7.2 Novedades normativas y cuestiones de interés
7.2.1 Novedades legislativas en el ámbito de la UE y a nivel nacional
La gran novedad en el marco de la UE ha sido la publicación del paquete normativo de prueba electrónica (Reglamento (UE) 2023/1543 y Directiva 2023/1544) en el DOUE de julio de 2023. El principal objetivo de la nueva legislación es disponer de un mecanismo alternativo –más rápido y eficaz– a los actuales instrumentos de cooperación internacional y asistencia judicial para abordar específicamente los problemas derivados de la naturaleza volátil de las pruebas electrónicas y el aspecto de «pérdida de localización» de los datos almacenados. El nuevo Reglamento, de aplicación directa a partir del 16 de agosto de 2026, permitirá a una autoridad de un Estado miembro solicitar directamente de un prestador de servicios establecido o representado en otro Estado miembro, que presente o conserve los datos electrónicos necesarios para la investigación y el enjuiciamiento de delitos, independientemente de la ubicación de estos datos. Para ello se introducen dos nuevos certificados: la orden europea de producción (EPOC) y la orden europea de conservación (EPOC-PR). Esta última, dirigida a preservar y asegurar la ejecución posterior de una orden de presentación de datos. En paralelo, la Directiva, a transponerse antes del 16 de febrero de 2026, obligará a los prestadores de servicios, con sede o que operen en la UE, a designar un establecimiento o un representante legal en, al menos, un Estado miembro de la UE, como punto de contacto encargado de recibir y ejecutar las órdenes emitidas por las autoridades competentes de todo el territorio de la UE.
Asimismo, el documento estratégico de la Comisión, de 2 de diciembre de 2020, sobre La digitalización de la justicia en la UE. Un abanico de oportunidades, recogía un conjunto de propuestas normativas destinadas a impulsar la transformación digital, que cristalizaron en la publicación de diferentes actos normativos:
– Reglamento (UE) 2023/2131, de 4 de octubre de 2023, sobre intercambio de información digital en casos de terrorismo.
– Reglamento (UE) 2023/969, de 10 de mayo de 2023, sobre la plataforma de colaboración en apoyo equipos conjuntos de investigación (ECI).
– Reglamento (UE) 2023/2844, de 13 de diciembre de 2023, sobre la digitalización de la cooperación judicial y del acceso a la justicia en asuntos transfronterizos civiles, mercantiles y penales, y por el que se modifican determinados actos jurídicos en el ámbito de la cooperación judicial y la Directiva 2023/2843, de 13 de diciembre de 2023, por la que se modifican las Directivas 2011/99/UE, 2014/41/UE y la Directiva 2003/8/CE y las Decisiones Marco 2002/584, 2003/577, 2005/214, 2006/783, 2008/909, 2008/947, 2009/829 y 2009/948.
Estos actos normativos introducen un nuevo marco legal que proporciona seguridad jurídica en aspectos clave de la cooperación judicial transfronteriza, como el intercambio de información por medios digitales, el uso de la videoconferencia, o el efecto jurídico de las firmas y documentos electrónicos. El Reglamento prevé un calendario de implementación y transposición.
Conviene hacer mención también a la Directiva 2023/977/UE, relativa al intercambio de información entre los servicios de seguridad y de aduanas de los Estados miembros, por la que se deroga la Decisión Marco 2006/960/JAI.
A nivel nacional, haremos alusión al Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo, en vigor desde el 20 de marzo de 2024, que introduce modificaciones en la celebración de actos procesales, potenciando la celebración telemática en el nuevo art. 258 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Dicho artículo establece, como regla general, la celebración mediante presencia telemática de juicios, vistas, audiencias, comparecencias, declaraciones y actuaciones procesales, modificando la obligatoriedad de la presencia física de los acusados a los que se les solicite penas de prisión de dos a cinco años de prisión, sin perjuicio de lo previsto en los tratados internacionales en los que España sea parte, las normas de la Unión Europea y demás normativa aplicable a la cooperación con autoridades extranjeras para el desempeño de la función jurisdiccional, lo que debería permitir el uso generalizado de la videoconferencia en la cooperación judicial internacional, siempre que el acusado consienta asistido de letrado y valorando caso por caso la proporcionalidad de esta medida.
7.2.2 Participación de la Fiscalía en proyectos de cooperación internacional
Más allá de los aspectos normativos, debemos dejar constancia de la participación de la Unidad en la reunión de la VI Comisión Mixta de Cooperación Jurídica Internacional en materia penal organizada por el Ministerio de Justicia en febrero de 2023, en la que se discutieron cuestiones referidas al funcionamiento de los instrumentos de reconocimiento mutuo, cooperación con terceros países y con la Presidencia Española de la UE.
Por otro lado, en febrero de 2023 fue convocada la reunión de la comisión de seguimiento del Protocolo General de Actuación del sector justicia para la realización de acciones de cooperación, firmado en 2021 entre la AECID, el Ministerio de Justicia, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado. La colaboración de la Fiscalía con la AECID se aborda en otro apartado.
En cuanto a los principales proyectos en los que la UCIF y otros fiscales especialistas han participado en 2023, cabe destacar la colaboración con el proyecto EuroMed Justice, que es un proyecto de la UE, con el apoyo de Eurojust, dirigido a los países de la cuenca mediterránea para reforzar la cooperación judicial entre dichos países. Durante el año 2023 EuroMed Justice organizó la 16.ª Reunión Regular de CrimEX y la 1.ª reunión de la EMJNet, en Roma y Larnaca (Chipre), respectivamente, con la participación de un experto de la UCIF. Lamentablemente, el Foro de Fiscales Generales organizado en el marco de la Presidencia Española, no pudo finalmente celebrarse en Madrid a causa de la compleja situación derivada del atentado de 7 de octubre en Israel.
Igualmente relevante para la especialidad ha sido la participación de la UCIF en el Proyecto RECOVER, cofinanciado por la UE y liderado por la Universidad de Catania, en el que la FGE es socio con FIIAPP, junto con la Università Católica del Sacro Cuore (Transcrime), la Universidad Humboldt de Alemania, el Ministerio de Justicia de Italia, el Ministerio de Justicia de Polonia, la Fiscalía General de Lituania, la Fiscalía General de Países Bajos, la Oficina de Recuperación de Activos de Rumania, la Procuraduría General da República de Portugal, la Fiscalía General de Bulgaria y el Ministerio de Justicia de Francia. La participación de la FGE, que se ha coordinado a través de la UCIF, y los materiales y documentos sobre nuestro modelo de confiscación han sido elaborados por los/las fiscales integrantes de esta Unidad. En el enlace www.unict.it/en/research/projects/recover se puede obtener información detallada sobre las principales actividades desarrolladas.
En el proceso de revisión de la aplicación de la Convención de Naciones Unidas contra la delincuencia Organizada (CDOT) en nuestro país, el Fiscal de Sala participó como experto bajo la coordinación de la Subdirección General de Cooperación Internacional contra el Terrorismo, las Drogas y la Delincuencia Organizada del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, presentando informe en relación a los artículos 2, 5, 6 y 10 de dicho instrumento.
Finalmente, mencionar la contribución del Fiscal de Sala en la coordinación interministerial de preparación de la quinta sesión negociadora del Comité Ad Hoc de Naciones Unidas para la Elaboración de una Convención Global contra la Utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones con Fines Delictivos (Convenio modelo de Ciberdelincuencia).
7.2.3 Participación en redes de cooperación internacional
La Fiscalía española mantiene una posición proactiva en la Red Judicial Europea (RJE), cuya coordinación nacional asumió el Fiscal de Sala en 2024, participando en la actividad operativa de la Red y en sus numerosas actividades anuales. Hay que subrayar que en el mes de mayo del año 2023 la Fiscalía española, a través de la UCIF, organizó una Reunión Regional con representantes de Portugal y Andorra, donde se abordaron cuestiones de interés común en relación con la cooperación judicial penal en el ámbito de la recuperación de activos, prueba electrónica o la constitución de ECIs. En junio de 2023 el Fiscal de Sala participó en la 60.ª Reunión Plenaria de Estocolmo, cuyos talleres se dedicaron a transferencia de información de plataformas encriptadas; la aplicación del Reglamento (EU) 2018/1805 y a la transferencia de procedimientos penales. En noviembre de 2023 se celebró en Madrid, con enorme éxito la 61.ª Reunión Plenaria de la RJE dedicada a la digitalización de la cooperación en materia penal y a la cooperación con terceros países. Por último, hay que destacar que el Fiscal de Sala se integró en el Grupo de Trabajo constituido sobre el Futuro de la RJE.
En relación con la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), la UCIF lleva a cabo las funciones de Secretaría General Permanente de esta activa entidad. Ello implica ejecutar los mandatos de la Presidencia, prestar apoyo a las actividades que desarrollen los órganos de la AIAMP, seguimientos de convocatorias y otras comunicaciones, así como la continua actualización de la página web, lo que genera una notable carga de trabajo de la UCIF. En julio de 2023 se celebró la XXX Asamblea General Ordinaria en República Dominicana, con asistencia del Fiscal de Sala en representación del FGE y una Fiscal adscrita de la UCIF. En la Asamblea se aprobaron varios productos; algunos, actualización de otros trabajos previos, como la «Guía de buenas prácticas para la investigación del narcotráfico transnacional» o «Actualización de la Guía para crear un equipo conjunto de investigación (paso a paso)»; otros, novedosos, como las «Reglas mínimas sobre Justicia Penal Juvenil Restaurativa» o la «Declaración contra todas las formas de violencia y acoso en el ámbito laboral de los Ministerios Públicos de Iberoamérica», entre otros documentos presentados por sus redes y grupos de trabajo. Por último, se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU) con el Instituto Iberoamericano de Ministerios Públicos (IIMP).
En el marco de la recuperación de activos, en la anualidad de la presente memoria la UCIF participó en distintas reuniones de trabajo organizadas por la Red CARIN (Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de Camden) y la Red AMON (Anti-Money Laundering Operational Network).
Como en años anteriores, representantes de la UCIF asistieron al XXIII Encuentro de la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE) celebrado en Águilas en el mes de mayo y a la reunión del Prontuario celebrada en el mes de noviembre en San Sebastián.
7.2.4 Designación de puntos de contacto
Una de las prioridades de la FGE es la de desarrollar una verdadera política de transparencia en su funcionamiento de acuerdo con el compromiso asumido en el convenio marco de colaboración suscrito el 15 de diciembre de 2015 con la asociación Transparencia Internacional España. Asimismo, el Código Ético del Ministerio Fiscal establece en su parágrafo 38° que «las y los fiscales procurarán la mayor transparencia en el funcionamiento interno de la Fiscalía y en las actuaciones profesionales, facilitando la difusión de toda información relevante que no sea reservada», y el parágrafo 45° señala que «quienes deban informar sobre el ejercicio de la función o promoción profesional de los fiscales se ajustarán a los principios de objetividad, mérito, capacidad y transparencia». De acuerdo con este paradigma se desarrolló la primera convocatoria abierta a toda la carrera fiscal, para la renovación y actualización de los puntos de contacto de las Redes Especializadas y Grupos de Trabajo de la AIAMP, que culminó en enero de 2023, con la designación de treinta y dos puntos de contacto de la Fiscalía española. Guiados por la misma filosofía se abordó el proceso de actualización y renovación de puntos de contacto en IberRed y la RJE. En relación con esta última, se designaron nuevos puntos de contacto en las Fiscalías de Valencia y Barcelona.
7.2.5 Protección de datos personales y cooperación con terceros países
El respeto a las garantías derivadas del derecho a la protección de los datos personales en el marco de los expedientes de cooperación internacional penal merece por su relevancia un comentario aparte. Para situarnos, en 2023 se tramitaron en la Fiscalía un total de 2.417 comisiones rogatorias, de las cuales el 27% procedieron de terceros Estados. La remisión de información operativa a autoridades judiciales fuera de la UE, al amparo de lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/680, de 27 de abril de 2016, traspuesta en la LO 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, debe realizarse con observancia de los mecanismos previstos en los arts. 43 a 47 de esta ley.
El art. 22 del Reglamento del Ministerio Fiscal de 2022 regula la responsabilidad de la Fiscalía en relación con el tratamiento de datos personales realizado en el ejercicio de sus funciones. En la cooperación con terceros Estados, esta responsabilidad se traslada al Ministerio de Justicia en la medida en que, en su condición de autoridad central, se encarga de transmitir las solicitudes de auxilio fuera de la UE, tal y como se recoge en las conclusiones de las Jornadas de Fiscales Especialistas de Cooperación Internacional celebradas en el año 2021. Sin embargo, la práctica revela como la comunicación directa de los fiscales con autoridades de terceros va en aumento, por lo que debemos ser conscientes de que cualquier intercambio de información con autoridades judiciales de terceros Estados que contenga datos personales, incluso cuando se utilice un cauce informal, debe respetar los mecanismos previstos en la normativa europea.
Cabe destacar que, en el supuesto específico de los países Iberoamericanos, en 2023 se tramitaron a través del CRIS/CJI un total de 257 CRs, lo que representa el 40% de la actividad operativa con terceros Estados, incluyendo los intercambios efectuados al amparo del mencionado Acuerdo Interinstitucional de la AIAMP.
En los supuestos de comunicación directa con autoridades de terceros países, corresponde a los/as fiscales delegados/as de cooperación analizar, y documentar caso por caso, si el intercambio de información conteniendo datos personales es ajustado a los estándares europeos, poniendo a disposición de la autoridad independiente de control de datos jurisdiccionales estos informes tal y como prevén los arts. 45 y 46 LO 7/21. Por consiguiente, los/las fiscales debemos ser extremadamente cautelosos con la transferencia de información operativa que se realice de forma directa con autoridades de terceros países, sin que el uso de la plataforma segura de comunicaciones (e.g. Iber@), sea suficiente y garantice el cumplimiento de los estándares legales referidos a la protección de los datos personales intercambiados en el lugar de destino.
La función de coordinación que asume la UCIF en el ámbito de la cooperación judicial penal no puede ser ajena a las cuestiones planteadas en relación con la adecuada protección de los datos personales tratados en los expedientes de cooperación internacional con terceros países. Es por ello que, con la asistencia y apoyo del Delegado de Protección de Datos del Ministerio Fiscal, debemos explorar fórmulas que nos permitan conciliar los intereses en conflicto, siguiendo las directrices recogidas en la Instrucción 2/2019 de la FGE, sobre la protección de datos en el ámbito del Ministerio Fiscal.