5.3 Evolución nacional de las causas por tráfico de drogas
5.3.1 Datos de las Fiscalías territoriales en relación con el tráfico de drogas
El incremento general y constante en el número de causas relativas al tráfico de drogas, que ya había sido de 10% en el año 2023 y es de 23,21% este 2024 según los datos del sistema Fortuny, es especialmente apreciable y sorprendente en algunas provincias de interior; ello, unido a la mayor gravedad de la delincuencia relacionada con el tráfico de drogas que se viene instalando en provincias que no eran tradicionalmente de las más afectadas por este fenómeno, llevó a la Fiscal Jefa de la Fiscalía Especial Antidroga a plantear una intervención en la Junta de Fiscales Superiores para proponer, por un lado, el aumento de fiscales delegados en algunas provincias, con urgencia en Zaragoza, Badajoz y Toledo, que finalmente han sido designados ya en 2025, y la necesidad de que los datos relativos al tráfico de drogas, más allá de los que dispone la Fiscalía Especial a través de sus delegados, sean incorporados a las memorias de las Fiscalías provinciales en las que no hay delegados.
La doble condición de la Fiscalía Especial Antidroga como Fiscalía de la Audiencia Nacional y como Fiscalía Especial que, sin embargo, no cuenta con delegados en todo el territorio, no se acomoda a la realidad del fenómeno del tráfico de drogas, pues este se produce en todo el territorio nacional y también en las 6 comunidades autónomas (Aragón, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, La Rioja y Navarra) que no tienen delegado antidroga; por ello, a partir de 2025 Aragón, Castilla La Mancha y Extremadura ya cuentan al menos con un delegado provincial en Zaragoza, Badajoz y Toledo, respectivamente. Pero, además de incrementar progresivamente los delegados, tres más en 2025, se han solicitado por la Fiscalía General datos sobre tráfico de drogas a los Fiscales Jefes provinciales que por ausencia de datos significativo no han podido en la mayoría de los casos dar una visión del problema en sus provincias.
La intención de la Fiscalía Especial Antidroga ante la creciente evolución del fenómeno y su mayor presencia en modo criminalidad organizada es ir ampliando su ámbito de acción y avanzando en la línea de una nueva dimensión y adaptación de la organización que debería corresponder a la Fiscalía Especial Antidroga, que no dispone en este momento de las suficientes condiciones y medios para la realización de una labor de coordinación más completa.
5.3.2 Procedimientos por tráfico de drogas en las Fiscalías territoriales
El número total de procedimientos por tráfico de drogas en España se ha incrementado este año en un notable 23,21%, que se suma a los menores pero sostenidos crecimientos de los años anteriores. De 23.949 en 2023 se pasa a 29.758 en 2024. Además, el crecimiento principal se produce en los delitos de tráfico de drogas en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud que se han incrementado en un 53.59%, habiéndose incoado 8.427 procedimientos en 2023 y 12.943 en 2024, lo que se corresponde con los datos policiales y europeos en relación con el extraordinario crecimiento del tráfico de cocaína.
Los porcentajes de crecimiento de algunas fiscalías son alarmantes; en primer lugar destaca Zaragoza, cuyo porcentaje de crecimiento alcanza el 119%, que es de 172,73% en las causas relativas a sustancias que causan grave daño a la salud, lo que ha dado lugar a que la Fiscal Jefa de la Fiscalía Antidroga de acuerdo con el Fiscal Jefe provincial plantearan la urgente necesidad, apreciada también por la Inspección Fiscal, de creación de una delegación de la Fiscalía Especial, que efectivamente ya ha sido concretada en el año 2025.
Igualmente, llama la atención el incremento del 71,49% de procedimientos en la provincia de Barcelona, que confirman un problema muy preocupante sobre el que se informará en el apartado dedicado a Cataluña y que ha dado lugar a planes disuasorios sobre el consumo de cannabis organizado por el Ayuntamiento del Barcelona. Igual, a su vez, se está realizando de forma contundente una campaña especialmente centrada en evitar el consumo y la distribución de productos derivados del cannabis en la Comunidad de Madrid. Ponen en alerta también los crecimientos de fiscalías provinciales afectadas por el problema, como son un porcentaje de crecimiento del 19% en Valencia o el 15,63% en Málaga. Igual que en el caso de Barcelona, los datos de estas dos Fiscalías son objeto de comentario independiente.
Como delitos contra la salud pública cualificados, una categoría estadística que maneja el sistema y que no se corresponde con una categoría definida en el Código penal, aunque se supone que se anotan los delitos contra la salud pública agravados por cualquiera de las circunstancias de las múltiples y diversas previstas, se incoaron 3.243. Y por el comercio de precursores 32.
En los cuadros anexos a esta memoria se refleja la evolución estadística, sin perjuicio de insistir en que el número de procedimientos por sí mismo aporta poco para las conclusiones de lo que supone el tráfico de drogas en las distintas provincias, más allá de mostrar que el narcotráfico se extiende por todo el territorio y que provincias menos afectadas tradicionalmente por este fenómeno se ven afectadas especialmente por la ola de crecimiento de la producción y tráfico de cannabis.
A continuación, se resumen y analizan algunos de los datos y consideraciones que realizan los fiscales delegados de la Fiscalía Especial Antidroga en sus respectivas memorias. Recordamos que en 2024 eran 28 los delegados de la Fiscalía Antidroga, delegados que se ubican en todas las Fiscalías provinciales con costa –excepto Lugo– además de, por obvias razones, en las Fiscalías provinciales de Madrid, Lérida y Sevilla. En algunas provincias existen delegados también en Fiscalías de Área, concretamente en Algeciras, Jerez, Ibiza y Marbella. Diecisiete de los delegados lo son en régimen de exclusividad al haberse sumado este año a este régimen el delegado de Castellón. La mayoría de los delegados desarrollan su labor dirigiendo una Sección Antidroga donde cuentan con el trabajo de otros fiscales que se integran en las secciones especializadas más o menos numerosas según las circunstancias y conforme a la decisión del Fiscal jefe correspondiente.
Las lógicas limitaciones de la Memoria de la Fiscalía General a la que se destina este informe anual impiden que se puedan resumir o mencionar las memorias remitidas por cada uno de los delegados, de forma que aquí se realiza un escueto resumen de la situación de tráfico de drogas de aquellas provincias con mayor incidencia, sin perjuicio de señalar que las memorias completas de los fiscales delegados antidroga de todo el territorio se incorporan a la Memoria más amplia de la Fiscalía Especial Antidroga.
En todo caso, los delegados de todas las provincias advierten un crecimiento importante del número de diligencias. Canarias ha incrementado el número de diligencias de forma muy apreciable con una 33,27% más en Tenerife y un 14,18% en Las Palmas. La situación geográfica de las islas, cercana a las rutas atlánticas, provoca intervenciones derivadas de abordajes y la utilización de las islas como lugar de desembarco de estupefacientes en embarcaciones deportivas.
El principado de Asturias experimenta también un crecimiento notable del número de diligencias, en parte como resultado de la más frecuente llegada a sus costas de embarcaciones con cocaína que buscan oportunidades de descarga más allá de Galicia.
Algo similar ocurre con Murcia que sufre el traslado a su territorio y a su costa de grupos criminales que vienen extendiéndose en Cádiz y Málaga de forma que se dan en la costa murciana cada vez mayores incautaciones de hachís en narcolanchas y han dado lugar a investigaciones contra organizaciones que instalan en la región murciana infraestructuras de almacenaje y gestión, tanto de gasoil como de lanchas motores fuera borda, remolques, cabezas tractoras, etc. Uno de esos transportes por carretera de una narcolancha en la Manga del Mar Menor causó la muerte de una persona tras sufrir un accidente, lo que ha dado lugar a una investigación de la estructura criminal responsable de la organización de ese y otras actividades de transporte de droga.
Los delegados antidroga han incoado 366 diligencias de investigación en relación con delitos contra el tráfico de drogas en las que se han acordado 41 entregas controladas siendo las Fiscalías de Algeciras, Valencia y Madrid, junto a la Fiscalía Especial en el ámbito de la Audiencia Nacional, las que más veces autorizan entregas controladas. Menos habitual es que los delegados autoricen agentes encubiertos, este año se han autorizado en cuatro diligencias por los delegados ya que suelen normalmente autorizarse en la Fiscalía Especial.
5.3.3 Andalucía
Andalucía sigue siendo una de las Comunidades Autónomas más afectadas por el fenómeno del narcotráfico y desde el punto de vista de visibilidad es, sin duda, la comunidad más señalada debido al espectáculo lamentable y llamativo del uso de narcolanchas que hace notorio a la ciudadanía un fenómeno como el tráfico de drogas que, por su esencia, suele estar oculto y trata ordinariamente de pasar desapercibido. La exhibición constante y la provocación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que realizan los narcotraficantes con el uso a plena luz del día de estas embarcaciones de alta velocidad que son, además, género prohibido, en un desafío abierto al Estado que requiere una respuesta firme y adecuada. Alarma e impotencia ante este fenómeno que se torna cada vez más grave puesto que, como reflejan las memorias de los delegados de la Fiscalía Antidroga en Almería, Cádiz, Huelva y Sevilla, las narcolanchas no se quedan ya en el Estrecho, sino que amplían su itinerario por las costas de las provincias colindantes y entran incluso por el Guadalquivir.
Cada vez es más violento el uso de esta herramienta que, además de ser utilizada para el asesinato de los dos guardias civiles en febrero de 2023, ha provocado que otros 5 ocupantes de estas embarcaciones hayan fallecido durante 2024 y en lo que va de 2025, uno en Sanlúcar de Barrameda, otro en Barbate, otro en Cádiz, otro en Tarifa y el último recientemente en aguas internacionales, frente a Barbate.
Por otro lado, el problema se hace mayor ya que no se limitan a la introducción de hachís, sino que cada vez más se utilizan para el transporte de cocaína. Solo entre diciembre del 24 y enero de 2025 fueron intervenidas 10 toneladas de cocaína en apenas dos semanas en zonas colindantes con el río Guadalquivir, en lo que es ya una nueva vía de entrada de esta droga en Cádiz-Sevilla con destino al resto de Europa.
La cifra de procedimientos incoados en el conjunto de Andalucía es de 5.276, una cifra que arroja crecimiento en todas las fiscalías provinciales, salvo en Huelva donde decrece ligeramente el número, aunque no la complejidad de los procedimientos y donde se incrementan los procedimientos por sustancias que causan grave daño a la salud. Un aumento reseñable de un 16,56% y 13,65 % se produce en las provincias de Jaén y Córdoba respectivamente que son aquellas en las que no se cuenta con delegado.
El aumento más significativo en el número de procedimientos se observa en Málaga con un 28,65% más que en 2023, que se consolida en números globales como la tercera provincia, tras Barcelona y Madrid, por este orden, con más procedimientos sobre tráfico de drogas. En buena parte se debe a que la presión policial en el Campo de Gibraltar desplaza las actividades de los narcotraficantes a la Costa del Sol y siguen incrementándose los lugares en la zona de Axarquía donde se introducen las embarcaciones semirrígidas, pero sobre todo refleja la ya conocida y preocupante instalación en la provincia de grandes organizaciones criminales. Málaga y Marbella son foco principal de las actividades de sofisticadas organizaciones criminales nacionales y extranjeras que suman al tráfico de drogas las actividades necesarias para asegurar sus ganancias con distintas y complejas actividades financieras de lavado de activos. La reseña de procedimientos que realiza el delegado de Málaga permite observar los entramados de grandes narcotraficantes que se interrelacionan, como refleja entre otras las Diligencias Previas 1219/2021 donde son grandes organizaciones albanesas y chinas las que colaboran. La Fiscalía de Málaga insiste en llevar a cabo una investigación patrimonial temprana de las organizaciones, lo que se refleja en el número elevado de procedimientos por blanqueo, que es la investigación paralela de ambos delitos, y el avance que supone poder llegar al enjuiciamiento simultáneo de ambas conductas delictivas. El delegado pone de manifiesto la deficiencia que supone la falta de escáner en el puerto de Málaga, una vez que, como ya se señaló el año pasado, la empresa privada que lo facilita, ADTRANS, contaba con trabajadores actualmente investigados por colaborar con las organizaciones criminales en la introducción de contenedores por ese puerto.
En general Andalucía sufre, más allá de la entrada de cocaína a través de los puertos, el incremento incesante de grupos y organizaciones trasnacionales dedicadas al cultivo y exportación de marihuana, así como a la introducción de hachís para distribuir por Europa, una actividad que deriva de la circunstancia geográfica del Estrecho que separa en solo 14 km a la península de Marruecos, productor del hachís que se transporta a nuestras costas para seguir posteriormente a Europa, sin perjuicio de lo que queda en nuestro territorio para consumo nacional.
El número de diligencias de la provincia de Cádiz ha aumentado ligeramente y pasa de 890 diligencias a 905 este año, lo que invierte la tendencia a disminuir que se plasmaba en los datos de 2023. Sin embargo, los datos de diligencias previas, que es el más indicativo por el tipo de procedimiento, dejando fuera a las diligencias urgentes referidas a delitos de menor entidad, aumenta de 631 a 640, sitúan a la Fiscalía de Algeciras en cabeza con 233 nuevas diligencias, seguida de la Fiscalía de Jerez con 188 y de Cádiz con 177 a las que se suman 48 en Ceuta. Por tipo de drogas, disminuyen las incoaciones de sustancias con grave daño del tipo básico (38 menos que en 2023) y, por el contrario, aumentan los cualificados que de 39 han pasado a 83, más significativamente en el Campo de Gibraltar, aumentando de 5 a 47.
Como es sabido, el tráfico de drogas provoca criminalidad asociada a la violencia con que actúan las organizaciones criminales, de forma que, en muchos casos, los delegados de la Fiscalía Antidroga asumen o colaboran con otros compañeros en la investigación de causas seguidas por delitos distintos del tráfico de drogas, pero derivados de estos. Especialmente ocurre en Cádiz donde se investigan varias causas que se reseñan por relevancia y su relación con el tráfico de drogas.
La primera es un procedimiento de Jurado núm. 1/23 del Juzgado núm. 1 de Chiclana, por el asesinato de un ciudadano holandés, de origen marroquí, parece que debido a un ajuste de cuentas por tráfico de hachís. Se trata de un testigo protegido que declaró contra uno de los jefes de la Mocro Maffia en Países Bajos.
Igualmente, la delegada de la Fiscalía Antidroga es la responsable del procedimiento por los asesinatos de los dos guardias civiles en el Puerto de Barbate. De la causa se separó finalmente un testimonio por delitos de contrabando e integración en grupo criminal contra las 6 personas que inicialmente fueron imputadas por esos hechos. La causa continúa contra 4 investigados de nacionalidad marroquí identificados gracias al trabajo realizado por la Comandancia de Cádiz y de la UCO para el esclarecimiento de los hechos. Se trata de una causa de especial complejidad y sensibilidad que sobrecarga al juzgado y a la Fiscalía ya que hay 17 acusaciones personadas.
Algeciras sufre una situación excepcional derivada de la actividad criminal relacionada con el puerto y de la peculiaridad geográfica que supone el Estrecho; tal es así que casi el 75% de los delitos enjuiciados en la Sección de la Audiencia Provincial de Cádiz es por delitos contra la salud pública, pertenencia a organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes y contrabando. Por ello, la Sección Antidroga y su delegada son especialmente activas en la incoación de diligencias de investigación, incoando 30 este año en las que se han autorizado 18 entregas controladas, entre las que destaca la que autorizó la intervención de 13 toneladas de cocaína incautadas a la organización criminal que se sigue en la conocida como operación Augur, que dio lugar a las Diligencias Previas núm. 63/2024 del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 seguidas contra el Inspector jefe de la UDEF en Madrid.
La Fiscalía de Algeciras mantiene una intensa actividad en la investigación de delitos de blanqueo, por las que ha incoado 8 diligencias de investigación, además de impulsar la averiguación de situaciones irregulares y con indicios de posible lavado de activos en los pagos de determinadas fianzas.
Destaca este año la celebración del juicio oral derivado del Sumario núm. 14/2022 tras el que se consiguió la condena por dos delitos de asesinato en grado de tentativa, atentado y delito contra la salud pública con la imposición de más de 28 años al acusado que embistió dolosamente con su vehículo a dos policías nacionales causándoles lesiones gravísimas de carácter permanente.
El delegado de Jerez refleja también una situación mantenida en relación con el tráfico de drogas, situando la alarma en la constatación del incremento de incautaciones de armas de fuego, muchas de ellas automáticas, que anuncian una violencia que ya se observa contra las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con materialización en un disparo realizado este año contra un agente de la Guardia Civil que trataba de impedir una descarga de una embarcación de alta velocidad.
Durante 2024 se explotó una operación en las Diligencias Previas núm. 189/2023 de Sanlúcar contra una organización criminal que operaba en Cádiz, Sevilla, Huelva y Málaga, con una parte importante de la actividad en Portugal. La ágil colaboración de la Fiscalía portuguesa con el delegado de Jerez durante todo un fin de semana culminó con 31 detenciones en España y una en Portugal, se incautaron 4.000 kg de hachís 672 de cocaína, 1.400.000 euros, 43 vehículos, 5 embarcaciones de alta velocidad y se realizaron coordinadamente 24 entradas y registros. La relevancia de la organización y su actividad en distintas provincias provocó la inhibición, una vez explotada la operación, a la Audiencia Nacional donde se incoaron diligencias en el Juzgado Central de Instrucción núm. 5.
En Sevilla el delegado llama la atención sobre el intenso crecimiento de la actividad de plantación de marihuana indoor en la capital, acompañadas de ocupaciones ilegales, con el peligro que representa el uso de enganches eléctricos ilegales que producen incendios frecuentes y, como ya se ha mencionado, avisa del incremento del uso de las marismas del Guadalquivir como vía de entrada de embarcaciones de alta velocidad que además transportan cocaína, como refleja la incautación de 6.500 kg de cocaína en las Diligencias Previas núm. 735/2024 de Coria del Río.
La delegada de Huelva alerta del aumento de las aprehensiones de cocaína, 2.972 kilos en el año 2024 frente a la incautación de 558 kilos en 2023, es decir, un incremento de un 600% en un año (y en febrero de 2025 se han incautado en el Guadiana, en un solo alijo, 1.600 kilos de cocaína). Afirma que son las mismas organizaciones criminales asentadas en la provincia que traficaban con hachís y que realizan ahora el transporte de cocaína.
El fenómeno lo refleja muy nítidamente la delegada de Huelva en los siguientes términos: «Ahora se planta marihuana para tener unos ingresos estables en el tiempo, y luego se alija cocaína o hachís según la fórmula riesgo/ganancia. El mayor problema derivado del tráfico de cocaína es el incremento de la violencia y la introducción de armas de guerra. Se han tramitado durante el año 2024 cinco procedimientos con depósito de armas de guerra en Huelva. Hemos pasado de una o ninguna causa con armas de guerra a que, en casi todas las desarticulaciones de organizaciones criminales, aparezcan estas y sus municiones. O que las descargas de hachís se aseguren por individuos encapuchados con apariencia paramilitar y kalashnikov en mano, lo que ha causado una gran alarma social, no sólo a nivel provincial, sino también nacional. El uso de estas armas es constante, así como los heridos y “desaparecidos”, empleando violencia extrema entre los propios delincuentes para los famosos “vuelcos”, robos de mercancías entre ellos, así como para castigar las pérdidas de la mercancía. El uso de estas armas viene asociado, además, con una difusión de la ostentación de estas en redes sociales, con lo que la inquietud ciudadana es preocupante. Se ha llegado a tal punto que incluso existe una causa judicial en la que un investigado ha usado y presumido del uso de un AK47 para la resolución de un conflicto familiar por la custodia de menores».
Se confirma lo ya expuesto sobre el desplazamiento a esta provincia de gran parte de las embarcaciones que introducen hachís desde Marruecos y refleja una cifra de incautación de 50.563 kg, superior a la que el CITCO cifra en 43.684 de 2023, pero alejada de los 100.000 kg del año 2021 que, según la delegada, no significa que no haya aumentado la cantidad de entrada sino una insuficiencia de actuaciones policiales. Las noticias de los medios reflejan la situación de frecuentes avistamientos de la actividad de alijos en Punta Umbría, Isla Cristina o Matalascañas que no son intervenidos. También informa del incremento del cultivo de marihuana, sustancia de la que se han intervenido 700 kg más 2.179 plantas, que incrementa los 512 kg que refleja el CITCO en sus estadísticas de 2023.
Las Fiscalías de Almería y Granada siguen refiriendo el incremento y extensión del cultivo indoor de esta sustancia. Es destacable el crecimiento de un 20,07% de las diligencias por delitos de tráfico de droga en Granada ya que el número de diligencias, que se acerca a las 1.000, era ya muy alto en 2023.
En Granada el tradicional cultivo indoor se venía realizando por clanes familiares de origen granadino que producían y vendían la sustancia que en parte están siendo sustituidos por organizaciones extranjeras (albanesas, lituanas, holandesas, etc.), lo que determina un cambio de paradigma que se refleja en un crecimiento en la intervención de armas utilizadas para la protección de las plantaciones.
La delegada de Almería constata la práctica desaparición de plantaciones de cannabis en invernaderos, resultado de la presión policial y judicial de los últimos años contra las grandes plantaciones instaladas en la provincia bajo la excusa de producción de cáñamo industrial, lo que, sin embargo, está provocando enorme litigiosidad con la interesada confusión, alentada por periciales de parte, respecto a la legalidad del cultivo de cannabis, y reiteradas absoluciones han generado la revocación en apelación con la imposición de la repetición de juicios orales. Similar problema de confusión se ha dado con relación a la valoración del peso de las hojas de cannabis derivado de la decisión de los juzgados de lo penal de excluir las hojas de la planta de cannabis del peso total, decisión que hubo de ser corregida por la decisión tomada por la Audiencia Provincial en unificación de criterio que obliga a sumar el peso de las hojas en el total de la sustancia incautada.
5.3.4 Cataluña
En Cataluña, las cifras de diligencias previas son crecientes en las cuatro provincias con un crecimiento muy leve en Girona y Lleida de un 2,60 y 0,53% respectivamente, notable de un 11,03% en Tarragona y alarmante en Barcelona donde las diligencias previas por tráfico de drogas pasan de 4.234 a 7.261, y más teniendo en cuenta que el incremento más notable se da en relación con las sustancias que causan grave daño a la salud que alcanzan las 4.082; según el registro de la Fiscalía General se trata del número más alto de todas las provincias españolas y prácticamente dobla a Madrid que tiene 3.891. Advertimos en este punto que, aunque la tendencia sea indudablemente cierta, los números pueden ser erróneos como ocurre en otras ocasiones y en relación con otros delitos.
La problemática del tráfico de drogas viene marcada esencialmente por tres factores; dos son circunstancias geográficas: la primera es la frontera con Francia que sitúa al territorio como paso terrestre del transporte a Europa tanto del hachís procedente de Marruecos como de la cocaína trasladada a través de los puertos y, por supuesto, del cannabis de producción en gran parte catalana y la segunda es el gran espacio litoral, con un puerto comercial de enorme importancia e intenso tráfico comercial como es el puerto de Barcelona. La tercera circunstancia es de carácter social y deriva de lo que el delegado de Barcelona denomina como «empatía con el fenómeno cannábico» que viene generándose en la opinión pública desde hace años, como lo reflejan las memorias de los cuatro delegados provinciales. Se da en Cataluña un fenómeno de cierta tolerancia respecto a la implantación resistente y sostenida tanto del cultivo y producción de cannabis como del tráfico a gran y pequeña escala, que se sustentan en un consumo extendido, en la proliferación de clubes cannábicos que se promocionan incluso como un atractivo turístico de la ciudad de Barcelona y en la banalización del uso del cannabis en sus distintas presentaciones.
Advierten los delegados de Cataluña sobre el peligro que supone el que esta comunidad autónoma pase de ser zona de tránsito, esencialmente de hachís, a territorio principal de producción; se observa en las incautaciones y los procedimientos por tráfico de drogas un descenso de intervenciones y consumo de hachís a la vez que se incrementa el de la marihuana que se produce en el propio territorio. La benevolencia con que se observan las plantaciones de cannabis no se corresponde con el peligro que arrastra esta actividad. El gran volumen de cultivo y producción de marihuana en Cataluña es una gran amenaza para la seguridad del territorio ya que da lugar a la implantación del crimen organizado, constatando las memorias de las cuatro provincias que se dan ya episodios de enfrentamientos con armas de fuego entre tramas delincuenciales relacionadas con el robo de plantas y cosechas de marihuana en los que, teniendo en cuenta que los vigilantes de las plantaciones y almacenes portan normalmente armas de fuego, se producen episodios de gran violencia con detenciones ilegales, lesiones y varios homicidios que reflejan con claridad una oscura realidad que viene creciendo desde hace años.
Sin embargo, las penas previstas en el Código Penal en relación con la marihuana son demasiado benévolas; piénsese, como reflexiona el delegado de Lérida, que si el alijo es inferior a los 10 kg de peso neto la pena es de uno a tres años, lo que, salvo que consten antecedentes penales, implica que no se ingresará en prisión. Esto se une a la detención cada vez más frecuente de extranjeros en situación de ilegalidad que son quienes trabajan en estas plantaciones, en muchos casos explotados por la organización, y que, finalmente, como coautores o víctimas desaparecen del territorio nacional generando cada vez mayor impunidad.
La realidad de España y en concreto de Cataluña como territorio productor de cannabis se refleja en un hecho revelador, y es que se extiende la actividad de «muleros del cannabis» que ahora salen de Barcelona –según datos de la Guardia Civil aeroportuaria– y tras el notable incremento en 2023 cuando hubo veintitrés (23), en 2024 se detuvo a quince (15) viajeros comprometidos en dicho transporte ilícito, siendo interceptados al embarcar con destino, entre otros, a Tailandia, Reino Unido, Dinamarca, Islandia, Países Bajos, Malta, Hungría, Alemania y Gambia.
Se advierte también cada vez más el transporte del cannabis a través de paquetería en envíos tramitados por Correos o por empresas privadas de forma que en la terminal de carga del Prat se han detectado 47 de este tipo de envíos.
La actividad delincuencial en relación con los clubes cannábicos sigue siendo reseñable como un fenómeno que deriva también de esa tolerancia y benevolencia respecto a esta droga. El modus operandi acostumbrado por muchas de estas asociaciones es el suministro de la droga del mercado negro que, paradójicamente afirman combatir, y se realiza a través de los conocidos como «agentes verdes» captadores de consumidores, muchos extranjeros, en los alrededores de las Ramblas que se ofrecen a acompañar al turista al local de la asociación donde se les hace inmediatamente el carné de socio a la vez que se le proporciona la marihuana. Curiosamente, frente a esa empatía general cada vez se producen más quejas vecinales que llevan a movilizarse al Ayuntamiento y conducen al precinto de locales y suspensión de las actividades de estas asociaciones.
Continua la llamada de alarma que el delegado de la Fiscalía de Barcelona emitía en 2023 sobre el puerto de Barcelona, en la medida que en 2024 se incautaron en este puerto un total de veinticuatro (24) contenedores con más de veinticinco toneladas (25.243,084 kg) de cocaína, superándose en un 31,17 % el que se denominó «punto crítico» de 2023, en que fueron intervenidos 21 contenedores con 19,24 Tm de la misma sustancia, suponiendo ingenuamente entonces que se habría tocado techo. La frialdad de las cifras acostumbra al observador y parece que se contempla con resignación lo que no será sino la punta del iceberg de una importación clandestina seguramente múltiplo de la aflorada. Asombra de nuevo que la incautación de toneladas de cocaína no afecte lo más mínimo a un trasiego incesante. Con certeza, el monstruoso músculo económico del crimen organizado le permite soportar pérdidas reiteradas de decenas de millones de euros.
La Fiscalía de Barcelona participa en las reuniones de Seguridad del Grupo de Trabajo contra Tráficos Ilícitos en las Terminales de Contenedores del Puerto de Barcelona, a iniciativa de la AEAT (DAVA-SVA). En 2024 la reunión tuvo por objeto evaluar los resultados de las iniciativas tomadas tras la anterior en que se analizó la grave crisis de 2023, por el alarmante incremento de incautaciones, la falta de control de la zona aduanera, los efectos de la absolución por la Audiencia Provincial de Barcelona de la operación/caso AQ-DITq que se comentó el año pasado, llegando entonces a la conclusión de que la causa principal de ello sería el nulo control existente sobre la actividad de la estiba. En la reunión de 2024 no se aportaron avances relevantes en las medidas de seguridad, por el contrario, se siguen revelando insuficientes las medidas implementadas por las terminales, incluyendo la contratación de expertos, dado que la cocaína sigue entrando en alarmante ritmo, como lo demuestra el volumen de incautaciones.
A partir de la grave crisis de 2023 en torno al tráfico de cocaína en contenedores, a lo largo de 2024 se tramitan en Barcelona dos procedimientos judiciales denominados Burela y Alfa, en ambos casos con intervención del SVA-DAVA y en el primero en equipo conjunto con el EDOA de la Comandancia de la Guardia Civil.
La deficiencia de herramientas de seguridad urge reforzar la fiabilidad de los sistemas informáticos de forma que se garantice la trazabilidad de cara a la investigación policial posterior de los hechos. No se puede alegar falta de medios o inconvenientes operativos porque las medidas de seguridad podrían entorpecer la agilidad del tránsito marítimo de las mercancías y afectar negativamente a la competitividad de las terminales. No parece que falten recursos a la vista de lo publicado en cuanto a que «2024 fue un año récord para el Port de Barcelona, con una cifra de negocio nunca alcanzada de 200 millones de euros (un 6% más que un año atrás) y un beneficio neto de 63 millones de euros, con un incremento del 26%» (Diari ARA – 18.02.2025).
5.3.5 Galicia
Galicia sigue siendo un territorio relevante para el tráfico de drogas por razones geográficas, históricas y sociales, especialmente la configuración de las costas en el Atlántico y las rías que la sitúan como punto de destino de entrada de cargamentos de cocaína que llegan directamente desde Sudamérica o a través de la ruta africana del noroeste, rutas utilizadas por las grandes organizaciones que se valen de buques nodriza, veleros y semisumergibles (cada vez más frecuentes) para acercarla a la costa, transportada después a tierra en lanchas semirrígidas de alta velocidad.
Aun cuando las estadísticas de incoaciones en 2024 que se obtienen del programa de gestión procesal reflejan una disminución de incidencia en toda la Comunidad de las infracciones de esta naturaleza, ello no se acomoda a la información proporcionada por los delgados. Así, el delegado de A Coruña afirma que los procedimientos por tráfico de drogas han crecido sustancialmente en la provincia en 2024 y llama la atención por la falta de registro adecuado de algunos procedimientos, especialmente en los Juzgados de Ribeira y también en la capital. Por otro lado, hay que tener en cuenta que algunos de los procedimientos más relevantes están siendo investigados por la Audiencia Nacional por lo que lamentablemente no se puede afirmar que haya realmente descendido apreciablemente la actividad de narcotráfico en esta Comunidad.
El narcotráfico en Galicia muestra además una característica muy diferente del que se produce en Andalucía en lo que reseñábamos de alardeo y jactancia de la actividad ilícita y es tradicionalmente una criminalidad más discreta por lo que, señala el delegado de Pontevedra, las dificultades y la asimetría entre los recursos técnicos y medios de los que disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la investigación del delito, habida cuenta que las organizaciones cuentan con capacidad para detectar y anular los dispositivos de seguimiento y con la canalización de todas sus comunicaciones a través de aplicaciones de mensajería instantánea, encriptadas o no, para evitar cualquier seguimiento o escucha. Hace una llamada, que compartimos, a la necesidad de revisión de la regulación del elenco de medidas de investigación tecnológica y a una mejor dotación de recursos ya disponibles de inteligencia artificial.
Reseña el delegado de Pontevedra la explotación de una investigación judicial relativa a un entramando criminal dedicado a la subrepticia fabricación y venta de embarcaciones semirrígidas destinadas al tráfico de hachís en el estrecho de Gibraltar, que operaba simultáneamente en la provincia y en el norte de Portugal, donde por el momento estas embarcaciones no están prohibidas por sí mismas. La causa es un nuevo ejemplo de la buena sintonía y de cooperación internacional entre las autoridades lusas y españolas, habiéndose constituido en su seno un equipo de investigación conjunto que funcionó entre enero y octubre de 2024, permitiendo la actuación coordinada de ambas policías, la aportación directa al procedimiento español de las fuentes de prueba obtenidas en Portugal y una explotación conjunta de la investigación.
Se han producido notables incautaciones de cocaína en el puerto de Vigo, aunque sin posibilidad de vincular la sustancia con sus remitentes o receptores. También expone, y es la única memoria provincial en la que se plasma esta circunstancia, la entrada de heroína en la provincia donde se incautaron 23 kg en un domicilio en Sanxenxo.
El delegado de A Coruña señala que, los procedimientos por tráfico de drogas en la provincia pasan de 91 en 2023 a 125 en 2024 y advierte de la necesidad de atención a la Costa da Morte y al uso de pesqueros con ingentes cantidades de cocaína. También reseña el crecimiento de procedimientos en la península de Barbanza, Carballo, Betanzos y Ferrol.
Los dos delegados hacen una especial valoración del trabajo que realiza la Fundación Gallega contra el Narcotráfico junto al Servicio de Xestión de Bens (SXB) del Colegio de Procuradores de A Coruña para la gestión, depósito y realización anticipada de bienes que, como se mencionará, ofrece soluciones de custodia y conservación que la ORGA no proporciona.
5.3.6 Madrid
La Comunidad de Madrid por la circunstancia de su gran población no solo en la capital sino en otras grandes ciudades está notoriamente afectada por el tráfico de drogas; cuenta además con un gran aeropuerto internacional que es lugar más relevante en relación con este tipo de criminalidad.
Coincidiendo con la advertencia del CITCO del creciente papel de los aeropuertos en la entrada de estupefacientes en España y como se adelantaba el año pasado, el aeropuerto Adolfo Suárez-Barajas, pese al trabajo realizado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es escenario de repetidas acciones de introducción de droga en contenedores y maletas y cuenta con la colaboración de empleados de empresas que prestan servicios en el aeropuerto.
Se reproducen las acciones que se mencionaban el año pasado de trabajadores que entran con mochilas y bolsas en zonas restringidas de seguridad, pasajeros que embarcan con tarjetas de embarque en vuelos de bajo coste y acceden a la zona de recogida de equipajes lo que viene a evidenciar la insuficiencia de medidas preventivas y protocolos de seguridad. Se detecta un alto porcentaje de trabajadores con acceso directo a las bodegas de carga, se permite que los trabajadores entren en zonas de seguridad provistos de mochilas y maletas innecesarios para el trabajo, lo que favorece todo tipo de actividades ilícitas.
La Guardia Civil y la Policía Nacional han comunicado su preocupación, compartida por la fiscal delegada de Madrid, sobre el control insuficiente y la reacia disposición a la creación de nuevas medidas preventivas, restrictivas, sistemas de vigilancias y protocolos tanto por AENA como por las propias empresas de handling.
Sin duda, la prueba de la gravedad de lo que ocurre en el aeropuerto de Barajas lo dan las cifras de incautaciones que este año 2024 han multiplicado casi por 10 las cifras de 2023: en la cocaína que no llegaban a una tonelada en 2023 y es de 6 toneladas y media este año. Además, se mantienen las cifras de incautaciones de otras sustancias como el MDMA que fue de 298.349 gramos. Las operaciones este año han dado lugar a varios procedimientos, entre los que destacan 5 de ellos por estar atribuidos a organizaciones de rescatadores del aeropuerto que han podido ser desarticuladas y han permitido incluso poder deshabilitar laboratorios de corte de la cocaína transportada por esta vía aérea.
Más allá de Barajas, la provincia de Madrid, como ocurre en otras grandes ciudades, sufre la actividad de narcopisos y de zonas especialmente utilizadas para el tráfico de drogas como la Cañada Real. La policía realiza una intensa actividad para la detección de estos narcopisos difíciles de ubicar e investigar pero que siguen en el punto de mira de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de forma que este año se han realizado 120 registros y se ha detenido a 255 personas; el riesgo obvio de estas actividades lo muestra no solo la cifra importante de droga incautada sino la cantidad de armas de todo tipo que se encuentran en los pisos.
Madrid, como gran ciudad, está afectada por el consumo y el tráfico de nuevas sustancias psicoactivas (NSP), sustancias que producen los mismos o idénticos efectos que otras fiscalizadas pero que tratan de eludir la prohibición con mínimas alteraciones de moléculas químicas. Como se hacía referencia en las memorias de 2022 y 2023, en Madrid cada vez es más frecuente encontrar NSP, que producen efectos de las sustancias fiscalizadas pero que con una mínima alteración química logran eludir el control de las sustancias fiscalizadas.
Menciona la memoria de esta Fiscalía: la gamma-butirolactona (GBL), que es un compuesto análogo al ácido gamma-hidroxibutírico (GHB), que se metaboliza a GHB tras su ingesta, produciendo los mismos efectos tóxicos y grave daño a la salud. El ácido gamma-hidroxibutírico (GHB) se encuentra fiscalizado en la Lista II del Convenio de 1971. Los nitritos de alquilo (amilo, propilo, isopropilo, butilo, isobutilo o similar) son sustancias que producen efectos tóxicos: vasodilatación, relajación muscular (dilatador anal), se conocen con el nombre vulgar de «Poppers», «Rush», «Snappers». Alumbre de potasio (falsa metanfetamina), compuesto por sulfato de aluminio y potasio, que puede producir grave daño a la salud. Y el óxido nitroso o gas de la risa.
Algunas sustancias que se encontraban en esa situación (eutilona, 3MMC y CMC) fueron fiscalizadas por Orden SND/136/2023, de 17 de febrero. Respecto a otras, se ha solicitado de los laboratorios que expliquen en sus informes los efectos nocivos de dichas sustancias para la salud y así poder incluir las mismas en el artículo 359 CP, o en su caso, en el artículo 368 CP, si concurren con sustancias fiscalizadas, conforme al artículo 8.3 CP (STS 29/2020, de 4 de febrero, SAP Barcelona 554/2022, de 27 de septiembre; SAP Vizcaya 23/2018, de 8 de marzo). Aun así, cuando no concurren con sustancias fiscalizadas, el resultado suele ser desfavorable. Recientemente, en recurso de apelación contra auto de incoación de procedimiento abreviado, la Audiencia Provincial ha acordado el sobreseimiento provisional en relación con la sustancia 2-MMC.
También es frecuente encontrar medicamentos autorizados como el «sildenafilo», cuyo principio activo está sujeto a prescripción médica, o el «Rivotril» (clonazepan) que mezclado con el hachís produce el llamado «karkubi», compuesto con un elevado poder psicotrópico.
5.3.7 Comunidad Valenciana
La Comunidad Autónoma de Valencia ha incrementado el número de procedimientos por tráfico de drogas en un 19,30% en Valencia, un 3,32% en Alicante y, aunque han descendido levemente el número de procedimientos, en Castellón se ha incrementado su gravedad, de forma que ha subido un 12,90% los procedimientos por sustancias que causan grave daño a la salud. Se observa un abrumador incremento, en palabras del delegado de Castellón, en las incautaciones de cocaína, de forma que los alijos que antes eran de varios kilos son ahora de cantidades en muchos casos superiores a los 100 kg, llegando a incautarse por primera vez una cantidad cercana a las tres toneladas; igualmente se ha incrementado notablemente el número de detenciones por este delito que pasa de 154 a 209 personas en 2024. Estas circunstancias llevaron a la Fiscal Jefe y a la Fiscalía Especial Antidroga a considerar la necesidad de acordar la exclusividad del delegado en esta provincia, que fue aprobada por la Fiscalía General ya a finales del año 2024.
En esta provincia del norte de la Comunidad Valenciana se ha conseguido la desarticulación de varias organizaciones criminales. Llama la atención la presencia de ciudadanos albaneses que integran estas organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas dando lugar a que en el Centro Penitenciario de Castellón la población reclusa más numerosa sea de esta nacionalidad. La presencia e instalación en la Comunidad de la mafia albanesa se constata igualmente en la provincia de Valencia donde se dedican tanto al cultivo y transporte de marihuana como a la introducción y rescate de contenedores en el puerto de Valencia, en una actividad que comienza en muchos casos en Ecuador donde es ya notorio la instalación de organizaciones de narcotraficantes albaneses en el puerto de Guayaquil.
Sin perjuicio de la actividad intensa en Castellón y Alicante, el foco principal de tráfico de drogas es el Puerto de Valencia, que se sigue situando como el tercer puerto de Europa y el primero en España en los primeros cálculos del CITCO en número de incautaciones de cocaína. El número de contenedores intervenidos se mantiene casi idéntico a los 39 de 2023 siendo este año 37 los intervenidos con un ligero descenso del peso de la cocaína incautada que pasa de 12.523 kg de cocaína a 9.886 kg. Los contenedores contaminados proceden en su mayoría de Ecuador y de México.
El delegado de Valencia constata el cambio en el método de rescate de la cocaína de los contenedores que se comentaba el año pasado, que sustituye al gancho ciego o rip off por el gancho dirigido en el que el cargamento se rescata fuera de las instalaciones portuarias.
Aunque el procedimiento se sigue en la Audiencia Nacional, no puede dejar de mencionarse las Diligencias Previas núm. 75 /2023 del Juzgado Central de Instrucción núm. 1, iniciadas tras querella de la Fiscalía Especial y explotadas en 2024 en el marco de las que fue detenido un capitán de la Guardia Civil que había sido responsable del resguardo fiscal del puerto durante varios años. Constan sólidos indicios de la actividad de un entramado criminal dedicado a la introducción de importantes cargamentos de cocaína a través del puerto de Valencia, al que no simplemente ayudaba sino donde se integraba con un papel relevante el capitán detenido.
Alicante experimenta un incremento notorio de causas especialmente por delitos contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, que se incrementa un 3,44% y que se suma al 34,77% del año 2023. Señala un descenso de la incautación de cocaína y un incremento notable de hasta dos toneladas de cannabis. En Alicante se observa un incremento importante de MDMA con 800 kg intervenidos y también una cantidad de 15 kilos de anfetaminas, el doble de los 7 intervenidos en 2023. El fiscal delegado de Alicante es especialmente activo en la incoación de Diligencias de Investigación que este año han sido 42.