1.4 Instrumentos para la protección de las víctimas

1.4.1 Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI)

Novedad este año ha sido la creación de las UVFI en la Comunidad de Madrid, como se venía solicitando, además de aprobarse el Protocolo de Actuación. Se crean 25 UVFI, de las cuales 10 se distribuyen en los JVM del partido judicial de Madrid y los 15 restantes se distribuyen en los partidos judiciales de Alcalá, Arganda, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Parla, Valdemoro, Aranjuez, Getafe, Leganés, Coslada-Torrejón, Pozuelo-Majadahonda, Colmenar Viejo-Torrelaguna, Collado Villalba-El Escorial y Móstoles-Navalcarnero. Sin embargo, lo que podría haberse considerado un éxito a efectos prácticos, por lo menos en el ámbito concreto de Madrid capital no ha cubierto las expectativas pretendidas, generando por el contrario situaciones no deseadas en el trabajo diario de la guardia. Con los mismos recursos que disponían hasta la fecha, se han duplicado las funciones tanto de los forenses como de los antiguos llamados equipos psicosociales, además de no haber conseguido crear equipos compactos y que al menos una UVFI esté presente en las guardias de violencia.

Lo anterior se añade al mal endémico instaurado a nivel nacional, y que se extiende tanto a las CC.AA. con competencias transferidas –con contadas salvedades–, como aquellas que están comprendidas dentro del territorio del Ministerio de Justicia. El panorama que los/las fiscales delegados/as plasman en sus memorias es desolador, teniendo como reivindicación generalizada el aumento de personal de las unidades allí donde existen, destacando el incremento de la carga de trabajo al sumarse la emisión de informes por delitos de naturaleza sexual y la práctica de pruebas preconstituidas, que no se ha visto reflejado en un incremento de plantilla de las referidas unidades. La escasa dotación de personal repercute en la prestación del servicio, incluso con el desistimiento de informes para evitar dilaciones inasumibles, reduciendo su intervención a los supuestos de mayor gravedad, fundamentalmente en casos de maltrato habitual, y prescindiendo de ellos por ser los tiempos de espera intolerables. En Tenerife, Valladolid, León y Navarra no existen las UVFI. En Las Palmas se ha externalizado el servicio. En Galicia la valoración integral de las víctimas la realizan los IML. En Cataluña sólo existe una unidad por capital de provincia. En provincias como Cáceres los profesionales que prestan el servicio son, por reparto de asuntos, todos los que componen el IML, modelo que no garantiza la especialización. En Burgos, Teruel, Murcia y Huesca las UVFI no están verdaderamente adscritas a los JVM y participan en la realización de todo tipo de informes para el resto de los juzgados de instrucción y familia. En Burgos preocupa que con frecuencia los forenses elaboran informes teóricos de sanidad en base a informes de urgencias o del centro de salud sin explorar efectivamente a las víctimas para la comprobación de sus lesiones y evolución, circunstancia esta que, en ocasiones, es utilizada por la defensa en juicio para impugnar dichos informes periciales. En Girona los JVM cuentan con médicos forenses –no especializados ni adscritos con exclusividad– designados por el IML. En Sevilla los JVM en los asuntos civiles suelen derivar los informes a los equipos psicosociales adscritos a los juzgados de familia. Nos consta que las valoraciones forenses de riesgo de carácter urgente no se practican en Cuenca, A Coruña, Ávila, Palencia, Valladolid, Asturias, Alicante o Tenerife, entre otras. En Valencia las juezas son reticentes a acordarlas, aunque se solicitan por los/las fiscales. Tan solo consta que se están emitiendo en Castellón, Granada, Tarragona y en Murcia, aunque en esta última no con la celeridad que exige el protocolo. En la mayoría de los casos se realizan sin examen personal de los implicados, poniendo de manifiesto la problemática de falta de personal en el IML, lo que se evidencia con más intensidad en los necesarios informes de valoración de la relación paternofilial en materia civil. La delegada de Toledo como novedad alude a un plan piloto por el Ministerio de Justicia que se ha ofrecido al IML de esta y otras provincias, con la finalidad de que se hagan las valoraciones forenses de riesgo de carácter urgente. Solo la Comunidad Valenciana y algunas provincias de Andalucía están dotadas de suficientes recursos materiales y personales. El tiempo medio de respuesta de las UVFI a nivel estatal, es de ocho meses.

Ante este panorama, destaca la Fiscal delegada de Girona que la Generalitat de Catalunya –en una iniciativa conjunta de los departamentos de Igualdad y Feminismos y Justicia, Derechos y Memoria– ha creado el Programa para el despliegue de las UVFI y el refuerzo de los equipos de asesoramiento técnico penal (EATP), a través de la Resolución JUS/3407/2023 de 2 de octubre.

La situación descrita por los/las delegados/as, exige que un año más se reivindique la implantación de estas unidades en todas las provincias con personal suficiente y cualificado, con capacidad para atender a todos los órganos judiciales especializados tanto en el ámbito penal como en el civil a fin de que puedan emitir informes técnicos con la celeridad requerida en los procedimientos y para que estén a disposición de jueces/as y fiscales en las guardias haciendo informes de valoración de riesgo, colaborando en las exploraciones de los menores cuando sea preciso y para que informen sobre la evolución de la relación paterno filial, requisitos que la nueva regulación del régimen de visitas exige en nuestro ordenamiento jurídico.

1.4.2 Oficina de Asistencia a la Víctima (OAVD)

Según información del Ministerio de Justicia, el número total de víctimas de violencia de género atendidas en el año 2023 por la OAVD del territorio gestionado por el Ministerio descendió a 6.606, de las cuales 280 han sido víctimas menores de edad (15,17 % menos que en 2022) y se prestaron 26.267 asistencias por violencia de género. 4.204 mujeres contaban con orden de protección. Se han realizado 6.916 acompañamientos y 10.397 seguimientos. El Ministerio de Justicia dispone de 26 OAVD (una por provincia, salvo en Murcia, Cáceres, Badajoz y León que hay dos, y en Islas Baleares, tres). En concreto, y de la información facilitada por los/las delegados/as, la Comunidad de Extremadura dispone de 4 OAVD, cada una integrada por un psicólogo, una funcionaria, y un gestor. En Valladolid la oficina, ubicada en un pequeño local que no reúne las condiciones adecuadas para la prestación del servicio, esta atendida por una gestora y una psicóloga, y fueron atendidas 247 usuarias. En Soria la oficina, formada por una gestora y una psicóloga, tiene su sede en el edificio judicial, al igual que en Segovia. En León hay una y otra en Ponferrada, y están compuestas ambas por una psicóloga y una trabajadora social. En Toledo fueron atendidas por la OAVD 1.223 usuarias. En Albacete fueron atendidas 362 mujeres. En Cuenca la oficina está compuesta de un gestor y una psicóloga, y atendió a 1.498. Ya fuera del territorio del Ministerio de Justicia, en A Coruña las OAVD están ubicadas en A Coruña (atendió 292 mujeres), Santiago y Ferrol, y se integran por un psicólogo/a y un trabajador/a social. La oficina de A Coruña desde noviembre tiene dos trabajadores sociales. En Pontevedra existe una oficina con sede en los juzgados (atendió 85 mujeres) y otra, en Vigo. En Lugo, la oficina atendió a 133 nuevas usuarias. En Cantabria la OAVD, gestionada por fundación Diagrama, tiene un ámbito provincial y su sede en Santander formada por un gestor, una psicóloga y por un letrado del turno de oficio, atendió 140 mujeres. En Almería, en la sede de la ciudad de la Justicia, se sitúa una oficina integrada por dos letradas, una trabajadora social y una psicóloga; existen dos oficinas más, en las secciones territoriales de El Ejido y de Huércal-Overa. En Córdoba en 2021, el servicio cambió su estructura, y se creó un equipo itinerante que ha tenido una buena acogida, de forma que se produce un acercamiento del servicio a la persona usuaria, a fin de evitar traslados que pongan en riesgo su seguridad. El Equipo de Córdoba y el Equipo itinerante están compuestos por tres profesionales cada uno, una jurista, una psicóloga y una trabajadora social que prestan sus servicios en sus diferentes áreas. En Sevilla el SAVA está gestionado por la entidad AMUVI, y existen 4 sedes: Lora del Río, Dos Hermanas (la integra una psicóloga y un jurista), Osuna y Sevilla. En la capital, 5 psicólogos, 3 trabajadores sociales y 4 juristas, igual que en Dos Hermanas. Además, hay un servicio de guardia para toda la provincia. En Granada fueron atendidas un total de 2.755 mujeres. En Jaén, con motivo de la oficina itinerante, fueron atendidas 200 mujeres más que en 2022 y más del triple que la media de los años anteriores a 2018. En Zaragoza la oficina tiene sus instalaciones en la propia ciudad de la Justicia, y está atendida por un gestor, un administrativo, dos psicólogos, un abogado y una trabajadora social. En Alicante se mantiene la estructura de la red de OAVDS de la provincia, con un total de trece oficinas, que atendieron a 5.763 mujeres. En Castellón son tres las Oficinas: una en Castellón, integrada por tres letradas, una psicóloga y una trabajadora social; la segunda está en Vinaroz, integrada por una letrada, un psicólogo, la plaza de trabajador social no está cubierta; y la tercera en Vila-real, también integrada por una letrada y un psicólogo y trabajador/a social. En Navarra, la oficina atendió a 335 mujeres. En la provincia de Barcelona existen dos oficinas, ambas están formadas por profesionales de la psicología, trabajo social, educación social y derecho. En Guipúzcoa la OAVD está situada en los juzgados. Sin embargo, en Tenerife no existen. Destacan la función de acompañamiento a las víctimas provincias como A Coruña, Pontevedra, Badajoz, Almería, Sevilla, Segovia, Salamanca, Palencia, León, Ávila, Huesca, Zaragoza, Valencia, Girona, Tarragona, Guadalajara, Ciudad Real, Albacete y Madrid, provincia esta última que pone en valor el apoyo de las OAVDS en los casos en que las víctimas se encuentran dudosas a la hora de formular la denuncia, lo que ha demostrado ser una magnífica fórmula para lograr que en un alto porcentaje que han sido remitidas hayan sido capaces de declarar contra sus parejas. Y en Granada, en las diligencias de investigación constituye una práctica habitual el citar a la perjudicada ante el SAVA para que se le informe de todos los recursos con los que cuenta, apoyo emocional y jurídico, etc. En Badajoz, Madrid, Lugo, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Teruel, Valencia existe una comunicación fluida entre la OAV y la Fiscalía.

En la prestación del servicio en Orense refieren una importante mejora en el funcionamiento, durante largo tiempo criticado, de la oficina de atención a las víctimas. En A Coruña, sin embargo, se apuntan una serie de deficiencias por los profesionales que atienden la oficina: que no exista un protocolo común de asistencia para todas las oficinas, carencia de una aplicación informática para el registro, el escaso conocimiento del recurso por la población, nula derivación por parte del IMELGA, escasa formación específica del personal de las oficinas, entre otras. En Pontevedra persiste la problemática en la OAV de Vigo, por cuanto gran parte de la colaboración que percibe la misma deriva de los Centros de Información de la mujer y en el caso del CIM de Vigo carece desde hace más de un año de psicóloga, al estar de baja.

Ante tal situación, reiteramos la conveniencia de garantizar que las OAVD estén dotadas de personal suficiente, multidisciplinar y con formación específica en enfoque de género, infancia e interseccionalidad, que realicen servicios de guardia y que se creen oficinas itinerantes que acudan allí donde se encuentra la víctima, facilitando la atención de éstas en el mundo rural.

La delegada de Barcelona refiere que ha elevado consulta a la Ilma. Sra. Fiscal Jefa sobre cómo compatibilizar la protección de las víctimas y su derecho a la protección de datos toda vez que, las OAVD se dirigen en numerosas ocasiones a la Fiscalía solicitando información para el ejercicio de sus propias funciones. La Fiscal Jefa planteó la consulta al Excmo. Sr. Fiscal del Tribunal Supremo Delegado para la Protección de Datos quien, por Nota Interior de 21 de noviembre de 2023, informó que antes de comunicar a la OAVD cualquier dato personal de la víctima el/la fiscal deberá cerciorarse de que esta ha prestado el previo consentimiento, expreso, libre e informado, adjuntándose modelo de diligencia de consentimiento de las víctimas de delito a prestar en Fiscalía.

1.4.3 Valoración Policial del Riesgo (VioGén)

La Secretaría de Estado de Seguridad dictó la Instrucción 1/2023 en virtud de la que, cuando los denunciados tienen antecedentes policiales o judiciales por violencia de género con otras víctimas, el sistema VioGén, con independencia de la valoración del riesgo, genera una diligencia automática de «caso de agresor persistente» dirigido a la autoridad judicial y fiscal. En las Conclusiones de los fiscales especialistas se acordó prestar especial cautela al revisar la valoración de riesgo policial, ya sea inicial o de evolución del riesgo, a fin de comprobar si aparece esa diligencia y tener en cuenta la existencia de esos antecedentes como un factor de riesgo grave, con independencia del nivel del riesgo policial resultante de esas valoraciones, a la hora de solicitar las medidas cautelares que deban adoptarse para proteger a las mujeres y a sus hijos e hijas y, en su caso, la instalación de los dispositivos telemáticos de detección de proximidad. Asimismo, en respuesta al elevado número de feminicidios contabilizados, la Fiscal de Sala se dirigió a los/las fiscales delegados/as por oficio de fecha 10 de enero de 2023 para que, en aquellas situaciones en las que la Valoración de Riesgo Policial es de riesgo «Extremo», «Alto» o «Medio de especial relevancia» se interesara la instalación del dispositivo telemático de detección de la proximidad, salvo que entendieran que procedía acordar la prisión provisional a fin de proteger a las víctimas (505.3.c LECrim).

Preocupa en Álava que la Ertzaintza no incorpore al atestado la tabla de ítems valorados para la determinación del riesgo, ni que remitan a la Fiscal delegada los casos en que se aprecie una agravación policial del riesgo, con la finalidad de solicitar las medidas judiciales de protección más adecuadas, así como la falta de coordinación entre aquella y la policía local que está suponiendo que, en algunos atestados no se una el informe de valoración de riesgo. La delegada de Cáceres, sin embargo, destaca la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad al activar el protocolo «0» y ser sumamente cuidadosos en identificar a testigos cuando los hechos se producen en la vía pública para limitar al máximo el efecto del uso del art. 416 de la LECrim.