5.3 Evolución nacional de las causas por tráfico de drogas

El número total de procedimientos por tráfico de drogas en España (23.949) se ha incrementado este año un 10,16% siguiendo una tendencia creciente anual que se refleja en un número de 18.923 en 2019, 19.996 en 2020, 20.890 en 2021 a 21.740 en 2022.

Igual que el año pasado, debemos que decir que ni el número ni el porcentaje de crecimiento son realmente indicativos al tratarse de datos cuantitativos generales que no discriminan la complejidad o gravedad de las conductas investigadas. El mayor porcentaje de incremento, ya que parten de un número bajo, al igual que el año pasado, se encuentra en provincias de interior que ni siquiera cuentan con delegación de la Fiscalía Especial Antidroga como Zamora, Segovia, Burgos, Huesca o Albacete. Los porcentajes de crecimiento de fiscalías que cuentan con delegado en la materia, sobresale el aumento de Castellón con un 67,97 % de incremento, de A Coruña con un 54,95 %, de Bizkaia con un 46,84%, de Asturias con un 32,76% más y de Valencia con un 29,92%.

En el siguiente cuadro se refleja la evolución estadística, sin perjuicio de insistir en que el número de procedimientos por sí mismo aporta poco para las conclusiones de lo que supone el tráfico de drogas en las distintas provincias, más allá de mostrar que el narcotráfico se extiende por todo el territorio y que provincias menos afectadas tradicionalmente por este fenómeno se ven afectadas especialmente por la ola de crecimiento de la producción y tráfico de cannabis.

Procedimientos por Fiscalías Provinciales Tráfico Drogas

	2019	2020	2021	2022	2023	% 2022-2023
A Coruña	160	133	160	202	313	54,95%
Albacete	65	63	75	67	101	50,75%
Alicante	868	902	1013	1057	1205	14,00%
Almería	414	397	520	430	368	14,42%
Araba/Alava	179	163	167	169	201	18,93%
Avila	35	32	34	38	42	10,53%
Badajoz	109	112	96	102	119	16,67%
Barcelona	1974	3763	3458	3652	4234	15,94%
Bizkaia	307	372	344	380	558	46,84%
Burgos	64	60	68	85	261	207,06%
Cáceres	88	105	97	90	120	33,33%
Cádiz/Ceuta	1253	1353	1038	912	825	9,54%
Cantabria	137	394	166	167		100,00%
Castellón	231	167	188	153	257	67,97%
Ciudad Real	70	61	102	74	100	35,14%
Córdoba	345	312	269	276	293	6,16%
Cuenca	33	40	19	35	38	8,57%
Girona	680	678	783	756	922	21,96%
Granada	711	713	1024	969	827	14,65%
Guadalajara	39	41	40	69	102	47,83%
Guipuzkoa	181	250	310	303	367	21,12%
Huelva	293	211	225	206	185	10,19%
Huesca	43	50	69	62	121	95,16%
Islas Balear	595	438	400	627	655	4,47%
Jaén	128	166	170	216	157	27,31%
La Rioja	75	47	58	74	93	25,68%
Las Palmas G. C.	947	985	962	1331	1044	21,56%
León	92	73	85	76	56	26,32%
Lleida	129	169	195	222	190	14,41%
Lugo	88	71	91	79	85	7,59%
Madrid	2814	2393	2663	3029	3365	11,09%
Málaga	1008	939	1327	1260	1362	8,10%
Murcia	573	475	736	709	751	5,92%
Navarra	146	136	173	194	221	13,92%
Ourense	65	57	65	97	83	14,43%
P. Asturias	148	112	131	116	154	32,76%
Palencia	57	28	37	39	46	17,95%
Pontevedra	683	379	462	362	388	7,18%
S/C Tenerife	442	420	450	416	538	29,33%
Salamanca	113	75	111	149	109	26,85%
Segovia	35	31	31	22	46	109,09%
Sevilla	500	459	459	537	611	13,78%
Soria	12	38	18	32	34	6,25%
Tarragona	488	856	624	599	671	12,02%
Teruel	12	35	50	52	33	36,54%
Toledo	140	150	147	116	154	32,76%
Valencia	1033	813	858	929	1207	29,92%
Valladolid	52	70	85	67	96	43,28%
Zamora	35	25	38	21	73	247,62%
Zaragoza	234	184	199	115	168	46,09%
Totales	18.923	19.996	20.890	21.740	23.949	10,16%

Conforme al registro en Fortuny, las cifras de diligencias previas y urgentes incoadas es el siguiente: 8.536 por sustancias que causan grave daño a la salud; 12.963 en relación con sustancias que no causan grave daño a la salud. Como delitos contra la salud publica cualificados, una categoría estadística que maneja el sistema y que no se corresponde con una categoría definida en el Código Penal, aunque se supone que se anotan los delitos contra la salud pública agravados por cualquiera de las circunstancias de las múltiples y diversas previstas, se incoaron 3.243. Y por el comercio de precursores 32.

El análisis que se realiza a continuación se basa esencialmente en las memorias de los fiscales delegados de la Fiscalía Especial Antidroga. Son 28 delegados designados en las provincias con mar – excepto Lugo– además de en Madrid, Lérida y Sevilla. En provincias como Cádiz, Islas Baleares y Málaga existen delegados también en Fiscalías de Área, concretamente en Algeciras y Jerez, Ibiza y Marbella. De ellos, 16 lo son en régimen de exclusividad. La mayoría de los delegados cuenta con el apoyo de otros compañeros en secciones especializadas más o menos numerosas según las circunstancias y conforme a la decisión de las respectivas jefaturas.

El resto del territorio no cuenta con delegados, lo que puede resultar insuficiente y quizá desigual con las materias objeto de coordinación nacional a través de Unidades de la Fiscalía General por lo que habría que replantear la situación en el futuro ya que el crecimiento del narcotráfico no se limita a las provincias o localidades con delegado/a.

El trabajo de los delegados es intenso y dedicado, la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es constante y las solicitudes se producen en muchos casos incluso en días de fiesta sin estar de guardia. La necesidad de la adopción urgente de entregas controladas o de informar las medidas de investigación tecnológica exige su intervención y, solos o contando con los fiscales de la sección especializada siempre atienden estas solicitudes. Los delitos contra la salud pública provocan especial litigiosidad, en primer lugar, porque los acusados suelen ser objeto de medidas cautelares personales y, segundo, porque las defensas buscan permanentemente cualquier deficiencia o supuesta deficiencia para la solicitud de nulidades.

Por las limitaciones espaciales de este informe anual se hará un resumen de la situación de tráfico de drogas de aquellas provincias con mayor incidencia, señalando que las memorias completas de los delegados antidroga de todo el territorio se contienen en la Memoria completa de la Fiscalía Especial Antidroga.

5.3.1 Andalucía

La cercanía al Estrecho y la fluida entrada de hachís a través de embarcaciones de alta velocidad, los puertos de Algeciras y Málaga con la llegada no solo de aquella sustancia sino también de cocaína en contenedores y la existencia de zonas con clima y situación propicias para el cultivo de cannabis hacen a esta Comunidad Autónoma una de las más afectadas por el fenómeno del narcotráfico.

Sin embargo, las cifras generales de mayor número de incautaciones no dan idea concreta de una efectiva actividad represora del narcotráfico porque un solo contenedor de cocaína con 9 toneladas altera la estadística de incautaciones sin que se eleve el número de investigaciones, por lo que los datos de incautaciones deben ir acompañados de un análisis adecuado de todas las circunstancias. La realidad que constata la Fiscal coordinadora de Andalucía es que el alza en las cantidades intervenidas no ha supuesto un aumento de investigaciones dado que en muchos casos las intervenciones no han dado lugar a detenciones ni se ha logrado identificar a la organización detrás del envío incautado.

La cocaína incautada en la provincia de Cádiz es de 6.163 kg. esencialmente en el muelle de contenedores de Algeciras –5.380 kg.– a los que hay que añadir 15.975 kg. decomisados por el Servicio de Vigilancia Aduanera representa el 50% de la incautada en toda Andalucía. Frente a esta mayor confiscación de cocaína, la Fiscal confirma que, aunque este año han aumentado las cantidades de hachís intervenidas respecto a 2022, se advierte un descenso significativo respecto a años anteriores. Las cifras son las siguientes: 75.724 en 2018, 82.840 en 2019, 45.567 en 2020, 72.650 en 2021 y 43.755 en 2022. Este año han sido 61.416 kg de hachís intervenidos: 30.919 en Algeciras (47.214 kg en 2022), 27.433 en Cádiz-Jerez y 3.064 en Ceuta.

El descenso puede atribuirse a la suma de dos factores. Uno de ellos es el traslado de las descargas de embarcaciones a otras provincias lo que se refleja en que Huelva y Málaga han superado en incautaciones al Campo de Gibraltar. De hecho, los delegados de Málaga y Marbella constatan el incremento de embarcaderos de semirrígidas en la provincia y concretamente se cita la zona de la Axarquía poco habitada. Igualmente, el delegado de Sevilla informa del aumento de embarcaciones con hachís por las marismas del Guadalquivir en la comarca de Aljarafe. Lo mismo se describe por la delegada de Huelva que añade que, entre las modalidades de embarcaciones para la introducción del hachís, se ha observado cada vez más el uso de pesqueros de forma que en este año solo en dos de ellos fueron incautadas 9 toneladas.

El segundo factor que justifica el descenso de investigaciones que es menciona por la mayoría de los fiscales delegados de Andalucía, lo constituye la menor presión policial tras el desmantelamiento de OCON SUR, que se refleja en un número menor de incoación de nuevos procedimientos penales y el descenso de las investigaciones contra organizaciones criminales que también reconocen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que alertan por ejemplo del gran número de embarcaciones de alta velocidad avistadas desde Barbate hasta Sanlúcar de Barrameda sin que exista capacidad suficiente para poder abordarlas.

El número de Diligencias previas de la provincia de Cádiz ha disminuido un 20%, que se suma al descenso del 21% del año anterior, con un número total de 625 previas de las que 153 se refieren a sustancias que causan grave daño a la salud, 39 cualificados y 433 en relación con sustancias que no causan grave daño.

El número de escritos de acusación en la provincia de Cádiz es de 702, prácticamente el mismo que los 711 del año pasado; nuevamente el mayor incremento de carga de trabajo se advierte en la Fiscalía de Área de Jerez que ha presentado 242, cuatro de ellos cualificados, lo que se corresponde con la alerta que ya hacíamos el año pasado del preocupante incremento del narcotráfico en Sanlúcar. Al aumento de procedimientos se suma el colapso de los juzgados de esta población cuyo enjuiciamiento corresponde a los juzgados penales de Cádiz, igualmente colapsados.

Algeciras es una de las Fiscalías más afectada por los delitos contra la salud pública, asumiendo las causas de los juzgados de Algeciras, La Línea de la Concepción y San Roque. La sección antidroga de esta Fiscalía es una de las más perjudicadas por la inestabilidad debido al traslado de sus componentes de forma que solo la delegada mantiene la especialidad. Es una Fiscalía especialmente activa en la incoación de diligencias de investigación para la autorización de entregas controladas –6 durante 2023–, entre las que destaca la de los contenedores con 9 toneladas de cocaína incautadas. Este año, tras superar los problemas de espacio y gestión por la presencia de tantos intervinientes, se ha celebrado por la Sección 7.ª de la Audiencia de Cádiz, con sede en Algeciras, el macro juicio de las Diligencias previas núm. 78/2022 en el que se enjuició a 152 personas por delitos de pertenencia a grupo criminal, delitos contra la salud pública, contrabando, receptación y tráfico de armas. La sentencia, dictada el 18 de enero de 2024 y objeto de recurso de apelación por la Fiscalía, ha condenado a 97 acusados. La sentencia ha sido la primera que se ha pronunciado sobre la validez de las evidencias obtenidas de la intervención de EncroChat en Francia, admitiendo su plena conformidad con el derecho español.

El delegado de Jerez también señala el uso de embarcaciones de todo tipo, con una proliferación escandalosa de narcolanchas para la introducción de hachís en la desembocadura del Guadalquivir, las poblaciones de Sanlúcar y Rota. En la línea de lo reportado por la coordinadora de Andalucía, se constata un menor número de Diligencias previas que pasan de 251 a 155, sin embargo se mantiene el número de acusaciones presentadas por el Ministerio Fiscal y los enjuiciamientos, que en esta Fiscalía se dividen entre los que se enjuician en los juzgados de lo penal de Jerez y los que se enjuician en Cádiz, con juzgados de lo penal sobrecargados y en la Audiencia provincial a los que acude, en causas de complejidad el delegado antidroga.

La Fiscal delegada de Cádiz alerta nuevamente de la lentitud no solo de la instrucción sino de la fase intermedia y el enjuiciamiento de estos delitos en la provincia debido a causas conocidas y denunciadas como la inadecuación de los juzgados mixtos para asumir causas tan complejas y el continuo cambio de titulares. Más aún se presenta difícil con estos mimbres la investigación de los delitos de blanqueo que no se incoan con la habitualidad que requerirían y pocas veces llegan a finalizarse en un tiempo razonable.

La alerta de la Fiscalía Especial sobre la situación del Campo de Gibraltar llevó al Fiscal General a solicitar refuerzos en las Fiscalías de Cádiz y se acordaron a mediados de año 6, de forma que se nombraron 6 fiscales sustitutos que se han repartido entre Algeciras (4), Cádiz (1) y Jerez (1). El problema es que los fiscales sustitutos no pueden integrarse en las secciones antidroga ni hacerse cargo de causas complejas, por lo que son una solución que puede aliviar en la carga de asuntos no complejos, pero es una solución temporal mientras se reforma la planta judicial en la provincia y se refuerzan e incentivan las plazas en las fiscalías más saturadas.

El Fiscal delegado de Málaga advierte de la instalación en la provincia de grandes organizaciones de narcotraficantes muchas de ellas dedicadas al blanqueo e introducción de las ganancias en el mercado legal. Constata el delegado el esfuerzo realizado para la investigación paralela de ambos delitos y el avance que supone poder llegar al enjuiciamiento prácticamente simultáneo de ambas conductas delictivas. Esta provincia asume una carga de trabajo extraordinariamente notable por el número de procedimientos complejos contra esas grandes organizaciones internacionales que se instalan en la provincia. Alerta también de un mayor peligro de entrada de sustancias en el puerto al haber establecido determinada compañía su base de comercio de contenedores sin que las instalaciones portuarias cuenten con los medios necesarios, especialmente un escáner. Se dio la circunstancia de que otra empresa, que cuenta con escáner, apoyó la actividad del puerto dando lugar a la ilícita colaboración de varios trabajadores de esta segunda empresa que se hicieron receptores de distintas sustancias estupefacientes.

En 2022 se creó una nueva delegación de la Fiscalía Antidroga en Marbella que se encarga también de Estepona y cuya intensa actividad en la investigación de delitos contra la salud pública justifica sobradamente la delegación. En 2023 el delegado reporta la incoación de 249 diligencias previas y 3 sumarios. De entre ellos, el procedimiento de la conocida operación ARMY en la que se colabora con Países Bajos en relación con investigados de alta implicación, los conocidos como High Value Targets, en la UE. Igualmente señala la creación de un equipo conjunto con Portugal que terminó con el traslado del procedimiento al país luso por estar en mejores condiciones para conocer del mismo.

En Sevilla crece también el número y complejidad de causas contra la salud publica en la provincia, de las cuales 9 también lo son por delito de blanqueo. Destacan en esta provincia la pendencia de dos procedimientos, el primero de ellos, cuyo juicio oral ha finalizado ya en 2024, con acusaciones por participación en el tráfico de drogas de miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y otro pendiente de celebración en el que figura también acusado un teniente de la Guardia Civil.

La delegada de Huelva confirma lo ya expuesto sobre el desplazamiento a esta provincia de las embarcaciones que introducen hachís desde Marruecos y refleja una cifra de incautación de 66.893 kg muy similar a la del año pasado, 66.969, que sitúa a Huelva como la segunda provincia, tras Cádiz, en número de hachís incautado. Esta provincia se ha convertido en clave para el narcotráfico con causas cada vez más complejas, lo que ha determinado que este año se acordara el régimen de exclusividad para la delegada que despacha todas las causas relevantes y ha celebrado personalmente todas las vistas orales de la sección que comparte solo con otro miembro de la plantilla. Confirmando lo expuesto por la delegada de Andalucía, se da aquí también un descenso del número de diligencias previas incoadas que es de 178 frente a 207 del año 2022.

Granada y Almería siguen siendo dos territorios afectados principalmente por el cultivo del cannabis. Los delegados antidroga en las Fiscalías de estas provincias constatan especialmente el incremento y extensión del cultivo indoor de esta sustancia a la vez que se reduce en Almería las plantaciones en invernaderos bajo el falso paraguas del cultivo industrial. Esta forma de cultivo lleva pareja la comisión de delitos de defraudación de fluido eléctrico en números sorprendentes como los 503 enganches ilegales desarticulados por la policía en Almería que, no huelga repetir, producen cortes de suministro por sobrecargas afectando a terceras personas que viven en edificios o zonas destinadas principalmente al consumo de marihuana. Señala el delegado de Granada como zonas de instalación de clanes para estos cultivos Albolote, Atarfe, Pinos Puente y la zona norte de la capital donde se han creado planes especiales de seguridad para garantizar el fluido eléctrico, apoyando a la empresa suministradora para el desenganche y colaboración en la localización de estas instalaciones.

Aunque haya una percepción de la menor gravedad de estas conductas, los dos delegados advierten de la mayor violencia de los clanes y organizaciones dedicados a estas actividades a los que cada vez con mayor frecuencia se les intervienen cantidades alarmantes de armas de fuego. Igualmente, ya se alertaba el año pasado de la instalación de organizaciones extranjeras dedicadas a este cultivo y tráfico, holandeses, lituanos, ucranianos y especialmente albaneses, que encuentran en nuestro país la base de operaciones de sus organizaciones criminales.

Las investigaciones por ventas de cogollos en cantidades y formatos de todo tipo, muchos de ellos con embalajes recreativos simulando golosinas por el territorio nacional incluso en máquinas de auto venta, dan lugar a actuaciones policiales y procedimientos judiciales complejos y de difícil gestión entre los que se cita como ejemplo las Diligencias previas núm. 361/2023 del Juzgado núm. 1 de Berja en el que, tras la incautación de cannabis vendido en gasolineras, se realiza una investigación con 244 establecimientos inspeccionados en 31 provincias, con la intervención de dos toneladas de cogollos, más de 100 plantas de marihuana y en la que figuran 147 personas investigadas.

5.3.2 Cataluña

En Cataluña, como bien refleja el delegado de Barcelona, la producción y tráfico de marihuana y hachís lideran el balance anual, constatando que sigue incansable su incremento que se extiende igualmente en las provincias de Lérida, Tarragona y Gerona. Además, se vuelve a advertir sobre el alarmante porcentaje de THC que contienen las sustancias incautadas, de forma que son ya normales las concentraciones del 20% de THC que llegan hasta el 50% en la marihuana y hasta el 92% en el hachís.

Las asociaciones cannábicas siguen reiterando actividades que van más allá de lo permitido legalmente y se constata el suministro de drogas, incluso del mercado negro que sus propios estatutos dicen combatir. La actividad ilegal de estas asociaciones sigue siendo objeto de diligencias de investigación, especialmente de la Fiscalía de Barcelona, 14 este año, que desde 2013 alcanzan ya las 502. El crecimiento de protestas vecinales respecto a los establecimientos de estas asociaciones (la Generalitat de Cataluña cifra 200 activos) y las negativas consecuencias de sus actividades ha generado el anuncio de un plan del Ayuntamiento de Barcelona para su clausura administrativa.

La «empatía», en palabras del delegado de Barcelona, con el fenómeno cannábico supone que cada vez más se desplaza a esta ciudad la actividad de estos clubes y de muchas empresas de venta por paquetería y envíos postales y también de los muleros que arriban al aeropuerto de El Prat. Igualmente, siguen en el negocio clanes familiares con dedicación creciente al cultivo «indoor» en barrios como La Mina y San Roque en los que este año se han realizado varias operaciones relevantes.

Más allá del problema del cannabis, en Barcelona preocupa extraordinariamente el crecimiento del narcotráfico en el puerto, que se refleja en crecimiento alarmante del número de contenedores, 20 en el mes de noviembre con más de 17 toneladas intervenidas, frente a 8 en 2022 o 5 en 2021. La reunión periódica de seguridad del Grupo de Trabajo contra tráficos Ilícitos en las terminales de contenedores de Barcelona mostró graves deficiencias de seguridad cuando en el mes de octubre un contenedor depositado para inspección fue extraído de la zona de seguridad de la Aduana a otra ubicación donde se produjo su apertura y vaciado para ser depositado nuevamente a la zona de seguridad. La conclusión es que se está produciendo una insuficiente supervisión de la estiba, actividad externalizada con un régimen de recursos humanos opaco, privilegiado y basado en relaciones familiares fuera de control e incompatible con las medidas de seguridad requeridas. Este fenómeno de la opacidad de la contratación y gestión de la estiba no es solo español, sino que se extiende por Europa donde la actividad de los «Dockers» están en el punto de mira de las nuevas medidas de seguridad a adoptar en los puertos.

Ese descontrol y actuación real al margen de cualquier protocolo en el puerto de Barcelona se expone en la sentencia de 30 de marzo de 2023 de la Sección 22.ª de la Audiencia de Barcelona, tras el juicio oral de la operación AQ-DIT en la que se incautó una tonelada de cocaína y en la que se absolvió a los acusados, bancarrista, chófer de camión y empleado de la compañía, por la credibilidad dada al testimonio de los estibadores que convencieron al Tribunal de que las labores de estiba, carga y descarga de los buques adolece de absoluta falta de control, funcionando en la realidad al margen de las teóricas pautas y direcciones derivadas de la aplicación informática.

La organización de la sección especializada antidroga y delincuencia organizada de Barcelona (SEADO) presenta la singularidad de asociar a los delitos contra la salud pública las actividades cometidas por organización criminal en general, de forma que la sección cobra particular relevancia y su trabajo es objeto de consideración general por la extraordinaria labor que realizan el delegado y también las cuatro fiscales que componen la sección.

En la Fiscalía de Girona se continua con la actividad contra el tráfico de drogas que se sitúan en niveles muy similares a años anteriores y se aborda el mismo tipo de delitos con continuas incautaciones tanto de hachís como cocaína en veleros y otras embarcaciones por toda la costa gerundense. Igualmente, se sigue experimentando un incremento de grandes plantaciones como de cultivos indoor de marihuana que, como en el resto de los territorios, se acompaña de un crecimiento de la violencia de las organizaciones que se dedican a esta actividad.

Lleida y Tarragona también sufren el constante incremento de plantaciones de marihuana y la instalación de bandas extranjeras especialmente albanesas, serbias y marroquíes que, como demuestran algunas actuaciones, utilizan mano de obra extranjera en régimen de explotación cercano a la esclavitud.

5.3.3 Galicia

Los kilómetros de costa, lo intrincado de la misma, el número de playas y los contactos pasados con las organizaciones sudamericanas, hacen que esta Comunidad siga siendo clave para los narcotraficantes.

Este año, los dos delegados de Galicia han cambiado; el delegado de Pontevedra fue nombrado Fiscal Jefe de esa Fiscalía y el delegado de A Coruña tuvo que asumir otra delegación con trabajo creciente. Los dos nuevos delegados son fiscales que conocían la materia y están realizando una labor tan excelente como sus predecesores con cuya colaboración han contado.

En A Coruña destaca la aprehensión una nave del polígono de Cambre de una cantidad de 7.169 Kg. de cocaína oculta dentro lomos de atún en un contenedor marítimo enviado desde Ecuador y tras un tránsito en puerto de Algeciras donde la Fiscalía autorizó una entrega controlada. El valor de la cocaína incautada habría alcanzado en mercado ilícito los doscientos cincuenta millones de euros.

En Pontevedra, la aparición a finales de febrero de 2023 de dos narcolanchas en las playas de Espiñeirido y O Vilar de Ribeira, y días después del semisumergible El Poseidón hundido en la ría de Arousa, pone de manifiesto la gran capacidad operativa de las estructuras criminales que aquí operan y la solidez de sus lazos con las redes internacionales de tráfico de drogas.

La interceptación policial en la autovía AG-41, a la altura de Meis, el pasado 19 de octubre de un camionero de los Balcanes que ocultaba en un habitáculo de su remolque, la cantidad de 30 kg. de heroína y hacía uso de un móvil encriptado, da cuenta de la vigencia de este tráfico y de la fortaleza de las organizaciones que lo sostienen.

La organización judicial en la provincia de Pontevedra sufre la misma situación de inadecuación que la comentada en Andalucía y, como se decía el año pasado, Vilagarcía de Arousa y Cambados, dos zonas especialmente afectadas por causas complejas de narcotráfico, están servidas por juzgados mixtos.

Especial relevancia tuvo la STS 685/23 de 21 de septiembre, en el caso del primer semisumergible incautado en noviembre de 2019 tras cubrir una ruta transoceánica dirigida a introducir a través de la Ría de Aldán los 3.068 kg. de cocaína que cargaba. La sentencia matiza con consideraciones de interés la participación de los colaboradores en tierra, un problema cada vez mayor en relación con las posibilidades probatorias de la participación de los últimos escalones de los narcotraficantes en los pactos previos.

5.3.4 Madrid

Esta Comunidad abarca además de la capital del país, otras ciudades con gran población y cuenta además con un gran aeropuerto internacional que es lugar de especial relevancia en materia de delitos contra la salud pública. La sección antidroga está formada por la delegada y cuatro fiscales, dotación insuficiente dado que se ocupan de las causas relevantes de la capital y las secciones territoriales de Alcobendas, Collado Villalba y Majadahonda con un total de 91 Juzgados de Instrucción; el esfuerzo de las especialistas es encomiable y así lo aprecian también las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, por lo que merecen un especial reconocimiento.

El aeropuerto de Madrid-Barajas es un lugar de entrada de sustancias estupefacientes en acciones en las que repetidamente se ha comprobado que se cuenta con la colaboración de empleados de empresas que prestan servicios auxiliares para su extracción. Acciones reiteradas con trabajadores que entran con mochilas y bolsas en zonas restringidas de seguridad, pasajeros que embarcan con tarjetas de embarque en vuelos de bajo coste y acceden a la zona de recogida de equipajes reflejan una falta, inadecuación o insuficiencia en los protocolos de seguridad. La delegada de Madrid advierte de la ausencia de control, especialmente en la salida de los empleados y tripulaciones de las zonas de seguridad, y la necesidad de implementar protocolos de seguridad tanto en la contratación de trabajadores con acceso a zonas restringidas del aeropuerto como en el establecimiento de controles más adecuados, especialmente a la salida de las instalaciones. En 2023 se realizaron dos grandes operaciones en el aeropuerto, con 14 y 20 detenidos, de los que la mayoría eran trabajadores del aeropuerto.

La Cañada Real Galiana es un lugar bien conocido, constituido básicamente por infraviviendas en su mayoría diseñadas para la venta de estupefacientes, a las que dotan de medidas concebidas para alertar y evitar una entrada rápida de la policía, controlada por clanes familiares que se dedican no solo a la venta de sustancias estupefacientes sino también al cultivo indoor de marihuana que va unido a los enganches eléctricos ilícitos. Este año se han realizado en esta zona varias operaciones, entre las que destaca las Diligencias previas núm. 154/2022 del Juzgado de Instrucción núm. 45 de Madrid contra 23 acusados por delitos contra la salud pública, grupo criminal, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico, o las Diligencias previas núm. 685/23 del Juzgado de Instrucción núm. 12, con 35 investigados por venta principalmente de heroína.

En la provincia de Madrid, como ocurre en otras grandes ciudades proliferan los narcopisos que además han crecido como consecuencia de la presión policial en la Cañada Real; son tan activos como difíciles de detectar e investigar dadas las precauciones que adoptan los narcotraficantes. De la importancia de estos puntos en el tráfico de estupefacientes es muestra que solo en el 2023 en Madrid se han realizado 97 entradas y registros, 62 de ellos en la capital, con un total de 244 detenidos, grandes cantidades de cocaína, hachís, heroína, MDMA y otras sustancias intervenidas junto a cantidad de armas blancas y de fuego.

5.3.5 Islas Baleares

La Fiscalía de Baleares con delegado en Mallorca e Ibiza sigue experimentando un incremento notable en número de causas, especialmente en Ibiza donde los escritos de acusación por delitos contra la salud pública pasa de 106 a 172 y donde además, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Fiscalía observan especiales dificultades de investigación de organizaciones internacionales con presencia en la isla que provoca una sobrecarga de los juzgados, de lo que resultan retrasos negativos para las investigaciones y escasa proactividad para la asunción de las más complejas, que requieren la autorización y lógico control de medidas de investigación tecnológicas.

Como el año pasado los delegados vuelven a informar del incremento de plantaciones de cannabis y de las asociaciones cannábicas además de las incautaciones de cocaína. Las islas, especialmente en Ibiza por ser destino turístico, vuelven a mostrar aumentos en las incautaciones de Ketamina, MDMA y el conocido como tusi o cocaína rosa (2-cb) de especial peligrosidad por la manufactura de sus combinaciones y utilizado principalmente en fiestas y discotecas.

5.3.6 Comunidad Valenciana

La Comunidad Autónoma de Valencia tiene como vector principal en relación con el tráfico de drogas el puerto de Valencia que continúa como el tercer puerto de Europa en número de incautaciones de cocaína. Durante el año 2023 se ha elevado notoriamente el número de contenedores intervenidos que fue de 39 frente a 26 en 2022, con un total de 12.523 kg. de cocaína intervenidos frente a 11.564 kg. de 2022. Destaca el gran número de los contenedores procedentes de Ecuador (23) lo que muestra lo ya sabido respecto a la relevancia del puerto de Guayaquil como salida de la cocaína a Europa.

Se constata por el delegado de Valencia un cambio en el método de rescate de la cocaína de los contenedores, de forma que del gancho ciego o rip off se ha pasado a lo que se conoce como gancho dirigido, en el que el cargamento se rescata fuera de las instalaciones portuarias. La mejora de los sistemas de seguridad del puerto y la presión policial son probablemente parte de las razones de este cambio de forma de actuación, pero también la desarticulación de algunas organizaciones que utilizan este método que deriva de las informaciones obtenidas de la desencriptación de las plataformas EncroChat y SKY-ECC. Valencia y Castellón son de las provincias con mayor número de procedimientos en los que se ha aportado evidencias procedentes de estas plataformas. La realidad a la que se ha llegado con estas pruebas demuestra la instalación de grandes organizaciones internacionales en la provincia entre las que destacan, entre otras, las albanesas, que además de ser detectadas en relación con el tráfico de contenedores participan en la producción de marihuana a través de macroplantaciones especialmente en la provincia de Castellón.

Alicante experimenta un incremento notorio de causas, especialmente por delitos contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud que se incrementan un 34,77% en la provincia, aun cuando también ha existido un crecimiento en procedimientos relativos a sustancias que no causan grave daño.