8.3 Estructura y funcionamiento del área de especialización
El área de especialización en criminalidad informática, constituida por RD 1735/2010 de 23 de diciembre al amparo de lo dispuesto en el art. 20.3 EOMF, siguiendo el esquema establecido en la Instrucción 2/2011 de 11 de octubre (actualizada en 2021) sobre el Fiscal de Sala de Criminalidad Informática y las Secciones de Criminalidad informática de las Fiscalías, se organiza en torno a la figura de la Fiscal de Sala Coordinadora que, desde la Unidad Especializada, desempeña las funciones de coordinación y supervisión de la actividad del Ministerio Fiscal español en esta materia. Para el desarrollo de sus funciones cuenta con el apoyo de dos fiscales adscritas a las que en octubre de 2023 se ha unido una fiscal de refuerzo en destacamento temporal. A nivel central, dicha estructura se completa con un fiscal de enlace en la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La actuación del Ministerio Fiscal en esta materia se articula a partir de la valiosísima actividad desarrollada por la Red de Fiscales especialistas que, estructurada conforme al modelo establecido en la Instrucción 1/2015, se conforma en la actualidad por un total de 168 fiscales. En su configuración territorial, dicha área de especialización cuenta con una sección en cada una de las Fiscalías Provinciales, dirigida y coordinada por un/a fiscal delegado/a e integradas además por 30 fiscales de enlace en las Fiscalías de Área y 82 fiscales colaboradores/as. Este organigrama se completa con la designación de una Fiscal delegada para la comunidad autónoma del País Vasco cuya labor de coordinación, intercambio de conocimientos e impulso de la unidad de actuación en ese territorio ha resultado muy positiva y debiera servir de ejemplo para otras CC.AA. en línea con las conclusiones de las Jornadas de especialistas de 2021.
Es un hecho comprobado que el correcto funcionamiento de esta especialidad descansa en la concepción de esta estructura como un gran equipo, cuya buena marcha solo es posible por la unión de esfuerzos que deriva de la labor conjunta y coordinada de todos sus miembros, cada uno de los cuales juega dentro de la red un papel trascendente y de idéntico valor. Así, al igual que en años anteriores, en 2023 se ha constatado, una vez más, la disponibilidad de los especialistas, siempre listos a implicarse activamente cuando son requeridos para ello, sin problematizar la creciente complejidad –tanto en lo relativo a los delitos objeto de investigación como al número de investigados y/o de víctimas– de los asuntos que les son encomendados. También ha de destacarse la generosidad que caracteriza el trabajo de quienes integran la red, no solo a efectos de compartir con los demás las experiencias obtenidas en el ejercicio de su labor, sino también para colaborar en las investigaciones –no infrecuentes– que tienen repercusión en distintas demarcaciones provinciales.
Con carácter general, las Jornadas de especialistas que reúnen anualmente a todos los fiscales, constituyen el foro más idóneo para fomentar el intercambio de experiencias y debatir sobre los temas más controvertidos y necesitados de fijación de criterios en las materias propias de la especialidad. En 2023, estas Jornadas se desarrollaron nuevamente en León, en la sede del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), los días 13 a 15 de noviembre, gracias al generoso apoyo personal y material prestado por dicho Instituto que con la cesión de sus instalaciones y de sus expertos, contribuyó decisivamente al éxito del encuentro en el que se alcanzaron los objetivos pretendidos que quedaron plasmados en las conclusiones posteriormente validadas por el Fiscal General del Estado.
La actividad desarrollada en el año memorial por el área de especialización es fruto de la labor conjunta de la Unidad de Criminalidad Informática de la FGE y de las secciones especializadas provinciales que resumimos a continuación.
8.3.1 Actividad de unidad de criminalidad informática de la FGE
En la Unidad Especializada se incoaron el pasado año 2023 un total de 685 expedientes que, al igual que en anteriores ejercicios, se clasifican en atención a su contenido como expedientes ordinarios; de seguimiento; de coordinación; de resolución de consultas informales; de comunicación de incidentes de seguridad de la OCC, de ejecución del Protocolo para retirada del discurso de odio, de cumplimentación de solicitudes internacionales, expedientes jurídicos técnicos, diligencias informativas y diligencias de investigación.
A esas categorías se han añadido desde octubre de 2023 los denominados expedientes INCIBE-CERT, con motivo de la efectiva puesta en marcha del Convenio Marco de Colaboración, firmado en diciembre de 2022 entre la FGE y el citado Instituto, para mejorar los procesos de detección, persecución penal y retirada de contenidos sobre abuso sexual contra personas menores edad en la red. Con dichos expedientes se pretende garantizar una adecuada respuesta a las notificaciones que, sobre posibles contenidos de abuso sexual de menores (CSAM), recibe el INCIBE en la línea de reporte que tiene habilitada como miembro del servicio hotline internacional, INHOPE, a efectos de la retirada y denuncia de contenidos de esa naturaleza. A dicho fin, desde el citado organismo se trasladan a esta Unidad aquellos reportes que por sus características pueda considerarse que han sido difundidos o accedidos desde o en España, dando lugar a la apertura en la Unidad de las correspondientes actuaciones para el ejercicio de las funciones que nos corresponden en la investigación y persecución penal de dichas conductas. En los tres últimos meses de 2023, estas comunicaciones determinaron la incoación de 24 expedientes de este tipo.
En lo relativo a los expedientes ordinarios, se han registrado en la Unidad un total de 241, que tienen su origen en las comunicaciones, denuncias u otros escritos de ciudadanos/as particulares o de organismos y entidades públicas o privadas sobre hechos competencia de esta especialidad presentados directamente –mediante comparecencia presencial o remisión al correo corporativo habilitado al efecto– o derivados desde la Unidad de Apoyo o la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. De entre ellos han de mencionarse los 42 expedientes incoados con motivo de las comunicaciones que la AEPD traslada al Fiscal Delegado de Protección de Datos a efectos de valorar la posible trascendencia penal de determinadas reclamaciones presentadas ante ese organismo por ciudadanos/as particulares.
También son de obligada referencia los 22 expedientes incoados por sospechas de suplantación de identidad en la red, que desde hace años vienen siendo objeto de una atención especial por parte de esta Unidad con el objetivo de evitar, o al menos paliar, los efectos adversos que causan estas conductas en las personas cuya identidad ha sido suplantada. La apertura de estos expedientes en unos casos trae causa de reclamaciones de las víctimas dirigidas directamente a nuestra Unidad o a las secciones territoriales. Otras veces, la información nos llega a través de comunicaciones del Defensor del Pueblo o, incluso, son los propios fiscales especialistas quienes detectan estas situaciones con ocasión de las investigaciones en que intervienen, dando cuenta de ello a la Unidad especializada. Por nuestra parte, y en tanto no se articulen soluciones más adecuadas, procedemos a comunicar estos supuestos a todos los integrantes de la red a fin de que recaben información en su ámbito territorial respectivo sobre aquellos asuntos que pudieran estar relacionados con la identidad usurpada y, en su caso, adopten las medidas oportunas para evitar que los afectados se vean sometidos indebidamente a investigación criminal y, al tiempo, reclamamos de los cuerpos policiales la información existente sobre posibles denuncias contra la persona presuntamente suplantada que, en su caso, será traslada posteriormente al fiscal especialista que corresponda a los efectos oportunos.
Por otra parte, en 2023 se registraron un total de 223 expedientes de seguimiento de los que 183 tuvieron por objeto la supervisión de escritos de acusación o sobreseimiento de aquellos asuntos, relacionados en la versión actualizada de la Instrucción 2/2011 de la FGE, que se encuentran sujetos a dicho trámite en atención a las funciones encomendadas a los Fiscales de Sala Coordinadores, en la Instrucción 1/2015, para garantizar el principio de unidad de actuación y la adecuada calidad técnico jurídica de dichos documentos. Esta labor no se limita a la supervisión de los escritos que han de ser remitidos al/la Fiscal de Sala en cumplimiento de las citadas Instrucciones, sino que alcanza también, en reiteradas ocasiones, a cualesquiera otros asuntos que por su especial interés o relevancia son trasladados a tal fin a esta Unidad, ya sea a nuestro requerimiento o a iniciativa del/la fiscal especialista, cuando así se ha estimado oportuno en atención a las especiales características de la conducta investigada, el elevado número de víctimas afectadas, los problemas detectados en la calificación jurídica del hecho o la especial complejidad técnica de su investigación. La concurrencia de circunstancias de esta naturaleza, bastante común en las materias propias de esta especialidad, no solo exige de un especial esfuerzo del/la fiscal encargado/a de su tramitación, sino que también requiere de una seria y profunda labor de estudio y análisis por parte de la Unidad, particularmente en los supuestos no infrecuentes de agresiones sexuales a menores en los que se han visto afectados un importante número de víctimas con actos encuadrables en una pluralidad de tipos penales y que, en muchos casos, se prolongan durante extensos periodos temporales haciendo ineludible la valoración acera de la aplicabilidad transitoria de preceptos que han sido objeto de sucesivas modificaciones legislativas.
Entre los expedientes de seguimiento también han de incluirse los 40 que fueron abiertos para el control de investigaciones en asuntos de especial trascendencia de los que se tuvo conocimiento por comunicación de las unidades policiales especializadas o de los especialistas intervinientes en su tramitación. En relación con ello, ha de resaltarse la importante labor que realizan las Oficinas de enlace con Policía Nacional y Guardia Civil, apoyando el trabajo de la Unidad, facilitándonos el traslado de información desde sus respectivos cuerpos, así como la celebración de las habituales reuniones destinadas a dar cuenta del curso de las investigaciones y a recabar asesoramiento en relación con las cuestiones técnico-jurídicas que se vayan suscitado.
En el año memorial se incoaron y resolvieron en la Unidad especializada 146 diligencias de investigación, todas ellas, como se ha mencionado supra, a efectos exclusivamente de la determinación de la fiscalía territorialmente competente para la prosecución de la investigación y para cuya ejecución resulta también esencial el trabajo de investigación en fuentes abiertas que realizan las Oficinas de Enlace adscritas a dicha Unidad. Muy relacionados con esta última área de actuación han de mencionarse también los 3 expedientes incoados para la ejecución de resoluciones judiciales de retirada de la red de contenidos ilícitos de odio en el ejercicio de la función que como punto de contacto nacional nos asigna el Protocolo para combatir el Discurso de Odio Ilegal.
Por su parte, las notificaciones sobre incidentes de seguridad remitidos a la Unidad Especializada por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC), en cumplimiento del art. 14.3 del RD 12/2018 sobre seguridad en redes y sistemas de información, dieron lugar a la apertura de 19 expedientes para el control de la investigación en curso por parte del cuerpo policial correspondiente, valoración jurídica de los hechos y, en su caso, seguimiento de las diligencias judiciales a que hubieran dado lugar.
Por último, han de mencionarse los 12 expedientes abiertos para resolución de consultas informales dirigidas por los especialistas a la Unidad Central, los 5 expedientes de coordinación para acumulación de asuntos con derivaciones en múltiples demarcaciones territoriales y los 8 expedientes relacionados con solicitudes de colaboración internacional.
A la labor de tramitación de los expedientes anteriormente relacionados se une la intensa actividad desarrollada por la Unidad Central en 2023 con su participación en los encuentros y reuniones nacionales e internacionales y la colaboración para la formación de fiscales a la que se hace referencia en el apartado correspondiente a las relaciones Interinstitucionales.
8.3.2 Actividad de las secciones territoriales
Con carácter general cabe afirmar que 2023 se caracterizó principalmente por la estabilidad en la composición de las secciones territoriales. Ello sin perjuicio de las inevitables variaciones por circunstancias diversas tales como la jubilación de alguno sus integrantes, como es el caso de la delegada de la Fiscalía de Alicante, a la que desde aquí agradecemos su trabajo en esta área, cambios de destino o reorganización interna de los órganos territoriales correspondientes. A estas circunstancias obedecen la designación de las Fiscales delegadas de Lleida, de Zaragoza, de Málaga, de Navarra, de León, y de Valladolid. Al respecto ha de agradecerse la extraordinaria labor realizada por los fiscales que ocuparon la delegación en dichas provincias hasta la fecha de las nuevas incorporaciones, muchos de los cuales desde sus nuevos destinos continúan colaborando para la buena marcha de la especialidad.
Según se desprende de las Memorias territoriales, los cambios efectuados por parte de las respectivas jefaturas territoriales en el año 2023 en la organización y funcionamiento de las secciones especializadas han significado, en la mayoría de los casos, un refuerzo de dichas secciones mediante la incorporación de nuevos fiscales en razón al incremento en el número y complejidad de los asuntos competencia de la especialidad. Así ocurre, entre otros casos, con la ampliación en un fiscal en las secciones especializadas de Las Palmas, Guipúzcoa, y Tenerife, y de dos fiscales en las de Navarra y Granada.
En lo que se refiere a la estructura interna de las secciones territoriales ha de indicarse que, con alguna excepción, como Madrid, Las Palmas, Valencia o Barcelona, los/las fiscales de la red no ejercen su labor especializada en régimen de exclusividad, sino que compatibilizan dicha función con el despacho de asuntos de distinta naturaleza que les son asignados por reparto. Incluso en las provincias anteriormente mencionadas, tampoco el régimen de exclusividad es absoluto pues en alguno de los supuestos, el ámbito de actuación se extiende a asuntos correspondientes a otras áreas de especialización igualmente asumidas por la sección, como es el caso de la sección madrileña en lo que se refriere a delitos de odio y contra la discriminación. En cualquier caso, es evidente que año a año va aumentando el número de fiscales especialistas que, por delegación del Fiscal Jefe, tienen atribuido el visado o previsado de los escritos de calificación, tal fue el caso en 2023 del Fiscal delegado de Tenerife que ha visto ampliadas en ese sentido sus competencias lo que indudablemente contribuye a mejorar el control y seguimiento de las causas y a garantizar la unidad de actuación en esta materia.
A efectos organizativos y de interrelación con los restantes integrantes de la plantilla, la emisión de notas de servicio se percibe como el medio más adecuado para informar y recordar los criterios que rigen el funcionamiento de la especialidad en materias tales como supervisión y registro de causas, actualización jurisprudencial, comunicación de las conclusiones de las Jornadas...etc. Con carácter general, los delegados refieren una relación fluida, constante y directa con otras áreas de especialización, principalmente con las secciones de violencia de género, menores, odio y discriminación y cooperación internacional.
Otro año más insisten los delegados en las dificultades para llevar a cabo un control adecuado y fiable de los procedimientos del área de especialización, asunto al que ya se ha hecho referencia en otra parte de este texto.