13.7 Cuestiones de interés suscitadas por los Fiscales coordinadores
Por razones de espacio no es posible referirnos a todas las cuestiones de interés suscitadas en las Memorias de las distintas fiscalías sino solamente a las que acumulan mayor carga de preocupación y comentario.
La Fiscalía de VP de Madrid, se ha enfrentado en 2023 a tres temas que, bien por su novedad, bien por su mayor incidencia, han tenido una especial relevancia durante el presente ejercicio: el nuevo sistema de notificaciones de las clasificaciones en tercer grado penitenciario, las quejas por falta de asistencia sanitaria y las actuaciones en el programa de atención integral a los enfermos mentales (PAIEM).
Las notificaciones a la Fiscalía de las clasificaciones en tercer grado, en tanto el recurso del MF tiene efecto suspensivo (SSTS 965 y 966/2022) realizadas por los siete centros penitenciarios y los tres centros de inserción social de la Comunidad de Madrid se canalizan a través de un correo electrónico específicamente creado para tal finalidad al que se remiten las resoluciones de clasificación junto con todos los documentos en los que se fundamentan. El proceso está plenamente informatizado lo que ha permitido que, en el plazo de cinco días, se notifique a los centros penitenciarios si el/la fiscal va o no a recurrir la clasificación y se interponga en el mismo plazo el correspondiente recurso, con la consiguiente agilización de todos los trámites.
Al haber constatado que los déficits de atención sanitaria son estructurales y de largo recorrido, se ha interesado de los juzgados de vigilancia penitenciaria que elevaran a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias una propuesta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 76. 2 g) y el artículo 77 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, a fin de que se adopten las medidas necesarias para solucionar las graves carencias derivadas de la falta de médicos en los centros penitenciarios.
Los fiscales de la sección han visitado los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid para supervisar el grado de implantación del Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales en Centros Penitenciarios (PAIEM). Los objetivos del programa PAIEM son recuperar la salud del interno, superar los efectos negativos que el trastorno mental tiene sobre su persona y continuar con el tratamiento, cuidado y apoyo del interno cuando abandona el centro. Por cada interno se elabora un programa individualizado de rehabilitación (PIR) que implica evaluar la enfermedad mental que padece, determinar el nivel de intervención, asignar los objetivos y actividades intra y extra penitenciarios, así como los apoyos que precise, nombrando un tutor (cada miembro que integra el equipo multidisciplinar es tutor de uno o varios internos) y planificar su seguimiento y evolución. Gracias a la colaboración entre Fiscalía y la Dirección General de Asuntos Penitenciarios, se ha establecido un punto de contacto telemático, que permite una comunicación directa entre la sección especializada de vigilancia penitenciaria y los centros penitenciarios.
La Memoria de la Fiscalía Provincial de Barcelona da cuenta de que el plazo de interposición del recurso contra terceros grados, a raíz de la jurisprudencia sobre el efecto suspensivo, ha pasado a ser de un mes a cinco días, lo que sin duda, supone un extraordinario esfuerzo por parte de los fiscales del servicio y de los funcionarios adscritos a la sección de vigilancia. Destaca también el esfuerzo realizado por la Administración Autonómica que para intentar paliar dicha situación otorgaron un funcionario de refuerzo.
Se ha producido un espectacular aumento del trabajo en el servicio, de los 26.583 dictámenes realizados en el año 2022, se han pasado a realizar 29.263 dictámenes, es decir 3.320 más, de éstos 7.785 son de TBC. Ello sin duda tiene que ver con el aumento de la población reclusa que ha pasado de 7.715 internos durante el año 2022 a 8.029 a 31 de diciembre de 2023. Destaca de otra parte que la comunidad autónoma catalana durante este año se ha convertido por primera vez en la comunidad española con más internos extranjeros que nacionales.
La relación con la administración penitenciaria catalana, durante el año 2023, ha sido cordial y fluida, con ánimo de colaboración y entendimiento, y de gran eficacia en la resolución de problemas.
Da cuenta de la fluida, constante y fructífera colaboración con el delegado de antidroga en esta Fiscalía, que no sólo se ha mantenido como en años anteriores, sino que incluso se ha incrementado, y también con la delegada de la sección especializada de atención a la víctima y con la delegada de la sección especializada de extranjería.
La Fiscalía Provincial de Lleida, a través de su coordinadora informa que en terceros grados está funcionando correctamente el sistema de notificación mediante el Punto Neutro Judicial y que a lo largo de 2023 se han recibido 87 comunicaciones y se han interpuesto 6 recursos.
Según datos facilitados por el Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya, durante el año 2023, se finalizaron un total de 145 programas de justicia restaurativa. En cuanto a la distribución de los programas finalizados, 27 no fueron viables antes de iniciar el proceso, 67 fueron viables con acuerdos, en 24 se realizaron entrevistas reparadoras con la víctima y 27 fueron inviables tras iniciar el proceso. La mayor parte de las peticiones de mediación procedieron de los juzgados de Lleida, en tanto que, por tipología delictiva, en 76 casos se llevó a cabo el proceso de mediación en delitos de lesiones, 83 en delitos contra la libertad, 34 en delitos contra el patrimonio, en 1 delito contra la vida y en 1 delito contra la libertad sexual y 7 en otros delitos.
En la Memoria de la Fiscalía Provincial de Alicante, el Fiscal coordinador reseña que, de los 17.248 dictámenes, el mayor número se corresponde con los TBC, 6.287, siguiendo la tendencia de recuperación tras la paralización sufrida en 2020, habiéndose ya emitido en 2021, 4.185 informes y en 2022, 4.777. En el Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas se ha incoado este año 3.634 planes, estando en cumplimiento 1.009 a fecha 31 de diciembre. Volviendo a la estadística, siguen –en número de dictámenes– los emitidos en quejas genéricas y en permisos, a propuesta del centro o por queja del interno.
La Memoria reitera los problemas detectados en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario sobre todo en relación a la dificultad de externalizar internos con merma de peligrosidad y respecto de los que la atención médica podría prestarse en recurso de internamiento comunitario, por falta de centros,
Al constatar el año pasado que en el CP de Villena se estaban cumpliendo medidas de seguridad, se acordó con la Dirección se diese cuenta mensual de los ingresos de ese tipo que se produjesen, habiéndose instado del JVP que propusiese al sentenciador el inmediato traslado al hospital psiquiátrico penitenciario, pretensión asumida por el órgano judicial. En 2023 en expediente gubernativo de esta Fiscalía se ha realizado un seguimiento mensual, solicitando y obteniendo del juzgado el traslado al centro psiquiátrico del único supuesto comunicado. En el mismo sentido, sin expediente gubernativo, se ha actuado en otro supuesto detectado en el CP de Alicante (Exp. 4.251-23).
Por otra parte, constatamos en expediente disciplinario que un interno pidió como prueba el visionado de cámaras a los 9 días de los hechos y se le contestó que solo se conservaban 7 días. Dimos cuenta de la incoación de expediente gubernativo (2-22) para control del cumplimiento de la Orden de Dirección 3/19, que estableció que las grabaciones de «los incidentes regimentales que hayan de ser comunicados al juzgado» debían conservarse un mes. Se reconoció por la Administración que era necesario aumentar el número de «teras» de los discos duros, en cuyo proceso estaban implicados, habiendo conseguido ya que todas graben sin sobrescribir entre 10 y 15 días, número de días que intentarían ir ampliando.
El Fiscal de A Coruña, indica que aunque la entrada del llamado expediente digital se produjo en octubre de 2022 lo cierto es que a fecha 31 de diciembre de 2023 el sistema no está implantado en el juzgado de vigilancia penitenciaria por lo que los expedientes siguen despachándose en formato papel. Se cuenta, no obstante, de la ventaja de que la sede del JVP está justo debajo de la sede de la Fiscalía Provincial por lo que cualquier necesidad de traslado urgente se realiza de modo inmediato.
Del total de 1.138 expedientes de permiso, el porcentaje de quebrantamiento de estos permisos de salida es muy bajo hasta el punto de que durante el año 2023 sólo se han registrado 6 casos de quebrantamiento (no regreso de un permiso de salida) más 1 caso por no reingresar de una salida programada.
Tuvieron entrada durante el año 2023 un total de 1.892 expedientes para la elaboración de planes de ejecución de penas de TBC.
Se registraron 270 diligencias para notificación al Ministerio Fiscal (art. 107 RP) de clasificaciones en tercer grado, siendo recurridas 10 de ellas por el Ministerio Fiscal.
Por el Teniente Fiscal de Lugo se informa que actualmente todos los expedientes son digitales. El juzgado registró un total de 4.890 asuntos. La Fiscalía emitió un total de 5.598 informes y 4 visitas a los establecimientos penitenciarios. En relación con la situación general de cumplimiento de penas e incidencias en permisos podemos señalar que no se dan muchas incidencias, habiéndose mantenido el número de quebrantamientos con un total de cinco.
En relación con la ejecución de las penas de trabajos en beneficio de la comunidad, en esta provincia por el momento no se están planteando serios problemas en cuanto a su ejecución. El servicio de gestión de penas cuenta por el momento con plazas suficientes para su ejecución con lo cual se están ejecutando en un tiempo breve. Por el juzgado de vigilancia se incoaron 36 expedientes de TBC, casi la mitad del año anterior.
La Fiscalía de Sevilla da cuenta de que han aumentado los dictámenes emitidos por los fiscales de la sección, 28.560 frente a los 22.192 de 2022.
Indica que si bien se advierte un sensible descenso respecto al año anterior (513 frente a 527 en 2022), continua la tendencia por parte de órganos centrales a la concesión de terceros grados incluso en ocasiones contra el criterio del propio centro penitenciario, condicionando algunos recursos.
Se prosigue promoviendo de oficio cuantas acumulaciones entendíamos que procedían, con la inestimable colaboración de los centros penitenciarios, al facilitarnos hoja de cálculo actualizada y copia de sentencias y de este modo durante el año 2023 se han tramitado 225 expedientes gubernativos para el estudio de la posibilidad de promover incidentes del art. 76 CP, frente a los 180 del pasado año y 73 del anterior); de los 225, 157 han concluido con presentación de dictamen ante el juzgado o tribunal competente. Desde 2020 se han promovido de oficio un total de 500 expedientes que han finalizado con auto acordando haber lugar a la acumulación.
La Fiscalía de Almería señala en orden a la eficacia del trabajo la buena relación con el JVP y con el CP de Almería. Destaca en materia de clasificación en tercer grado que la activación de un mail específico en cada fiscalía para recibir las notificaciones ha favorecido la celeridad en la tramitación. La mayoría de las clasificaciones en tercer grado recurridas, afectan a internos condenados por delito contra la salud pública o por delitos de especial gravedad habiéndose recurrido, también clasificaciones de internos extranjeros por motivo de la aplicación del art. 89.5 del CP (anterior a la reforma operada por L.O 1/2015) entendiendo desde esta Fiscalía que la posibilidad de expulsión sustitutiva no puede ser un criterio de clasificación, sino una consecuencia tras la clasificación. Al día de la fecha es destacable el incremento de recursos interpuestos por el Ministerio Fiscal en atención a las circunstancias que se han referido.
En colaboración y a propuesta de la sección de protección de víctimas de la Fiscalía Provincial se va a articular en el centro penitenciario un proyecto referido a la compensación moral a la víctima con el expreso arrepentimiento del penado en comunicación directa únicamente con aquellas víctimas que así presten de forma libre su consentimiento y limitado prácticamente a delitos de contenido patrimonial tras un minucioso proceso previo.
1. El Fiscal de Cádiz da cuenta del Auto de 3 de febrero de 2023, dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cádiz estimando el recurso del Ministerio Fiscal en el expediente de Libertad Vigilada Postpenitenciaria n.º 3068/2022 del JVP n.º 10 de Andalucía contra el Auto dictado por el JVP en el que acordaba su falta de competencia objetiva para decidir sobre el seguimiento y control de la medida de seguridad de libertad vigilada postpenitenciaria de un año impuesta a un interno, argumentando que no era competente el JVP porque aquel no había sido había sido condenado de forma directa a pena privativa de libertad sino a la pena de multa, por lo que la privación de libertad procedía del cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria para caso de impago. La Sala acogió la argumentación del Ministerio Público expuesta ampliamente en la anterior memoria, y que, muy resumidamente, se basaba en que la circunstancia esencial a la que atender para fijar la competencia del JVP era el efectivo cumplimiento de una pena privativa de libertad, ya que el sentido de la intervención en el seguimiento y control de la libertad vigilada postpenitenciaria no es otro que optimizar el conocimiento del penado que se ha obtenido en el ámbito penitenciario y por el propio JVP durante el cumplimiento de la condena.
2. De otra parte indica que por la Fiscalía se han recurrido en apelación los Autos dictados por el JVP n.º 4 de Andalucía en los expedientes n.º 839/2023 y n.º 1596/2023 en los cuales, estimando las peticiones de los internos, se establecía el límite de cumplimiento del triple de la más grave de las sanciones impuestas a aquellos en distintos expedientes disciplinarios, haciendo una aplicación analógica de la jurisprudencia emanada del Tribunal Supremo en relación con la acumulación de condenas del artículo 76 CP. La distinta finalidad de las penas, que están orientadas a la reinserción, y del régimen disciplinario, que se dirige a garantizar la seguridad y conseguir una convivencia ordenada en el centro penitenciario, junto a otras razones que recoge la Memoria, hace que no se comparta el paralelismo hecho entre las penas y las sanciones en el ámbito penitenciario para aplicar a estas el régimen de acumulación de aquellas. Termina señalando que no existe un criterio formulado al respecto en las jornadas de fiscales de vigilancia penitenciaria.
3. Las dificultades de los servicios médicos de los centros penitenciarios para atender la demanda sanitaria de los internos, particularmente en el CP Puerto III y en el CP Algeciras-Botafuegos, han dado lugar a numerosas quejas.
La Fiscalía de Málaga refiere que la población reclusa no ha experimentado diferencias significativas en relación al año anterior, salvo la significativa disminución del número de internos en el CIS «Evaristo Martín Nieto». El Centro Penitenciario de Archidona mantiene el número de su población reclusa, continuando muy por debajo de su capacidad. La falta de medios personales y de algunos programas específicos de tratamiento aparecen como rémora que dificulta su pleno desarrollo.
La Fiscalía de Jaén reseña esencialmente dos cuestiones. Respecto a régimen penitenciario el que las resoluciones del JVP y los informes de la Fiscalía suelen ser coincidentes. La discrepancia está en el criterio más abierto del JVP para la concesión de permisos cuando lleva bastante tiempo en prisión (siempre más de la mitad). La Fiscalía suele discrepar de IIPP cuando al interno se le han dado varios permisos por el JVP y hace uso adecuado de los mismos y pese a ello IIPP le sigue denegando el permiso. Igualmente, en materia de progresión a 3.er grado se observa un criterio más abierto por parte de JVP cuando está ya próximo a la terminación de su condena y ha disfrutado de distintos permisos sin incidencias.
La segunda cuestión se refiere a las visitas al centro penitenciario. A diferencia del JVP que sigue realizando las visitas por videoconferencia los fiscales se desplazan ya al centro. Durante el año 2023 se han hecho 5 visitas. La idea es intentar al menos llegar a 6 visitas anuales en la que participen además los fiscales especialistas de otras materias.
La Fiscalía Provincial de Huelva da cuenta de que se puede constatar un aumento de procedimientos y dictámenes, ya que a lo largo del año fueron despachados un total de 6.893 dictámenes (6.615 el año anterior), en los diferentes expedientes tramitados por el JVP n.º 6 de Andalucía.
Da cuenta el Fiscal de Granada de que los volúmenes habituales de trabajo han sufrido un ligero incremento tanto en el plano cuantitativo como el cualitativo. A la eficiencia y resolución de tales asuntos, se ha colaborado conforme a las instrucciones impartidas con la implantación del nuevo sistema de notificación de propuestas administrativas de clasificaciones de grado a través de correo electrónico, adjuntando la documentación complementaria cuyas disfunciones de tenor puramente informático, quedaron solventadas a inicios del mes de agosto de 2023, y de ahí las cifras antes indicadas. Se insiste: fueron ciento diecisiete (117) propuestas de clasificación concentradas en el mes de agosto que el Fiscal renunció a impugnar, considerándose las mismas inmediatamente ejecutivas tras un plazo de cinco días tras el acuse de recibo de cada una de ellas.
El Teniente Fiscal encargado del JVP n.º 8 de Andalucía con sede en Córdoba informa que durante el ejercicio 2.022 se han despachado un total de 5.186 expedientes.
La Fiscal delegada de Santander indica que el número de expedientes del juzgado de vigilancia penitenciaria ha aumentado ligeramente en relación a años anteriores, alcanzando un total de 2.140 expedientes (de ellos 419 relativos a trabajos en beneficio de la comunidad). Han cursado periódicas visitas los 2 centros penitenciarios existentes (El Dueso y al Centro de Inserción Social José Hierro) al objeto de atender las quejas y reclamaciones de los internos, realizando las dos fiscales 10 visitas, 6 al CP El Dueso y 4 al CIS.
Durante el año se han notificado a Fiscalía directamente desde el centro penitenciario 107 clasificaciones iniciales y progresiones en tercer grado (125 en 2022), de las que se han recurrido 8.
La Fiscalía de San Sebastián indica que la cárcel de Martutene presenta todos los problemas típicos de su antigüedad (fue construida en el año 1948), lo que en algunos supuestos conlleva quejas en torno a la falta de espacio suficiente. No obstante, se está construyendo un nuevo centro penitenciario en Donostia, denominado «Zubieta», cuya inauguración se prevé para finales de este año 2024 o comienzos de 2025.
La Memoria de Toledo expresa que en los tres Centros Penitenciarios (Ocaña I y II, y Cuenca) cuyos expedientes son despachados desde la Sección Territorial de Ocaña de la Fiscalía se aprecia una ligera disminución en el número de penados internos respecto al año anterior (un total de 40 penados menos) así como un aumento en el número de presos preventivos (36 preventivos más).
Desde el 18 de enero de 2022 se implementó la fiscalía digital de forma que este año 2023, al igual que el anterior, se viene trabajando casi plenamente con las aplicaciones vinculadas al sistema integral digital; sistema de digitalización que sigue reforzando la eficacia y la agilidad en el desempeño de la función del Fiscal de la especialidad.
Existen tres materias en las que al actuación del Ministerio Fiscal es más intensa: trabajos en beneficio de la comunidad (con 769 asuntos de entrada y 848 dictámenes, sin contar los vistos y notificaciones), permisos de salida (con 778 asuntos y 795 dictámenes, sin incluir los vistos y notificaciones ), y grados (con 260 entradas, entre Centro Directivo y juzgado, y más de 208 dictámenes sin incluir los vistos y notificaciones). Es cierto que peticiones y quejas o expedientes disciplinarios son también relevantes, pero el alcance de los dictámenes es de menor intensidad argumental, si bien se ha apreciado este año un aumento de las quejas.
En total se han realizado 12 visitas, la mayor parte presenciales y algunas a través de videoconferencia, dada la distancia del Centro penitenciario de Cuenca.
Una vez más debe insistirse en que desde esta Fiscalía se considera imprescindible afrontar la regulación de un derecho procesal penitenciario superando la consolidada anomalía representada por la disposición adicional quinta de la LOPJ.
La Fiscalía de Ciudad Real despliega su trabajo ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 1 de Castilla La Mancha, el cual ejerce su jurisdicción sobre los Centros Penitenciarios de Herrera de la Mancha y Alcázar de San Juan en la provincia de Ciudad Real y el de Albacete, nos informa que el conjunto de la población penitenciaria entre los tres Centros gira en torno a los 781 internos. Han interpuesto durante el año 2023 un total de 22 recursos de queja ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 1 de Castilla-La Mancha, por parte del Ministerio Fiscal contra o frente a las resoluciones administrativas sobre clasificación en tercer grado de tratamiento penitenciario, en virtud de los arts. 76.2 f LOGP y 31.1 RP.
La Fiscalía de León advierte que, en relación con la posibilidad de no aplicar a ciudadanos comunitarios la tramitación de la Ley 23/14 en algunos supuestos de libertad condicional establecida en las Conclusiones de Fiscales de Vigilancia Penitenciaria desde 2018, ese criterio se ha modificado a raíz de la sentencia del TJUE de 26 de marzo de 2020 y, aunque no se imponga al penado más condición que la genérica de no delinquir, ha de entenderse que se podrá trasmitir a través de la citada Ley toda petición de cumplimiento de libertad condicional en la Unión Europea.
Indica la Fiscalía de Salamanca, a cargo de CP de Topas y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria n.º 5 de Castilla y León, con sede en la ciudad de Salamanca, que a lo largo de 2023 se ha afianzado la digitalización comenzada a finales de 2021 y desarrollada durante 2022, de manera que la fiscalía digital para el intercambio electrónico de información entre los JVP y las fiscalías provinciales, entre otras, de Salamanca, está a pleno rendimiento y cada vez con mejor adaptación a las especialidades de la materia, ya que se han ido resolviendo problemas surgidos al principio como los registros de suspensiones de permisos, entre otros.
Refiere la notable incidencia de la utilización del sistema de videoconferencia para la realización de actuaciones judiciales. Conforme se ha reseñado, este sistema se ha ido incrementando paulatinamente desde su instalación, sistema ágil y efectivo desde el punto de vista penitenciario, puesto que evita numerosos traslados y salidas.
Mencionar la implementación en el Centro Penitenciario de Topas, de forma cada vez más generalizada del programa de verificación de la libertad condicional, que implica la creación de la figura de agente de libertad condicional.
Indica la Fiscalía de Valencia que el número de informes en los expedientes tramitados en vigilancia penitenciaria ha sido 16.635.
Refiere que, ante la regulación de la libertad condicional de 2015, siguen siendo numerosas las renuncias a la petición de tramitación del expediente lo que puede ser debido a que el tiempo mínimo de suspensión supera al tiempo de condena que falta por cumplir al penado o porque el tiempo pasado en libertad condicional no se computa en caso de revocación de la misma.
Llama la atención sobre el dato de que han tramitado 28 expedientes de suspensión de ejecución de la pena por aplicación del art. 60 del C. P. frente a los 15 del ejercicio anterior.
La Fiscalía de La Rioja informa que en materia de delitos contra la violencia de género con imposición de pena de trabajos en beneficio de la comunidad, existe en el Centro Penitenciario de Logroño un taller específico denominado Regenerar, que se instauró el año pasado como proyecto piloto destinado a la sensibilización sobre igualdad en colaboración con el centro asesor de la mujer de La Rioja, todo ello y siempre para penas que no superen las 90 jornadas de trabajos comunitarios y solamente para los penados por este tipo de delitos. La pena de trabajo en beneficio de la comunidad por delitos de violencia de género en la franja de entre 21 y 90 jornadas se ha mantenido, en este año 2023, en los mismos números del anterior.
En este tipo de delitos, llama la atención la juventud de los condenados: el 31 % son personas menores de treinta años, (el 3% ni siquiera han cumplido los veinte años) y el 26 % no ha alcanzado los cuarenta: esto es, son personas ya nacidas con la implantación del principio de igualdad (art. 14 CE) como elemento inspirador de cada una de las normas y reglas con conforman nuestro ordenamiento jurídico.
En la Fiscalía de Badajoz, el coordinador de la sección informa de que continúan las dificultades de la inexistencia de una sede física específica de VP.
Refiere que el JVP utiliza un sistema –Minerva–, que no es compatible con el sistema Fortuny en múltiples cuestiones. Si el sistema ya era deficiente en años precedentes, con la implantación de la nueva Oficina Judicial en la sede de Badajoz, y el cambio de sede física efectuado, a principios de noviembre de la totalidad de los juzgados y de la Fiscalía de Badajoz, durante aproximadamente mes y medio, el sistema ha colapsado. Por parte de la Fiscalía se han mantenido reuniones personales– incluso con la presencia en ellas del Fiscal Jefe, el Teniente Fiscal y el responsable de servicio informático de la Fiscalía- a fin de poder resolver los problemas. Fruto de ellas, a principios de 2024, parece que se van resolviendo los problemas más acuciantes.
La Fiscal de Las Palmas señala un ligero aumento del número de internos que, sin embargo, distribuidos en tres centros penitenciarios, ha permitido descongestionar en alguna medida el Centro de Salto del Negro.
El número total de dictámenes emitidos por la Fiscalía en asuntos procedentes de los juzgados de vigilancia penitenciaria ascendió el pasado año a 5.525, por tanto, ha habido una disminución con respecto al año pasado en que se emitieron un total de 6.888 dictámenes. Han realizado 6 visitas presenciales a los centros penitenciarios y una conexión mediante el sistema de Webex.
La Fiscalía de Tenerife indica que se han despachado 41 dictámenes al mes por cada uno de los 5 fiscales que integran el servicio. Se han efectuado un total de 10 visitas de inspección a los tres centros penitenciarios de la provincia.
Se han tramitado en esta Fiscalía 190 diligencias preliminares por notificaciones de progresión al tercer grado remitidas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, interponiéndose 6 recursos.
Debe mencionarse el incendio que durante el mes de agosto de 2023 asoló la corona forestal de la Isla de Tenerife, llegando a acercarse peligrosamente el fuego a las inmediaciones del Centro penitenciario Tenerife II, evidenciando tal situación que no existía plan de evacuación del mismo si hubiera sido necesario y que las reservas de agua de la prisión se limitan a dos días, por lo que al cortarse el suministro de agua, los internos no pudieron disponer de agua para las actividades cotidianas (ducha, lavado, inodoros, etc.) durante varios días. Se deja constancia del cierre del Módulo de Mujeres en julio de 2023, ante las deficiencias estructurales, de canalizaciones de agua y cableado eléctrico, que según los técnicos podrían haber provocado accidentes personales de consecuencias fatales, siendo trasladadas temporalmente las internas a un Submódulo ubicado dentro del Módulo de la Unidad Terapéutica Educativa, con bastante limitaciones de espacio y medios, a la espera de la que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias acometa obras de reforma u otras soluciones alternativas imprescindibles.
La Fiscalía de Zaragoza informa acerca de las ventajas del sistema informático Avantius, en general y, en particular, en materia de vigilancia penitenciaria, que supone la rápida realización y de manera totalmente satisfactoria de todos los expedientes e informes de manera virtual a través de dicha aplicación, atendiendo a la facilidad de manejo de la misma, así como a la celeridad e inmediación que se consigue, con una comunicación directa y plena entre el Fiscal y el JVP.