5. FISCALÍA ESPECIAL ANTIDROGA

5.1 Introducción

Esta Memoria anual nos da la oportunidad de seguir alertando sobre el crecimiento del fenómeno del narcotráfico y la consiguiente expansión de la delincuencia organizada en nuestro país y, a la vez, insistir sobre la necesidad de una estrategia nacional de lucha contra el narcotráfico para la adopción de medidas adecuadas y suficientes para atajarlo.

España es en las estadísticas europeas el tercer país en cantidad de entrada de cocaína (tras Bélgica y Países Bajos) y este año ha triplicado la cantidad de cocaína incautada; es el primero en Europa en entrada de hachís desde Marruecos y, tristemente, el primer productor de cannabis cuyo cultivo sigue incrementándose en grandes extensiones aprovechando zonas despobladas o en cultivos indoor cada vez más frecuentes. Los procedimientos judiciales por delitos contra la salud pública siguen creciendo anualmente y este año han aumentado un notable 10,16%. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado reclaman más medios y la Administración de Justicia necesita salir de la situación de sobrecarga, en algunos casos verdadero colapso, para poder abordar la investigación y el enjuiciamiento de estos asuntos de forma ágil y eficaz.

Compartimos la necesidad de un abordaje holístico de un fenómeno tan complejo que requiere trabajar simultáneamente en dos principales direcciones: la disminución de la demanda y en el control de la oferta. En España es el Plan Nacional sobre Drogas quien realiza un trabajo encomiable en los aspectos de análisis de las adicciones, prevención, tratamiento y rehabilitación del adicto, mientras los aspectos de control de la oferta parecen situarse exclusivamente en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con un estrategia diseñada y ejecutada exclusivamente desde el Ministerio del Interior. Esta centralización en los aspectos de seguridad supone conformarse con el éxito de incautaciones y detenciones sin tener en cuenta que es necesaria tanto la condena de los culpables como la recuperación de las ganancias para que estas acciones tengan un resultado real y efectivo.

Desde el RD Ley 16/2018 de 26 de octubre, declarando género prohibido a las narcolanchas, no ha habido ninguna iniciativa legislativa destinada a mejorar la lucha contra el narcotráfico. Se insiste, por ello, en la propuesta de la Memoria de la Fiscalía, recogiendo lo que es una reiterada petición de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA), y organizaciones de la sociedad civil sobre la tipificación del almacenamiento y transporte de la gasolina destinada a abastecer a las narcolanchas. Además, debido al cambio de legislatura, ha decaído el Anteproyecto de Ley que venía a modificar la regulación de los agentes encubiertos, una figura que requiere un abordaje urgente que atienda no solo a la actuación de los agentes, sino lo que se conoce como operaciones encubiertas; este Anteproyecto de Ley incluía también una regulación de los equipos conjuntos de investigación, que carecen, más allá de Tratados internacionales, de base legal cuando se trata de su constitución con terceros países.

Ante un fenómeno tan dañino es necesario un espacio interministerial e interinstitucional de encuentro y debate sobre los problemas que ocasiona el tráfico de drogas del que pudieran derivar algunas acciones. En este momento, el único espacio común en el que nos reunimos todas aquellas instituciones con responsabilidad en alguno de los aspectos de lucha contra el tráfico de drogas es la Comisión para el Seguimiento del Acuerdo Marco de 3 de octubre de 2012 de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, el Ministerio del Interior y la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, por el que se establece el protocolo a seguir en la aprehensión, análisis, custodia y destrucción de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas (CAMD), de forma que en esa comisión, con un objeto tan concreto, se suelen abordar otros muchos temas que no son materia de su competencia.

El enfoque de otros fenómenos criminales, como la violencia de género, la trata o los delitos de odio es integrador y se han creado foros o instancias nacionales multidisciplinares de debate para un abordaje integral, que en relación con la droga también son necesarios para dar lugar a estrategias nacionales que superen planes regionales limitados y centrados solo en el incremento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las estadísticas de incautaciones muestran la confirmación en nuestro país de la advertencia que recogía el informe mundial sobre drogas de NNUU[2] del año pasado sobre la histórica y extraordinaria disponibilidad de la cocaína, de forma que se han dado incautaciones en cantidades inauditas cercanas a las 145 toneladas que triplican las cifras de 2022. Esta sustancia entra esencialmente a través de los puertos en contenedores, pero también a través de embarcaciones de todo tipo ya que igualmente las lanchas rápidas semirrígidas se están utilizando para el transporte de cocaína, sin olvidar que los aeropuertos y la vía aérea son también puntos de entrada de esta sustancia.

El Informe Europeo sobre Mercados de Droga[3], presentado a principios de 2024 conjuntamente por EUROPOL y el Observatorio Europeo de Drogas y Adicciones (EMCDDA), realiza un análisis estratégico con un enfoque integral que sitúa al tráfico de drogas como fuente principal de ganancias de un mercado criminal que se expande globalmente a través de redes internacionales sólidas, basadas en la interconexión y la facilidad de las comunicaciones, la digitalización y la especialización para lograr minimizar riesgos y maximizar ganancias.

La Comisión Europea ha reaccionado con preocupación al incremento de la delincuencia organizada vinculada al narcotráfico y a su mayor violencia, presentando, en octubre de 2023, una hoja de ruta[4] que comienza afirmado literalmente que: «El comercio de drogas orquestado por la delincuencia organizada es una de las amenazas para la seguridad más graves a las que se enfrenta Europa en la actualidad, y la situación está empeorando». La Comisión advierte de la histórica entrada de cocaína en la UE, citando como mayor incautación precisamente las 9 toneladas y media incautadas este año en Algeciras, e informa también del crecimiento de la producción de drogas sintéticas.

La Comisión expresa su inquietud por una realidad en la que las redes delictivas recurren a la violencia extrema, la corrupción y la intimidación por lo que, ante la magnitud de la amenaza, propone una acción firme y sostenible a escala mundial y de la UE y plantea 15 acciones en cuatro ámbitos prioritarios: reforzar la resiliencia de los centros logísticos con una Alianza Europea de Puertos, desmantelar las redes delictivas, incrementar los esfuerzos de prevención y reforzar la cooperación con los socios internacionales. Gran parte de estas acciones están focalizadas en una atención especial a los puertos, lo que se ha plasmado ya en la creación de una Alianza Europea de Puertos[5] que, sin duda, coincide con la preocupación de España, con grandes puertos utilizados para la entrada de droga (Valencia, Barcelona Algeciras, Vigo, etc.) que requieren de nuevas estrategias. Se trata de una iniciativa que se corresponde también con la Coalición de países contra la droga en los puertos de la que España fue impulsora, representada por el Ministerio del Interior, junto a Ministerios de Interior y también Justicia de otros países europeos. De entre el resto de las acciones, la cooperación internacional y la creación de una nueva red de fiscales contra el narcotráfico y la delincuencia organizada nos afectarán muy directamente como Fiscalía y nos ayudarán a mejorar las investigaciones trasnacionales.

La Fiscalía Especial Antidroga se ha adelantado en alguna de estas acciones, especialmente en la cooperación internacional entre Fiscalías especializadas, y aprovechando la relación privilegiada con los países iberoamericanos con quienes, dentro de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), se ha fundado la Red de Fiscales Antidroga Iberoamericanos (RFAI); una red que en el año 2024 cumplirá 10 años y que trabaja operativamente no solo entre sus miembros sino con los países de la UE. Particularmente en 2023, la red ha actuado en uno de los programas considerados clave en la mencionada hoja de ruta de la Comisión: la plataforma multidisciplinar europea contra las amenazas delictivas (EMPACT). La Fiscalía Especial Antidroga es pionera liderando una de estas acciones EMPACT con el objeto de poner en contacto a la RFAI con otros socios europeos y analizar e impulsar investigaciones coordinadas. Es importante señalar, además, que esta acción EMPACT ha sido destacada por la UE ya que es una (junto a otra liderada por la Fiscalía Antimafia italiana) de las dos únicas acciones EMPACT lideradas por autoridades judiciales.

Además, la Fiscalía Antidroga colabora con la Policía Nacional en el desarrollo de otro proyecto EMPACT, en el marco de la herramienta de EUROPOL, denominada Operational Task Force (EOT), por el que policías de distintos países se han establecido en Málaga colaborando en investigaciones conjuntas con la policía española. Sus actividades eminentemente operativas determinan un mayor número de operaciones y la necesidad de un continuo trabajo de coordinación con las Fiscalías de Málaga y Marbella.

El informe SOCTA de Europol explicaba ya hace años que la delincuencia organizada aprovecha las lagunas normativas y también las organizativas para establecer y desarrollar sus actividades. España, junto a algunas carencias de normativa adecuada, sufre de una Administración de Justicia con una estructura organizativa y competencial obsoleta y extremadamente fragmentada y de un sistema procesal desfasado e inadecuado para la lucha contra la delincuencia organizada; estas deficiencias son, sin duda, un activo principal para el crecimiento del narcotráfico.

La ineficiencia y las dilaciones que experimenta la Administración de Justicia son especialmente visibles y perjudiciales en relación con causas complejas de narcotráfico que requieren instrucciones dilatadas en el tiempo con la adopción de técnicas especiales de investigación, medidas de investigación tecnológica que exigen un control permanente por parte de la autoridad judicial y que, además, generan posteriormente habituales problemas de gestión de las sustancias y bienes incautados.

Este año los retrasos, especialmente en la celebración de juicios orales de difícil señalamiento cuando –como es habitual– la acusación se dirige contra múltiples acusados, han derivado también de la huelga de los Letrados de la Administración de Justicia. Una de las principales consecuencias de estos retrasos es la apreciación de la atenuante de dilaciones indebidas con la consecuencia de reducciones de pena que generan una idea de impunidad y el reconocimiento de un fracaso derivado de la ineficiencia de la Administración de Justicia.