5.2 Fiscalía Especial Antidroga en la Audiencia Nacional
5.2.1 Incidencias personales y aspectos organizativos
La Fiscalía Especial Antidroga tiene actualmente una plantilla de 15 fiscales, incluidas Fiscal Jefa y Teniente Fiscal, que es en este momento inadecuada para atender debidamente el número y la complejidad de causas y expedientes que corresponden a su competencia, más aún cuando el crecimiento solo del número de diligencias previas es extraordinariamente alarmante, ya que alcanza un porcentaje de incremento del 32,14% este año. Ante esta circunstancia, la Fiscalía cuenta con el refuerzo de un fiscal destacado que da cobertura a un puesto de trabajo adaptado, y ha contado también con otra fiscal destacada desde mediados del mes de octubre, destacamento acordado ante el notable crecimiento del número de expedientes y el señalamiento de uno de los juicios orales más complicado de los últimos años, con 53 acusados y 50 abogados, que fue celebrado en 32 sesiones por dos fiscales que no habían sido los encargados de la instrucción y acusación; este juicio se prolongó durante más de cinco meses y ha finalizado ya en 2025.
La Unidad Policial adscrita a la Fiscalía Antidroga cuenta este año con un nuevo Inspector Jefe como director de la Unidad, además de otro inspector como responsable de la sección operativa y otros 4 funcionarios del CNP y un guardia civil. La Unidad está ubicada en otro edificio que, aunque no está muy apartado, requiere desplazamientos, lo que perjudica la operatividad y la relación más cercana y ágil. Su actividad se centra en gran parte en la ejecución de las comisiones rogatorias (72 en 2024) y órdenes europeas de investigación (52 en 2024), colaborando también con los órganos judiciales, aunque cada vez con mayor frecuencia tramitan investigaciones en las diligencias de investigación de la Fiscalía.
Respecto a la plantilla de funcionarios, la misma se ha visto reforzada al haberse incorporado dos nuevos tramitadores, el último ya en 2025. Sin embargo, el reducido número de funcionarios, las bajas repetidas, la necesidad de frecuentes sustituciones, incorporación de personas de la bolsa de interinos sin formación adecuada y en ocasiones con absoluto desconocimiento del sistema procesal y de los programas informáticos es un problema añadido al funcionamiento de una Fiscalía infradotada, con una plantilla de funcionarios que no alcanzan a manejar y conocer debidamente los procedimientos que tienen encomendados.
5.2.2 Medios materiales y proceso de digitalización
La FEAD ocupa la 7.ª planta del edificio de la Audiencia Nacional y la incorporación de dos nuevos fiscales destacados, uno a finales de 2023 y otra en 2024, deja a la Fiscalía en unas condiciones de espacio absolutamente inadecuadas. No hay despachos suficientes para estos nuevos fiscales que deben compartir espacio; y tampoco cuenta con ningún espacio común o de reuniones, por lo que se incumple el artículo 21 del Reglamento de la Carrera Fiscal que exige que las fiscalías con más de 4 fiscales dispongan de una sala polivalente para la celebración de juntas, videoconferencias, etc. Esta situación ha sido expuesta en memorias anteriores.
Aunque la digitalización de la Audiencia Nacional se completó en 2022, en el ejercicio 2024 se ha desarrollado la nueva etapa de digitalización de la Fiscalía. Se trata de la nueva aplicación Atenea, cuya implantación se prevé a medio plazo y que superará holgadamente la operatividad de Fortuny. En principio, permitirá la gestión de todo tipo de expedientes, siendo un sistema único disponible para todas las fiscalías a nivel nacional e integrada con sistemas de gestión procesal del órgano judicial para facilitar el registro y visualización del expediente judicial electrónico. Ofrece una amplia y completa funcionalidad a los fiscales y a su oficina en el ámbito de gestión y control de expedientes, generación de estadísticas y de actividad del MF, origen de información para el Cuadro de Mandos y Memoria Anual y labores de inspección.
A lo largo de este ejercicio se han producido diversas reuniones con participación de esta Fiscalía Especial con el fin de darle forma definitiva a la nueva aplicación, siempre con vistas a conseguir la máxima operatividad.
5.2.3 Actividad de la Fiscalía Especial Antidroga en la Audiencia Nacional
La actividad de la FEAD ha experimentado este año un extraordinario y preocupante crecimiento de forma que las diligencias previas no solo han crecido un 32,16 % con respecto al año anterior, sino que presentan cada vez mayor complejidad, mayor número de personas investigadas y experimentan una litigiosidad exacerbada en cada procedimiento, con un planteamiento inacabable de recursos, solicitudes de pruebas, impugnación de diligencias, de medidas cautelares, uso provisional y destrucción de efectos intervenidos, continuas incidencias en las ejecuciones tanto de penas como en relación con los decomisos, tercerías de dominio, de forma que se intensifica también la intervención de los fiscales en informes, comparecencias y recursos.
Este resumen de la actividad de la Fiscalía Antidroga comienza con las diligencias de investigación de la Fiscalía que este año han aumentado notablemente y lo han hecho tanto en cantidad como en relevancia y gravedad de los hechos investigados, de forma que se ha pasado de 41 diligencias de investigación en 2023 a 64 en 2024, alcanzando, tras un descenso notable en el año 2023, los niveles del año 2022. Las diligencias incoadas son cada vez más complejas y han sido el origen de procedimientos de gran notoriedad y relevancia en los Juzgados Centrales. De las 64 diligencias, 23 han sido judicializadas, la mayoría con la interposición de la correspondiente querella en los Juzgados Centrales de Instrucción, 6 han sido remitidas a fiscalías territoriales al no poder concretarse la competencia de la Audiencia Nacional, 19 han sido archivadas y 16 siguen en tramitación en 2025.
La Fiscalía Antidroga ha interpuesto 19 querellas en la Audiencia Nacional, entre ellas, 3 derivadas de diligencias tramitadas tras la presentación de oficios por los Servicios de Investigación internos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, en las que se aprecia corrupción derivada de la participación de miembros de fuerzas de seguridad del Estado en las organizaciones criminales de narcotraficantes o, al menos, una colaboración relevante con las mismas para favorecer la introducción de drogas en territorio nacional. El éxito en la identificación de estos servidores públicos corruptos tras investigaciones largas y complejas revela la mayor idoneidad de la Fiscalía Especial y los Juzgados Centrales para la investigación de estas causas, de muy difícil o imposible abordaje en juzgados con menos medios y menor experiencia en investigación de delitos complejos y en los que, además, se corre el riesgo de filtraciones, interesadas o no, en juzgados locales en los que los propios funcionarios tienen constantes y frecuentes relaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o con sus letrados. En total, 222 personas físicas y 20 personas jurídicas han sido investigadas en diligencias de investigación preprocesal de la Fiscalía Especial Antidroga.
Las diligencias de investigación más habituales han sido, además de las medidas de investigación patrimonial, las entregas controladas y otras técnicas especiales de investigación. En el seno de las diligencias de investigación, la fiscalía ha autorizado 19 entregas controladas y en 10 de ellas se han autorizado la actuación de agentes encubiertos.
Los abordajes en alta mar han determinado la presentación de 11 querellas y es de destacar que en tres de estos abordajes han colaborado barcos de la Armada, cuya intervención fue solicitada y autorizada previamente por la Fiscalía Antidroga tras la comprobación de la falta de medios adecuados por parte de las otras autoridades intervinientes.
En relación con el aumento ya mencionado de las diligencias previas por tráfico de drogas en los Juzgados Centrales, la actividad de la Audiencia Nacional ha crecido alarmantemente desde el punto de vista estadístico: se han incoado 84 diligencias previas nuevas, frente a las 57 de 2023 (50 en 2022) y se han incoado 24 sumarios frente a los 15 de 2023 (19 en el año 2022), mientras ha descendido de 8 a 4 el número de procedimientos abreviados, lo que también muestra la mayor gravedad de los hechos investigados.
Ha aumentado notablemente el número de procedimientos seguidos por blanqueo que pasan de 5 en 2023 a 15 en 2024, lo que porcentualmente supone un crecimiento del 180%, aun teniendo en cuenta las reducidas competencias de la Audiencia Nacional para la investigación del blanqueo.
La carga del trabajo de esta Fiscalía viene determinada no solo por la creciente cantidad de procedimientos sino por la complejidad y la especial litigiosidad de estos, de forma que procede contabilizar también el número de dictámenes presentados por el MF que este año se sigue incrementado y pasa de 12.117 a 12.523 dictámenes en 2024 que supone un crecimiento de un 3,35% respecto al año anterior.
Las dificultades en la instrucción de los procedimientos han supuesto cierto estancamiento de estos en fase instrucción, de forma que el número de escritos de acusación presentados en 2024 ha descendido a 28 frente a 53 que se presentaron en 2023.
Durante el año 2024 se han celebrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 39 juicios orales (en el año 2023 fueron 52), que se desarrollaron en 158 sesiones. La acusación se dirigió contra 335 acusados, de los cuales 122 son españoles y 212 extranjeros, además de varias personas jurídicas.
Se han dictado en relación con la competencia de esta Fiscalía 38 sentencias; 36 de ellas por la Sala de lo Penal, 30 de ellas en procedimientos de Sumario y 2 por el Juzgado Central de lo Penal. Solo dos de las sentencias han sido totalmente absolutorias, por tanto, la mayoría de las sentencias son condenatorias, algunas de ellas parciales en las que se condena a algunos de los acusados y se absuelve a otros, de forma que han sido condenados 253 personas y absueltos 82 en las 38 sentencias. Es importante destacar que, del total de sentencias condenatorias, solo 8 lo han sido por conformidad de los acusados.
Se han interpuesto 8 recursos de apelación contra las sentencias de la Sala de lo Penal, uno de ellos interpuesto por el MF. Los de casación han sido este año 3, uno de ellos interpuesto por la Fiscalía en un caso de absolución por blanqueo de uno de los clanes más conocidos del narcotráfico gallego.
Los expedientes de vigilancia penitenciaria mantienen un número similar al del año 2023 en el que se había dado un crecimiento más que notable con 5.265 informes que han descendido ligeramente, un 2,41%, siendo 5.138 los informes de 2024.
Durante el año 2024 la Fiscalía ha seguido impulsando las líneas de actuación fijadas en materia de recuperación de activos, tanto en el ámbito interno de la propia Fiscalía, como en sus relaciones con otros organismos de recuperación de activos. En el ámbito interno, no se ha dejado de potenciar la aplicación del Protocolo de la Fiscalía Antidroga en materia de recuperación de activos de 2022, tanto en el control y visado de escritos de acusación como en su difusión y análisis de su aplicación en las juntas de la Fiscalía. En este ámbito, durante el año 2024 se ha participado en diversas comisiones y foros, como la Comisión de seguimiento y control del convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia en materia de colaboración y apoyo al funcionamiento de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (marzo 2024).
Hay un fiscal coordinador del tema de recuperación de activos, que participa en un Grupo de Trabajo creado con vistas a preparar la próxima evaluación del GAFI en materia de blanqueo de capitales y recuperación de activos, integrado, entre otros, además de por la Fiscalía Especial Antidroga, por la Fiscalía Anticorrupción, la Agencia Tributaria, la ORGA, CITCO, Policía Nacional, Guardia Civil, Policías Autonómicas, SEPBLAC y el Tesoro Público.
El número y circunstancias de los expedientes de cooperación internacional se ubican en un apartado especial en este mismo texto.
La Fiscalía colabora en el ámbito de la prevención y mantiene una relación frecuente con el Plan Nacional sobre Drogas con quienes se intercambia información de los distintos ámbitos de actuación de las instituciones, e igualmente con organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Gallega contra el Narcotráfico y la sociedad «Alternativas», con Proyecto Hombre, Diagrama, entre otras.
Por supuesto, en el trabajo diario no se puede dejar de mencionar la intensa y práctica relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, especialmente la UDYCO, UCO y DAVA.
5.2.4 Causas de relevancia de la Fiscalía Especial Antidroga en la Audiencia Nacional
En la sintética reseña de causas de relevancia en la Fiscalía Especial, conviene advertir que es un resumen necesariamente corto y parcial ante la imposibilidad de dar cuenta de muchas de las diligencias que se encuentra en fase de instrucción y secretas, lo que impide reflejar la verdadera dimensión de las relevantes causas que se están investigando en este momento. Se significan solo las causas incoadas en 2024 o aquellas que no pudieron ser reseñadas en 2023 por encontrarse secretas y que se corresponden con operaciones explotadas en 2024. Sin embargo, se advierte que el número de causas que siguen en instrucción incoadas en años anteriores es muy alto y que la enorme complejidad derivada de la dimensión de algunas organizaciones criminales y del altísimo número de investigados implica que las causas se alarguen en el tiempo más de lo que sería deseable.
Causa importante del crecimiento del número de procedimientos y de la mayor relevancia de estos son los análisis e investigaciones que han podido llevarse a cabo gracias a los datos que derivan de las intervenciones en Francia de las plataformas encriptadas EncroChat y SKY-ECC, entre otras. Como se ha informado en las dos últimas memorias, la enorme cantidad de información obtenida en estas intervenciones ha permitido conocer la alarmante dimensión de la delincuencia organizada relacionada con el narcotráfico en Europa y en particular en España. Los datos e informaciones de estas plataformas, habida cuentan de la fecha de explotación, 2020 y 2021, se refieren a actividades pasadas, pero permiten relacionar determinadas operaciones con sus organizadores y también identificar a organizaciones criminales que siguen operando y realizando nuevas actividades delictivas.
Otra parte relevante de los procedimientos de tráfico de drogas en la Audiencia Nacional provienen de intervenciones y abordajes de embarcaciones en aguas extraterritoriales que, aunque en la mayoría de los casos presentan relación con nuestro país o se dan circunstancias que permiten suponer que se dirigían con la sustancia estupefaciente a nuestro territorios, son objeto de investigación en España, incluso en ausencia de esas conexiones, ante la extensa jurisdicción penal que nuestro país tiene en relación con el tráfico de drogas. Este criterio de extensión de la jurisdicción penal a actividades realizadas en aguas extraterritoriales en embarcaciones sin pabellón español y, en ocasiones, sin otro vínculo como la personalidad activa, no es el criterio de atribución de jurisdicción penal en países vecinos como Portugal o Francia, lo que está suponiendo que España realice un esfuerzo de investigación mayor que otros Estados en relación con la alarmante actividad de embarcaciones cargadas con sustancia estupefaciente en el Atlántico.
Como diligencias relevantes este año en fase de instrucción citamos las siguientes:
– Diligencias previas núm. 63/2024, Juzgado Central de Instrucción núm. 1. Procedimiento iniciado mediante Diligencias de Investigación núm. 1/2024 de la Fiscalía Especial Antidroga, incoadas por Decreto de 4 de enero de 2024.
Se investiga la existencia de un extenso entramado criminal dedicado al tráfico de cocaína a gran escala mediante la importación desde Sudamérica de numerosos contenedores entre cuya carga legal, habitualmente fruta, se ocultaban importantes cantidades de cocaína destinaba a empresas creadas en España por la propia estructura criminal con la finalidad de aparentar una actividad mercantil real.
Junto con la estructura personal y empresarial necesaria para el narcotráfico, la organización criminal desarrolló una amplia red societaria dedicada al blanqueo de activos, que incluía el uso de criptomoneda y la creación de holdings empresariales en España y varios países.
Las diligencias de investigación se centraron en las actuaciones necesarias para la adecuada obtención de información y en la averiguación de la mecánica utilizada por el inspector implicado para facilitar la actuación de la organización criminal y en la investigación financiera que permitiera acreditar los movimientos de dinero no justificados. Una vez que se estimó necesaria la adopción de medidas especiales de investigación, se procedió a la judicialización con la presentación de una querella.
La explotación de la investigación se precipitó tras la incautación en Algeciras de 13.062 kg de cocina vinculados a este entramado delictivo. Como consecuencia de dicha intervención se llevaron a cabo numerosas entradas y registros durante las que se localizaron importantes cantidades de efectivo (18.939.840 euros en el domicilio del inspector implicado), y numerosos documentos y dispositivos electrónicos. Como consecuencia de estas primeras diligencias se han llevado a cabo posteriores entradas y registros y nuevas detenciones, habiéndose emitido varias solicitudes de cooperación internacional pendientes de ejecución.
– Diligencias previas núm. 75/2023, Juzgado Central de Instrucción núm. 1, incoadas en fecha 7 de noviembre de 2023 a raíz de querella de la Fiscalía Especial Antidroga y derivadas de las Diligencias de Investigación núm. 27/2023 de esta Fiscalía. Se investiga un entramado criminal respecto del que existen sólidos indicios de participación en la introducción en territorio nacional de importantes cargamentos de cocaína a través del puerto de Valencia.
Durante la investigación se ha ido perfilando el rol de los distintos componentes del entramado criminal (pudiendo calificarse el del capitán como principal), concretando igualmente las diversas posibilidades con las que cuenta la organización para la introducción de la droga.
En fecha 4 de diciembre de 2024, en una primera fase de la operación, fueron detenidos un capitán de la Guardia Civil y otras 4 personas relacionadas con la introducción de cocaína a través del puerto, la más importante mediante un contenedor que ocultaba en su interior más de 1.000 kilogramos, lo que determinó el ingreso en prisión provisional de las cinco personas citadas. En ulteriores fases de la investigación se han practicado varias diligencias de entrada y registro en diferentes domicilios y se ha puesto a disposición del juzgado a otras ocho personas.
– Sumario núm. 2/2025, Juzgado Central de Instrucción núm. 1, por delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud, en cuantía de notoria importancia, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales. Procedimiento con 24 investigados (de los que 13 se encuentran en situación de prisión provisional y 2 pendientes de extradición desde Colombia), quienes, a través de sociedades mercantiles interpuestas, dedicadas a la importación de fruta que operaban en Madrid y Málaga, introducían cocaína impregnada en las cajas de cartón que contenían la mercancía, que eran suministradas posteriormente a la parte de la organización que poseía el laboratorio para su extracción (ubicado en la provincia de Toledo).
– Diligencias previas núm. 54/2024 (Sumario núm. 2/2025), Juzgado Central de Instrucción núm. 2, incoadas tras el abordaje de un narcosubmarino artesanal tripulado por cuatro investigados colombianos. El sumergible había zarpado de Venezuela en mayo de 2024 con rumbo a Europa transportando aproximadamente cuatro toneladas de cocaína que debía entregar en el océano Atlántico a otra embarcación. Fue interceptado el 25 de junio de 2024 por un patrullero del SVA a unas 160 millas náuticas al suroeste de Cabo San Vicente, en cuyo momento la tripulación hundió deliberadamente el submarino para evitar que los agentes de la autoridad pudiesen aprehender la droga. Cabe destacar, que el investigado que asumía la función de capitán del sumergible había sido condenado por un Tribunal de Florida en 2009 por hechos de idéntico tenor.
– Sumario núm. 6/2024, Juzgado Central de Instrucción núm. 2, en las que se investiga una organización criminal internacional, económicamente muy potente, que utilizaba un entramado de empresas para efectuar numerosas operaciones de importación de frutas procedentes de Sudamérica, camuflando cocaína en los contenedores y con utilización de mensajería encriptada de la plataforma SK-ECC, habiéndose incautado en tres contenedores de los puertos de Barakaldo y Algeciras un total de 1.689,9 kg, una vez reducido a pureza. En este procedimiento está próximo a dictarse auto de conclusión de sumario contra los procesados que se encuentran en España, pues aún está pendiente la entrega en extradición desde Colombia de uno de los procesados y de otro que está en los Países Bajos.
– Diligencias previas núm. 17/2024, Juzgado Central de Instrucción núm. 2, inhibidas del Juzgado de Instrucción núm. 4 de Arrecife, en la que se está investigando la existencia de un enorme entramado criminal dedicado a la introducción de grandes cantidades de cocaína en Europa, cuya investigación comenzó en Noruega, que remitió a la Fiscalía Especial Antidroga varias comisiones rogatorias. Los responsables del entramado residen algunas temporadas en España desde donde dirigen la operativa criminal que pasa por la utilización de varios veleros, con tripulaciones ad hoc, que cargan la droga en alta mar desde otra embarcación, poniendo rumbo a España. En diciembre de 2023, la Marina francesa procedió al abordaje de la embarcación ANA CSY de pabellón español, que concluyó con la intervención de 40 fardos con un peso total aproximado de 1.200 kilogramos de cocaína. Del análisis de la información obtenida en los elementos incautados se ha logrado comprender el total funcionamiento de la estructura criminal involucrada en la distribución de cocaína en el oeste y norte de Europa, y ha podido determinarse que han llevado a cabo la importación de varias toneladas de cocaína durante el pasado año 2023. En este procedimiento hay 47 investigados, de los cuales 10 de ellos se encuentran en prisión provisional.
– Diligencias previas núm. 29/2024, Juzgado Central de Instrucción núm. 2, inhibidas del Juzgado de Instrucción 3 de Algeciras, en la que se investiga una organización criminal dedicada a la introducción de grandes cantidades de hachís y cocaína en España, así como a la inmigración clandestina, con embarcaciones semirrígidas de grandes dimensiones provistas de motores de gran potencia, disponiendo de una potente logística con vehículos tipo, fincas y parcelas que utilizaban como almacenes La explotación de esta investigación culminó con la aprehensión de 1.900 kg de hachís, en julio de 2023 y posteriormente otros 396 kg más, y 98 kg de cocaína en mochilas en octubre de 2023,que iba a recoger en la embarcación y que el portacontenedores «Olivia I» había arrojado al mar. En este procedimiento hay 26 investigados, de los cuales 7 de ellos se encuentran en prisión provisional.
– Sumario núm. 22/2024, Juzgado Central de Instrucción núm. 2, con 19 personas investigadas respecto a las que se ha presentado acusación por formar parte de un entramado internacional de narcotráfico dedicado a la distribución de sustancia estupefaciente en España, para lo que montaron un laboratorio clandestino de extracción y elaboración de cocaína ubicado en Galicia, viajando la sustancia estupefaciente (pasta de coca) oculta en el interior de los cilindros de una máquina de triturar piedra, prensada de tal manera que hacía indetectable su presencia. La estructura criminal adquirió una gran cantidad de precursores químicos, alrededor de las 15 toneladas (quince mil litros/kilogramos) que almacenó en un chalet de Colmenar Viejo (Madrid) para su posterior transporte y almacenamiento en una nave en Mourente (Pontevedra), instalándose el laboratorio en la localidad de Cotobade (Pontevedra) y siendo incautado 51 kilos de clorhidrato de cocaína lista para su distribución, además de unos 100 kilos de cocaína base, así como cocaína en proceso de elaboración y aproximadamente 20.000 litros de precursores y sustancias químicas, así como máquinas y herramientas para la obtención de clorhidrato de cocaína a partir de cocaína base, siendo considerado el laboratorio más grande de Europa desmantelado hasta el momento, con capacidad para producir 200 kg de cocaína al día. Así mismo, en la nave de Mourente, se incautaron 1.100 kilos de cocaína base (350 kilos dentro del rodillo y 750 kilos en sacos blancos escondidos en una trampilla), que iba oculta en los dos cilindros que componían la máquina industrial de triturar piedra que había sido importada por el entramado criminal a través del puerto de Leixoes en Oporto (Portugal). En total fueron incautados 1.344.251,63 g de cocaína que reducida a pureza arrojó un resultado de 732.067,81 g de cocaína. El juicio oral está señalado en mayo de 2025.
– Diligencias previas núm. 2/2021, Juzgado Central de Instrucción núm. 1 (caso Pampa). Se investiga una organización transnacional dedicada al tráfico de drogas y el blanqueo de capitales procedente del narcotráfico. La explotación operativa de esta investigación se realizó en febrero de 2024 con el auxilio del Grupo 25 de la Brigada Central Investigación de Blanqueo de Capitales, el Grupo 1 de GRECO Costa del Sol de la UDYCO y el Área Regional de Vigilancia Aduanera de Madrid. La explotación se produjo de manera simultánea a la realizada en Ecuador, en orden a coordinar las investigaciones paralelas en los dos países. La conexión con Ecuador se estableció desde el primer momento y, en este marco, se articuló una continua actividad de intercambio de información a través de la RFAI. Ecuador abrió diversos procedimientos de delincuencia organizada, de lavado y de extinción del dominio, delimitando debidamente la investigación y evitando cualquier infracción del ne bis in idem.
Hito muy importante se produjo con la cesión de información de los dispositivos encriptados obtenida en Francia, en el marco de SKY-ECC, que permitió, con la autorización expresa de Francia, que dichos datos fueran transmitidos formalmente a las autoridades judiciales de Ecuador desde España, siendo esta información hoy la columna vertebral de las diversas sentencias condenatorias que se han producido ya en la República del Ecuador.
– Diligencias previas núm. 80/2024, Juzgado Central de Instrucción núm. 3. El procedimiento deriva de la información remitida por Países Bajos a través de una OEI tras las que se abrieron diligencias de Investigación en la Fiscalía Antidroga en la que se emitió una OEI a Países Bajos para solicitar datos asociados a las cuentas de EXCLU. Estas diligencias de investigación fueron judicializadas y se está investigando a una organización criminal dedicada al tráfico de sustancia estupefaciente, fundamentalmente cocaína, desde Sudamérica, en la que sus miembros se comunican a través del sistema de encriptación EXCLU.
– Sumario núm. 2/2025, Juzgado Central de Instrucción núm. 3. Se investiga un delito contra la salud pública en cantidad de notoria importancia, cometido a través de organización criminal. Hay 6 procesados y se intervinieron 589 kilogramos de cocaína en 20 fardos a bordo del barco pesquero «Aguaia Dourada», con pabellón de Brasil, el día 23 de septiembre de 2024.
– Sumario núm. 5/2024, Juzgado Central de Instrucción núm. 4. Incoadas a partir de querella de la Fiscalía Especial Antidroga por delitos cometidos en aguas internacionales, especial mención merece la aprehensión a bordo del buque mercante RAS de más de tres toneladas de cocaína. Se encuentran procesados en esta causa diez imputados que se encuentran en prisión provisional.
– Sumario núm. 7/2024, Juzgado Central de Instrucción núm. 4. Causa que se inicia tras el abordaje de un pesquero que transportaba cocaína donde se incautaron 3.551.110 gramos de cocaína y se detuvo a 15 personas.
Entre los juicios orales celebrados este año destacan los siguientes:
Por la complejidad y duración de este juicio oral mencionar procedimiento núm. 3/2021 seguido en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la AN, dimanante del Sumario núm. 5/2020 del Juzgado Central de Instrucción núm. 3, y que se celebró por dos fiscales durante un total de 32 sesiones, que dieron comienzo el día 18 de noviembre de 2024 y finalizaron el día 21 de marzo de 2025.
Se enjuició a 48 personas físicas y 5 personas jurídicas, en total 53 procesados, con intervención de 50 abogados, por múltiples y graves delitos contra la salud pública relativo a sustancias que causan grave daño cometido en el seno de una organización criminal, concurriendo la circunstancia de extrema gravedad, delitos de blanqueo procedente del narcotráfico, falsificación de documento oficial, dos delitos de homicidio en grado de tentativa, atentado, lesiones y tenencia ilícita de armas, entre otros.
También destacamos el Juicio Oral núm. 1/2023 de la Sección 3.ª, en el que se dictó sentencia condenatoria contra algunos de los acusados por delito contra la salud pública y por blanqueo para uno de ellos; sin embargo, la sentencia absolvió al que se considera máximo responsable en España del conocido como clan Contini, supuestamente perteneciente a la camorra napolitana del delito de pertenencia a organización criminal. En gran parte, las dificultades en este caso derivan de la demora en su tramitación, pues proviene de unas diligencias previas de 2013 ante la necesidad de complicados informes económico-patrimoniales y solicitudes de auxilio judicial internacional a varios países de la UE. Pero, sobre todo, resaltamos las dificultades para obtener una sentencia condenatoria por blanqueo cuando no hay una vinculación con un concreto delito antecedente por el que haya sido condenado el acusado cediendo ante una nueva interpretación que exige una conexión concreta que no exigen ni los Convenios internacionales ni la Jurisprudencia.
Destacamos también el juicio oral celebrado por Sección 4.ª, en relación con el Sumario núm. 3/2023 del Juzgado Central de Instrucción núm. 6, por el abordaje de un velero español (Bacus) por las autoridades francesas en aguas internacionales cercanas a Martinica, que se mencionaba en la Memoria de 2024 como un ejemplo de cooperación internacional en la instrucción con la tramitación urgente de OEIs y OEDEs y que nuevamente tuvo una importantísima parte de cooperación internacional en relación con las declaraciones testificales tanto de policías como de los militares de la Marina francesa, que se realizó coordinadamente a través de videoconferencia, y que condujo a la condena de los tres tripulantes.
Entre las sentencias relevantes en la Audiencia Nacional reseñamos en este apartado brevemente aquellas que abordan la cuestión relativa a la validez de las pruebas procedentes de las plataformas encriptadas, EncroChat y SKY-ECC, aunque se analizaran junto a otras en un apartado específico.
La primera es la Sentencia de la Sección Segunda de 9 de mayo de 2024, relevante en tanto se aborda por primera vez por la Audiencia Nacional la validez de la prueba procedente de EncroChat y que sigue en la línea de la primera sentencia que en el ámbito nacional se pronuncia sobre la prueba procedente de la intervención de EncroChat, Sentencia de la Sección 7.ª (Algeciras) de la Audiencia Provincial de Cádiz, de 18 de enero de 2024, que será posteriormente analizada. La sentencia de la Audiencia Nacional incorpora ya la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 30 de abril de 2024, asunto C−670/22, dando respuesta positiva a la validez de la obtención de pruebas en un país y su incorporación, mediante OEI, a un procedimiento penal en otro, análisis de los artículos 1, apartado 1, artículo 2 letra c), artículo 6 apartado 1, artículo 31 y artículo 14 apartado 7 de la Directiva 2014/41/UE.
El juicio se celebró en enero de 2024 en relación con una organización criminal que adquiría ingentes cantidades de psicotrópicos (MDMA y anfetamina en sus distintas variantes, hachís, marihuana, GBH, GLB y LSD) en Países Bajos y que eran posteriormente trasladadas a un laboratorio en Barcelona, en el que era manipulada, almacenada y distribuida a otras viviendas para su posterior redistribución.
Las defensas pidieron en primer lugar el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJUE que debía ser acumulada a la ya existente C−670/22, cuestión descartada pues, a la fecha de la sentencia, ya constaba el informe de la Abogada General de 26 de octubre de 2023 ante el citado Tribunal validando la obtención de pruebas preexistentes recabadas mediante una OEI emitida por el fiscal en otro país, precisando que la admisibilidad de las pruebas se rige por el derecho nacional que, no obstante, debe respetar las exigencias de los derechos de defensa de los artículos 47 y 48 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, doctrina esta que ya fue consagrada previamente, aunque en resoluciones interlocutorias, por la Audiencia Nacional.
La sentencia fue confirmada por Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional en fecha 11 de diciembre de 2024 validando los extremos de la sentencia anterior, confirmando no solo los hechos delictivos cometidos sino también la validez de la obtención de pruebas en otro país y la incorporación de estas al procedimiento penal español mediante OEI emitida por el Ministerio Público. Ha sido recurrida en casación y está pendiente de resolución por el Tribunal Supremo.
En el mismo orden de cosas, ya que en este caso la prueba impugnada procedía de la intervención de otra plataforma encriptada, SKY-ECC, citamos la Sentencia de 10 de junio de 2024, de la Sección Tercera, derivada del Sumario núm. 6/2021, donde se juzgaba a una organización criminal dedicada al tráfico de sustancias estupefacientes a través de contenedores procedentes de Sudamérica, formada fundamentalmente por ciudadanos serbios y españoles asentados en la provincia de Barcelona. Igualmente, para poder obtener financiación, esta organización se dedicaba también al cultivo ilícito de marihuana. El líder de la organización, de nacionalidad serbia, se servía para sus comunicaciones del sistema de comunicación encriptado SKY-ECC. La sentencia condenatoria de la Sección Tercera de la AN analiza detalladamente la validez de los datos derivados de la intervención de las comunicaciones del sistema encriptado SKY-ECC en Francia, del traslado de los datos a través de OEI y de la fiabilidad de los datos aportados tras el desencriptado. La sentencia no aprecia vulneración de derechos fundamentales y desestima la petición de nulidad de la prueba. La sentencia ha sido posteriormente confirmada por la Sala de Apelaciones en sentencia de 7 de enero de 2025.