12.3 Actividad desplegada por las Fiscalías
Este apartado constituye una muestra representativa del contenido de algunas de las Memorias de las fiscalías territoriales, cuya selección siempre es una difícil tarea, pues la imposibilidad de trasladar el contenido de todos los textos impone hacer mención de forma sintética a contadas sugerencias y trasladar solo determinadas aportaciones. Nuevamente hay que felicitar y agradecer a los compañeros su esfuerzo y compromiso con la protección de las víctimas.
12.3.1 Madrid
La Fiscal de víctimas de la Fiscalía Superior de la Comunidad de Madrid, como representante de la Fiscalía General del Estado en el Consejo Asesor de Víctimas previsto en el Real Decreto 1109/2015, de 11 de noviembre, por el que se desarrolla el Estatuto de la Víctima y donde se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito, informa de la actividad del Consejo Asesor durante el año 2023. Actividad que se ha incrementado notablemente como ya sucedió en 2022, reuniéndose el Pleno del Consejo Asesor el 12 de julio del año memorial, aprobando las siguientes guías de recomendaciones elaboradas por los diferentes grupos de trabajo constituidos al efecto, y de los que forma parte esta Fiscal:
– Actualización de la Guía de recomendaciones para las oficinas de asistencia a las víctimas en el ámbito de la infancia y adolescencia. El documento tiene como objetivo fijar un conjunto de directrices de actuación mínimas, si bien comunes, homogéneas y armonizadoras, dirigidas a todas las OAVD del territorio nacional. Cualquier víctima directa o indirecta de un hecho delictivo, cuando se dirija a las OAVD recibirá a lo largo del procedimiento penal la debida asistencia y protección de forma integral, coordinada y especializada.
– Guía de recomendaciones para la evaluación individualizada de víctimas y elaboración de informes de vulnerabilidad por parte de la OAV.
– Guía de recomendaciones para la atención en las OAV de las víctimas indirectas en el caso de personas desaparecidas.
Asimismo, en dicho Pleno se acordó la creación de diversos grupos de trabajo para el año 2024, en orden a la confección de guías de recomendaciones o protocolos en diversas materias, entre ellas sobre la atención en las OAVD a las víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral y para la propuesta de indicadores comunes a nivel estadístico sobre la atención a víctimas del delito en el ámbito de las OAV (estadística judicial) en los cuales participa la Fiscalía.
De otro lado, la Fiscalía Provincial de Madrid señala que durante el año 2023 ha comenzado a funcionar el servicio de protección de víctimas del delito, organizado como una red de la que forman parte, además de la fiscal delegada, un fiscal de cada una de las secciones penales y especializadas de la fiscalía y otro fiscal más por cada una de las secciones territoriales.
Por su parte, la delegada se coordina con: (I) el área de testigos protegidos de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid; (II) el fiscal decano de la guardia de la Fiscalía Provincial, quien hace llegar a la delegada una copia de los atestados por delitos en los que se ha detectado víctimas vulnerables; (III) los fiscales encargados de los asuntos desde el momento en que se detecta a una víctima vulnerable, mediante la supervisión del procedimiento hasta la finalización a través de los fiscales que integran red.
En el año 2023 han aumentado las peticiones de acompañamiento de las víctimas menores de edad o con discapacidad por la OAV acordadas de oficio por las secciones de la Audiencia Provincial y de los juzgados de lo penal.
En el año memorial se ha mantenido la tendencia de los años anteriores relativa al aumento de víctimas de edad avanzada atendidas por la red de fiscales. Son personas muy vulnerables cuya situación resulta preocupante, bien porque los agresores pertenecen a su núcleo familiar (hijos, nietos...), bien porque se encuentran en una situación de soledad y sin apoyo familiar.
Se ha comprobado que estas víctimas no perciben la victimización cuando el autor de los hechos es una persona de la familia, acogiéndose a la dispensa de declarar y rechazando medida de protección para no perjudicar a su familiar (el investigado). En estos casos, se gestiona una derivación del asunto a los Servicios Sociales, a través de la OAV.
12.3.2 Aragón
Por su parte, la Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de Aragón hace referencia al Convenio suscrito entre el Gobierno de Aragón y a la asociación ATADES (Asociación aragonesa para la atención de la discapacidad intelectual) para la asistencia a víctimas de delitos en las que concurra esa circunstancia. La asistencia se lleva a cabo por medio de la UAVDI (Unidad de atención a víctimas con discapacidad intelectual), que ese año llevó a efecto 60 intervenciones, 40 de ellas con psicólogo facilitador.
12.3.3 Asturias
Desde esta Fiscalía se ha propiciado una relación más estrecha con todas las OAV, unificando criterios de actuación entre las Oficinas, tratando de dar directrices ante las nuevas regulaciones legales y una guía de recomendaciones para victimas menores, personas con discapacidad, extranjeras y de delitos cuyas víctimas son vulnerables y precisan más apoyo o coordinación entre Instituciones y Organismos. También se acordó facilitar a las Oficinas el cuadro de señalamientos de la Fiscalía, a fin de que por esta se pueda comunicar al/la fiscal que asista a la vista oral la situación de vulnerabilidad de determinadas víctimas, cuando además del acompañamiento se considera que hay necesidad de adoptar cualquier otra medida para que aquella pueda prestar su testimonio con la máxima tranquilidad posible.
Aunque en principio el ámbito de actuación es el proceso penal, es importante que las víctimas sean informadas y puedan conocer las fases previas del mismo, para que lleguen confiadas a la sede judicial y presten testimonio con el mayor sosiego, de ahí la importancia de un asesoramiento previo, cuyo mayor soporte son las Oficinas de Victimas de delito. Tampoco es desdeñable la función que cumplen las líneas de teléfono disponibles, ampliamente utilizadas ante el temor del relato presencial en Comisaria o sede Judicial, y por hacerlo desde un entorno seguro como es la llamada desde su domicilio.
En este ámbito destaca la delegada dos novedades:
– La primera es la entrada en funcionamiento el teléfono gratuito 028 del servicio ARCOIRIS del Ministerio de Igualdad, que funciona en Asturias para atender a las víctimas de los delitos de odio y discriminación por LGTBIfobia, así como para atender cualquier asesoramiento en este ámbito. Esta línea estará en funcionamiento los 365 días del año y las 24 horas del día. Asturias también dispone de WhatsApp para prestar ayuda a víctimas de agresión o situación de discriminación, que puede constituir el paso previo para un asesoramiento que derive en denuncia por delito de odio. Estas situaciones se dan en distintos entornos, laboral, doméstico, deportivo, etc.
– La segunda es la implantación esta anualidad de un botón del pánico para que la víctima conecte directamente con los agentes. El Centro de Crisis desde su nacimiento el 25 noviembre del año 2020, ha atendido a más de 800 personas. Los fondos de actuación proceden del programa Next Generation de la Unión Europea.
12.3.4 Cataluña
Barcelona
La Fiscalía de Barcelona destaca las actuaciones llevadas a cabo por el servicio de protección de víctimas e indica la realización de 104 informes de extranjería y delitos contra la libertad sexual, 6 certificados de violencia sexual y 446 acompañamientos/protección por parte de los Mossos d´Esquadra. En la Fiscalía se creó desde noviembre de 2023 una Sección especializada de protección y tutela de las víctimas en el proceso penal, desgajada de la protección de las víctimas de violencia contra la mujer.
Gerona
Esta Fiscalía señala el problema sufrido ante la incorrecta plasmación de pruebas preconstituidas, al no haberse confeccionado por la LAJ el acta sucinta a que se refiere el art. 449 de la LECrim, por lo que se acordó en Junta velar por el cumplimiento de dicha previsión legal. Se pone de relieve la preocupación sobre la actuación de los menores y las redes sociales y la vulnerabilidad de estos frente a conductas de auténticos depredadores.
Tarragona
La delegada de esta Fiscalía da cuenta con detalle de la experiencia del modelo Barnahaus. La fundación Save The Children, en diciembre de 2018 presentó un informe con el título «Bajo el Mismo Techo» que analizaba la viabilidad en Cataluña de las conocidas como «casas de los niños», esto es, el modelo nórdico de atención integral para niños y niñas víctimas de abuso sexual.
Ese mismo año el Parlamento de Cataluña, en la resolución 220/XII, sobre protecció dels Infants, instó al Gobierno de la Generalitat a crear recursos de atención especializada en abusos sexuales a la infancia, tomando como referencia el modelo Barnahus. El mismo año se anunció la creación de una prueba piloto de una unidad integrada de atención a los menores y adolescentes víctimas de abusos sexuales en Tarragona, siguiendo el modelo Barnahus.
Este modelo, creado por Bragi Gudbrandsson, se puso en marcha en 1998 en Islandia y se ha ido extendiendo por toda Europa, ya que es el mejor a la hora de atender a los niños y niñas víctimas de abusos sexuales desde una óptica interdisciplinaria e interdepartamental. Así, se ha ido implementando en Suecia (2006), Noruega (2007), Dinamarca (2007), Groenlandia (2011), Lituania (2015), Hungría (2016) y otros países.
Esta Fiscalía se implicó desde un primer momento en el apoyo al desarrollo del proyecto de la Barnahus, inaugurándose en el mes de marzo del año 2020 la Barnahus de Tarragona y desde entonces han asumido la intervención/valoración de numerosos casos. El servicio se ha prestado en unas instalaciones provisionales desde su puesta en marcha, pero este año memorial se ha inaugurado la casa definitiva el 29 de marzo de 2023.
La Barnahus, o «casa de los niños», ha conseguido el propósito buscado de crear un ambiente acogedor, tanto para el o la menor víctima como para sus familias. Cuenta con las dependencias adecuadas para que en un mismo espacio se puedan coordinar todos los servicios implicados en casos de abusos sexuales infantiles: policía, servicios de protección, justicia y salud de cara a poder agilizar el proceso judicial y reducir la victimización secundaria que conlleva necesariamente la repetición de diligencias o el desplazamiento de la víctima a diferentes lugares. El sistema está basado en el one door principle: el niño sólo debe entrar en un espacio, traspasar una sola puerta, mientras que son los distintos profesionales los que se desplazan a la Barnahus para realizar sus cometidos.
La casa cuenta con un espacio de recepción, salas de espera, un office, una habitación preparada para llevar a cabo las exploraciones de los menores por parte de los Equipos técnicos, con sistema de grabación para posibilitar la prueba preconstituida, un espacio donde trabajan los profesionales del servicio, varias salas para llevar a cabo entrevistas con las familias y una sala para llevar a cabo las exploraciones médicas.
La coordinación entre profesionales ha permitido que la denuncia se haya podido tomar en las dependencias y la exploración forense de la víctima, junto con los pediatras del hospital de referencia, se haya practicado seguidamente. Al mismo tiempo se ha hecho un acompañamiento de la familia por parte de los profesionales a lo largo de todo el proceso.
En el futuro se pretende que puedan llevarse a cabo en la Barnahus todas las diligencias de investigación de los delitos de abusos a menores previas a la iniciación del proceso judicial e incluso, iniciado éste, la exploración de los menores con las garantías de la prueba preconstituida.
Se pretende además hacer un seguimiento de las víctimas y sus familias, que acuden con una patente necesidad de acompañamiento psicológico y asesoramiento de todo tipo.
Los objetivos del servicio son múltiples: ayudar a las víctimas a denunciar y garantizar su seguridad en el proceso de denuncia, reducir las evaluaciones y entrevistas a los menores víctimas de abuso sexual especialmente las previas a la denuncia, mejorar y garantizar la experiencia en las evaluaciones, conseguir la cooperación entre los distintos departamentos e instituciones implicadas, garantizar la atención y la recuperación de las víctimas, generar un conocimiento especializado y promover la prevención de los abusos sexuales y la formación de los profesionales que interactúan con niños y adolescentes.
En este marco se cita cómo en su día, se celebró un convenio para poder utilizar cachorros de perro durante las exploraciones de los y las menores (facility dogs, courthouse dogs o therapy dogs). Ya se han llevado a cabo varias exploraciones con la intervención del cachorro y ha tenido un resultado muy bueno. El cachorro actuó como objeto intermedio y los menores pudieron relatar los graves malos tratos y abusos padecidos.
Desde que fue inaugurada la unidad integrada Barnahus en marzo de 2020 hasta octubre del año 2022 se han atendido un total de 803 casos: 106 casos en 2020, 197 en 2021 y 223 en 2022 por lo que los casos han aumentado en un 85,4% del año 2020 al 2021 y en un 135,9% del año 2021 al 2022. En el año memorial hasta el mes de noviembre se habían atendido por la Unidad Integrada Barnahus un total de 236, de lo que se infiere la progresión del aumento. Como datos generales se aporta el de que es muy superior la atención en número a niñas que, a niños, ascendiendo a 458 los menores atendidos nacidos con anterioridad a 2009. De los casos atendidos se han judicializado 418; 91 se encuentran pendientes y el resto no se han judicializado.
Con el fin de mejorar el funcionamiento, garantizar la coordinación de los distintos departamentos e incluso analizar experiencias concretas, se llevan a cabo reuniones interdepartamentales a las que asisten las fiscales de menores mensualmente. A raíz de la creación de la sección de víctimas se prevé que a estas reuniones acudan también el resto de fiscales que integran dicho grupo, con una periodicidad mensual y con la finalidad de valorar los casos concretos.
Se ha creado una Guía de Actuación de Víctimas Vulnerables en relación con los delitos contra la libertad sexual en que las víctimas son menores de edad, pero que en el futuro pretende extrapolarse a todo tipo de víctimas vulnerables. La finalidad es establecer los criterios de actuación del Ministerio Fiscal en todos los ámbitos del proceso, desde la instrucción hasta la ejecución, incluyendo unas directrices también en el ámbito de las diligencias preprocesales. La guía incluye un apartado dedicado exclusivamente a la indemnización de daños morales, fruto de un estudio de la jurisprudencia, así como de distintos estudios doctrinales que pretende establecer unas pautas para unificar criterios en cuanto al establecimiento de la indemnización en este tipo de delitos, sin perjuicio evidentemente de que debe estarse al caso concreto.
Dicha Guía ha sido firmada en fecha 24 de octubre de 2023 por los distintos operadores jurídicos y constituye el resultado de una gran esfuerzo realizado por parte tanto de la Fiscalía de Tarragona como por Juzgados y Tribunales, Clínica Forense, Mossos d´Esquadra, Equipo Técnico, OAVD, DGAIA, BARNHAUS etc. La Guía nace con una vocación de constante mejora, por lo que se actualizará a medida que se vaya aplicando y se constate en que ámbitos ha tenido éxito y en cuales debe ser adaptada o modificada para su mayor efectividad.
Además, con la finalidad de realizar un control exhaustivo de las víctimas vulnerables en el ámbito de los delitos sexuales, cuando las víctimas son menores de edad, se hace un seguimiento de dichos procedimientos abriendo una ficha en la que figura el número de procedimiento y juzgado, la identificación reservada de la víctima, el presunto agresor, relación sucinta de los hechos, posible calificación jurídica, diligencias de investigación solicitadas por el Ministerio Fiscal y acordadas por el juzgado, medidas cautelares solicitadas y acordadas. Dichas fichas se actualizan trimestralmente con la finalidad de controlar e impulsar el procedimiento, y se introducen en la carpetilla correspondiente del procedimiento en la que, a su vez se indica con una pegatina que se trata de víctimas vulnerables (VV). Estas fichas son controladas trimestralmente por la delegada de Víctimas y por la Fiscal Jefe de Tarragona. En el caso de que se observe que el procedimiento está paralizado, se solicita su impulso presentado el escrito pertinente al Juzgado.
De igual forma, cuando se procede a la calificación de los procedimientos con víctimas de delitos sexuales menores de edad se presta especial atención en señalar por otrosí el que deben ser tramitadas y señaladas con carácter prioritario, así como a solicitar un informe acerca de si la víctima (en caso de ser ya mayor de edad) se encuentra en condiciones de declarar o por el contrario se aconseja hacer uso de la prueba preconstituida (si así se hubiere practicado con anterioridad) y se solicita informe al Equipo Técnico y Clínica Médico forense acerca de la evolución psicológica de la víctima a los efectos de concretar la indemnización por daños morales (por si existen posibles secuelas, está siguiendo algún tratamiento, pérdida de oportunidades).
En general, todos los operadores jurídicos, se muestran muy implicados, sobre todo ante el gravísimo aumento de delitos contra la libertad sexual en que las víctimas son menores de edad.
12.3.5 Illes Balears
En la Fiscalía de Illes Balears, se incide en la repercusión de que el servicio de las OAV solo se preste en Palma, Ibiza y Menorca, pues las víctimas que residen fuera deben desplazarse a dichas ciudades. El servicio, además, solo está disponible durante la mañana. También se constata que, en ocasiones, la información que se ofrece a las víctimas en dependencias policiales y en los juzgados se efectúa de forma algo automatizada, por lo que sería conveniente que se procurase una mayor claridad que facilite la comprensión. Atendiendo a que el elemento de extranjería se encuentra presente en numerosos delitos en esta Comunidad Autónoma, y que muchas víctimas son extranjeras desplazadas temporalmente a las islas, apunta la importancia de preconstituir las declaraciones testificales en fase instructora, para evitar el déficit de prueba derivado de una posible falta de localización o incomparecencia de la víctima al acto del plenario. Informa que si bien se observa cierta reticencia en los juzgados de instrucción a su práctica, se está trabajando en la propuesta de una nota de servicio para los fiscales que prestan servicio de guardia que recoja los supuestos en los cuales debe solicitarse su práctica, que abarque no solo los casos de víctimas extranjeras que realizan desplazamientos temporales sino también cuando la víctima es sujeto pasivo de delincuencia organizada y su declaración puede verse comprometida con posterioridad al primer momento procesal por amenazas o presiones. En el momento actual se trabaja en la elaboración de propuestas de notas de servicio sobre las siguientes cuestiones:
– Criterios para identificar a las víctimas que precisan de una especial protección para que sean objeto desde el primer momento de acompañamiento y asesoramiento por la oficina de asistencia a víctimas.
– Supuestos en que la declaración testifical se deberá practicar como prueba preconstituida en el juzgado de instrucción.
– Casos en los que, conforme a la legislación procesal y la jurisprudencia más reciente, no es necesario proponer la declaración testifical en juicio oral, evitándose así una eventual victimización secundaria.
– En coordinación con la sección especializada de vigilancia penitenciaria, establecer un sistema para que las víctimas que se acojan a este derecho, puedan tener completo conocimiento de la trayectoria penitenciaria de los agresores y, en particular, de los permisos de salida y progresiones de grado.
12.3.6 Cantabria
Por su parte, la Fiscalía de Cantabria da cuenta de una importante nota de servicio elaborada a fin de dar pautas de actuación a los fiscales en materia de protección, acogiendo el contenido de concretos Otrosíes para incluir en los escritos de acusación, cubriendo así las medidas de protección acordadas y su mantenimiento, notificaciones y petición de consentimiento de la víctima para lo que resultare preciso.
Cantabria solo cuenta con una OAV con sede en el Tribunal Superior de Justicia que resulta insuficiente, por lo que se interesa una extensión de la oficina a localidades como Torrelavega y Laredo. Se destaca la incorporación de abogados del turno de oficio al Servicio de Orientación Jurídica que se califica como muy positiva, así como la colaboración con el Colegio de Psicología. Señala, al igual que la mayoría de las Superiores que, el porcentaje más elevado de víctimas atendidas en la OAV está representado por víctimas de violencia de género.
12.3.7 Región de Murcia
La Fiscalía Superior de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, apunta que uno de los grandes problemas en materia de protección y tutela de las víctimas viene determinado por la inexistencia de OAV en más partidos judiciales de la Región, pues fuera de Murcia y Cartagena no existe ningún organismo de similar naturaleza que aglutine a las víctimas de diferentes delitos, con la desprotección que ello pueda suponer a distintos niveles. Es el ejemplo del partido judicial de Lorca, que congrega un importante número de actuaciones judiciales por delitos graves con un gran número de víctimas vulnerables. Sí que existe en estos partidos judiciales, dependiente de los ayuntamientos, organismos municipales, CAVI, encargados únicamente de la atención especializada a víctimas de violencia de género.
Este año 2023 se ha elaborado un programa informático, disponible en «escritorio integrado», que permite anotar y tener un control de las víctimas de la Región de Murcia, si bien, no se ha podido llevar a cabo aún esta labor de registro de víctimas en el programa recién creado por distintos motivos, tanto del propio programa como de la organización interna del trabajo en la Fiscalía.
12.3.8 Galicia
La Fiscalía Superior hace una especial referencia al Protocolo de actuación en la asistencia integral a las víctimas de delitos, con especial consideración a las víctimas de violencia de género y otras víctimas especialmente vulnerables. Este documento servirá de guía para el desarrollo de la organización y funcionamiento de las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito (OAVDs) de las siete principales ciudades gallegas (las cuatro capitales de provincia, Ferrol, Santiago y Vigo).
Su finalidad esencial es la de proporcionar a las víctimas de delito una protección integral, coordinada y especializada, como respuesta adecuada a sus necesidades específicas en los ámbitos jurídico, psicológico y social. Para ello tiene por objetivo la armonización y unificación de las funciones del personal adscrito a estos servicios (funcionariado judicial y profesionales de la psicología y del trabajo social); así como reforzar la coordinación entre las OAVDs, los órganos judiciales, las fiscalías y demás organismos públicos implicados en la protección de las víctimas de delito.
Personas destinatarias de la asistencia integral del protocolo lo son las víctimas de delito en general, víctimas de violencia de género, menores de edad víctimas de delito, víctimas de agresiones sexuales y víctimas de trata de seres humanos.
Por su parte la Fiscalía Provincial de A Coruña informa del control que se llevaba a efecto sobre las diligencias con víctimas de delitos de naturaleza especialmente violenta. Tras la implementación a finales de 2022 del expediente electrónico ya no se pudo mantener el método de que los fiscales dejaran una nota en la causa para que el funcionario la marcara en la aplicación como especial; a partir de ahí, es la delegada quien, a través de los listados que le permite extraer de Fortuny, del Visor y de los visados, supervisa los procedimientos en los que haya víctimas de delitos de naturaleza violenta. Se está diseñando un sistema que haga posible un seguimiento puntual.
Señala la Fiscalía las dificultades para un óptimo funcionamiento del Servicio de la OAV, al no existir un Protocolo de Actuación común a todas las Oficinas, carencia de aplicación informática para el registro y recogida de expedientes, así como identificación de la Oficina solamente con las víctimas de violencia de género. Se destaca finalmente la aprobación en marzo de 2023 de un Protocolo de actuación para la asistencia integral de las víctimas, con especial consideración de las de violencia de género y de otras especialmente vulnerables.
12.3.9 Rioja
El volumen de incidencias con relación a las víctimas en esta Comunidad Autónoma ha sido escaso, por cuanto que la mayoría de las ocasiones han sido temas relacionados con la violencia de género que ya tienen su especial protección a través de la LO 1/04 de 28 de diciembre.
Es preciso indicar que la labor asistencial y psicológica que ofrece el Gobierno de La Rioja es mucho más amplia que el servicio prestado por la OAVD. Así, el Gobierno ofrece a través de conciertos con otras entidades ayudas más especializadas para determinadas víctimas: Programa Apóyame dirigido a menores entre 6 y 17 años que han vivido en un ambiente de violencia de género y viven separados del agresor; Servicio de tratamiento psicológico a mujeres víctimas de violencia de género, o el Programa Reset Menores Víctimas de Abuso Sexual, dirigida a menores de entre 6 y 17 años.
12.3.10 Andalucía
Granada
Por la Fiscalía de Granada se da cuenta de las concretas peticiones que se realizan a lo largo del proceso y en fase de ejecución por parte del Ministerio Fiscal para la protección y tutela de las víctimas, y también del control y seguimiento de las víctimas vulnerables a las que se refiere el art. 23.2 EVD. Durante el año 2023 se han abierto en el servicio de víctimas de la Fiscalía un total de 16 carpetillas de las cuales 13 se refieren a menores víctimas. Un total de 14 expedientes lo fueron por delitos contra la libertad e indemnidad sexual. Se han dictado notas de servicio para facilitar modelos de petición de informes de vulnerabilidad y prueba preconstituida. Se han realizado pruebas desde el Programa del Ministerio de Igualdad Avance hacia Barnahus en delitos de violencia filioparental y quebrantamiento de medidas de protección que afecta a menores. Señala asimismo la Fiscalía la existencia de deficiencias en la infraestructura para llevar a cabo las pruebas preconstituidas.
Málaga
La Fiscalía de Málaga pone de relieve la importancia de dar a conocer, más allá de las entidades públicas, la existencia del servicio como una vía para acercarlo más a las víctimas. En línea con ello, sugiere la Fiscalía la importancia de realizar una información verbal a la víctima dada la extensión y cierta complejidad de los impresos escritos que se les facilitan. Se ha implementado desde 2021 un proyecto de Justicia Restaurativa, indicando que no existen criterios idénticos en las diferentes Fiscalías en que se desarrolla.
Sevilla
Desde la Fiscalía de Sevilla se informa que durante el año 2023 mantiene el funcionamiento del servicio de víctimas siguiendo el modelo iniciado en 2015 tras la publicación del EV, conforme al cual la fiscal delegada y demás fiscales integrantes de la sección son la referencia, como filtro de información, para el Servicio de Atención a las Víctimas en Andalucía. La Sección está integrada por la delegada, una fiscal integrada en el servicio de familia, una fiscal del servicio de violencia de género y doméstica, una fiscal de la Fiscalía de Área de Dos Hermanas que sirve de enlace con la misma y el SAVA, y sendas fiscales de las secciones territoriales de Lora y de Osuna respectivamente, abarcándose por tanto, toda la provincia de Sevilla. Se ha establecido un sistema de comunicación con la delegada mediante correo electrónico, en el que los fiscales deben remitirle una ficha tipo en la que se recogen los datos fundamentales de víctima, testigos o peritos que requieran medidas especiales de protección. Apunta que sería conveniente idear alguna solución informática vinculada a Fortuny para que los datos de víctimas vulnerables se registraran en la oficina fiscal permitiendo identificar estas causas, actualizando las fichas en cada fase del procedimiento. Durante 2023 se han atendido por el SAVA a 3.590 víctimas, 644 de estas consideradas especialmente vulnerables; 431 menores y adolescentes; 158 mujeres con discapacidad; y 55 víctimas de delitos de trata. De todas ellas, a instancia de Fiscalía, 158. El SAVA ha realizado 480 acompañamientos a juicios, declaraciones y pruebas preconstituidas, de los cuales 39 casos han sido comunicados por Fiscalía y corresponden a delitos del art. 183 CP. El despliegue del SAVA en la provincia se articula en sedes que se encuentra ubicadas no solo en Sevilla, sino además en Dos Hermanas, Lora del Río, y Osuna, por tanto de forma coincidente con la Fiscalía. Además de la sala Gessell sita en Sevilla también se han establecido estas salas en las localidades de Sanlúcar la Mayor y Morón de la Frontera, aun cuando todavía no están siendo utilizadas al no haberse ampliado la plantilla de psicólogos del IML –cuatro–, claramente insuficiente para atender no ya un despliegue territorial, sino además los casos que debe afrontar.
12.3.11 Valencia
Alicante
La Fiscalía de Alicante, señala que las trece OAVDS que hay en la capital y provincia han abierto 284 expedientes, con 314 víctimas. Se han realizado 29 acompañamientos para la práctica de pruebas preconstituidas. La fiscal de víctimas fue designada para la instrucción de las denuncias en Fiscalía, del Director de la Comisión Diocesana, Fiscal General y Promotor de Justicia de la Diócesis de Orihuela-Alicante por agresiones sexuales cometidas en instituciones religiosas. Se ha concluido que en dos no había infracción penal y las demás estaban prescritas.
Se da cuenta de la creación de una sección de mediación en Elche, independiente de la de Alicante. Se informa que estaba prevista la puesta en marcha de una Casa Barnahus, estando las instalaciones terminadas y firmado un protocolo con el Hospital y con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero aún no ha iniciado su actividad por falta de profesionales. Se han elaborado notas de servicio sobre la forma de realizar la prueba preconstituida.
Castellón
La Fiscalía refiere el incremento habido en delitos contra la libertad e indemnidad sexual en el año 2023, 383 frente a los 342 incoados en el año anterior. Se reclama la existencia de un fichero que permita su seguimiento.
Valencia
Desde Valencia se destaca la labor de acompañamiento durante todas las fases del proceso llevada a cabo por las Oficinas, que asciende a más de 2.000 en toda la provincia. En el año 2023 se han abierto un total de 6.056 expedientes en las OAV, de los cuales 110 lo son con personas con discapacidad y 2.036 con actuaciones con víctimas menores de edad, incluyendo en los mismos los acompañamientos efectuados a las declaraciones en cámara Gesell. Se hace constar que sería necesario ampliar los horarios de las Oficinas en demarcaciones judiciales que no abren los fines de semana ni los días festivos, tampoco las tardes.
12.3.12 Castilla-León
León
La Fiscalía de León informa sobre las relaciones desarrolladas con otras especialidades, violencia de género y extranjería, sobre puntuales cuestiones jurídicas y valoración de daños morales, con posible aportación documental al tiempo de la celebración del juicio oral. A lo largo de 2023 se han mantenido comunicaciones fluidas con las OAV, lo que permite que aquellas informen de la existencia de víctimas vulnerables, de lo que se informa al/la fiscal del procedimiento a fin de continuar el puntual seguimiento de la situación de aquella.
Soria
Desde la Fiscalía de Soria se indica que, todos los componentes de la plantilla son quienes realizan las actuaciones de protección correspondientes a fin de que las víctimas en delitos de especial gravedad, como los de carácter sexual, menores o que afecten especialmente a su intimidad, sean informadas, con carácter previo, de cómo va a desarrollarse el acto de la vista oral, a fin de perder el miedo ante un escenario nuevo para ellas.
Destaca en relación a las víctimas menores de edad o especialmente vulnerables, que por la Fiscalía se realizan todas las actuaciones precisas a fin de que las mismas declaren una sola vez durante todo el procedimiento, evitando así que la multiplicidad de declaraciones cause sus evidentes perjuicios. Se solicita por ello la preconstitucion de su declaración, prueba que tras la nueva regulación deviene obligatoria cuando se trate de menores de catorce años o personas con discapacidad. En este punto destaca la problemática que se plantea en el servicio de guardia, cuando los hechos denunciados son graves y los denunciantes son menores de edad, pues en este momento es imposible la práctica de la prueba preconstituida y, por tanto, si no se cuenta con la declaración del menor y no existe ningún otro tipo de indicio probatorio se carece de base necesaria para fundamentar la petición de una medida cautelar, máxime si ésta es la de prisión provisional.
Se vela, en cumplimiento de su obligación de promover la acción de la justicia en defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, por la protección integral de las víctimas promoviendo los mecanismos necesarios para que éstas reciban las prestaciones económicas que les han sido reconocidas en sentencia judicial firme, acordándose igualmente en Junta de Fiscales la oposición al archivo definitivo de aquellas ejecutorias en que no consten satisfechas las indemnizaciones acordadas a favor de las víctimas de todos los delitos y ello aunque conste la declaración de insolvencia del penado, informando en estos supuestos a favor del archivo provisional hasta tanto se produzca el abono de la indemnización correspondiente o prescriba la acción para exigirla.
Se ha llevado a cabo la Reunión anual previamente convocada, con los representantes tanto de Guardia Civil como de Policía Nacional, fundamentalmente para tratar la evolución observada en relación a las víctimas de todo tipo de delitos, y en especial de las víctimas de delitos de odio y discriminación, haciéndose hincapié en esta reunión en la especial vulnerabilidad de las víctimas de estos tipos delictivos y las medidas de protección que pueden necesitar las mismas, debiendo realizarse una valoración personalizada para adoptar las que procedan en cada caso concreto e instar la oportuna derivación oportuna a la OAVD. También se destacó en la reunión la escasa utilización del apoyo psicológico en sede policial.
Se informa por la Fiscalía del aumento significativo de los delitos de agresión sexual a menores de 16 años, y por tanto, de la asistencia a víctimas de estos graves delitos.
La escasez de personal de la OAVD afecta a la realización de todas sus funciones de acompañamiento, asesoramiento, derivación de asuntos y sobre todo terapia psicológica, destacando en este punto que la psicóloga está realmente desbordada de trabajo, dado el aumento que se ha producido este año, en el que no solo ha asistido a víctimas de violencia de género y delitos de agresión sexual como venía siendo lo habitual sino que ha asistido a víctimas de delitos contra la seguridad vial, existiendo en la actualidad 13 víctimas de accidentes de tráfico en terapia. Si bien se valora de forma muy positiva esta extensión a otras víctimas se señala que sería necesario la creación de otra plaza de psicóloga en la OAVD, situación que se está paliando hasta el momento mediante la derivación al servicio de psicólogos de la Excma. Diputación Provincial de Soria.
El problema de personal en la OAVD de Soria existe, y así se ha manifestado, desde el momento de su creación, al contar con dos únicos componentes, la Jefa de la Oficina y una psicóloga y carecer de cualquier tipo de personal administrativo y de gestión. Ninguno de sus miembros realiza servicio de guardia por lo que es imposible contar con su asistencia los fines de semana y festivos.
Desde el año 2019 en esta Fiscalía se ha creado un registro de seguimiento en relación a procedimientos relativos a delitos graves y/o víctimas especialmente vulnerables, a fin de control y seguimiento del procedimiento penal en el que están inmersas de modo que exista una especial vigilancia de todos los aspectos que les afectan, comenzando por su derivación a la OAVD y control de las actuaciones que se realicen en el seno del procedimiento para evitar dilaciones indebidas, multiplicidad de declaraciones, etc.
La Memoria refiere que los menores de edad pueden ser tanto víctimas como sujetos activos de los delitos cometidos en o a través de las Redes sociales, tema de especial tratamiento en la Memoria de la FGE. La Fiscalía destaca que es preciso dotar a los menores de las herramientas precisas para que, en el caso de sufrir alguna conducta delictiva en las redes, sepan dónde y a quien acudir, destacando en este punto la gran labor realizada por Policía Nacional y Guardia Civil, y también por la Oficina de seguridad del Internauta del INCIBE.
Se hace hincapié en un punto muy importante y es la necesidad, en supuestos de esta naturaleza, de solicitar por el Ministerio Fiscal, en primer lugar, las medidas cautelares de prohibición de comunicación del sujeto activo del delito con la víctima a través de cualquier red social o aplicación. Y, después, cuando se formule escrito de conclusiones provisionales, las penas de prohibición de comunicación con la víctima del delito a través de cualquier red social o aplicación.
12.3.13 Extremadura
Cáceres
La Fiscalía pone de manifiesto que se ha detectado la necesidad de formación a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con respecto al tratamiento de los datos personales de las víctimas. Se ha observado que en los atestados constan todos los datos de la víctima (desde el teléfono, DNI y dirección completa) en supuestos en los cuales el agresor no debería tener ningún conocimiento de estos, dado que eran datos que no conocía con carácter previo a la agresión, por ejemplo, en agresiones sexuales, robos con violencia etc. Esto ha motivado que se den instrucciones desde la Fiscalía a policía judicial para que no incorpore en las diligencias policiales domicilios de víctima, testigos o peritos, número de teléfono, dirección de correo o D.N.I. pues esos datos deberán ser recogidos en archivo aparte.
12.3.14 País Vasco
Álava
En esta Fiscalía se ha establecido desde finales de 2023 un sistema de hoja Excel para el apunte de las víctimas especialmente vulnerables, identificando el procedimiento judicial en que están involucradas, así como las circunstancias de especial vulnerabilidad en que se encuentren, accesible para todos los miembros de la plantilla, a los efectos de mejorar la comunicación de dichos procedimientos a la fiscal delegada y facilitar el seguimiento de la situación procesal de dichas víctimas. A mayor abundamiento, se ha puesto en marcha también un sistema de seguimiento de las víctimas por medio de expedientes gubernativos de seguimiento de víctimas especialmente vulnerables» que permite, de un lado, incorporar a cada expediente gubernativo incoado por cada víctima de estas características todos los datos relativos a la misma así como conocer el estado procesal del procedimiento en cuestión y, por otro lado, facilitar la gestión de la información que, en su caso, se proporciona a la Oficina de Asistencia a las Victimas –previo el consentimiento informado de las mismas– así como la comunicación directa con éstas, a fin de actualizar la información relativa a su situación familiar, social y judicial que resulte relevante para el procedimiento (a los efectos de solicitar indemnizaciones en materia de responsabilidad civil, medidas cautelares o penas de prohibición de acercamiento y comunicación con respecto a las mismas, etc.).
Se ha reforzado la coordinación con el Servicio de Asistencia a la Víctima dependiente del Gobierno Vasco con reuniones periódicas.
Como alternativa a la solución judicial de los conflictos en los ámbitos de la jurisdicción civil-familiar y penal hay que destacar la labor efectuada por el Servicio de Justicia Restaurativa dependiente del Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco.