CAPÍTULO III. FISCALES COORDINADORES/AS Y DELEGADOS/AS PARA MATERIAS ESPECÍFICAS - 8. CRIMINALIDAD INFORMÁTICA

8.4 Relaciones con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, otras instituciones y organismos públicos y privados

En el año memorial las relaciones del área de especialización con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que, como venimos indicando en años anteriores, son constantes y fluidas, se han incrementado por la concurrencia de diversos factores. El primero y principal, la evolución al alza de la ciberdelincuencia, que demanda de una colaboración cada vez más estrecha con las unidades de investigación criminal especializada. Por otra parte, y como consecuencia de la Presidencia española de la UE en el 2.º semestre de 2023, se ha promovido la constitución de grupos de trabajo y la celebración de actividades formativas para analizar conjuntamente con operadores jurídicos e investigadores de otros Estados Miembro cuestiones de especial calado, tales como la afectación de las amenazas híbridas en la seguridad de redes o sistemas; el fraude informático transnacional; el preocupante incremento de las agresiones sexuales online a menores de edad o el impacto de los nuevos instrumentos legales publicados en el Consejo de Europa y la UE a los que nos referíamos al inicio de esta Memoria.

La percepción de la ciberdelincuencia como un fenómeno que solo puede ser afrontado desde el esfuerzo conjunto, aunando conocimientos técnicos y jurídicos, explica esta intensa colaboración interinstitucional de la que son fiel reflejo las reuniones que se celebran periódicamente con unidades policiales especializadas –tanto a nivel central como territorial– para tratar asuntos concretos de especial trascendencia y complejidad, intercambiar información o conocimientos o trasladar por nuestra parte los criterios de actuación que se van definiendo por el Ministerio Fiscal relativos a la lucha contra la ciberdelincuencia.

Estas fluidas relaciones, plenamente consolidadas con los cuerpos policiales nacionales, alcanzan también a las policías autonómicas. Así, en 2023 se han celebrado sendas reuniones presenciales de quienes integramos la Unidad especializada con la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra que han supuesto, el reforzamiento de los excelentes lazos de comunicación ya existentes tanto con la Fiscal delegada autonómica del País Vasco como con las delegadas provinciales, así como con los/las delegados/as provinciales de Cataluña, y también, una positiva contribución para impulsar su coordinación interna con los cuerpos policiales nacionales en aquellas investigaciones que presentan elementos de interés común.

Este esfuerzo conjunto también se concreta en la cooperación y común participación en la organización o en el desarrollo de múltiples actividades docentes, en buena medida orientadas a favorecer y potenciar dichos contactos y también la puesta en común de experiencias o puntos de vista. Tal es el caso, en el ámbito nacional, de nuestras Jornadas de Especialistas o del módulo para fiscales del Summer Boot Camp, en ambas actividades participaron un número significativo de funcionarios del CPN y Guardia Civil, al igual que, como Fiscales, hemos asistido y colaborado en múltiples actividades organizadas por unos y otros cuerpos policiales, tales como el Congreso Internacional contra el fraude online y la explotación sexual infantil celebrado en Málaga por el CNP o las programadas anualmente por el Centro Universitario de la Guardia Civil, ya existentes tanto con la Fiscal delegada autonómica del País Vasco como con las delegadas provinciales de esa Comunidad así como con los/las delegados/as provinciales de Cataluña. Similar planteamiento se mantiene en los distintos territorios en las actividades docentes planificadas para marcos geográficos limitados.

En lo que se refiere a los aspectos de carácter formativo o docente, también hemos de dejar constancia de la colaboración de esta área de especialización en diversas actividades celebradas durante el año 2023 en el marco de los programas de formación continua del CGPJ.

Asimismo el pasado año y como complemento de nuestra función como Punto de Contacto Nacional para la aplicación del Protocolo para Combatir el Discurso de Odio Ilegal en Línea, nos hemos implicado activamente en el buen funcionamiento de dicho Protocolo para lo cual hemos participado activamente en los programas formativos que, en desarrollo del Acuerdo interinstitucional para colaborar en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia, se han dirigido a las ONG acreditadas como comunicantes fiables de Google; YouTube; Facebook; Instagram y Tik Tok. Además, el compromiso del Ministerio Fiscal con dicho Acuerdo interinstitucional, ha determinado también nuestra asistencia y participación, junto con el Fiscal de Sala Coordinador contra los Delitos de Odio y Discriminación, en las reuniones de su Comisión de Seguimiento y en el grupo de trabajo sobre Discurso de Odio, así como en todas las iniciativas presenciales u online –grupos de trabajo, reuniones o actividades docentes– sobre esta materia a las que fuimos convocados. Entre ellas, por su interés, ha de mencionarse la 11.ª reunión del Grupo de Alto Nivel de Delitos de Odio y Discurso de Odio, celebrada en Madrid durante la presidencia española de la UE.

Por otra parte, en el año memorial se han mantenido los contactos habituales con representantes de instituciones públicas y privadas con responsabilidad en este ámbito, ya sea para el análisis de cuestiones de interés común, ya para el intercambio de conocimientos y experiencias ya para la planificación de líneas comunes de actuación o actividades docentes. Mención especial merecen las relaciones establecidas con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), que nuevamente acogió en su sede la celebración de las Jornadas de Especialistas siendo además una de las partes implicadas en el Convenio suscrito entre la FGE y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial para mejorar los procesos de detección, persecución penal y retirada de contenidos sobre abuso sexual contra personas menores edad en la red.

No menos importante ha sido la intervención de dos representantes de la Unidad –la Fiscal de Sala y una de las adscritas– en dos de los grupos de trabajo constituidos en el Foro Nacional de Ciberseguridad con el objetivo de «impulsar la ciberseguridad de ciudadanos y empresas» en desarrollo de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019.

Hay que destacar las frecuentes las reuniones, encuentros, y actividades formativas con distintos Departamentos Ministeriales como los de Justicia o Interior y Asuntos Exteriores; con el Departamento de Seguridad Nacional; el Mando Conjunto del Ciberespacio; la Comisión Nacional del Mercado de Valores o el Banco de España; entre los que destacamos por su peculiaridad la participación por integrantes de la Red de Fiscales especialistas en ciberejercicios consistentes en simulacros de supuestos de «guerra híbrida»; organizados por el Mando Conjunto del Ciberespacio, en los que se valoraron las posibles respuestas jurídicas desde el Estado de Derecho a determinadas agresiones informáticas enmarcadas en conflictos bélicos internacionales.

Muy especialmente, ha de hacerse referencia al marco de relación establecido con la AEPD, que determina el intercambio constante de información de interés común entre ambas instituciones, particularmente las relacionadas con quejas de ciudadanos por hechos relativos a la protección de sus datos que presentan indicios de delito. También, y en referencia a este mismo organismo, ha de reseñarse la participación de representantes de la Unidad en el grupo de trabajo sobre «Menores, Salud Digital y Privacidad», así como la asistencia a diversos eventos relacionados con la propuesta de Pacto de Estado para la protección de los menores de edad en Internet y las redes sociales.

En el ámbito privado seguimos manteniendo un nivel adecuado de encuentro y colaboración con entidades bancarias, operadores de comunicaciones, plataformas proveedoras de servicios, entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, colegios de abogados y centros universitarios, de entre los que merece mención expresa la Politécnica de Alcalá de Henares cuyo apoyo en la organización interna de actividades formativas de especialización sobre investigación tecnológica es especialmente valiosa.

En el ámbito internacional la Fiscal de Sala, como representante española designada por el Ministerio de Justicia, ha seguido asistiendo a las reuniones semestrales del Plenario de la Convención de Budapest (T-CY), actuación que, en el año memorial se ha complementado con una implicación muy directa en el Programa de actividades organizado con motivo del 20.º aniversario de su Primer Protocolo Adicional sobre racismo y xenofobia, lo que nos ha dado ocasión de trasladar la excelente experiencia española, tanto a nivel legislativo como operativo, frente a la difusión online del discurso del odio. Lo expuesto de ha realizado tanto mediante webinarios como con la asistencia presencial de la Fiscal de Sala a Estrasburgo para impartir presencialmente una conferencia sobre las buenas prácticas nacionales en materia de implantación del citado Primer Protocolo Adicional.

También ha de reseñarse la participación online de la Fiscal adscrita, punto de Contacto en la Red Judicial Europea contra el Cibercrimen (EJCN), en las dos reuniones plenarias celebradas en el año y la asistencia de la Fiscal de Sala y uno de los puntos de contacto nacionales de CiberRed, (Red de Fiscales especializados en cibercrimen en la Comunidad Iberoamericana) a la reunión celebrada en Brasilia del 23 al 25 de mayo, así como a la posterior Conferencia Internacional sobre el Segundo Protocolo Adicional a la Convención de Budapest.

Por otra parte, y en lo relativo a la protección en la red de los derechos de propiedad intelectual, hemos de dejar constancia de la intervención de varios integrantes del área de especialización en diversos webinarios internacionales sobre esta materia, exponiendo algunas investigaciones de especial complejidad por delitos contra la propiedad intelectual cometidos en plataformas IPTV y también así como de la asistencia de uno de los puntos de contacto nacionales de la Red Europea de Fiscales Especialistas en Propiedad Intelectual (EIPPIN) a la reunión presencial celebrada en Alicante.

Nuestra actuación a nivel internacional se completa con la participación, generalmente presencial, de distintos integrantes de la red en las habituales reuniones convocadas por Eurojust, tanto de coordinación como de carácter estratégico, como la celebrada en el mes de marzo en torno a la investigación sobre el mercado de ventas en la dark web conocido como Génesis Market. Lo anteriormente expuesto se complementa con la asistencia por parte de las distintas integrantes de la Unidad, ya sea presencialmente u online a las reuniones de INTERPOL relativas a Cybercrime y e-evidence; a las reuniones de EUROPOL del Foro sobre la prevención de la ciberdelincuencia, así como en las «Jornadas acerca de situación actual de la red 24/7 de la Directiva 2013/40/UE relativa a los ataques contra los sistemas de información», organizadas en el marco de la Presidencia española de la Unión Europea.

Por último, mencionar la colaboración de fiscales especialistas en programas y/o proyectos impulsados desde distintas instancias internacionales. En este marco se encuadra la participación de la Fiscal de Sala en el Programa de Fortalecimiento en Ciberseguridad e Investigación del Cibercrimen organizado por el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina o la de otros fiscales especialistas en actividades diversas como el seminario sobre desinformación, fake news, redes sociales y elecciones en América Latina organizado por AECID y el Centro de Formación de Cartagena de Indias o en otras misiones internacionales promovidas por la Unión Europea y la FIIAPP con el objetivos de apoyar a la Fiscalía y fuerzas y cuerpos de seguridad albanesas en la lucha contra el crimen organizado online a través de investigaciones financieras (proyecto EU4FOCAL), o EL PAcCTO o el Consejo de Europa, con la finalidad de capacitar y especializar tanto a sus procuradurías como a las fuerzas policiales de los países hermanos de Iberoamérica en aspecto relativos a la lucha contra el cibercrimen o la investigación tecnológica.