6.1 Actividad de la Unidad Especializada
6.1.1 Seguimiento de expedientes tramitados por delitos de máxima o extrema gravedad (art. 10.1 y 10.2 LORPM)
El seguimiento de los procesos incoados en justicia juvenil por hechos considerados de máxima o extrema gravedad tuvo su inicio en el año 2011 por decisión del entonces Fiscal General del Estado y cobró carta de naturaleza con la Instrucción 1/2015, sobre algunas cuestiones en relación con las funciones de los Fiscales de Sala Coordinadores y Delegados, que estableció la supervisión que ha de llevar a cabo la Unidad de Menores, tanto respecto de los escritos de alegaciones como de otros escritos del Ministerio Fiscal, así como de la solución judicial a los expedientes tramitados por esta vía. De esta forma se producen hasta cuatro comunicaciones, cuya finalidad es el control de los plazos, especialmente limitados en la jurisdicción de menores, y la calidad de tales pronunciamientos, así como el seguimiento individualizado de asuntos especialmente relevantes.
Durante el año 2023 se han comunicado a esta Unidad 326 asuntos que fueron incoados como expedientes de máxima o extrema gravedad, lo que supone un incremento del 13,59% respecto al ejercicio 2022 en el que fueron incoados 287 asuntos, manteniendo la línea ascendente de los últimos años. Entre la fecha de comisión de los hechos y la primera comunicación que se realizó a la Unidad de Menores, en 55 asuntos transcurrieron más de 12 meses (16,87%); en 50 asuntos transcurrieron entre 6 y 12 meses (15,33%); en 41 asuntos, transcurrieron entre 3 y 6 meses (12,57 %) y en 180 asuntos transcurrieron entre 1 y 3 meses (55,21%). El nivel de satisfacción con el tiempo de comunicación por parte de las fiscalías territoriales sigue mejorando, ya que más de la mitad de los asuntos se notifican en los primeros tres meses, y de los que tienen un retraso superior a los seis meses, en más de un 60% se debe a que las denuncias se presentaron con notable retraso respecto a la fecha de comisión de los hechos.
6.1.2 Tramitación de asuntos y comunicaciones
Se han despachado un total de 185 oficios y comunicaciones en la Unidad, lo que supone un ligero descenso del 15,13% respecto a los 218 despachados en el ejercicio anterior. De las 185 actuaciones corresponden: 5 a cuestiones suscitadas por el Defensor del Pueblo, 66 a quejas y consultas formuladas por particulares –bien directamente a la Unidad, bien a través del portal fiscal.es–, 10 fueron cuestiones suscitadas por asociaciones y ONGs a la Unidad de Menores, 16 fueron cuestiones promovidas por diversas Instituciones, y 88 corresponden a comunicaciones con distintas fiscalías y órganos del Ministerio Fiscal.
6.1.3 Repertorios sistematizados de jurisprudencia
Se ha continuado con la elaboración de resúmenes con carácter semestral y su remisión a las secciones de menores, de repertorios sistematizados de jurisprudencia (TC, TS y Audiencias Provinciales), con arreglo a un índice de materias sustantivas y procesales previamente elaborado.
6.1.4 Jornadas de especialistas en menores
En las jornadas anuales (celebradas este año en la ciudad de Cuenca los días 26 y 27 de octubre) se adoptó un formato mixto que permitiera dar entrada a todos los delegados, incluso a quienes por diversas razones no pudieron desplazarse al lugar de su celebración. De este modo, se mantuvo el sistema de mesas redondas abiertas, valorado muy positivamente al potenciar el planteamiento de cuestiones y enriquecer el debate, permitiendo una mayor fluidez en la comunicación y puesta en común y una mayor eficacia en la resolución de los problemas que se plantearon.
Comenzaron, tras la inauguración por el Excmo. Sr. Fiscal General del Estado, con una mesa redonda sobre reforma de menores, en la cual se trataron múltiples temas que, en síntesis, hacen referencia a la problemática generada por el quebrantamiento de las medidas de libertad vigilada en sus diversas modalidades y sus consecuencias, manteniéndose un activo debate sobre las soluciones a adoptar. Asimismo, se deliberó sobre la posible adopción de la medida de «convivencia con grupo educativo como cautelar» una vez agotada y vencida la medida cautelar de internamiento cerrado en los delitos de máxima gravedad, las soluciones y alternativas a adoptar. Y por último, se abordó la contrarreforma del art. 10 LORPM, tras la última redacción conforme al apartado 2.º de la disposición final 2.ª de la Ley Orgánica 4/2023, de 27 de abril, para la modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en los delitos contra la libertad sexual, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, la cual suscitó un intenso debate, al advertirse como inapropiada la rigidez del referido artículo al disponer de forma imperativa en todos los supuestos recogidos en los artículos 178, apartados 2 y 3, 179, 180, 181 la medida de internamiento en régimen cerrado, no siempre ajustada a la finalidad reeducativa de los menores, valorando como necesario abrir un espacio de ponderación individualizada de las circunstancias del/la menor y de la entidad del hecho.
Del mismo modo, en el ámbito propio de protección, se debatieron cuestiones relacionadas con el control judicial de la declaración de riesgo, en aras a adoptar soluciones sobre la determinación del procedimiento judicial adecuado y el órgano judicial competente para conocer del mismo, se abordó el modo de proceder con los llamados «Menores separados/acompañados» (menores extranjeros que llegan a España acompañados de un adulto que no acredita vínculos de filiación o parentesco) a fin concluir un modo de proceder uniforme en todas las provincias, desarrollando los criterios establecidos en los Dictámenes 2/2012 y 5/2014 de la Unidad, para garantizar el seguimiento del riesgo y su adecuada protección. Se cuestionó el modo de proceder en esta jurisdicción en los supuestos en que sea necesario adoptar una medida de guarda de hecho, atendiendo a los postulados introducidos tras la reforma operada por la Ley 8/21 de 2 de junio por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica; medidas a adoptar, en aras a deslindar las características que ha de revestir esta institución en contraposición a las que se le atribuye cuando el afectado es una persona mayor de edad con discapacidad. Por último, con motivo de la entrada en vigor de la mayoría de los artículos de la Ley 20/2011, de Registro Civil en fecha 30 de abril de 2021, se debatió sobre el carácter inscribible de la tutela administrativa del menor en situación de desamparo y el papel del MF para promover la misma.
Las conclusiones elaboradas en dichas jornadas, tras su validación por el Fiscal General del Estado fueron remitidas a las secciones de menores.
6.1.5 Unidad especializada
Durante el año 2023, la Unidad de Menores ha resultado gravemente afectada en su composición, pues las sentencias de la Sala Tercera del Tribunal Supremo 1024/2023 y 1051/2023, acordaron el cese del Fiscal de Sala de Menores, siendo efectivo el mismo desde su publicación en el BOE del 29 de noviembre de 2023, lo que lógicamente afectó personal y profesionalmente a los dos fiscales adscritos a la misma, quienes hubieron de acometer las funciones contempladas en la Instrucción de la FGE 1/2015 de 13 de julio. Dichas funciones fueron desarrolladas en solitario por la Fiscal adscrita a partir del 1 de enero del presente año, fecha en la que tuvo lugar el cese por jubilación del más veterano de los adscritos.
Es necesaria una mención a nuestro querido compañero, el Ilmo. Sr. D. Juan Pedro Rodríguez del Val por su repentino fallecimiento pocos días después de su jubilación, poniendo en valor su trabajo desarrollado durante los casi 10 años en los estuvo prestando servicios en esta Unidad.
En cuanto a las actividades institucionales desarrolladas, en el mes de enero, el día 25, recibimos en nuestra sede la visita de una Delegación de Marruecos constituida por la Unidad de Apoyo a la Presidencia del Ministerio Fiscal en Marruecos. En el mes de febrero, el día 10 asistimos a una reunión para la constitución de la Mesa Formativa BARNAHUS; el 14 giramos visita a la Fundación ANAR y mantuvimos reunión con su personal directivo y técnico; el día 23 junto con las fiscales de la Unidad de delitos Informáticos mantuvimos una reunión de trabajo en la sede de la Agencia Española de Protección de Datos con motivo del Grupo de Trabajo «Salud Digital y Privacidad»; por último, el día 28 del mismo mes realizamos una visita al Programa de Menores Inimputables de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad (DGIFyFN) con sede en Alcalá de Henares. El día 2 de marzo, junto con las Fiscales de la Unidad de Trata y Extranjería participamos en una reunión en la Oficina de Asilo y Refugio.
En abril, el día 13 recibimos la visita de representantes de la Confederación de Autismo España; el 19 recibimos en la Unidad la visita de fiscales de Andorra con quienes mantuvimos una reunión; el día 21 nos reunimos con profesionales de UNICEF; y el 25 nos reunimos con personal de la Embajada de Francia en España para intercambiar prácticas con los menores de edad. En el mes de mayo, el día 3 se participó en las Jornadas de Actualización de Especialistas Mujer Menor (en la sede del EMUME); el día 23 participamos en el curso online con la exposición de «perspectiva de género en menores»; para finalizar, el día 25 mantuvimos reunión telemática con el Equipo Tecnológico del Ministerio de Justicia sobre la aplicación nacional «expedientes de protección» operativa en todas las áreas de protección de la Sección de Menores.
En el mes de junio, participamos en la dinamización del programa Microsoft-Teams; el día 20 mantuvimos una reunión con diversas instituciones de Canarias coordinada por la Subdelegación de Gobierno Canario, sobre el modo de proceder con los «menores acompañados» que llegan a las Islas y tienen que ser trasladados a la Península, dando inicio a un Grupo de Trabajo sobre este particular; asimismo, el día 27 mantuvimos una reunión con profesionales de la Confederación de autismo de España. En el mes de julio, los días 3 a 5 se participó en las reuniones del Grupo Asesor y Grupo Estratégico del Proyecto Barnahus, que tuvieron lugar en Tarragona; y el día 24 participamos en la reunión online en el Grupo de Trabajo relativo a «menores acompañados» coordinado por el Gobierno canario.
En el mes de septiembre, el día 11 nos personamos en la «Casa de los Niños» de la Comunidad de Madrid (piso piloto para la implantación del Proyecto Barnahus en dicha comunidad); también el día 13 se recibió en la Unidad a la representante de la Fundación Sol. En el mes de octubre, el día 3 se mantuvo reunión en la sede de la Agencia Española de Protección de Datos; el día 10 se recibió en la Unidad a la vicepresidenta de la Asociación Europea de Transición Digital, el día 17 se mantuvo reunión de coordinación con profesionales de Autismo España a la que asistió la Fiscal de Sala de Personas con Discapacidad y Mayores y una fiscal de la Secretaría Técnica; el día 18 se participó en la reunión del grupo de trabajo sobre el Proyecto Barnahus España; y el 25 se mantuvo reunión online con el grupo de trabajo sobre «menores acompañados» coordinados desde el Gobierno de Canarias. Por último, en el mes de diciembre, el día 12 mantuvimos reunión en la sede de la Unidad con profesionales de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar (ASEAF); el 13 se recibió a profesionales de Save the Children; el día 14 participamos en la Jornada celebrada con motivo del 30 aniversario de la Agencia Española de Protección de Datos, y el día 19 en la reunión «Proyecto Barnahus» con expertos del Consejo de Europa.
Cabe añadir, que desde esta Unidad, a lo largo del año 2023, se ha intervenido activamente en distintos Grupos de Trabajo, como el de «menores acompañados» coordinado desde el Gobierno de Canarias; sobre «salud digital y privacidad de menores» coordinado desde la Agencia Española de Protección de Datos, el Grupo Asesor y de Estrategia del Proyecto Barnahus España coordinado desde el Consejo de Europa; el coordinado por el Equipo Tecnológico del Ministerio de Justicia sobre la aplicación nacional «expedientes de protección» y el Grupo de Trabajo con la Confederación de autismo de España.
Es reseñable asimismo la colaboración con la Secretaría Técnica y CEJ en materia de formación con cursos propios de la especialidad y la impartición de clases de formación inicial a la 61.ª promoción de fiscales y continuada para la especialización en responsabilidad penal y protección jurídica del menor.