CAPÍTULO III. FISCALES COORDINADORES/AS Y DELEGADOS/AS PARA MATERIAS ESPECÍFICAS - 2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

2.3 Actividad de la Unidad Especializada. Relaciones con las secciones especializadas y fiscales delegados/as

2.3.1 Actividad de la unidad especializada

La Unidad Especializada de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Fiscalía General del Estado ejerce sus funciones de forma proactiva, lo que se traduce en una creciente e imparable expansión. El tiempo transcurrido desde su creación en el año 2006, ha permitido consolidar un bagaje de conocimientos y experiencias en el ámbito del derecho a la seguridad y salud de los trabajadores, que sitúan a la Unidad en una privilegiada posición como observador de todos los condicionantes que de alguna manera fluyen e influyen en la prevención de los riesgos laborales. Lo anterior ha permitido que su actividad haya ido más allá de la estrictamente jurídica, que obviamente es esencial para lograr la unidad de criterio y actuación de los fiscales, pero que no agota la actuación e iniciativas de la Unidad Especializada.

2.3.1.1 Convenios, protocolos y grupos de trabajo

Desde la toma de posesión del nuevo Fiscal de Sala Coordinador, se realizaron diversas reuniones con el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, con la finalidad de, a la par de potenciar las relaciones entre ambos organismos, consensuar las posibles actividades formativas que los técnicos de dicho Instituto, con su especial formación podían proporcionar a las distintas secciones especializadas de Seguridad y Salud en el Trabajo. Como consecuencia de ello, el día 13 de julio de 2023 se firmó el Protocolo General de Actuación entre el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Fiscalía General del Estado para el desarrollo de actuaciones conjuntas de formación e intercambio de información en el ámbito de la seguridad y salud laboral. El objeto de dicho protocolo es, tal y como se recoge en su cláusula primera «(…) articular la colaboración entre el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Fiscalía General del Estado para la realización de actuaciones conjuntas de formación e intercambio de información en materia de seguridad y salud en el trabajo al objeto de mejorar el desempeño de las funciones de ambos organismos en el ejercicio de sus respectivas competencias».

Con anterioridad a la firma del Convenio, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo ha venido prestando una labor de apoyo y participación en la actividad de la Unidad, ya sea interviniendo como ponentes en el I Curso sobre Prevención de Riesgos Laborales en la Carrera Fiscal y del cual fue director el Fiscal de Sala de la Unidad, ya en labores de asesoramiento en la actividad internacional que está desplegando la Unidad y a la que posteriormente haremos referencia.

De suma importancia es la actividad desplegada en el «Grupo de Trabajo» creado entre la Fiscalía General del Estado, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y la Dirección General de Tráfico, cuyo objetivo es obtener una mejor y más eficaz coordinación en la investigación de aquellos accidentes de tráfico que gocen simultáneamente de la consideración de accidentes laborales (no se puede obviar que en el avance elaborado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para el año 2023, de los 581 accidentes mortales, 91 tienen la consideración de accidentes de tráfico). La primera reunión tuvo lugar el 11 de julio, con la asistencia del Fiscal General del Estado, los Fiscales de Sala de Seguridad Vial y de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Director de la Dirección General de Tráfico, la Directora General de la Inspección de Trabajo, así como el Director del Observatorio de Seguridad Vial.

En esta primera reunión se presentó un borrador de trabajo, por parte de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su análisis y estudio por todas las partes concernientes y que ha servido de punto de arranque de los trabajos del grupo. Posteriormente, el 15 de noviembre tuvo lugar una segunda reunión. El «Grupo de Trabajo» continuará sus actividades durante el año 2024 a fin de obtener unas conclusiones que conduzcan, bien al establecimiento de un protocolo de actuación, bien a la confección de unas directrices de seguimiento.

Durante el año 2023 la Comisión de Seguimiento creada en el marco del Convenio entre el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio Fiscal, el Ministerio de Interior, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, para la investigación rápida y eficaz de los delitos contra la vida, la salud y la integridad física de los trabajadores y la ejecución de las sentencias condenatorias y para la toma de conciencia social de este problema», cuya firma tuvo lugar en octubre del año 2022, se ha reunido en dos ocasiones, el 20 de junio y el 20 de diciembre respectivamente. En dichas reuniones se han abordado cuestiones relativas a la formación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la especialización de los órganos judiciales en asuntos relativos a los accidentes de trabajo, a la formación de los miembros de la carrera judicial y la mejor coordinación entre todos los agentes intervinientes en la investigación de aquéllos. Los integrantes de la Comisión han manifestado reiteradamente su preocupación por la larga pendencia de los procedimientos de siniestralidad laboral.

2.3.1.2 Formación

La alta capacitación técnica que ostentan los integrantes de la Unidad especializada de Seguridad y Salud en el Trabajo conlleva una importante demanda de labor divulgativa de los criterios jurídicos adoptados y las experiencias acumuladas. Así, la Unidad ha participado en las siguientes actividades:

El 21 de febrero de 2023, en la actividad formativa organizada por el Centro de Estudios Jurídicos «La actuación de la Abogacía del Estado ante las jurisdicciones social y penal».

El 9 de marzo de 2023, en la formación de la 61.ª promoción de fiscales en materia de prevención de riesgos laborales.

El 17 de abril de 2023, en la formación de la 61.ª promoción de fiscales en materia de delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores.

El 2 de junio de 2023, en los viernes formativos de la Fiscalía General del Estado con la ponencia «Un breve recorrido sobre el derecho penal del trabajo tras la últimas reformas legislativas».

El 18 y 19 de octubre de 2023 en la actividad formativa organizada por el Centro de Estudios Jurídicos, dentro de la formación continua, con la organización del curso «Prevención de riesgos laborales y, en particular, la prevención de riesgos laborales en la Carrera Fiscal». Hay que destacar la importancia de este curso, ya que es el primer acto de esta naturaleza que se organiza en el seno de la carrera fiscal.

Los días 30 y 31 de octubre de 2023, tuvieron lugar, en Cuenca, las segundas jornadas formativas conjuntas entre la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, bajo el título «Una triple perspectiva de la seguridad y salud en el trabajo». De indudable interés e importancia hay que catalogar esta actividad, en la que la Unidad participa activamente en la organización y en la impartición de ponencias y que supone un novedoso y moderno foro de intercambio de ideas, conocimientos y experiencias. Existe una voluntad por parte de los tres organismos de realizar anualmente este encuentro.

2.3.1.3 Jornadas de especialistas

Tanto la Instrucción 11/2005 sobre instrumentalización efectiva del principio de unidad de actuación establecido en el art. 124 de la CE, como la Instrucción 1/2015, sobre algunas cuestiones en relación con las funciones de los Fiscales de Sala Coordinadores y los Fiscales de Sala Delegados, explicitan la importancia que tienen estas reuniones que, con carácter general, tienen lugar anualmente, dado el alto contenido técnico y el carácter orientativo que sus conclusiones poseen. Los días 12 y 13 de junio tuvieron lugar en León las Jornadas de especialistas de Seguridad y Salud en el Trabajo. En el curso de las mismas se abordaron cuestiones relativas a la enfermedad profesional y los riesgos derivados de la exposición al sílice; la vigilancia de la salud, los equipos de trabajo en altura y medios auxiliares en el sector de la construcción y, el seguro de responsabilidad patronal.

2.3.1.4 Otras actividades

En este apartado se subraya la intervención que tuvo la Unidad en la ponencia de Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo, constituida en el seno de la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Senado. En el curso de dicha comparecencia se puso de manifiesto, desde nuestra óptica, la necesidad de abordar una reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la incidencia que la perspectiva de género, la edad, el cambio climático, así como la incorporación de trabajadores extranjeros puedan tener en la prevención de riesgos laborales. Se hizo hincapié en la situación de las víctimas de los accidentes labores, que tienen que esperar largos lapsos de tiempo para cobrar las indemnizaciones que les corresponde, apuntándose la posibilidad de una reforma legislativa que avalara el pago anticipado de dichas cantidades por parte del Consorcio de Compensación de Seguros.

Igualmente hay que mencionar la labor realizada por el Fiscal de Sala en el seno de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio Fiscal, en la que actúa como uno de los dos representantes de la Fiscalía General del Estado.

2.3.2 Relaciones con las secciones especializadas y las delegaciones

Una de las líneas de actuación que el Fiscal de Sala contemplaba en su proyecto de actuación, consistía en desplegar una relación de máxima proximidad con las distintas secciones territoriales. Por ello, se ha diseñado un mapa de visitas a las diferentes Fiscalías Superiores de las Comunidades Autónomas con una doble finalidad; por una parte valorar y estudiar la organización y actividad de las diferentes delegaciones provinciales que se integran en cada Comunidad Autónoma y, de otra, activar la firma de los diferentes Convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas, ya que los existentes se encuentran caducados como consecuencia de los dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

En cuanto al análisis y estudio de la organización interna y actividad de las distintas secciones de seguridad y salud en el trabajo, se abordan las siguientes cuestiones:

1) Asistencia a las jornadas de especialistas. Se insiste en la necesidad de la presencia de los/as delegados/as a las jornadas de especialistas, al haberse detectado algunas ausencias, pues si bien estas plazas se cubren con los integrantes de las secciones o enlaces, lo cierto es que estas reuniones constituyen un foro de debate e intercambio de experiencias al que es obligado asistir al redundar en el enriquecimiento de todos los compañeros.

2) Problemas detectados por las delegaciones. En este bloque se analizan las incidencias o peculiaridades que pueden presentar las diferentes fiscalías, y se valora la distinta repercusión de la accidentalidad –con especial relevancia en la mortalidad– y actividades productivas en que con mayor frecuencia se presentan.

– Formación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se considera una prioridad el que las/os integrantes de las distintas delegaciones participen de forma activa en la formación de la policía judicial, a fin de mejorar, en la medida de lo posible, las investigaciones derivadas de los accidentes de trabajo. En este sentido hay que hacer hincapié en la predisposición del Ministerio del Interior, en el marco del Convenio de Colaboración, para que la misma tenga lugar. También reseñar que por el Gobierno del País Vasco se ha manifestado su predisposición a que dicha formación se imparta a la Ertzaintza, lo que tendrá lugar en el año 2024.

3) En el ámbito organizativo con la Unidad se transmite a las delegaciones la necesidad de que la comunicación de los/as trabajadores/as fallecidos/as se haga con la mayor prontitud y rapidez posible, a fin de que por esta se proceda a la incoación del correspondiente expediente de seguimiento. Se ha detectado que algunas delegaciones la comunicación tiene lugar cuando se remite el escrito de calificación, lo que implica que el momento en que se tiene noticia del accidente tiene lugar años más tarde de su acaecimiento. Este déficit de comunicación, en algunos casos se solventa cuando la Unidad realiza una búsqueda en los medios de comunicación para detectar la existencia de accidentes mortales. De otro lado, se considera necesario que los escritos de calificación, las sentencias y los escritos de sobreseimiento se remitan a la Unidad en el momento de su confección (calificaciones, sobreseimientos) o en el que son recibidas a fin de tener conocimiento puntual de los hechos, pues la demora de dichas comunicaciones acaba por repercutir negativamente tanto en el seguimiento como en el control estadístico.

4) Digitalización de la Unidad. Se traslada a las delegaciones la necesidad de que todas las comunicaciones y la documentación que se remita a la Unidad, se realice de forma digital, con el objetivo de que desaparezca el papel. El objetivo para realizar esta transición se ha fijado para el 1 de marzo de 2024.

5) Mejorar en la medida de lo posible el control de los escritos de sobreseimiento. En aquellos casos en que los procedimientos de siniestralidad laboral los despachan exclusivamente las/os integrantes de las secciones especializadas, este control no genera disfunciones, sin embargo, en aquellas fiscalías en que el despacho de los procedimientos se realiza por los/las fiscales del juzgado de instrucción, a veces las peticiones de sobreseimiento no se ajustan a los criterios que marca la Unidad, de ahí la necesidad de mejorar el control en este punto.

6) Mostrar una especial atención al control de las sentencias dictadas por los órganos judiciales, es fundamental para que en aquellos casos en los que exista discrepancia sobre cuestiones jurídicas con los criterios de la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y de la Circular 4/2011, se proceda a plantear los oportunos recursos, incluido el de casación.

7) Evaluar cual es el grado de relación con la Autoridad Laboral y con los Sindicatos en las distintas delegaciones.

Durante el año 2023, se han organizado reuniones, a través de la convocatoria de la/del Fiscal Superior con las delegaciones del País Vasco (20 de octubre), Castilla y León (28 de noviembre) y Cataluña (13 de diciembre). A fecha de redacción de la presente memoria y durante el primer trimestre del año 2024, se han celebrado reuniones en Aragón, Andalucía, Madrid y Canarias; estando ya programadas las relativas a Murcia, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha.

En cuanto a la firma de Convenios de colaboración con las distintas Comunidades Autónomas, durante el año 2023 se han iniciado en algunas de ellas (Aragón y País Vasco), a través del cauce de los Fiscales Superiores, los contactos con las Consejerías competentes. En el momento actual se han iniciado los trámites con Andalucía y Madrid. El objetivo de estos Convenios, que como ya se ha indicado existían en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, pero cuya caducidad los ha dejado sin efecto, es por una parte, mejorar la coordinación en el intercambio de información con la Autoridad Laboral, obtener el mejor asesoramiento técnico posible para las distintas secciones territoriales en el marco de las investigaciones judiciales y, mejorar en la medida que se pueda la formación de los/as fiscales de las distintas Comunidades Autónomas. Especial insistencia se muestra desde la Fiscalía en la posibilidad de solicitar, en aquellos casos de notoria complejidad técnica, pruebas periciales que sean sufragadas por la Administración.

2.3.2.1 Estructura y organización de las diferentes delegaciones

La organización de las diferentes delegaciones en cada Fiscalía Provincial es una facultad de la jefatura, que la encauza en función de varios parámetros, entre otros, el número de fiscales que integren la plantilla. Sin embargo, ello no impide que desde la Unidad se puedan realizar algunas valoraciones sobre el funcionamiento, derivado de esta articulación.

Varios son los modelos instaurados y alguno de ellos con algunas particularidades, pero básicamente se pueden aglutinar en tres; aquellos en que los asuntos de siniestralidad laboral son despachados únicamente por fiscales especialistas; los que la/el especialista se hace cargo exclusivamente de los procedimientos en que existe un/una trabajador/a fallecido/a y, finalmente, cuando cada fiscal del juzgado despacha los asuntos que se tramiten en éste, sin que disfruten de ninguna especialización. Es cierto que dentro de estos tres grupos existen matices a los que se hará referencia.

Sin duda, el primer modelo es el que asegura al máximo el principio de especialidad, ya que las/os fiscales que integran las secciones disponen de los conocimientos jurídicos y de la experiencia necesaria para encauzar de una forma ágil y con aplicación de los criterios establecidos por la Circular 4/2011 y por la Unidad especializada, la instrucción de éstos. Sin embargo, en algunos casos se observa que esta especialización quiebra sorpresivamente cuando los/as fiscales especialistas no acuden a la celebración de los juicios. Parece un contrasentido que sea una/un especialista quien esté presente en la instrucción, lo que es sin duda imprescindible, y en el momento clave y decisivo de la vista acuda un/a fiscal que carece de estos conocimientos y experiencia.

El segundo de los arquetipos es aquel en que la/el especialista –habitualmente el/la delegado/a– tan sólo despacha aquellos asuntos en que exista alguna/algún fallecida/o, mientras que el resto de los procedimientos se despachan por no especialistas. Este criterio de organización parte de una premisa cual es la de que un procedimiento en el que el resultado es uno o varios fallecimientos es más complejo que aquellos en que sólo se producen lesiones. Esta deducción puede no ser correcta, ya que la dificultad del asunto no se mide en función del resultado producido, sino de la propia idiosincrasia del suceso (causas del hecho, incumplimientos normativos, empresas concurrentes, etc.). En este modelo, también ocurre lo ya indicado anteriormente respecto a la celebración de los juicios, a lo que habría que añadir las peticiones de sobreseimiento a las que después nos referiremos con mayor detenimiento.

El tercero de los modelos es poco compatible con la especialización. Esto se produce, cuando cada fiscal del juzgado despacha los asuntos de la materia que se instruyen en éste. La figura de la/del delegada/o únicamente se hace presente en el momento del visado o previsado, esto es, meses o años después del inicio del procedimiento y una vez que el mismo está ya instruido. En muchos de estos casos no se ha dirigido correctamente y con arreglo a los criterios de la Unidad la instrucción, lo que da lugar, por ejemplo, a la ausencia como acusados de personas que sí podrían tener responsabilidad penal. Algunas de estas lagunas son subsanables con el previsado o el visado o, bien con las observaciones posteriores que se realizan desde la Unidad, pero otras que no. Desde la óptica de la Unidad este sistema presenta muchas carencias y no se adecúa al criterio de especialización por el que pugna el Ministerio Fiscal desde hace años.

Dentro de este tercer modelo, poner de relieve situaciones como la que vive la Fiscalía de Girona, en la que la inestabilidad de la plantilla, por razones de diversa índole, repercute de forma significativa en el despacho de los asuntos de siniestralidad laboral, pues da lugar a una constante transmisión a las/os nuevas/os integrantes de la plantilla de los criterios y pautas en que se apoya la materia.

Especial mención merece la renovación que ha existido durante el año 2023 en algunas delegaciones, como las de Zaragoza, Toledo, Bizkaia, Lleida, Ourense y La Rioja. En aquellos casos en que los/as nuevos/as delegados/as no formaban parte de las secciones con anterioridad, se produce un periodo de adaptación a la especialidad y a los criterios que la rigen, en el que la Unidad intensifica en mayor medida el apoyo que presta a las secciones.

2.3.2.2 Relaciones internacionales

A raíz de la iniciativa promovida por la Unidad especializada de Seguridad y Salud en el Trabajo en coordinación con la UCIF y en el marco de la Asamblea General de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), celebrada en Punta Cana los días 27 y 28 de julio de 2023, se logró la aprobación de la propuesta formalizada por la Fiscalía General del Estado para la creación del Grupo de Trabajo denominado «Seguridad y Salud de los Trabajadores» cuya coordinación, de conformidad con los términos de la propuesta y al amparo del artículo 25 de los Estatutos de la Asociación, se encomendó al Ministerio Público de España a través de esta Unidad, integrándose en el mismo los Ministerios Públicos y Fiscalías Generales de Brasil, Venezuela, Andorra y Perú.

El objetivo principal de dicha iniciativa reside en el diseño de estrategias y orientaciones comunes en el marco de las políticas públicas tendentes a lograr la introducción en los ordenamientos que no lo contemplen de un delito de peligro que permita el castigo de las conductas incumplidoras de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales que generen una situación de peligro grave para la vida, integridad física y/o salud del colectivo de los trabajadores como mecanismo de tutela intensificada y de carácter complementario de los demás instrumentos normativos de naturaleza preventivo-laboral en el ámbito administrativo sancionador y de las políticas públicas concretas de promoción de la seguridad y salud en el trabajo, particularmente las orientadas a los colectivos más sensibles frente a los riesgos y a los sectores productivos con exposición a riesgos específicos.

Como resultado de la actividad del grupo de trabajo destaca la formulación, en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y con motivo de la convocatoria publicada mediante Resolución de 5 de abril de 2023, de un programa de capacitación técnica que está previsto se desarrolle en el mes de septiembre de 2024 en el centro de formación de que AECID dispone en Cartagena de Indias (Colombia), bajo el título «Protección de los derechos de los trabajadores por cuenta ajena, especialmente los migrantes en situación de precariedad: Desafíos comunes en la región para garantizar su seguridad y salud», en una decidida apuesta estratégica institucional para llevar a cabo una cooperación intensiva en el fortalecimiento de capacidades institucionales mediante la transferencia, el intercambio de conocimiento y la innovación, tiene como objetivo general contribuir a la generación de capacidades en Instituciones y actores sociales involucrados en el desarrollo humano de la región, y con capacidad de desarrollar e implementar políticas públicas encaminadas a conseguir una mayor cohesión social.

Con el propósito de establecer y afianzar ámbitos de cooperación y asesoramiento recíprocos y a fin de lograr su incorporación al proyecto como entidades colaboradoras, los integrantes de la Unidad mantuvieron, especialmente a lo largo del segundo semestre del año 2023, una intensa agenda de reuniones de trabajo con representantes de organismos internacionales, que comparten objetivos estratégicos comunes.

Así, y atendiendo a la capacidad institucional, experiencia y solvencia técnica especializada de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y comoquiera que uno de los objetivos para el período 2021-2025 de la III Estrategia Iberoamericana de seguridad y salud en el trabajo elaborada por la misma establece el desarrollo de instrumentos específicos para garantizar la seguridad y salud en las nuevas formas de organización del trabajo (Objetivo 2) y, más específicamente, incentivar la incorporación del tipo penal específico y de riesgo de «delito contra la salud laboral» para los supuestos más graves y culpables de incumplimiento normativo (Objetivo 11), en fechas 16 de junio y 3 de octubre de 2023 se mantuvieron sendas reuniones de trabajo con el propósito de lograr que la OISS participara y colaborara, como organismo internacional y por medio de sus órganos técnicos, en el desarrollo de las actividades de análisis, estudio, debate y conocimiento comparado que habrán de desarrollarse en el seno del programa, ya sea a través de la creación de grupos de trabajo en red a través de la Plataforma Virtual Interconecta e incluso con miras a la celebración futura de un encuentro de carácter presencial en los centros de formación de Cooperación Española en América Latina y Caribe como unidades especializadas en la materia.

En el mismo sentido y con idéntica finalidad, la Unidad mantuvo, en fecha 13 de diciembre de 2023, una reunión con el Director de Oficina para España de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que fructificó en la celebración de un posterior encuentro virtual con la responsable en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe a fin de procurar lazos de cooperación con dicha organización habida cuenta de su concurrencia a objetivos similares, especialmente el que pretende la protección de los trabajadores contra las enfermedades y contra los accidentes del trabajo contribuyendo a su reducción continua y progresiva, así como la mejora permanente de la cultura preventiva en los países de la Región, y a quien se planteó la posibilidad de colaborar con el mentado grupo de trabajo brindando apoyo y asistencia de carácter multidisciplinar contribuyendo a la creación de un marco propicio para el desarrollo e intercambio de conocimientos. De hecho, el derecho a un entorno de trabajo seguro y saludable fue incluido dentro de los principios y derechos fundamentales en el trabajo en una decisión histórica de la 110.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Ginebra en junio de 2022.

2.3.2.3 Expansión de las secciones especializadas

Una de las apuestas de futuro de la Unidad especializada es la posibilidad de que, en la medida de lo posible y cuando los medios humanos y materiales lo hagan factible, las materias que asuman las diferentes delegaciones se expandan, hasta llegar a asumir todos los delitos que afecten de alguna forma a las/los trabajadoras/es. Durante el año 2023, dos de las delegaciones han ampliado, por decisión de sus respectivas jefaturas, sus competencias. Así, la sección de Cáceres ha procedido a incorporar el conocimiento del delito de acoso laboral a su trabajo; mientras que la delegación de Barcelona asume los procedimientos que incoen por delitos contra los derechos de los trabajadores de los números primero, tercero y cuarto del artículo 311 CP cuando las condiciones ilegales impuestas a los mismos conlleven la existencia de una falta de seguridad, con riesgo relevante para la vida o integridad física del trabajador.

2.3.2.4 Cuestiones técnico-jurídicas relevantes

Como cada año, los/as delegados/as exponen análogos planteamientos. Básicamente se hace referencia a las dificultades para fijar a los sujetos legalmente obligados y, por tanto, responsables de las conductas delictivas. Así, desde la delegación de Málaga se apuntan dos motivos fundamentales, por una parte, la ausencia de información sobre los responsables de la organización preventiva de las empresas y, de otra, la información sesgada que proporcionan en algunas ocasiones sobre su estructura en materia de seguridad y salud. En este sentido, desde la delegación de Guadalajara se apunta a los problemas existentes en la concreción de las funciones específicas de los responsables dentro de la empresa.

Desde la delegación de Valladolid se reflexiona sobre las dudas que se plantean en los accidentes mortales en el ámbito de la responsabilidad civil, habida cuenta de que el actual baremo reconoce derechos importantes para personas, más allá de los familiares directos. Esto, indica, supone una mayor dificultad en el caso de los trabajadores extranjeros cuando sus familiares residen en otros países para obtener direcciones donde realizar el ofrecimiento de acciones.

2.3.2.5 Pendencia de los procedimientos incoados

En todas las memorias redactadas desde esta Unidad especializada, una de las cuestiones que más preocupación ha suscitado es el retraso en la tramitación de estas causas. Demoras que no se residencian exclusivamente, desde la óptica procesal-temporal, en la fase de instrucción, sino que en muchos casos suele producirse en la fase intermedia y hasta la celebración del juicio, que en algunos casos puede llegar a suspenderse en una o varias ocasiones. Así, desde la Fiscalía de Zaragoza se apunta a que una de las causas de estos retrasos es la paralización de los procedimientos hasta que se recibe el acta/informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Para la delegación de A Coruña, esta constante situación de demoras aboca, sin duda, hacia la creación de órganos judiciales especializados. A pesar de todo ello, desde la Fiscalía de Cáceres se aporta una esperanzadora reducción de los tiempos de tramitación.

Un efecto colateral que produce la pendencia, tal y como refiere desde la delegación de Zaragoza, es la demora en el cobro de las indemnizaciones por las víctimas.

2.3.2.6 Artículo 324 LECrim

A pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del art. 324 LECrim en su actual redacción, su aplicación continúa planteando dificultades. Así, se reitera desde la Fiscalía de Barcelona la dificultad para controlar la solicitud de las prórrogas, ya que los juzgados no son receptivos a la solicitud del/la fiscal del traslado de la causa para poder controlar las diligencias realizadas.

Por su parte, desde la delegación de Salamanca se indica que se ha procedido a solicitar la complejidad de todas las causas pendientes, al estimarse que la instrucción, con carácter general superará de forma amplia los plazos. En similares términos se manifiesta la Fiscalía de Castellón que afirma haber solicitado la declaración de complejidad en todos los procedimientos a fin de evitar que cuando el procedimiento llegue a la sección, éste estuviera finalizado.

2.3.2.7 Víctimas en el marco de la seguridad y salud en el trabajo

Para la Unidad especializada y para todas las secciones integrantes de la red de fiscales de Seguridad y Salud en el Trabajo, una de las piedras angulares de su actividad es conseguir la más justa y pronta reparación de los daños y perjuicios causados a las víctimas de estos delitos. En este sentido, desde la Fiscalía de Valencia se plantea que la reparación de las víctimas de los delitos contra la seguridad y salud de los trabajadores debiera ser abordada bajo un prisma diferente que posibilitara que las/os trabajadoras/es perjudicadas/os pudieran optar entre diversos métodos para conseguir la reparación. Para ello aboga por la justicia restaurativa como nuevo modelo de satisfacción que adicione al tradicional sistema de resarcimiento, nuevas relaciones capaces de generar soluciones reparadoras del conflicto.

De igual forma, no podemos obviar que en muchas ocasiones las víctimas desconocen donde acudir en busca del correspondiente asesoramiento y, aun así, desde la delegación de Cáceres se apunta el dato de que ninguna víctima ha acudido a las oficinas de asistencia de Cáceres y Plasencia.

Finalmente, desde otra óptica, por parte de la delegación de Barcelona se manifiesta la insuficiencia de la cobertura de las pólizas de responsabilidad civil patronal, lo que supone que en ocasiones no se pueda cubrir el total del montante de las indemnizaciones a que tienen derecho las víctimas.

2.3.3 Relaciones con la inspección de trabajo

El marco de relación entre la Fiscalía y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se sustenta en la Instrucción 1/2007, de 28 de febrero de la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre la profundización en las relaciones entre la Inspección de Trabajo y la Fiscalía General del Estado en materia de ilícitos penales contra la Seguridad Social. Este instrumento se ha mostrado como nudo gordiano entre ambas instituciones, estableciendo unos sólidos cimientos de relación e intercambio de información.

Como ya se indicó en la anterior memoria, los trabajos de actualización y modernización de la citada «Instrucción» se han venido desarrollando durante todo el año 2023, estando próxima su finalización; habiéndose abordado cuestiones relativas a los riesgos psicosociales, de tanta importancia actualmente. De cualquier forma, los contactos y reuniones entre la Unidad de Seguridad y Salud en el Trabajo y la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social son constantes.

Asuntos comunicados al ministerio fiscal
año 2023

Expedientes remitidos

N.º infracc. accidentes de trabajo graves o muy graves

N.º infracc. accidentes de trabajo mortales

Paralizaciones

1.728

228

84

9

El siguiente cuadro detalla el número de expedientes remitidos al Ministerio Fiscal:

Expedientes remitidos al Ministerio fiscal

Asuntos comunicados

2022

2023

%22/23

Infracciones muy graves en PRL

8

8

0,00%

Infracciones maternidad PRL

0

0

0,00%

Infracciones menores PRL

3

2

–33,33%

Infracciones trabajadores/as sensibles a determinados riesgos PRL

8

1

–87,50%

Infracciones graves con incumplimientos reiterados de empresas PRL

4

29

+625%

Infracciones graves de conductas sistemáticamente incumplidoras de empresas PRL

3

17

+466,67%

Infracciones graves por inobservancia grave de incumplimientos de propuestas S.P. PRL

2

0

–100%

Paralizaciones

4

14

+250%%

Infracciones por accidentes de trabajo mortales

85

84

–1,18%

Infracciones por accidentes de trabajo graves o muy graves

300

228

–24%

Asuntos distintos a los anteriores comunicados al MF (desde 2016) a iniciativa de la ITSS

66

115

+74,24%

Informes a petición del MF (a partir de 2016)

1.547

1.256

–18,81%

Totales

2.070

1.728

–16,52%

El análisis de este cuadro presenta una circunstancia inaudita, ya que anualmente el número de asuntos comunicados al Ministerio Fiscal por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social venía creciendo de forma paulatina; sin embargo, en el año 2023 se ha producido una desaceleración, pues frente a los 2.070 asuntos del 2022, se han pasado a 1.728 en el 2023, siendo esta cifra incluso inferior a los 1.877 del año 2021. Si bien, en algunos de los apartados se observan oscilaciones que pueden catalogarse como normales de un año a otro, donde si se observa un descenso significativo es en el número de informes solicitados por el Ministerio Fiscal. No existe una explicación clara sobre este descenso y tampoco hay que hacer una lectura pesimista más allá de que pueda tratarse de una variación puntual. Sin embargo, desde la Unidad se prestará especial atención a este dato en próximas memorias.

En el siguiente cuadro se recogen los asuntos comunicados por la ITSS al MF desde al año 2018.

Asuntos comunicados

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Infracciones muy graves

11

9

–18,8%

8

–11,11%

6

–25,00%

8

+33,33%

8

0,00%

Infracciones maternidad

0

2

2

0,00%

0

–100%

0

0

Infracciones menores

3

5

+66,67%

5

0,00%

1

–80,00%

3

+200,00%

2

–33,33%

Infracciones trabajadores sensibles a determinados riesgos

0

1

+100,00%

2

+100,00%

8

+300,00%

1

–87,50%

0

–100,00%

Infracciones graves con incumplimientos reiterados de las empresas

3

6

+100,00%

11

+83,33%

4

–63,64%

29

+625,00%

21

–27,59%

Infracciones graves de conductas sistemáticamente incumplidoras de empresas

2

10

+400,00%

7

–80,00%

3

–57,14%

17

+466,67%

4

–76,47%

Infracciones graves por inobservancia grave de incumplimiento de propuestas

4

2

–50,00%

3

+50,00%

2

–33,33%

0

–100,00%

1

Paralizaciones

8

5

–37,50%

8

+60,00%

4

–50,00%

14

+250,00%

9

–35,71%

Infracciones por accidentes de trabajo mortales

82

97

+18,29%

85

–12,37%

113

+32,94%

85

–24,78%

84

–1,18%

Infracciones por accidentes de trabajo graves o muy graves

281

267

–4,98%

201

–24,72%

197

–1,99%

300

+52,28%

228

–24,00%

Asuntos distintos a los anteriores comunicados al MF (desde 2016), a iniciativa de la ITSS

38

26

–31,58%

23

–11,54%

51

+121,74%

66

+29,41%

115

+74,24%

Informes a petición del MF (a partir del 2016)

779

890

+14,25%

1.308

+46,97%

1.488

+13,76%

1.547

+3,97%

1.256

–18,81%

Totales

1.211

1.320

+9,00%

1.663

+25,98%

1.877

+12,87%

2.070

+10,28%

1.728

–16,52%

A continuación, se pueden observar las remisiones realizadas al Ministerio Fiscal por Comunidades Autónomas en el año 2023.

Comunidades Autónomas

Total remisiones al MF

Andalucía

567

Aragón

10

Asturias

23

Baleares

44

Canarias

67

Cantabria

4

Castilla-La Mancha

38

Castilla-León

364

Cataluña

71

Comunidad Valenciana

183

Extremadura

59

Galicia

78

La Rioja

2

Madrid

187

Murcia

16

Navarra

6

Pais Vasco

7

Ceuta

2

Melilla

0

Total

1.728

2.3.4 Relaciones con los sindicatos

La relación de la Unidad especializada con las centrales sindicales más representativas, en este caso CCOO y UGT, es fluida y permanente. Esta relación puede diversificarse en dos ámbitos distintos, por una parte, las reuniones bilaterales que se celebran con aquéllas y, de otra, la labor divulgativa que se realiza en su seno.

En cuanto a la primera de las vías, se han celebrado, con el sindicato UGT sendas reuniones los días 22 de junio y 25 de septiembre; mientras con el sindicato CCOO dichas reuniones tuvieron lugar los días 5 de julio y 21 de septiembre. En estas reuniones se han abordado cuestiones relativas a los altos números de siniestralidad laboral, así como sus causas y las acciones que se pudieron llevar a cabo para mejorar las condiciones de seguridad en el trabajo. También se abordó la posibilidad de incorporación de ambos sindicatos al Convenio de Colaboración del año 2022.

En cuanto al área divulgativa se participó en las siguientes actividades:

El 23 de febrero de 2023, en la «Jornada sobre la perspectiva jurídica de salud laboral» celebrada en Madrid y organizada por CC.OO.

El 22 de marzo en las «Jornadas de Acción Sindical 2023» organizadas en Salamanca por UGT FICA de Castilla-León.

El 27 de abril en las «Jornadas por el día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo», organizadas por CCOO y UGT en Zaragoza.

El 12 de diciembre, «IX Encuentro de delegados y delegadas de prevención», organizadas por UGT en Zaragoza.