10.2 Relaciones institucionales
La actividad institucional se ha intensificado en el año 2023 desde la constitución de la nueva Unidad de Delitos de Odio y Discriminación. Así, se han mantenido hasta ochenta reuniones con instituciones, asociaciones y entidades representativas de colectivos discriminados, con el fin de intensificar los adecuados cauces de comunicación, coordinación y cooperación, y también para dar a conocer la nueva Unidad, sus integrantes y el plan de actuación para los próximos años.
10.2.1 Relaciones institucionales con Administraciones Públicas de la unidad de delitos de odio y discriminación
Se sintetizará en este apartado la actividad institucional con aquellos Ministerios que de una forma u otra tienen competencias y responsabilidades en el ámbito de la discriminación. La cooperación y colaboración entre instituciones que tienen por cometido tanto la atención a víctimas, como la detección y la solución de los problemas que les afectan, es fundamental para avanzar en la lucha contra este tipo de actividad delictiva, siempre desde la perspectiva y el respeto de la función de cada parte.
10.2.1.1 El Ministerio de Igualdad, a través de su Dirección General para la Igualdad de Trato y no Discriminación y contra el Racismo, Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+, y del Consejo Eliminación Discriminación Étnica y Racial (CEDRE)
En el año 2023 es destacable la participación de la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación en una actividad conjunta con la Dirección General para la Igualdad de Trato y no Discriminación y contra el Racismo para orientar y formar a personal técnico de organizaciones no gubernamentales con los que tiene concierto el Ministerio de Igualdad y que asisten a personas en asentamientos irregulares en diversas poblaciones del territorio nacional y a víctimas que sufren discriminaciones, en particular étnico raciales. Dicha iniciativa formativa es de gran valor por cuanto ha de permitir a los citados profesionales una mejor capacitación para la detección y reacción frente a delitos de odio de los que puedan tener conocimiento.
A su vez hemos de resaltar la participación de esta Unidad en la Conferencia Internacional sobre Antirracismo en la Unión Europea celebrada en noviembre de 2023 en la ciudad de Barcelona en el marco de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea, organizada por el Ministerio de Igualdad, la Comisión Europea, la Agencia de los Derechos Fundamentales (FRA) y los EEA y Norway Grants. Los objetivos se centraron en sensibilizar sobre el racismo estructural y la necesidad de políticas proactivas para abordarlo, la recogida de datos por etnia para formular políticas públicas eficaces y evaluar el racismo estructural, discutir la representación de afrodescendientes en cargos públicos y en los medios de comunicación, explorar la legislación antirracista y los planes de acción para combatir el racismo y la discriminación racial, proponer acciones y medios para hacer cumplir la información periódica sobre el racismo en la UE y sus Estados miembros para mantener la lucha contra el racismo en un lugar destacado de la agenda política. La Comisión Europea informó en la conferencia sobre los avances y deficiencias en la aplicación del Plan de Acción de la UE contra el Racismo 2020-2025.
Muy relevante dentro del marco de la presidencia española del Consejo Europeo, fue la aprobación de la Declaración «Avanzando los derechos LGTBIQ en Europa» que sin duda marcará un hito importante en la promoción de la igualdad y la diversidad dentro de la Unión Europea. Representantes de varios gobiernos, incluyendo a Bélgica, Chipre, Francia, Países Bajos, Portugal, Eslovenia, Suecia, y España, así como Dinamarca, Alemania, Irlanda, Lituania, Luxemburgo, Malta, y Finlandia, se reunieron en Madrid el 5 de julio de 2023 con el propósito de discutir y promover la mejora de los derechos LGTBI+, dentro de Europa, expresar el firme rechazo al odio y la discriminación contra la comunidad LGTBI+ y en cuyo desarrollo se firmó esta declaración con un conjunto de peticiones dirigidas tanto a la Comisión Europea como a los Estados miembros, enfocadas en la promoción y protección de los derechos de las personas LGTBI+.
10.2.1.2 El Ministerio del Interior, por medio de su Oficina Nacional de Delitos de Odio y Discriminación (en adelante ONDOD)
Dicha Oficina se encarga de la elaboración de las estadísticas del Ministerio de Interior en este tipo de actividad delictiva y de la ejecución de los planes del Ministerio en relación con estos delitos, siendo el actual el «II Plan de Acción de lucha contra los delitos de odio (2022-2024). El plan establece ocho líneas de acción prioritarias e introduce nuevas medidas complementarias al primer plan aprobado en marzo de 2019, vigente hasta el año 2021.
Dentro del Plan de Acción existe una Comisión de Seguimiento a cuyas reuniones ya venían asistiendo representantes de la Fiscalía General del Estado (Fiscales de Sala Delegados y Secretaría Técnica) y a las que se ha unido esta Unidad de Delitos de Odio y Discriminación en las dos sesiones celebradas en julio y diciembre de 2023, sumando su asistencia a la de representantes del Ministerio del Interior, de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, estatales y autonómicas, de diversas Administraciones que ejecutan políticas públicas en materia discriminatoria, así como representantes de entidades y colectivos de la sociedad civil.
En ejecución de dicho Plan, se publicó en el año 2023 por la ONDOD, en colaboración con la Sociedad Española de Especialistas en Estrés Postraumático, la «Guía de Actuación de Asistencia a Víctimas de delitos de Odio: Trauma y Factores de Estrés», que constituye una herramienta para conocer y saber detectar el impacto emocional que generan este tipo de delitos en sus víctimas, razón por la cual se ha difundido a los fiscales especialistas en delitos de odio y discriminación.
La Unidad también ha colaborado en las actividades formativas para integrantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad organizadas por la ONDOD, con especial mención a la lucha contra el discurso de odio. En este sentido y con ocasión de la presidencia española del Consejo Europeo, la ONDOD organizó en el segundo semestre de 2023 un seminario sobre discurso de odio e inteligencia artificial con especial referencia a los algoritmos de detección de discurso de odio y herramientas de contra narrativa, y otro seminario titulado «Buenas prácticas nacionales e internacionales en la gestión de los delitos de odio, colaboración y cooperación sectorial» dirigido a miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, autonómicos y locales.
Finalmente poner de relieve la participación conjunta de las Unidades de Delitos de Odio y Discriminación y Protección de Personas con Discapacidad y Mayores de la FGE en el grupo de trabajo recientemente constituido dentro de la ONDOD para actualizar la guía policial de atención a personas con discapacidad intelectual que, una vez concluida su redacción, supondrá un material didáctico para agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de primer orden para facilitar la atención a personas con discapacidad intelectual tanto si son víctimas como investigadas.
10.2.1.3 Cooperación y coordinación con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Para la prestación eficaz de las funciones que constitucionalmente tiene encomendadas el Ministerio Fiscal es incuestionable la necesidad de establecer relaciones fluidas y constantes con los/las representantes de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, estatales y autonómicas, y ello con el propósito de unificar criterios para la identificación de los delitos de odio, dotar a sus miembros de herramientas útiles y prácticas que permitan su persecución, y especialmente para una mayor y mejor atención de las víctimas. Algunas de estas iniciativas se debaten y abordan en el seno de la Oficina Nacional de Delitos de Odio y Discriminación del Ministerio del Interior.
Se han celebrado reuniones entre la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación con los/las representantes de los diferentes Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto de los cuerpos estatales –Cuerpo Nacional de Policía y guardia Civil–, como cuerpos autonómicos –Mossos d'Esquadra, Ertzaintza y Policía Foral de Navarra–, cuyo objeto ha sido presentar la nueva Unidad y el establecimiento del cauce de comunicación para garantizar la adecuada coordinación entre los cuerpos policiales con los/las fiscales delegados/as territoriales de la especialidad en investigaciones que afecten a delitos de odio y discriminación.
En las citadas reuniones, se ha transmitido desde la Unidad la importancia de establecer prácticas ágiles de transmisión de las copias de los atestados policiales a cada fiscal delegado/a provincial de la red de especialistas para un rápido conocimiento de los mismos y poder estar en condiciones de personarse de forma inmediata en los procedimientos judiciales que se incoen. Y ello porque desde la Unidad, en cumplimiento de su actividad de supervisión, se han observado con frecuencia las dificultades de las y los fiscales no especialistas en la detección e identificación de los delitos de odio, circunstancia que impide la imprescindible coordinación con el/la fiscal especialista para que pueda desplegar sus conocimientos cualificados y los criterios de la especialidad.
Hemos de resaltar como ejemplo en este ámbito, el sistema de comunicación inmediata de atestados del Cuerpos de Mossos d'Esquadra con las fiscalías provinciales de Cataluña. También destacan los/las fiscales delegados/as de Soria e Illes Balears la comunicación al fiscal especialista de los atestados vía correo electrónico por parte de grupo policial encargado.
La definitiva implantación en el año 2023 de unidades especializadas de policía judicial en todo el territorio nacional por parte del Cuerpo Nacional de Policía (grupos EVO) y de la Guardia Civil (grupos REDO) así como la ya existente Unidad Central contra los Delitos de Odio y Discriminación en el cuerpo de Mossos d'Esquadra, está suponiendo un salto cualitativo y cuantitativo de la persecución policial de este tipo de delitos y en la atención de las víctimas, con la consiguiente mejora de los atestados policiales a fin de recopilar los adecuados y necesarios elementos probatorios que puedan permitir a las y los fiscales el ejercicio de las acciones penales que correspondan.
La apuesta por la formación de estos grupos especializados por parte de los diferentes cuerpos policiales y en particular por la ONDOD ha tenido un relevante impulso en el año 2023, participando en algunos de ellos fiscales de la red de especialistas, lo que sin duda ha de contribuir a una mejora de la respuesta policial frente a este tipo de delitos.
10.2.1.4 El Ministerio Educación y Deporte. A través del Consejo Superior Deportes y su Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte y en particular la Comisión Estatal de lucha contra la violencia, racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia en el deporte
Tanto la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación como la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado han participado en reuniones con dicho organismo a fin de establecer mecanismos de coordinación para una mejor persecución, bien en el orden jurisdiccional penal, bien en vía administrativa, de hechos violentos y de insultos racistas y homófobos en el ámbito deportivo, particularmente en los estadios de fútbol, en sus inmediaciones o en redes sociales. Respecto a este tipo de hechos absolutamente deleznables y que se han sucedido a lo largo de todo el año no puede haber espacios de impunidad y exigen su adecuada persecución.
En el año 2023 hemos asistido a inadmisibles expresiones o discursos de contenido racista, xenófobo y homófobo dirigidas en especial contra jugadores de fútbol y que han dado lugar a la incoación de diligencias de investigación preprocesal o de procedimientos judiciales en diferentes fiscalías o juzgados de instrucción respectivamente.
El compromiso institucional de la FGE para la efectiva y enérgica persecución de estos hechos es máximo ante la relevancia de los valores y derechos constitucionales afectados como lo son la igualdad, la dignidad de la persona, el libre desarrollo de su personalidad, así como la prohibición absoluta de discriminación. Los insultos racistas, xenófobos, homófobos y de cualquier otra naturaleza discriminatoria realizados ante miles de espectadores comportan una grave humillación pública para jugadores, árbitros y otros profesionales del mundo deportivo que lesiona su dignidad, pudiendo ser constitutivos bien de un delito contra la integridad moral del art. 173.1 CP o en algunos casos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos en la Constitución en su modalidad de lesión de la dignidad de la persona por motivos discriminatorios del art. 510.2 a) CP.
En relación a este tema en concreto, se abordó en las jornadas de especialistas en delitos de odio celebradas en el mes de enero del año 2023 un fructífero debate entre las y los fiscales asistentes que se plasmó en unas conclusiones validadas por el Fiscal General del Estado y entre ellas destaca el establecimiento de criterios unitarios de actuación y de comunicación entre los/las fiscales y la Secretaría Técnica de la FGE, uno de cuyos miembros forma parte de la Comisión Estatal de lucha contra la violencia, racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia en el deporte. Todo ello, a los efectos de vehicular la transmisión a dicha Comisión, de las actuaciones de las que tienen conocimiento las distintas fiscalías, con la finalidad de paralizar los expedientes sancionadores en vía administrativa cuando haya un procedimiento judicial incoado evitando de esta forma la prescripción de las infracciones administrativas que se hayan podido cometer.
También se concluyó en estas jornadas, la necesidad de que en las investigaciones de delitos de odio en al ámbito deportivo, las y los fiscales especialistas instaran de la autoridad judicial, como medida cautelar al amparo de lo dispuesto en el artículo 13 y 544 bis LECrim, la prohibición de acudir al estadio donde se hayan producido los hechos, así como a sus proximidades, por la importante repercusión que esta prohibición conlleva para investigados o acusados y su entorno. Del mismo modo, el que en los escritos de acusación se solicitara por las y los fiscales dicha prohibición como pena accesoria al amparo de lo dispuesto en los arts. 48 y 57.1 CP.
Finalmente, para reforzar esta importante labor, la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación se ha integrado en el segundo semestre del año 2023 en el «Grupo de trabajo de Discurso de Odio online» constituido dentro del marco del Acuerdo para cooperar institucionalmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia, suscrito por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y siete ministerios bajo la secretaría del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), grupo de trabajo del que se obtendrán sin duda planes de actuación en la materia para los próximos años.
10.2.1.5 El Ministerio de Justicia, por medio de su Dirección General para el Servicio Público de Justicia y del Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas
Se trata del Organismo responsable de las Oficinas de Atención a las Víctimas en aquellas comunidades autónomas que no tienen transferidas las correspondientes competencias y en cuyo seno se han elaborado relevantes documentos como la «Guía de recomendaciones para las Oficinas de Asistencia a las Víctimas en el ámbito de delitos de odio», publicado en el año 2022 y que en el presente ejercicio ha sido distribuido por la Unidad a toda la red de especialistas para su conocimiento y aplicación.
10.2.1.6 El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a través del Observatorio Español contra el Racismo y la Xenofobia (OBERAXE)
El OBERAXE es un organismo estratégico con el que la Fiscalía General del Estado viene colaborando intensamente desde hace años, ya que en el marco de sus funciones recopila y publica información sobre proyectos, encuestas, recursos, informes y estudios, promovidos por la Secretaría de Estado de Migraciones y por otros departamentos ministeriales, entidades e instituciones, todo ello con la finalidad de servir como plataforma de conocimiento, análisis e impulso del trabajo para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas de intolerancia, así como los incidentes y delitos de odio. Colaboran como institución con otras administraciones públicas y con la sociedad civil de ámbito nacional, de la Unión Europea e internacional.
Además es punto de enlace de España con organismos internacionales muy relevantes como: la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), organismo de la Unión Europea encargado de velar por Carta de Derechos Fundamentales de la UE, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) a través de su Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos. Entre sus relevantes funciones destaca su labor de secretaría ejecutiva del Acuerdo Interinstitucional a la que haremos referencia a continuación.
Una de sus funciones es monitorizar a diario el discurso de odio en España en cinco redes sociales (X, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok) y notifica aquellos contenidos considerados de odio racista y/o xenófobo, antisemita, antigitano e islamófobo que pueden ser constitutivos de delito, infracción administrativa o que violan las normas de conducta de las plataformas.
La Unidad de Delitos de Odio y Discriminación sigue con atención sus informes bimensuales sobre los contenidos de odio que son retirados por las diferentes plataformas en virtud de las comunicaciones que efectúan los denominados confiadores fiables o «trusted flaggers».
De sus estudios de monitorización se desprende, particularmente a partir del mes de octubre de 2023, un incremento de la difusión en redes de contenidos islamófobos y antisemitas y que sin duda se producen en el actual contexto bélico en Oriente Medio. También esta Unidad, como receptora de denuncias de la ciudadanía ha experimentado un sensible crecimiento de denuncias por delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas reconocidos en la Constitución por motivos antisemitas e islamófobos.
Además de una relación permanente y fluida, hemos de destacar nuestra participación en los grupos de trabajo que constituye el OBERAXE como el recientemente constituido a finales del año 2023 con la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería para formar a profesionales de este ámbito en la detección de este tipo de delitos entre los/las pacientes que atienden y poder contar con herramientas adecuadas que permitan una mejor atención y protección de los/las mismos/as. Para la Fiscalía General del Estado la colaboración en este proyecto formativo es estratégica y de alto interés dado que dichos profesionales sanitarios son una auténtica antena en la detección de posibles víctimas de delitos de odio y discriminación.
En la línea de lo anterior se traslada desde esta Unidad de la FGE la oportunidad de que por parte del Ministerio de Sanidad en coordinación con las comunidades autónomas, se abordara la elaboración de un protocolo común para todas las profesiones sanitarias de nuestro sistema nacional de salud que permita la detección temprana y la reacción frente a los delitos de odio en la línea de otros protocolos ya existentes ante la violencia sexual o ante la violencia de género. Con idéntico fin y en el ámbito de los profesionales de servicios sociales consideramos que sería de gran utilidad disponer de un protocolo o guía unificada de actuación.
10.2.1.7 Acuerdo para cooperar institucionalmente en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGTBIfobia y otras formas de intolerancia, suscrito por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y siete ministerios bajo la secretaría técnica del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE)
Dicho acuerdo suscrito en el año 2015 y renovado sucesivamente, es un foro de encuentro y cooperación interinstitucional para detectar problemas, hallar soluciones y establecer mecanismos para una mejor coordinación entre las diferentes instituciones con responsabilidades a diferentes niveles en la persecución de delitos de odio.
Uno de los documentos elaborados en el año 2023 versa sobre análisis de casos y sentencias en materia de racismo, xenofobia, LGTBIfobia y otras formas de intolerancia dictadas entre los años 2018 a 2022, que será presentado en el año 2024 y distribuido entre la red de fiscales especialistas.
La participación activa y continua de la Fiscalía General del Estado desde el primer momento de su firma, se ha visto sin duda reforzada e impulsada con la creación de la nueva Unidad de Delitos de Odio y Discriminación en sus primeros meses de andadura, mediante su incorporación a los diferentes grupos de trabajo:
– Grupo de trabajo de Análisis de sentencias y recogida de datos estadísticos
– Grupo de trabajo de Formación y Sensibilización: con el fin formular propuestas para la formación tanto de integrantes de las carreras judicial y fiscal, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y personal de administraciones públicas
– Grupo de Discurso de Odio online, y
– Grupo de trabajo de sobre Discurso de odio en el deporte
10.2.2 Cooperación y coordinación con otras unidades especializadas de la FGE
Otro ámbito prioritario de la nueva Unidad es la actuación coordinada con las demás Unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado, dado el carácter transversal de esta materia.
El establecimiento de criterios unitarios para una mejor atención y eficaz protección de las víctimas de los delitos de odio y discriminación comporta ineludiblemente la necesidad de actuar de forma coordinada con otras unidades especializadas de la Fiscalía General del Estado con cuyo valioso trabajo, conocimientos y experiencia acreditadas es imperioso contar, pues no debemos desconocer que muchas víctimas de delitos de odio sufren multidiscriminación, concurriendo factores y causas que interpelan a muchas de las especialidades de la FGE.
En este sentido se han establecido cauces de comunicación fluidos con Unidades como Criminalidad Informática, Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, Menores, Violencia sobre la Mujer, Trata de Personas y Extranjería, Cooperación Internacional y Memoria Democrática y Derechos Humanos.
– Especial mención debe hacerse al trabajo conjunto y coordinado con la Unidad de Criminalidad Informática ante la creciente y preocupante proliferación de los delitos de odio y discriminación cometidos por internet y redes sociales. Para ello se ha establecido una ágil comunicación y coordinación con aquella con el propósito de facilitar la labor de retirada de contenidos que tiene encomendada como Punto de Contacto Nacional en virtud del «Protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea» de marzo de 2021 aprobado en el marco del Acuerdo Interinstitucional para la lucha contra los delitos de odio suscrito por la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y diversos Ministerios.
A su vez la Unidad de Criminalidad Informática tiene una función específica atribuida en la Circular 2/2022, sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal, al establecer que, por razones operativas y la especial singularidad de la materia, dicha Unidad pueda valerse de las unidades policiales que tiene adscritas a los solos efectos de concretar el forum delicti comissi, previa incoación de las correspondientes diligencias de investigación cuando sea indispensable la práctica de diligencias de índole tecnológica que puedan determinar la identificación del presunto responsable, y en su caso la necesaria adopción de medidas de aseguramiento o conservación de datos previstas en el art. 588 octies LECrim.
Con ocasión del referido contacto destacamos la actuación coordinada de ambas unidades en 74 expedientes gubernativos ante denuncias recibidas en la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación entre los meses de julio y diciembre de 2023 por hechos delictivos cometidos por internet o redes sociales recabándose la cooperación de la Unidad de Criminalidad Informática para determinar el lugar de comisión del delito, para su posterior remisión a las fiscalías territorialmente competentes.
También destaca la participación conjunta y coordinada de ambas Unidades en el encuentro del Grupo de Alto Nivel contra el discurso de odio y los delitos de odio coorganizado por la Comisión Europea y la presidencia española de la Unión Europea, celebrado en Madrid los días 10 y 11 de octubre de 2023 y que contó con la intervención del Comisario de Justicia de la Unión Europea, de representantes de todos los Estados de la Unión Europea, organismos como el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, entre otros. La Fiscalía General del Estado estuvo representada por las Unidades de Criminalidad Informática y de Delitos de Odio y Discriminación.
La entrada en vigor del nuevo Reglamento de la Unión Europea n.º 2022/2065, relativo a un mercado único de servicios digitales y por el que se modifica la Directiva 2000/31/CE (DSA) supondrá un gran desafío en relación a la retirada de contenidos ilícitos y comportará con toda seguridad la necesidad de sustituir el vigente Protocolo para Combatir el Discurso de Odio Ilegal en Línea operativo desde el año 2021 y que se enmarca en el Acuerdo interinstitucional para colaborar en la lucha contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia suscrito el 19 de septiembre de 2018 entre la Fiscalía General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial y siete ministerio más y que centralizaba en la Unidad de Criminalidad Informática de la FGE las resoluciones judiciales que acordaban de forma cautelar o definitiva la retirada de contenidos ilícitos en Internet y redes sociales.
Dicho protocolo deberá ser sustituido por uno nuevo al contemplar la nueva normativa la obligación a los Estados miembros de designar una autoridad competente coordinadora que se encargará de garantizar en España la coordinación, la supervisión y el cumplimiento efectivo del Reglamento europeo de Servicios Digitales, norma europea que regula la responsabilidad y obligaciones de los intermediarios digitales y plataformas en línea.
A tal efecto, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha designado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como Coordinador de Servicios Digitales nacional. La DSA dota al Coordinador de amplias facultades de supervisión, investigación y sanción sobre los prestadores de servicios establecidos en España y la responsabilidad de certificar a los trusted flaggers o alertadores fiables (entidades con preferencia en relación con la notificación de contenidos ilícitos) y a los órganos extrajudiciales de resolución de litigios.
– Con la Unidad de Personas con Discapacidad y Mayores es indispensable la mutua colaboración dado que las personas con discapacidad conforman un grupo vulnerable y numeroso al que el modo en que se estructura y funciona la sociedad ha mantenido habitualmente en conocidas condiciones de exclusión y discriminación.
La discapacidad es un motivo de discriminación incluido en el Código Penal desde el año 1995 y la edad ha sido introducida recientemente en virtud de LO 8/2021, de 4 de junio. La especial vulnerabilidad de este tipo de víctimas y en particular su régimen específico de derechos previsto en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, obliga a la actuación coordinada de ambas especialidades.
Sendas Unidades participan conjuntamente en la implementación de iniciativas y buenas prácticas, entre ellas en el grupo de trabajo creado dentro de la Oficina Nacional de Delitos de Odio y Discriminación del Ministerio del Interior para la actualización de la «Guía de intervención policial con personas con discapacidad intelectual» a la que hemos hecho referencia anteriormente y que va a facilitar a los cuerpos policiales herramientas prácticas y actualizadas para una mejor atención a estas personas.
– Respecto a la Unidad de Violencia sobre la Mujer, hemos de poner en valor su experiencia y conocimientos acumulados en los años de su andadura constituyendo un caudal de extraordinaria valía para esta Unidad. Muchos de los problemas que sufren las mujeres de la violencia machista afectan también a las mujeres que padecen la discriminación.
La misoginia o el machismo son expresiones de odio y discriminación hacia las mujeres que, si bien cuando se traducen en la comisión de un delito cometido por persona diferente del cónyuge o la pareja incumbirán a esta materia, la coordinación entre ambas especialidades es imprescindible pues permite sin duda alguna mejorar la atención y protección de las víctimas, teniendo en cuenta por otra parte, que muchas mujeres sufren multidiscriminación, por su condición de mujer pero también por razones de racismo, xenofobia u homofobia etc.
En el marco de la cooperación por parte de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la FGE el contacto es permanente y fluido y así se han comunicado hechos que incumben a cada una de las dos especialidades, pudiendo resaltar la colaboración prestada en el mes de julio con dicha Unidad para participar en el Segundo Foro Regional titulado: «Avanzando hacia la construcción de un Protocolo Latinoamericano de Investigación Penal de muertes violentas para personas LGTBIQ+», organizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (en adelante, OACNUDH) y la Red Regional de Información sobre Violencias LGTBI, con el apoyo técnico de la Red especializada en Género (REG) de la Asociación Iberoamericana de los Ministerios Públicos (AIAMP). La participación en dicho foro por parte de la Fiscalía General del Estado fue de gran importancia para sentar las bases de cara a la elaboración de un indispensable protocolo de investigación de asesinatos de personas transexuales destinado a las fiscalías y los cuerpos policiales latinoamericanos.
– Sin duda es imprescindible la coordinación con la Unidad de Cooperación Internacional, pues los delitos de odio y discriminación han sido desde hace muchos años objeto de atención prioritaria por parte de los organismos internaciones de derechos humanos en cuyo seno se han elaborado documentos que constituyen la base de tratados internacionales ratificados por España, y de recomendaciones que son tenidas en cuenta posteriormente por la jurisprudencia nacional y especialmente por la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por otra parte, es evidente que algunos delitos de odio se cometen por grupos u organizaciones criminales de carácter transnacional, pudiendo referir como ejemplo la organización supremacista de ideología nacional socialista «Combat 18», desarticulada en octubre de 2023 en una intervención conjunta del Cuerpo de Mossos d'Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía y que se encuentra judicializada en la localidad de Manresa (Barcelona).
En la línea de lo expuesto anteriormente, la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la FGE ha establecido ya las primeras comunicaciones y reuniones de contacto con los siguientes organismos internacionales:
– Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), organismo de la Unión Europea encargada de velar por Carta de Derechos Fundamentales de la UE.
– Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), organismo especializado del Consejo de Europa cuyos inspectores en sus visitas a los Estados miembros emiten informes y elaboran documentos de gran relevancia y que el TEDH tiene muy en cuenta en los fundamentos de sus sentencias sobre delitos de odio. Sirva de ejemplo su Recomendación n.º 15 sobre lucha contra el discurso de odio de 2015.
– Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) a través de su Oficina de Instituciones Democráticas y Derechos Humanos y que cuenta con amplios programas sobre delitos de odio, entre ellos formación de fiscales y de agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En relación a estos organismos en el año 2023 la FRA publicó en el mes de octubre una significativa encuesta sobre personas afrodescendientes en la Unión Europea, poniendo de manifiesto que casi la mitad de estas personas sufren situaciones de racismo y discriminación en su vida diaria, lo cual supone un incremento desde 2016, año en el que se realizó la última encuesta. En la actual se refleja que el 45 % de los/las encuestados/as declara haber experimentado discriminación racial en los 5 años anteriores a la encuesta o que el 30 % afirma haber sufrido acoso racista, pero casi nadie lo denuncia. Las mujeres jóvenes, las personas con educación superior y las que visten prendas religiosas tienen más probabilidades de sufrir acoso racial. La FRA insta por ello a los países de la UE a que adopten medidas urgentes para abordar la discriminación racial y el acoso, a fin de garantizar que todas las personas reciban un trato igualitario y digno.
– Con la Unidad de reciente creación de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la FGE, se han de establecer líneas de trabajo y actuación compartidas por cuanto los delitos con una motivación discriminatoria suponen una grave afectación de los derechos humanos, lo que exige la estrecha cooperación entre ambas Unidades. De hecho, se ha tenido conocimiento de hechos humillantes y lesivos de la dignidad cometidos contra familiares de víctimas de la guerra civil española que sufrieron la represión franquista, que exigen la actuación coordinada de ambas unidades para promover su investigación y depuración de las correspondientes responsabilidades penales.
Una primera línea de trabajo conjunta que se ha comenzado a explorar es la forma de conseguir la traducción oficial de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que inexplicablemente ni se traducen ni se difunden. Actualmente la Abogacía General del Estado que representa al Reino de España ante dicho Tribunal, tan solo traduce las que afectan a nuestro país, pero se considera imprescindible la traducción de otras muchas que, sin afectar a España, sientan una cualificada jurisprudencia en la investigación, persecución de los delitos de odio, en particular sobre discurso de odio y límites a la libertad de expresión, así como en materias que afectan a derechos humanos en general. Su traducción representaría un gran valor cualitativo para su posterior difusión y conocimiento entre los diferentes operadores jurídicos, entre ellos la carrera fiscal y la judicial.
10.2.3 Relación con entidades y colectivos sociales de atención a víctimas y defensa de sus derechos
Los organismos internacionales, entre ellos la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), señalan que el principal problema al que se enfrentan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las fiscalías y jueces de instrucción para la persecución de los delitos de odio y discriminación es la infra denuncia, y que mayoritariamente las víctimas no denuncian porque tienen un sentimiento de desconfianza en el sistema policial o judicial y piensan que formular denuncia por los hechos que han sufrido no conducirá a nada. Apuntan también a que una parte considerable de los ciudadanos desconocen sus derechos como víctimas de delitos odio y la discriminación por razón de su raza, etnia, creencias, religión, discapacidad, orientación e identidad sexual, entre otros motivos.
Es fundamental, por ello, que el Ministerio Fiscal en su relevante función de protección de las víctimas y los colectivos en los que se integran se aproxime a la ciudadanía y establezca contacto y diálogo permanente con las asociaciones de víctimas y las organizaciones no gubernamentales de defensa de derechos humanos.
El diálogo con la sociedad civil y sus representantes forma parte de las conclusiones de las primeras y las segundas Jornadas de Fiscales Especialistas en Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación, embrión de la actual Unidad de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado y en las que se destacó la especial importancia de que por el Ministerio Fiscal se establezcan cauces de comunicación, tanto con los organismos e instituciones con responsabilidad en este ámbito como con las asociaciones de víctimas de crímenes de odio, dada su especial vulnerabilidad, tal y como expresamente reconoce la Directiva 2012/29/UE. Y ello con el doble objetivo de dar a conocer la función que corresponde a los/las fiscales tanto en la persecución y sanción de este tipo de comportamientos como en la protección de sus víctimas y de facilitar, al tiempo, el acceso de los/las perjudicados/as a la institución que tiene encomendada la protección de sus intereses en el proceso penal.
En desarrollo de lo anterior se han mantenido multitud de reuniones por la Unidad de Delitos de Odio y Discriminación con aquellas entidades más representativas en las diferentes áreas de discriminación, como racismo, LGTBIfobia, discapacidad, religión, aporofobia, antigitanismo bien a petición de las propias entidades o por iniciativa de la propia Unidad.
10.2.4 Relaciones institucionales con los/las fiscales delegados/as provinciales especialistas
En el ámbito territorial es generalizada la referencia en las memorias provinciales al contacto fluido y directo que se mantiene por los/las delegados/as provinciales por vía telefónica, electrónica o presencial con los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, particularmente con los nuevos grupos policiales especializados creados para la investigación y persecución de actos de esta naturaleza, los grupos REDO de la Guardia Civil y EVO del Cuerpo Nacional de Policía. A esta relación de comunicación y coordinación se refieren los/las fiscales delegados/as de Granada, Toledo, Álava, Murcia, Cantabria, Huesca, Sevilla, Málaga, Almería, Huelva, Cádiz, Illes Balears, Ávila, León, Palencia, Soria, Zamora, Pontevedra, Lugo, Castellón, Valencia, Alicante, Madrid y Cáceres.
De igual forma el contacto es cotidiano con las policías autonómicas-Ertzaintza, Mossos d'Esquadra y Policía Foral de Navarra- en esta materia, así como con la Policía Local, especialmente en Madrid, con la Comisaría de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal, y en Bizkaia.
Así las fiscales delegadas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa informan acerca de su coordinación con el responsable del «Equipo Estable sobre Delitos e Incidentes de Odio» de la Ertzaintza, que remite a la Fiscalía Provincial el listado de atestados incoados por delitos que pudieran ser de la especialidad –remisión que, desde el mes de septiembre, se lleva a cabo igualmente a la Unidad de Delitos de Odios y Discriminación–, señalándose desde la Fiscalía Provincial a la Ertzaintza la conveniencia de que la remisión de los listados se realice con una periodicidad inferior al mes en aras a evitar el transcurso de los plazos para eventuales recursos contra resoluciones judiciales de archivo, principalmente en los casos incoados como delitos leves.
También la delegada en la Comunidad Foral de Navarra resalta en su memoria la relación con todos los cuerpos policiales cada vez es más fluida, tanto de forma presencial, como telefónica o vía correo electrónico, con remisión de documentos relevantes para el trabajo cotidiano de aquellos como la «guía de actuación en la asistencia a las víctimas de delitos de odio: trauma y factores de estrés», del Ministerio del Interior con el fin de facilitar su difusión y conocimiento, y así propiciar su puesta en la práctica por parte de los cuerpos policiales.
La colaboración y permanente contacto con Mossos d'Esquadra es resaltada por los/las fiscales delegados/as de Girona y Barcelona.
Destacables son también las relaciones de algunas fiscalías con las Oficinas de Atención a la Víctima, como las Fiscalías Provinciales de Barcelona, Girona, Córdoba y Soria.
Las comunicaciones que tienen lugar entre las fiscalías y las asociaciones del tercer sector responden a una parte básica del trabajo de la especialidad cual es la atención a las víctimas. Estos contactos son importantes no solo porque proporcionan el conocimiento real de la problemática de cada colectivo afectado, sino además porque constituyen otra de las fuentes de conocimiento de las denuncias. Ya sea como divulgadores a través de sesiones informativas a las que se ha hecho referencia o como receptores de la información sobre los problemas, los objetivos o los proyectos de las distintas asociaciones y fundaciones de la sociedad civil, la prioridad es proporcionar atención y dar visibilidad a la víctima, máxime teniendo en cuenta que es el sector civil quien alerta del problema de la escasez de denuncias que existen en este tipo de delitos y de la problemática concreta de cada de uno de estos colectivos.
La infra denuncia, problema endémico en el ámbito de los delitos de odio y discriminación, como recuerdan algunas fiscalías provinciales (Toledo y la Rioja) y como ha puesto de manifiesto una vez más la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea con la publicación de su última encuesta en octubre de 2023 sobre personas afrodescendientes, tiene diferentes motivaciones pero quizá, entre las más reseñables se pueden citar las que responden a la situación irregular de algunas víctimas y su miedo a ser expulsadas. Pero también hay otros factores, como la desconfianza en las instituciones que han de proporcionarles protección, bien por la existencia de malas experiencias previas o por el concepto que tienen de las mismas en sus países de origen; el carácter estigmatizante que supone ser víctima de un delito de odio que te muestra al exterior como una persona no solo diferente sino desigual, a lo que hay que sumar el que en muchas ocasiones, ante la frecuencia y naturalidad con la que se realizan estos actos, no tiene la percepción de ser víctima.
Destacan entre las organizaciones con las que los/las fiscales delegados/as provinciales mantienen contacto fluido: SOS Racismo (Valencia), Plena Inclusión (Madrid), Fundación Secretariado Gitano (A coruña, Salamanca, León, Granada, Sevilla, Palencia, Badajoz), Federación Nacional de Asociaciones de Mujeres Gitanas Kamira (Bizkaia), ACCEM (Teruel, Zaragoza, A Coruña), Fundación CEPAIM (Zaragoza, Valencia), Movimiento contra la Intolerancia (Zaragoza), ACOGE (Huelva, A Coruña), y otras muchas otras locales en el ámbito LGTBI (Palencia, A Coruña, Cáceres, Badajoz).
Sin perjuicio de las comunicaciones con colectivos concretos y en atención a casos específicos, debe destacarse la coordinación de algunas fiscalías con el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del Ministerio de Igualdad que cuenta una red de oficinas en todo el territorio nacional y que prestan asistencia y asesoramiento independiente a víctimas de discriminación a la hora de tramitar sus reclamaciones. Así lo ponen de manifiesto las Fiscalías de Illes Balears o Álava.