El panorama nacional sigue marcado por la escasa dotación de personal, la ausencia de UVFI, los prolongados tiempos de respuesta (Galicia presenta el mayor retraso, con un tiempo medio estimado de 9,5 meses) y la falta de equipos de guardia para valoraciones urgentes en numerosas provincias. Las carencias estructurales y la implementación desigual de las UVFI en España, en sintonía con el último informe de evaluación temática emitido por el GREVIO y publicado el 21 de noviembre de 2024, es una realidad. Es más, el modelo actual, en muchas comunidades, no garantiza la especialización ni la atención efectiva.
Por ello, resulta urgente una actuación decidida de las administraciones públicas para crear y dotar a estas unidades del personal suficiente, garantizar su presencia en los turnos de guardia, consolidar equipos multidisciplinares estables y asegurar que los informes se emitan con la celeridad y calidad técnica que exige la gravedad de los delitos que se abordan y la necesidad de protección efectiva a las víctimas.
1.4.2 Valoración Policial del Riesgo
La Valoración Policial del Riesgo constituye un elemento esencial del sistema de protección de las víctimas de violencia de género, ya que condiciona la activación de medidas de protección. En términos generales, la mayoría de las fiscalías territoriales reflejan la utilidad de los informes policiales de valoración del riesgo en la actuación del Ministerio Fiscal.
Sobre este particular, Cantabria considera estos informes como «elemento esencial» a la hora de solicitar medidas cautelares, destacando su grado de detalle y utilidad para una toma de decisiones fundada. También en Guadalajara y Ourense se valora positivamente la colaboración con las unidades policiales, haciendo especial mención a la fluidez de las comunicaciones sobre la evolución del riesgo, incluidas las percepciones personales de los agentes más allá del contenido técnico de los informes. En Madrid se reconoce expresamente que las valoraciones remitidas por las unidades UFAM y Policía Local especializada permiten detectar aumentos del riesgo y activar la modificación inmediata de medidas cautelares. Una buena práctica en Pontevedra consiste en pedir informes policiales actualizados para conocer la situación de riesgo antes de tomar decisiones sobre el régimen de custodia o visitas, cuando los/las menores no pueden ser escuchados directamente en el juzgado (por su edad o discapacidad). En resumen, la valoración policial del riesgo, como indica Sevilla, es un factor clave que influye decisivamente en la decisión judicial sobre la concesión o denegación de medidas de protección solicitadas desde el inicio del procedimiento penal en los casos de violencia de género, siendo las principales causas de denegación de las medidas la existencia de una valoración policial de riesgo «no apreciado o bajo» (ausencia de antecedentes penales y policiales previos; inexistencia de patologías mentales o adicciones; no tener licencia de armas; no existir hijos comunes con la víctima; no ser un agresor persistente).
Sin perjuicio de lo anterior, varias fiscalías provinciales ponen de manifiesto problemáticas relevantes derivadas de la infravaloración de situaciones de riesgo reales. En determinadas provincias (Cádiz, Albacete, Girona y Córdoba), se ha señalado que, en casos de víctimas con adicciones, discapacidades u otras circunstancias de vulnerabilidad, la valoración policial de riesgo refleja niveles de riesgo «no apreciado» o «bajo», lo que ha conllevado la denegación de órdenes de protección que posteriormente se han mostrado necesarias. Cádiz reclama una mejor coordinación entre evaluación policial y judicial para garantizar una protección efectiva.
El nivel de riesgo determinado en la valoración policial compromete la adopción de medidas cautelares, particularmente la instalación de dispositivos telemáticos. En provincias como Segovia, Valladolid o Salamanca, se sigue el criterio de solicitar pulsera electrónica cuando la valoración policial indica riesgo medio con especial relevancia, alto o extremo. No obstante, en otros territorios se advierte una aplicación restrictiva de estas medidas, incluso cuando la fiscalía ha solicitado expresamente su adopción (como se recoge en Valencia).
Las propuestas de mejora recogidas incluyen el refuerzo de la formación policial en perspectiva de género y victimología, la integración de las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) en los momentos iniciales del procedimiento, una mejor coordinación entre operadores y la revisión técnica de los criterios de la valoración policial de riesgo para adecuarlos a los casos de víctimas especialmente vulnerables.
La aprobación de la Instrucción 1/2025, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se establece un nuevo protocolo para la valoración y gestión policial del nivel de riesgo en los casos de violencia de género a través del sistema VioGén−2, representa un avance que confiamos contribuirá a suplir las carencias detectadas en el año 2024.
1.4.3 Oficinas de Atención a las Víctimas
Este año se ha seguido consolidando el modelo de OAV, como dispositivos fundamentales en el acompañamiento, protección y asesoramiento a víctimas de violencia de género en el ámbito estatal, con mejoras en dotación personal y medios en diversas provincias. Los datos aportados por los/las delegados/as evidencian un incremento en las actuaciones de varias provincias, aunque persisten desigualdades territoriales, carencias estructurales y falta de homogeneidad en la cobertura.
Por Comunidades Autónomas, en Andalucía, Almería cuenta con oficinas en la Ciudad de la Justicia, El Ejido y Huércal-Overa, y los/las fiscales están en contacto directo con los profesionales del SAVA para intervenir en casos de víctimas que desean desistir de la denuncia, así como para la realización de pruebas preconstituidas a personas menores de 14 años. En Huelva existe coordinación diaria y se celebran reuniones semestrales entre Fiscalía y SAVA. Jaén ha triplicado el número de personas atendidas desde la creación del equipo itinerante, superando las 2.200 atenciones en 2024, con 876 expedientes por violencia de género y 82 pruebas preconstituidas, 36 de ellas con hijos/as de víctimas. En Sevilla, el SAVA gestionado por AMUVI cuenta con sedes en la capital y otras tres localidades, atención en horario ampliado y un servicio de guardia provincial. En Córdoba, se consolida el equipo itinerante con atención en todos los partidos judiciales y colaboración diaria con la Fiscalía. En Granada se cita a las víctimas al SAVA en las diligencias de investigación. Málaga destaca la coordinación de las OAV con la sección de violencia como con la sección civil.
En Castilla-La Mancha, Cuenca atendió en 2024 a 260 víctimas de violencia de género, 207 de ellas con orden de protección, con un equipo formado por un gestor procesal y una psicóloga. Toledo mantiene activa su OAV con atención integral, pese a limitaciones de personal, y destaca la importancia del derecho de la víctima a ser acompañada durante todo el proceso. En Albacete se asistió a 394 víctimas de violencia de género, de las cuales 15 eran personas menores de edad y 187 tenían orden de protección. Ciudad Real y Guadalajara también refieren buena coordinación y seguimiento de las víctimas por parte del personal especializado.
En la Comunitat Valenciana, Castellón cuenta con tres oficinas con equipos completos, salvo en Vinaroz, donde falta trabajador/a social. Se resalta la buena coordinación con la Fiscalía y la existencia de una oficina de denuncias que actúa como ventanilla única y que permite concentrar recursos en el momento de la denuncia y prestar una asistencia integral e inmediata a las víctimas. En Valencia se valora muy positivamente la labor realizada por las OAV, destacando su rol fundamental en la protección y acompañamiento integral de las víctimas desde el primer contacto y durante todo el proceso judicial.
En Castilla y León se constatan deficiencias persistentes. En Valladolid la oficina no presenta condiciones adecuadas para la atención de las víctimas. León solo cuenta con oficinas en la capital y Ponferrada, lo que limita el acceso en partidos judiciales rurales, además de contar con escaso personal técnico. En Zamora y Salamanca, las oficinas funcionan adecuadamente. En Segovia echan en falta una mayor intervención en el servicio de guardia. Palencia destaca el acompañamiento a juicio y la presencia de la OAV en gran parte de actuaciones judiciales. En Ávila, se articula la atención a víctimas con recursos autonómicos, incluyendo casa de acogida y protocolos de comunicación por traslado.
En Galicia se han constatado mejoras (puesta en marcha el Programa informático de las OAV) y también deficiencias relevantes. A Coruña atendió en 2024 a 343 mujeres, pero los profesionales señalan carencias en formación, falta de protocolo común, falta de acceso a las bases de datos para informar a las víctimas y deficientes instalaciones. En Pontevedra, se consolidan las intervenciones en la OAV con 142 expedientes por violencia de género o delitos sexuales y programas de estabilización emocional, aunque se detecta necesidad de mejora en los cauces de derivación. Lugo mantiene una coordinación fluida con la Fiscalía y registró 132 nuevas intervenciones con mujeres en 2024, con alta derivación judicial.
En Aragón, la oficina de Zaragoza tiene acceso a VIOGEN. En Teruel la coordinación y colaboración entre dicha unidad y la Fiscalía ha resultado plenamente satisfactoria. En Huesca se destaca el buen funcionamiento sin incidencias relevantes.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Catalunya, Lleida informa del funcionamiento sin incidencias, mientras que Girona destaca por haber internalizado el Servicio de Acompañamiento a la Víctima con personal propio de la Generalitat desde junio de 2024. El equipo actual cuenta con 14 personas, incluyendo trabajadores sociales en todos los partidos judiciales principales. En Tarragona se presta una atención integral a las mujeres y a los/las menores convivientes con las mismas contando entre sus profesionales con un psicólogo infantil, efectuándose además un seguimiento por parte de los profesionales que atienden a las víctimas durante los dos años posteriores a fin de prever recaídas. Barcelona cuenta con dos oficinas para las comarcas del área metropolitana, con equipos multidisciplinares y aplicación estricta del consentimiento informado para la cesión de datos.
En la Comunidad de Madrid se valora la función esencial de la OAV en la orientación inicial, acompañamiento y apoyo emocional, especialmente en mujeres dudosas a la hora de formular denuncia. La experiencia ha demostrado que, tras ser remitidas a este servicio, muchas víctimas acaban declarando contra sus agresores. La Oficina es clave en el proceso de denuncia, ayudando a las víctimas a tomar decisiones informadas sobre las acciones legales que pueden seguir, facilitando su acceso a la justicia y protegiendo sus derechos.
En las Islas Canarias, Santa Cruz de Tenerife continúa sin OAV operativa, lo que se traduce en menor protección y desinformación de las víctimas, mientras que en Las Palmas de Gran Canaria se remiten víctimas a recursos especializados como el Servicio Insular de Prevención y Atención a la Ciberviolencias Machistas, única provincia que comunica la existencia de un servicio especializado en violencia digital.
En Illes Balears, la OAV de Palma sigue prestando servicio, aunque con retrasos prolongados en la emisión de informes.
Según datos del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, durante el año 2024 el total de víctimas atendidas por violencia de género en territorio Ministerio, ascendió a 6.887, lo que supone un incremento del 4,25 % respecto a las 6.606 víctimas registradas en el año 2023. En cambio, el número de personas menores de edad víctimas de violencia de género disminuyó de forma notable, pasando de 280 en 2023 a 189 en 2024, lo que representa una reducción del 32,5 %. Asimismo, las asistencias prestadas por violencia de género experimentaron un aumento significativo, al pasar de 26.267 en 2023 a 30.279 en 2024, con una variación positiva del 15,26 %. También se observó un incremento en el número de acompañamientos realizados, que ascendieron a 8.284 en 2024 frente a los 6.916 registrados en el ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 19,78 %. Por último, los seguimientos efectuados se incrementaron de manera destacada, pasando de 10.397 en 2023 a un total de 16.464 en 2024, lo que refleja una intensificación del 58,35 % en las acciones de apoyo y seguimiento a las víctimas.
En síntesis, se ha avanzado en el volumen de víctimas atendidas, la participación en la práctica de pruebas preconstituidas y en la coordinación interinstitucional, pero persisten asimetrías territoriales, problemas de personal y ausencia de estandarización en protocolos.
Las recomendaciones ya señaladas en 2023 siguen vigentes. Se considera prioritario consolidar el modelo multidisciplinar con profesionales de la psicología, derecho y trabajo social; extender oficinas itinerantes al medio rural; homogeneizar protocolos de actuación y dotar a todas las oficinas de sistemas informáticos compartidos; reforzar la formación del personal en género, infancia e interseccionalidad; mejorar la coordinación entre servicios forenses, fiscalías y juzgados; garantizar espacios seguros y dignos en los que atender a las víctimas en todas las sedes judiciales; habilitar salas específicas para la atención a víctimas; implementar unidades de atención a la violencia digital y ampliar los horarios y servicios de guardia. El modelo avanza, pero el acceso igualitario a una atención especializada en todo el territorio nacional continúa siendo una tarea pendiente.