CAPÍTULO II. ÓRGANOS CENTRALES DEL MINISTERIO FISCAL - 5. FISCALÍA ESPECIAL ANTIDROGA

5.2. Fiscalía Especial Antidroga en la Audiencia Nacional

5.2.1 Incidencias personales y aspectos organizativos

La plantilla de la Fiscalía Especial Antidroga ha aumentado este año al crearse a mediados de 2023 una nueva plaza, de forma que cuenta con 15 fiscales, incluyendo la jefatura y la tenencia. Esta última ha estado vacante desde que en el mes de julio el teniente fiscal fue nombrado Fiscal Europeo, hasta entrado marzo de 2024. Se trata de una plantilla que, aun con una plaza más, es notoriamente insuficiente para abordar todas las competencias que corresponden a esta Fiscalía y especialmente en un momento como el actual de crecimiento y expansión en cantidad y complejidad del narcotráfico, por lo que esperamos se pueda producir un aumento de plazas en el próximo año.

La Fiscalía Antidroga ha sufrido varias incidencias personales este año. En primer lugar, el triste fallecimiento en febrero de Dña. Inmaculada Ávila, cuya plaza, junto a la de nueva creación, fueron adjudicadas a dos fiscales que estaban ya destinadas en comisión de servicio en la Fiscalía. La vacancia de la plaza del teniente fiscal hubo de ser cubierta con urgencia a través de un destacamento en la última semana del año 2023.

La Unidad Policial Adscrita tiene también vacante la jefatura y está formada por cuatro funcionarios del CNP y un Guardia Civil, aunque durante gran parte de este año, al igual que en 2022, solo tres estuvieron en activo. La Fiscalía centra sus encargos a la Unidad en la tramitación de diligencias de investigación y, principalmente, en la ejecución de los expedientes de cooperación internacional; la especialización que están adquiriendo en relación con la asistencia judicial internacional ha determinado que los juzgados centrales de instrucción encarguen también algunas diligencias a esta Unidad, pese a su adscripción funcional a la Fiscalía. Los funcionarios pertenecen a UDYCO y UCO, con quienes mantienen permanente conexión. Este año han ejecutado 174 expedientes, la mayoría (91), órdenes europeas de investigación a las que se suman 73 comisiones rogatorias.

El crecimiento de la plantilla de fiscales, el incremento del número de diligencias y las dificultades añadidas de la tramitación digital, al menos en estos primeros momentos, exigen una ampliación de la plantilla de funcionarios, especialmente tramitadores, que ya se ha solicitado.

5.2.2 Medios materiales y proceso de digitalización

La Fiscalía Especial Antidroga ocupa la 7.ª planta del edificio de la Audiencia Nacional y la incorporación de un nuevo fiscal destacado a finales de 2023 supone que al menos dos fiscales deban compartir despacho mientras se encuentra otra solución. No hay espacio común en la planta 7.ª, por lo que no se acomoda a lo dispuesto en el art. 21 del Reglamento de la Carrera Fiscal que exige que las Fiscalías con más de 4 fiscales cuenten con una sala polivalente para la celebración de juntas, videoconferencias, etc.

Tal y como se expuso en la anterior Memoria, la digitalización de los órganos judiciales del ámbito penal de la Audiencia Nacional fue completada en el año 2022. No ocurre así con las Fiscalías, de forma que las diligencias de investigación y cooperación internacional siguen al margen de la tramitación digital.

Durante 2023 se ha estado trabajando, con la participación indispensable del encargado de la digitalización en esta Fiscalía, en la nueva aplicación Atenea.

Las indudables bondades del proceso de digitalización no deben ocultar la existencia de dificultades y disfunciones que son de extraordinaria dimensión cuando se manejan procedimientos complejos y con enorme cantidad de acontecimientos, deficientemente clasificados y ordenados y ubicados en distintas aplicaciones, por lo que se producen dificultades de localización y acceso. A estas dificultades, se une la imposibilidad de interoperatividad entre sistemas y los incalculables problemas que derivan de la llegada a la Audiencia Nacional, particularmente tras inhibiciones tardías, de procedimientos de notables dimensiones en formatos incompatibles con la gestión digital de la Audiencia Nacional.

5.2.3 Actividad de la Fiscalía Especial Antidroga en la AN

La actividad de la Fiscalía Especial Antidroga no ha experimentado este año cambios relevantes en relación al número de las causas que se tramitan por el órgano central ante los Juzgados de la AN; sin embargo, cada vez es mayor la complejidad y la litigiosidad de cada procedimiento, con una intervención creciente de los fiscales en informes, comparecencias y recursos.

El resumen estadístico debe empezar por las diligencias de investigación que este año han disminuido en cantidad y han pasado de las 64 de 2022 a 41; sin embargo, desde el punto de vista cualitativo debemos destacar que ha habido investigaciones de mayor complejidad lo que se refleja en el gran número, 264 personas físicas y 8 personas jurídicas, investigadas en ellas. Ha descendido notoriamente el número de diligencias relativas a entregas controladas de sustancias procedentes del extranjero, que este año han sido solo 4 (frente a las 30 señaladas el año anterior). De las 41 diligencias se han judicializado 16, la mayoría con la interposición de la correspondiente querella en los juzgados centrales de instrucción, 2 han sido remitidas a otras fiscalías territoriales tras la falta de confirmación de la afectación a más de un territorio, 12 han sido archivadas y el resto, 11, siguen en tramitación.

La Fiscalía Antidroga ha interpuesto 17 querellas en la Audiencia Nacional, de las que 14 se refieren a abordajes de embarcaciones con drogas en aguas internacionales.

En relación con las diligencias previas por tráfico de drogas en los juzgados centrales de instrucción, la actividad de la Audiencia Nacional ha aumentado desde el punto de vista estadístico: se han incoado 57 nuevas diligencias previas (50 en 2022), 8 procedimientos abreviados (5 en 2022) y 15 sumarios (19 en 2022); de ellas, solo 5 se han incoado por blanqueo de capitales lo que se deriva de las reducidas competencias de la Audiencia Nacional para la investigación del blanqueo autónomo.

En todo caso, la carga del trabajo en esta Fiscalía viene determinada no por la cantidad de procedimientos sino por la complejidad y extraordinaria litigiosidad de estos, de forma que la contabilización se realiza atendiendo al número de dictámenes o escritos presentados por el MF, que este año se sigue incrementado y pasa de 10.071 en 2022 a 12.117, lo que refleja un porcentaje de aumento de un 20,30%.

Los escritos de acusación presentados en 2023 ascienden a 53, frente a los 42 del año anterior. Durante el año 2023 se han celebrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 52 juicios orales, cifra muy superior a los 40 de 2022. La acusación se dirigió contra 394 acusados, lo que eleva notoriamente la cifra de 124 acusados del año anterior, de los cuales han resultado condenados 337. Junto a las personas físicas se ha presentado acusación contra 12 personas jurídicas, de las que han sido condenadas 7. Las sesiones de juicio oral se han extendido en un total de 207 sesiones, también muy superior a las 149 sesiones de 2022. Igualmente han crecido notoriamente el número de comparecencias, que alcanzan este año 672 frente a las 405 comparecencias de 2022.

La Sala de lo Penal ha dictado 50 sentencias –una cifra notoriamente superior a las 20 del año pasado– en procedimientos competencia de la Fiscalía Antidroga, 43 en sumarios y 7 en procedimientos abreviados. Todas las sentencias han sido condenatorias, 33 conformes a lo solicitado por el Ministerio Fiscal y 17 con penas inferiores. Solo 15 de las 50 sentencias han sido dictadas en procedimientos de conformidad. En el total de las sentencias han sido condenadas 337 personas físicas (62 acusados han sido absueltos). De los condenados, 169 son españoles y el resto extranjeros, entre los que destacan los nacionales colombianos y brasileños, con 69 condenados de Colombia y 20 de Brasil. De los 332 condenados solo 35 son mujeres.

Los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias de la Sala de lo Penal han sido 28 de los que la Fiscalía ha interpuesto 7. Los de casación han sido este año 10, dos de ellos interpuestos por el Ministerio Público.

En materia de vigilancia penitenciaria, que despachan en exclusiva dos fiscales, se ha producido un crecimiento exponencial en el número de procedimientos y en la cantidad de informes emitidos, que se incrementa en un 84%. De 125 progresiones en grado se han recurrido 76 (frente a los 54 de 2022) lo que da idea de la inadecuación de las propuestas.

Las actuaciones, muy extensas, en relación con los instrumentos de cooperación internacional se ubican en el apartado especial para ello.

5.2.4 Causas de relevancia de la Fiscalía Especial Antidroga en la AN

Algunas de las diligencias relevantes este año en fase de instrucción son las siguientes:

– Sumario núm. 3/2023, del Juzgado Central de Instrucción núm. 2 por delito contra la salud pública de sustancia que causa grave daño a la salud, notoria importancia y extrema gravedad por la utilización de embarcación como medio de trasporte específico, delito de piratería, atentado a los agentes de la autoridad, delito de homicidio y delito de incendio con peligro para la vida. El 16 de marzo de 2023, el velero ROTHMANS, tras recibir cocaína de una embarcación nodriza, fue abordado por el patrullero FULMAR momento en el que el capitán de la embarcación dio un giro brusco tirando al mar todos sus tripulantes y provocando la muerte a un agente de vigilancia aduanera. Otro de los procesados procedió a encender una bengala con la que prendió el barco que quedó completamente calcinado.

– Diligencias previas núm. 28/2021, del Juzgado Central de Instrucción núm. 2 en las que se investiga una organización criminal internacional muy potente económicamente que utiliza un entramado de empresas para efectuar numerosas operaciones de importación de frutas procedentes de Sudamérica, camuflando cocaína en los contenedores y utilizando mensajería encriptada de la plataforma SKY ECC, habiéndose incautado en tres contenedores de los puertos de Barakaldo y Algeciras un total de 1.689,9 kg una vez reducido a pureza, por lo que los hechos revisten caracteres de un delito de tráfico de drogas de sustancia que causa grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia, pertenencia a organización criminal, y de extrema gravedad por la cantidad de sustancia estupefaciente incautada, simulación de operaciones de comercio internacional y red internacional para cometer este delito.

– Sumario núm. 6/2023 del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 seguido por los delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, en ambos casos cometidos en el seno de organizaciones criminales. La investigación arroja indicios de que el líder de la organización de blanqueo de capitales se ha venido dedicando al movimiento de importantes cantidades de dinero procedentes de diversas organizaciones de narcotráfico (unos 34 millones de euros anuales). El desarrollo de las pesquisas ha podido llegar a identificar a varias de estas organizaciones encontrándose actualmente procesados 33 investigados. Las pruebas procedentes de las comunicaciones encriptadas de los sistemas EncroChat y Sky ECC ha dado lugar a una profusa actividad por parte de las defensas que han venido cuestionando la legalidad de todos los aspectos relacionados con los sistemas de comunicación encriptados, habiéndose presentado hasta el momento por el Ministerio Fiscal en este procedimiento cerca de 300 dictámenes.

– Diligencias previas núm. 35/2023 del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 recientemente transformado en Sumario 1/2024, en el que se incautaron más de 3.300 kilos de cocaína camuflada entre una carga de 12.000 vacas vivas a bordo del buque ORION V procedente de Colombia y destino Líbano. La Fiscalía de EE. UU. tiene un procedimiento contra la organización suministradora de la droga, sin embargo, no han asumido el procedimiento español en el que se investiga a los marineros y cuidadores de las reses en el buque, todos ellos en libertad. Se ha imputado a las sociedades propietarias del buque y de la carga legal.

– Diligencias previas núm. 50/2020 del Juzgado Central de Instrucción núm. 6, iniciadas en el año 2020 con motivo del abordaje del velero MAJIC en el que se intervinieron 980 kilos de cocaína. Como viene siendo habitual, en España sólo se pudo en principio imputar a los tres marineros que iban a bordo del velero, que fueron condenados por sentencia de la Sección 1.ª núm. 32/2021, de 14 de diciembre de 2021. Gracias a la desencriptación del sistema SKY-ECC se ha descubierto a la organización brasileña suministradora de la cocaína; a la organización serbia financiadora de la operación; a la organización serbia intermediaria y organizadora del transporte y del destino de la droga; a la organización española asentada en las Islas Canarias encargada de la recogida de la droga en el Atlántico y su introducción y ocultación en las islas.

– Sumario núm. 3/2023 del Juzgado Central de Instrucción núm. 3, causa en la cual se imputa a una organización internacional la importación de grandes cantidades de cocaína y en la que han participado fuerzas investigadoras de tres países (EE. UU, Colombia y España). Solo se ha podido formular acusación contra cinco personas, siendo así que en el procedimiento hubo de autorizarse la intervención de hasta siete agentes encubiertos nacionales. El acto de enjuiciamiento está señalado para el año 2024.

– Sumario núm. 4/2021 del Juzgado Central de Instrucción núm. 4, procedimiento relacionado con el abordaje del velero Navis Optata, que ha finalizado de instruirse en el año 2023. Se trata de una organización internacional dedicada a la importación de grandes cantidades de cocaína mediante embarcaciones de recreo. Los principales responsables de nacionalidad rusa se encuentran en situación de rebeldía. La causa ha supuesto la verificación de una compleja instrucción con constante intercomunicación con autoridades extranjeras (básicamente francesas). En su momento se resolvió adecuadamente un conflicto de jurisdicción con Francia con la intermediación de Eurojust, de forma que este procedimiento ha dado lugar a la elaboración de unos interesantes parámetros de relación internacional en términos de buques y embarcaciones con transportes de droga en aguas internacionales.

– Sumario núm. 5/2022 del Juzgado Central de Instrucción núm. 4 en el que se ha desarticulado una organización española con 28 acusados que traficaban con cocaína y hachís, habiéndoseles incautado más de 16 kilos de cocaína y cantidades menores de hachís.

– Sumario núm. 1/2019 del Juzgado Central de Instrucción núm. 4 seguido contra una organización de ciudadanos serbios afincada en Cataluña donde se dedicaban a las plantaciones de marihuana con 6 chalets dedicados a dicho cultivo. Están acusadas 36 personas a los que se les imputa delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas, falsificación de documentos y defraudación eléctrica.

– Sumario núm. 8/2021 del Juzgado Central de Instrucción núm. 4 en el que se ha concluido en 2023 la instrucción y presentado a principios de 2024 la acusación contra los 69 integrantes de una gran organización que actuaba principalmente en Levante y Galicia con relaciones en Rumanía y en la que participaba y se encuentra acusado de cohecho un inspector de policía de Alicante. De estas actuaciones se deriva una pieza separada de blanqueo de capitales para el enjuiciamiento de la introducción de los beneficios de esta organización en el comercio lícito.

– Sumario núm. 5/2023 del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 que investiga un entramado criminal internacional organizado compuesto por ciudadanos de Rusia, Ucrania y Marruecos con base en España, con la utilización de embarcaciones para realizar grandes transportes de droga y estupefacientes, hachís y cocaína, hacia otras organizaciones radicadas en terceros países, contando con una fuerte y sólida estructura logística y operativa marítima con uso principalmente de veleros de crucero. La organización criminal mercantiliza sus servicios – infraestructura marítima y personal– pactando y negociando con otras organizaciones sus servicios para el transporte. Se han detectado al menos tres veleros, con banderas de conveniencia y titulares testaferros sin control real de la embarcación. En algunas de las operaciones de abordaje los procesados para hacer desaparecer las pruebas han hundido las embarcaciones con sistemas sofisticados de incendio total poniendo en peligro la integridad y la vida de terceras personas.

– Sumario núm. 3/2022 del Juzgado Central de Instrucción núm. 6 en el que se ha presentado acusación contra 29 personas, muchas de ellas de nacionalidad sueca pero afincados e instalados en Marbella por graves delitos de tráfico de drogas, blanqueo y cohecho en los que se han incautado y se solicita el comiso de varios vehículos, gran número de saldos de millones de euros y coronas suecas en numerosas cuentas bancarias, valores, joyas y varios inmuebles en Marbella y la provincia de Málaga.

Además de estas causas, la Fiscalía Antidroga se ha hecho cargo, por atribución del Fiscal General previo informe favorable del Consejo Fiscal, habida cuenta del previo conocimiento del asunto, del Procedimiento de Jurado núm. 360/2023 del Juzgado núm. 5 de Parla, derivado de las Diligencias previas núm. 12/2022 del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 que fue archivado y del que se derivó el procedimiento por delitos de cohecho y revelación de secretos contra tres guardias civiles.

Entre los juicios orales celebrados este año destacan los siguientes:

– Tras múltiples incidencias y retrasos de años, se celebró desde el 6 de marzo de 2023 hasta el 12 de abril de 2023 el juicio oral del Sumario núm. 6/2017 del Juzgado Central de Instrucción núm. 2, conocido como el caso de «los Miami». El Ministerio Fiscal, representado en esta ocasión por dos fiscales ante la extraordinaria dimensión de la causa (386 tomos solo en la causa principal), acusó a un total de ochenta y una personas por una pluralidad de delitos tales como delito contra la salud pública, delito de blanqueo de capitales, bienes o efectos procedentes del narcotráfico, delito de tenencia ilícita de armas de fuego, delito contra la Hacienda Pública, delito de falsedad documental y delito de receptación. En fecha 30 de mayo de 2023 se dictó sentencia en virtud de la cual se condenó a setenta y dos acusados a penas que oscilan entre diez meses de prisión y cinco años y seis meses de prisión, acordándose el comiso de multitud de efectos, bienes inmuebles valorados en varios millones de euros, vehículos de lujo, motocicletas, joyas, relojes, lingotes de plata, armas de fuego, aparatos informáticos, centenares de teléfonos móviles, etc., además de la totalidad del dinero en metálico, más de 25 millones de euros, que fueron aprehendidos en poder de los condenados. La sentencia condenatoria está pendiente de la resolución del recurso de casación interpuesto por cinco de los condenados.

– Sumario núm. 6/2018 del Juzgado Central de Instrucción núm. 6, sobre el conocido clan de «los Boyacos». Se dictó sentencia condenatoria este mismo año que se confirmó en apelación y está pendiente de recurso de casación ante el TS. Esta causa compleja es un ejemplo evidente de la excesiva duración de los casos en los que hay que solicitar cooperación internacional, en este caso a Colombia y a EE. UU. También de las excesivas dificultades para la declaración en juicio oral de agentes extranjeros, en este caso de la D. E. A., uno de cuyos agentes excepcionalmente prestó declaración por videoconferencia a pesar de algunas condiciones impuestas para la protección de las fuentes y los métodos de investigación, lo que no se produce habitualmente y provoca en muchos casos la falta de evidencias y la consiguiente absolución. Se trata de diferencias irreconciliables entre sistemas procesales como el americano, que protege especialmente a sus agentes y métodos de investigación, y el español, donde cualquier protección cede ante la exigencia de oralidad e inmediación de la prueba.

– Procedimiento Abreviado núm. 1/2022 de la Sección 4.ª Durante los meses de septiembre, octubre y noviembre se celebró el acto del juicio oral de este antiguo procedimiento, incoado 15 años antes (2008). Se formuló acusación por el delito de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico cometido en el seno de una organización dedicada a estos fines, contra varios miembros de un conocido clan familiar de Galicia «los Charlines», así como contra dos abogados y otros testaferros del clan. El importe de las cantidades totales blanqueadas superaba los 6 millones de euros, con cuentas corrientes abiertas en el extranjero, uso de sociedades off shore con sede en paraísos fiscales, inversiones en países con los que resultó tremendamente complicada la cooperación judicial internacional e inversiones en numerosos inmuebles. El procedimiento se encuentra pendiente de sentencia.

– Sumario núm. 3/2019 del Juzgado Central de Instrucción núm. 4. A finales de este ejercicio 2023 se ha celebrado juicio oral de este sumario, enjuiciándose nueve de los catorce procesados por delitos de tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y falsedad. Se trataba de una compleja organización criminal de carácter internacional con procesados de nacionalidad albanesa, colombiana, griega, española y marroquí. También se enjuició a una persona jurídica por sus responsabilidades penales. La sentencia, recaída ya en 2024, ha sido condenatoria.

Entre las sentencias relevantes citar las siguientes:

i) Sentencia núm. 25/2023, de 13 de diciembre, dictada por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, confirmando íntegramente la sentencia dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Penal, por delito de tráfico de drogas de sustancia que causa grave daño a la salud y en cantidad de notoria importancia, pertenencia a organización criminal, y de extrema gravedad, por simulación de operaciones de comercio internacional entre empresas cometido en el extranjero y red internacional para cometer este delito, en la que se planteó por las defensas el quebrantamiento de las normas y garantías procesales por la vulneración del art. 324 de la LECrim en relación con el art. 24 de la CE, causando indefensión, en base a que una vez finalizado el plazo de instrucción se dictó el auto de procesamiento y se practicó la declaración indagatoria. La Sala ha desestimado la solicitud de nulidad, fijando doctrina al respecto, así como la alegación de quebrantamiento de las garantías procesales por informe pericial irregular practicado en el extranjero, ex art. 11 de la LOPJ y error en la apreciación y valoración de la prueba en relación con el análisis de la sustancia incautada por la indeterminación de la sustancia.

ii) Sentencia de la Sección 3.ª en el Sumario núm. 6/2022 del Juzgado Central de Instrucción núm. 1 por la que se condena a los tripulantes de la embarcación Mestre Doca I, que navegaba sin pabellón portando casi 500 kg de cocaína y en la que se aprecia la existencia de una organización criminal al considerar que «Las circunstancias analizadas son indiciarias de que los acusados actuaban en el seno de una organización criminal, de forma coordinada, cada uno con su misión y siguiendo un plan, si no, no se comprende como dos personas que no eran miembros de la tripulación estable del pesquero, M y F, pudieron subir a bordo a contar y custodiar fardos de droga y utilizar el segundo el teléfono satelital con el capitán. El acontecer de los hechos y el contenido de los dispositivos electrónicos, especialmente los SMS enviados desde el teléfono satelital y vídeos grabados por M ponen de manifiesto que, aparte de los acusados, otras personas participaban en este transporte y hacían un seguimiento de este.»