6. FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA

6.1 Introducción

Un año más, llegado el momento de presentar la Memoria de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, tengo el honor de plasmar por escrito lo que ha sido su actividad, su funcionamiento y sus resultados durante 2023. Lo hago, al menos, con la misma ilusión que en los pasados ejercicios, pues dirigir una Fiscalía de la relevancia y trascendencia de esta ha sido y es motivo de orgullo, que se acrecienta cada día en el contacto con los compañeros, pues su profesionalidad, dedicación, espíritu de servicio y compromiso me sirven de permanente estímulo y ejemplo.

La presentación de la Memoria permite renovar el compromiso de transparencia con la sociedad española mediante la exposición de la información estadística anual, que da a conocer los más relevantes parámetros de la actuación de la Fiscalía de modo que, al compararlos con los de años anteriores, pueda dibujarse la línea de evolución de su actividad. Al tiempo, y más allá de las variables cuantitativas, la Memoria nos brinda la oportunidad de reflexionar sobre nuestro trabajo y su grado de refrendo ante los Tribunales. Un análisis crítico del mismo debe proporcionarnos, además, cauces de mejora en nuestra tarea de investigación y represión de la corrupción y de la criminalidad organizada.

El año 2022 alumbró importantes novedades legislativas, señaladamente las incorporadas por la Ley Orgánica 14/2022, que afecta a los delitos de malversación, profundamente reformados, y, en menor medida, a los de estafa, apropiación indebida, contra el mercado y los consumidores y contrabando, con la relevante novedad que representó la introducción del nuevo delito de enriquecimiento injustificado. Este 2023, sin novedades trascendentales en el ámbito competencial de esta Fiscalía Especial, ha contemplado ya la aplicación de algunas de las referidas reformas y nos ha ofrecido un nuevo cauce para la investigación de estos delitos, el que ofrece la Circular 2/2022, de 20 de diciembre, sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal.

La Fiscalía continúa empeñada en dar adecuada respuesta a los objetivos que motivaron su creación en aquel ya lejano 1995 y que constituyen su razón de ser, la persecución de los delitos económicos de especial trascendencia, de la criminalidad organizada y, desde luego, de aquellas conductas delictivas que presentan los perfiles propios de la corrupción, lacra que desgraciadamente continúa presente en la sociedad española y constituye una permanente e inquietante realidad pues la preocupación por la corrupción nace de la certeza de que con ella disminuye la confianza de los ciudadanos en unas instituciones que esta delincuencia pervierte poniendo a su servicio.

En lo concerniente a la actividad desplegada durante el año 2023 por la Fiscalía, cabe poner de manifiesto, a modo de síntesis, un incremento en el número de procedimientos penales y un mantenimiento en el de incoación de Diligencias de investigación preprocesal. La Fiscalía intervino en 885 procedimientos judiciales frente a los 841 del año 2022 o los 801 de 2021. En cuanto a las investigaciones penales, se han iniciado 28 frente a las 29 en 2022 o las 40 de 2021. A tal cifra hay que añadir las 27 Diligencias de Investigación que se encontraban en trámite a 31 de diciembre de 2022, lo que implica que durante el 2023 se estuvieron tramitando un total de 55 Diligencias de investigación preprocesal. Se incoaron también 6 Diligencias de investigación auxiliar, novedad de la citada Circular 2/2022.

De entre la totalidad de escritos registrados en Fiscalía, 1.814 correspondieron a denuncias, un notable incremento frente a las 1.495 del año 2022 que, a su vez, ya era significativo respecto a las 1.291 del año 2021.

Finalmente, durante el año 2023, la Fiscalía Especial formuló 35 escritos de acusación, frente a los 59 del año 2022. En este año se han dictado 31 sentencias en instancia en causas en las que ha intervenido la Fiscalía Especial, frente a las 27 dictadas en 2022 o las 22 en 2021. De ellas, 25 han sido condenatorias y 6 absolutorias.