14.7 Actividad de las secciones especializadas
No es posible dar cuenta en esta Memoria de toda la actividad jurisdiccional desarrollada en la materia por las secciones especializadas, ni reflejar el contenido de la totalidad de los procedimientos, escritos de acusación o sentencias del año. Es por ello que únicamente se hará referencia a algunos de los procedimientos más reseñables de los que han sido atendidos por los fiscales de la especialidad en algunas de las fiscalías territoriales. La exposición de casos que seguidamente se realiza no pretende sino ser una pequeña muestra del quehacer de las/los delegadas/os y de la naturaleza y variedad de los asuntos en los que intervienen. También se dejará constancia de algunas de las consideraciones de carácter jurídico que se hacen por parte de los/las delegados/as en las Memorias de sus fiscalías provinciales.
Comenzando por la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Fiscalía Provincial de Málaga da cuenta de las DP 529/2020 seguidas en el Juzgado de Instrucción n.º 3 de Vélez-Málaga, inicialmente incoadas por delitos de falsedad, pero en las que han aflorado varios delitos fiscales por IVA con cuotas millonarias defraudadas mediante una red de más de trescientas personas que simulaban ser pequeños agricultores.
En la Comunidad Autónoma de Aragón, la Fiscalía Provincial de Huesca informa de la segunda sentencia dictada en el procedimiento DP 668/2015 poniendo fin al enjuiciamiento de un macroproceso seguido por delitos de fraude de prestaciones de la Seguridad Social (art. 307.ter CP) en el que se acusaba a un total de 53 personas. El total de personas condenadas asciende a 50. La primera vista se celebró en 2022 respecto a 49 personas y el 23 de octubre de 2023 se celebró respecto a tres acusados más.
En la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Les Illes Balears se expone la problemática jurídica suscitada en un caso en el que el asesor fiscal del obligado tributario se apropió ilícitamente de los fondos recibidos de aquél, cliente suyo, y no realizó el pago de la cuota tributaria. En la línea de lo establecido en la STS de 26 de marzo de 2015, parece viable la acusación contra el asesor en calidad de cooperador necesario por el fraude fiscal de su cliente obligado tributario.
Por su parte, la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cantabria destaca la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia que ratifica el pronunciamiento condenatorio de 3 de octubre de 2022 por delito fiscal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial (PA 4/2022) y en la que se analizan interesantes cuestiones relacionadas con las entradas en domicilios de personas jurídicas por parte de los órganos de inspección de la AEAT.
Las Fiscalías Provinciales de Cuenca y de Zamora dan cuenta en sus Memorias de sendos procedimiento penales que se instruyen en juzgados de su territorio por delitos contra la Hacienda Pública y falsedad documental, en los se investigan elevadas cuotas tributarias defraudadas en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos en el seno de entramados de empresas con ramificaciones en varias provincias.
En la Memoria de la Fiscalía Provincial de Segovia se reseña un procedimiento de especial complejidad que tiene por objeto la obtención fraudulenta y desvío por parte de varias sociedades de subvenciones concedidas por el Ministerio de Industria. Tras una dilatada instrucción, ya se ha podido presentar escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal por los delitos de estafa y fraude de subvenciones.
En el marco de la importante labor que desarrolla la sección especializada de la Fiscalía Provincial de Barcelona destacan dos pronunciamientos judiciales. El primero, la sentencia n.º 116/2023, de 25 de abril, del TSJ de Cataluña confirmando el fallo condenatorio de la Audiencia Provincial por delito contra la Hacienda Pública y avalando que, en el marco de las defraudaciones por IRPF, se incluyan las «ausencias esporádicas» en el cómputo para acreditar la residencia fiscal en nuestro país. Y el segundo, la sentencia de conformidad dictada por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona en un procedimiento seguido contra una artista de renombre internacional por seis delitos fiscales por IRPF e Impuesto sobre el Patrimonio. El importe de los pagos realizados por la acusada en concepto de cuotas tributarias e intereses de demora ascendió a un total de 17.454.063 euros. El importe de las multas impuestas en sentencia –satisfechas en su integridad– es de 7.329.990 euros.
Esta misma Sección expone la problemática que plantean los supuestos de prestación por personas físicas de servicios profesionales a través de sociedades en los que, en función de las concretas circunstancias que concurren en cada caso, se barajan diversas tesis, como son la economía de opción, el fraude de ley o la simulación. La respuesta de los órganos judiciales de enjuiciamiento ha sido diversa, en muy buena parte debido a las peculiaridades de cada supuesto. En ocasiones se ha considerado legítima o lícita esta utilización de sociedades, en otras se ha considerado que nos hallamos ante un fraude de ley sin sanción penal y, finalmente, hay pronunciamientos que claramente sitúan los hechos en el ámbito de la simulación y el delito.
En la Comunidad Autónoma de Extremadura, la Fiscalía Provincial de Badajoz incide en otra cuestión de interés. Se trata del concepto de «labores de tabaco» a efectos del delito de contrabando en relación con determinadas hojas de tabaco natural que pueden ser fumadas sin necesidad de proceso industrial ulterior y a la vista de lo establecido en la STJUE de 6 de abril de 2017 –asunto EKO-TABAC (C-638/15)– y las SSTS de 26 de febrero de 2019 y 2 de marzo de 2022. Se plantea la posibilidad de un delito de contrabando en grado de tentativa.
La Memoria de la Fiscalía Provincial de Lugo da cuenta de una causa de especial relevancia y volumen, las DP 449/2013 que se instruyen en el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Lugo (operación «Condor») por delitos fiscales, donde se investiga al Grupo Autocares Monbus y la trama «Inter Rías-Viajes Fisterra», esta última inhibida a los juzgados de Cambados.
Dentro de la intensa actividad desarrollada por la sección de la Fiscalía Provincial de Madrid, destacan dos pronunciamientos judiciales. La sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial y confirmada por el Tribunal Superior de Justicia por tres delitos contra la Hacienda Pública agravados por fraude en el impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero con unas cuotas defraudadas en tres ejercicios por importe total de 12.644.958,18 euros. Y la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que condenó a un asesor fiscal como cooperador necesario de cuatro delitos fiscales por su contribución a la elusión del obligado tributario ideando el fraude y creando estructuras complejas para su ejecución.
La Fiscalía de la Comunidad Foral de Navarra pone el acento en dos procedimientos. Uno, cuyo juicio oral ya ha tenido lugar ante la Audiencia Provincial y está pendiente de sentencia, en el que se ventilan delitos contra la Hacienda Pública en relación con el IVA y con el impuesto de Régimen Especial de Bienes Usados en el marco de una actividad de compra y venta de vehículos de alta gama adquiridos en Alemania. Y el otro, el procedimiento de DP 1216/2022 del Jugado de Instrucción n.º 4 de Pamplona por delito de contrabando de tabaco, contra la propiedad industrial y contra los derechos de los trabajadores en el que ya se ha formulado escrito de acusación por parte del Ministerio Fiscal.
Por último y ya en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Valencia destaca el juicio oral celebrado ante la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial por 19 delitos fiscales, falsedad en documento mercantil, contrabando y organización criminal contra un entramado de 21 acusados y 25 sociedades. Esta misma sección analiza en su Memoria la penalidad del delito de contrabando de tabaco y aboga por la introducción de un subtipo agravado por la cuantía.
Por su parte, la Fiscalía Provincial de Castellón informa de otros dos procedimientos de indudable importancia. El PA 720/2017 del Juzgado de Instrucción n.º 3 de Nules donde se investiga una defraudación tributaria en la que se hallan implicadas en torno a 206 personas físicas y jurídicas. Y el PA 96/2016 del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Nules que se dirige, entre otros, contra responsables de la Confederación de Empresarios de Castellón y la Confederación de Organizadores Empresariales de la Comunidad Valenciana por delito de fraude de subvenciones y falsedad documental en el marco de la ejecución de un plan de formación intersectorial y en el que el Ministerio Fiscal ya ha emitido escrito de acusación.