4.18 Consideraciones y valoraciones de interés en los distintos supuestos competencia de esta Fiscalía de la Audiencia Nacional y del órgano judicial donde se residencia

4.18.1 Terrorismo

Durante mucho tiempo, el terrorismo ha constituido la parte más importante de las competencias atribuidas a este órgano que, además, tenía también encomendada la llevanza de grandes redes criminales y delitos socioeconómicos de mayor trascendencia social. El terrorismo ha sido la parte más visible por suponer un ataque frontal tanto al sistema constitucional de convivencia democrática de la que se han dotado los ciudadanos como a otros valores que trascienden a las creencias y que han sido recogidos por la legislación internacional: la vida, la dignidad del ser humano, la diversidad en todos sus aspectos y órdenes, etc.

El Estado, a través de los organismos encargados de evaluar este fenómeno, ha ido realizando análisis para determinar la mejor forma de encarar esta tipología delictiva, respetando en todo momento los derechos y libertades que son un valor intangible de nuestra sociedad.

En esa lucha incansable, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, junto con jueces y fiscales, han logrado acabar con distintos fenómenos terroristas que tanto daño y dolor han causado: se ha conseguido anular a los GRAPO, derrotar a la organización terrorista ETA y terminar con los Grupos de Resistencia Gallega.

Actualmente y dentro de esta categoría, solo pervive el denominado terrorismo yihadista, que tiene sus propias características y, por tanto, sistemas de lucha y afrontamiento del problema, totalmente distintas a lo que conocíamos en el ámbito nacional.

La coordinación antiterrorista busca proporcionar criterios de actuación a los fiscales en áreas como la prevención, investigación, instrucción y juicio oral, además de promover reuniones operativas para analizar las causas existentes o futuras. Como se dijo en memorias anteriores, se ha implementado un sistema de archivos que almacena información relacionada con el terrorismo que llega a la fiscalía; este sistema permite no solo obtener datos estadísticos, sino también crear perfiles de los investigados, identificar relaciones y vínculos entre investigaciones, rastrear la evolución de operativos y analizar jurisprudencia en relación con los nuevos tipos penales específicos.

Durante 2023 sólo se han cometido dos acciones terroristas, una de naturaleza yihadista (que tuvo lugar en Algeciras el 25 de enero, y que conllevó el asesinato de una persona tras varios intentos contra otros ciudadanos en las Parroquias de San Isidro y La Palma) y otra que aconteció en Madrid el 9 de noviembre (atentado contra un político español ya retirado), y cuya naturaleza y etiología se está investigando.

El terrorismo, junto a la radicalización y el extremismo violento, es un fenómeno mutable que ha sufrido una enorme transformación en los últimos años. Desde un terrorismo primigeniamente nacional se ha pasado a otro de carácter internacional; y mientras que el primero ha sido derrotado policial y judicialmente, el segundo debido a su carácter globalizado e interconectado, se ha consolidado como la principal amenaza terrorista.

En los siguientes gráficos se refleja la evolución de los detenidos en nuestro país desde 2019 hasta la actualidad, tanto en terrorismo nacional como internacional y yihadismo, lo que evidencia la constante profesionalidad de nuestros cuerpos policiales a la hora de afrontar esta lucha.

Lucha contra el terrorismo de ETA

	2019	2020	2021	2022	2023
	03/12 31/12	01/01 31/12	01/01 31/12	01/01 31/12	01/01 -/--
Detenidos relacionados ETA		6			1
En España		4			1
En Francia		1
En otros países		1

Lucha contra el terrorismo internacional

	2019	2020	2021	2022	2023
	03/12 31/12	01/01 31/12	01/01 31/12	01/01 31/12	01/01 17/08
Detenidos terrorismo yihadista	8	38	40	53	29
En España	2	37	39	46	19
En otros países	6	1	1	7	10
Detenidos otros grupos terroristas		4	5	1	3

Lucha contra el terrorismo yihadista

Años	Núm. operaciones en España	Núm. detenidos en España	Núm. operaciones en otros países	Núm. detenidos en otros países
(*desde atentados 11M) 2004*	9	131
2005	11	92
2006	9	59
2007	19	51
2008	11	62
2009	10	40
2010	5	12
2011	12	17
2012	5	8
2013	8	20	2	4
2014	13	36	7	27
2015	36	75	8	27
2016	36	69	5	7
2017	52	76	6	10
2018	23	29	8	32
2019	32	58	7	10
2020	23	37	1	1
2021	22	39	1	1
2022	27	46	4	7
2023	16	19	4	10
Totales	379	976	53	136

Esta tipología delictiva requiere de un nuevo enfoque de lucha, que conjugue lo aprendido hasta ahora, con los nuevos medios que la tecnología proporciona y que permite depurar técnicas de información y operativas. Este nuevo escenario no puede plantearse solo a escala nacional, sino que debe contar, con los demás países miembros de la Unión Europea. Los fundamentos de lucha contra estos delitos deberían basarse en cuatro pilares:

1. La prevención, que desarrolle las ideas estratégicas necesarias para detectar e impedir la aparición, organización y expansión del terrorismo y de los extremismos violentos, abordando sus causas.

2. La protección, que configure las pautas básicas precisas para velar por la seguridad y protección de la sociedad, los ciudadanos, las instituciones e intereses nacionales, reduciendo la vulnerabilidad de los objetivos potencialmente sensibles.

3. La persecución, que establezca las líneas principales de actuación para la detección e investigación de los terroristas y extremistas violentos, impidiendo la planificación y ejecución de sus acciones, actuando también contra sus redes de apoyo, logística y financiación, y asegurando su puesta a disposición judicial.

4. La preparación de la respuesta orientada a minimizar las consecuencias de una acción terrorista, garantizando el máximo apoyo a las víctimas, reparando el daño causado y restaurando la normalidad mediante la ejecución de acciones y planes previstos para una pronta recuperación, extrayendo las lecciones aprendidas a fin de preparar futuras acciones de respuesta.

Como cierre de este apartado se realizan unas reflexiones que pueden ayudar a enfocar la lucha desde los tribunales y el Estado contra el fenómeno terrorista, partiendo de que se trata de una tarea compleja que requiere de la colaboración de todos los sectores de la sociedad.

1. La radicalización yihadista en España se caracteriza por la juventud de los radicalizados.

2. Los espacios virtuales desempeñan un papel central como catalizadores del proceso de radicalización.

3. Los conflictos internacionales y las crisis geopolíticas han tenido una gran repercusión en la radicalización yihadista en España.

4. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha enfocado en el «discurso del odio», especialmente en las redes sociales, su lucha contra esta tipología delictiva.

5. Comportamientos que alaban o justifican actos terroristas no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión o ideológica.

6. Para que un discurso sea penalmente relevante, debe suponer una incitación, al menos indirecta, a la violencia.

7. El discurso para tener trascendencia penal ha de generar una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros, o para el propio sistema de libertades.

8. La lucha contra el terrorismo requiere un enfoque multidimensional que incluya tanto medidas de seguridad como estrategias de prevención y desradicalización.

9. La cooperación internacional es esencial para combatir eficazmente el terrorismo yihadista.

10. Es necesario un equilibrio entre las medidas de seguridad y el respeto a los derechos fundamentales para garantizar una lucha efectiva contra el terrorismo.

4.18.2 Evolución de la delincuencia socioeconómica, trata de seres humanos y delitos de jurisdicción internacional en España en 2023

Reiterando lo afirmado en memorias anteriores, un porcentaje importante de estos delitos conforme al apartado c) del art. 65.1 de la LOPJ, son tramitados por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en tanto que órgano del Ministerio Fiscal incardinado en la estructura del citado tribunal y, por lo tanto, competente para intervenir en los procesos por hechos definidos como «defraudaciones y maquinaciones para alterar el precio de las cosas que tengan grave repercusión para la seguridad del tráfico mercantil, o para la economía nacional, o causen un perjuicio patrimonial a una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia».

Otro porcentaje, quizás más mediático por su trascendencia sociopolítica, es tramitado por la Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, bien por haber intervenido previamente en fase de diligencias de investigación, bien por haberles sido asignados expresamente por el FGE conforme dispone el art. 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Esta posible doble atribución a dos Fiscalías Especiales tiene su cauce de distribución en los mecanismos internos recogidos en la Instrucción 1/1996, de 15 de enero, sobre competencias y organización de la Fiscalía Especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción.

Estadísticas

	Fiscalía AN	Fiscalía Antidroga	Fiscalía Anticorrupción
Diligencias Previas	556	44	11	611
	91,00%	7,20%	1,80%

Terrorismo	Falsificación moneda y tarjeta de crédito	Patrimoniales y socioeconómicos	Injurias contra la Corona	Otros
195	9	202	0	150

Descontado el terrorismo, las causas de orden socioeconómico atribuidas a la Fiscalía de la Audiencia Nacional suponen un 33% de todas las diligencias previas incoadas en la Audiencia Nacional (202 de 611), a las que hay que sumar (como se ha explicitado al inicio de esta memoria) todas las demás competencias de la Fiscalía de la AN, lo que eleva el porcentaje de lo tramitado por este órgano al 91%.

Para tener una visión global de la actividad de esta Fiscalía, se procede a realizar, en su ámbito competencial, un pequeño esquema donde reflejar el hecho delictivo con su contexto, su evolución y desafíos:

4.18.2.1 Delincuencia socioeconómica

1. Contexto.

La crisis económica y social ha impactado en el aumento de la delincuencia socioeconómica, incluyendo delitos como:

– Estafas: fraudes online, inversiones piramidales, phishing.

– Apropiación indebida: desvío de fondos por parte de empleados o administradores.

– Delitos contra la propiedad intelectual: piratería, falsificaciones.

– Blanqueo de capitales: ocultación del origen de fondos ilícitos.

2. Evolución en 2023.

– Aumento de las estafas online: se han incrementado las relacionadas con el comercio electrónico, las inversiones y las criptomonedas.

– Mayor incidencia en los sectores más vulnerables: las personas mayores y los colectivos en situación de precariedad son los más afectados.

3. Desafíos.

– Dificultad para la investigación y persecución de estos delitos.

– Adaptación de las estrategias de prevención a las nuevas tecnologías.

4.18.2.2 Trata de seres humanos

1. Contexto.

España sigue siendo un país de origen, tránsito y destino de la trata de seres humanos. Las principales formas de explotación son:

– Explotación sexual: prostitución, pornografía.

– Explotación laboral: trabajo forzoso en sectores como la agricultura, la construcción o el servicio doméstico.

– Mendicidad forzada: explotación de menores o personas con discapacidad para pedir limosna.

2. Evolución en 2023.

– Aumento de la detección de víctimas: se ha incrementado la eficacia de las medidas de detección y protección de las víctimas.

– Mayor especialización de las fuerzas de seguridad: se han creado unidades especializadas en la lucha contra la trata.

3. Desafíos.

– Dificultad para identificar a los captadores y explotadores, dada su radicación en la mayoría de los casos, fuera de nuestro país.

– Asistencia y protección integral a las víctimas.

4.18.2.3 Delitos de jurisdicción internacional

1. Contexto

España tiene competencia para investigar y perseguir delitos de jurisdicción internacional (en los términos indicados en párrafos anteriores y siempre de conformidad a lo dispuesto en la LOPJ) como:

– Genocidio: exterminio sistemático de un grupo nacional, étnico o religioso.

– Crímenes de lesa humanidad: ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil.

– Crímenes de guerra: graves infracciones del derecho internacional humanitario cometidas en un conflicto armado.

2. Evolución en 2023.

– Aumento de las investigaciones: se han abierto nuevas investigaciones por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra.

– Cooperación internacional: se ha reforzado la colaboración con otros países para la persecución de estos delitos.

3. Desafíos:

– Dificultad para obtener pruebas y testimonios.

– Implementación efectiva del principio de justicia universal.

4.18.2.4 Conclusiones y propuestas de mejora

1. Delincuencia socioeconómica:

– Reforzar la formación de las fuerzas de seguridad, fiscales y autoridades judiciales en la investigación de estos delitos.

– Implementar medidas para la protección de las víctimas y la recuperación de los daños causados.

– Fomentar la cooperación público-privada para la prevención de estos delitos.

2. Trata de seres humanos:

– Incrementar la inversión en campañas de sensibilización y prevención.

– Mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones implicadas.

– Fortalecer la asistencia y protección integral a las víctimas.

3. Delitos de jurisdicción internacional:

– Ratificación de los instrumentos internacionales.

4.18.2.5 La ciberdelincuencia

Este apartado se trata de forma independiente a los anteriores por cuanto es transversal a los mismos: sirve tanto para cometer delitos de terrorismo (hoy en día el mundo ciber es donde se produce la mayoría de los hechos detectados como de terrorismo yihadista e internacional) y es el medio ideal para concebir y llevar a cabo toda una serie de delitos relacionados con la economía y el patrimonio.

En el año 2023, la ciberdelincuencia se ha convertido en una de las principales amenazas para la seguridad individual y colectiva en España, cuya constante evolución y sofisticación constituye una gran preocupación para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, pues exige una respuesta legal y social contundente.

Evolución de la ciberdelincuencia en 2023:

i) Aumento de los delitos.

– Estafas online: fraudes en comercio electrónico, inversiones y criptomonedas.

– Ataques a infraestructuras críticas: afectando a sectores como la energía, el transporte y las telecomunicaciones.

– Ciberespionaje: robo de información confidencial de empresas y gobiernos.

– Delitos contra la privacidad: suplantación de identidad, acoso online y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

ii) Nuevos tipos de delitos.

– Ransomware: secuestro de datos con fines extorsivos.

– Deepfakes: manipulación de imágenes y vídeos para suplantar la identidad de las personas.

– Criptojacking: minería ilegal de criptomonedas utilizando dispositivos de terceros.

iii) Impacto de la COVID-19 en estos delitos.

– Aumento del tiempo online y mayor exposición a los riesgos cibernéticos.

– Explotación de la pandemia por parte de los ciberdelincuentes para cometer fraudes y estafas.

iv) Vulnerabilidades.

– Falta de concienciación: los usuarios no son conscientes de los riesgos y no toman las medidas de seguridad necesarias.

– Desactualización de software: los sistemas informáticos no están actualizados con los últimos parches de seguridad.

– Debilidades en la seguridad de las empresas: falta de inversión en medidas de seguridad y formación del personal.

v) Futuro de la ciberdelincuencia.

– Mayor complejidad y sofisticación.

– Los ataques serán más difíciles de detectar y prevenir.

– Se utilizarán técnicas de inteligencia artificial para automatizar los delitos.

Nuevos objetivos.

– Aumento de los ataques a dispositivos móviles e Internet.

– Ciberataques dirigidos a gobiernos y empresas críticas.

Amenazas emergentes.

– Ciberguerra: ataques informáticos entre Estados.

– Desinformación y propaganda: manipulación de la opinión pública a través de las redes sociales.

vi) Conclusiones y propuestas.

Reforzar la legislación.

– Adaptar las leyes a las nuevas formas de ciberdelincuencia.

– Tipificar nuevos delitos como el criptojacking y los deepfakes.

Incrementar la inversión en seguridad.

– Fortalecer la seguridad de las infraestructuras críticas.

– Promover la inversión en medidas de seguridad por parte de las empresas.

Concienciación y formación.

– Educar a los usuarios sobre los riesgos de la ciberdelincuencia.

– Formar a los profesionales en materia de seguridad informática.

Cooperación internacional.

– Compartir información y buenas prácticas entre países.

– Fortalecer la cooperación judicial en materia de ciberdelincuencia.

Papel del Ministerio Fiscal.

– Perseguir los delitos cibernéticos con eficacia, para lo que se requiere una formación inicial y continua de calidad.

– Proteger los derechos de las víctimas.

– Defender el orden público y la seguridad en el ámbito digital.

Compromiso con la seguridad digital.

Es necesario un esfuerzo conjunto de todos los actores sociales para combatir la ciberdelincuencia y garantizar la seguridad en el mundo digital. La Fiscalía española está comprometida con esta lucha y seguirá trabajando para proteger a los ciudadanos de estas amenazas. Así ha sido desde la creación de la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática en el año 2011, que coordina la actuación de los fiscales provinciales y potencia la unificación de criterios de actuación en todas las jurisdicciones territoriales del Ministerio Público. Así:

a) La Fiscalía de Menores

En un contexto global marcado por la constante amenaza del terrorismo yihadista, la protección de la sociedad frente a este tipo de actuaciones delictivas se convierte en una responsabilidad compartida por todos los actores del sistema de justicia. En este escenario, la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional juega un papel fundamental en la lucha contra la radicalización y el reclutamiento de menores para actividades terroristas.

1. La captación de menores: una realidad preocupante.

El terrorismo yihadista ha encontrado en los menores de edad un nicho para el desarrollo de su actividad. Su impulsividad, idealismo y necesidad de pertenencia a un colectivo los convierte en un blanco fácil para la propaganda extremista, que se difunde principalmente a través de internet y las redes sociales.

Los grupos terroristas utilizan evolucionadas técnicas de captación para manipular a los menores, distorsionando su visión de la realidad y ofreciéndoles un falso sentido de identidad y de un propósito. A través de una narrativa simplista y atractiva, les prometen un mundo idealizado donde podrán encontrar la justicia y la satisfacción personal que anhelan.

2. La respuesta de la Fiscalía de Menores.

La Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional, consciente de la gravedad de este problema, se vale de una serie de estrategias para prevenir la radicalización y el reclutamiento de menores en el contexto del terrorismo yihadista.

Entre estas estrategias destacan:

a) Investigación y persecución de los delitos relacionados con el terrorismo yihadista cometidos por menores, incluyendo la captación, el adoctrinamiento, la financiación y la participación en actividades terroristas.

b) Coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, manteniendo una estrecha colaboración para detectar y prevenir la radicalización de menores en riesgo.

c) Intervención especializada a través del Equipo técnico, esto es, de psicólogos y educadores sociales para trabajar con los menores que han sido radicalizados o están en riesgo de serlo.

3. Un enfoque integral y preventivo.

El trabajo de la Fiscalía de Menores no se limita a la persecución penal de los delitos, sino que también se centra en la prevención de la radicalización y el reclutamiento de menores. Para ello, apuesta por un enfoque integral que combina la investigación y la persecución penal con la intervención especializada, la sensibilización y la formación, una vez ha terminado el proceso y se han implementado las pertinentes medidas encaminadas a la reeducación y resocialización del menor.

4. Retos y desafíos.

La lucha contra el terrorismo yihadista es un desafío complejo que exige una respuesta multidisciplinar y constante. La Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional, con su experiencia, se ha convertido en un actor clave en esta lucha, protegiendo a los menores de la captación y el reclutamiento por parte de grupos terroristas, a través de las distintas investigaciones llevadas a cabo, y garantizando la seguridad de la sociedad española.

5. Conclusiones.

Este órgano juega un papel fundamental en la lucha contra el terrorismo yihadista, a través de su trabajo de investigación, persecución penal, intervención especializada, sensibilización y formación para proteger a los menores y garantizar la seguridad de la sociedad.

Es necesario seguir reforzando sus capacidades para que continúe desarrollando su labor de manera eficaz, en coordinación con las demás instituciones implicadas en la lucha contra el terrorismo.

Menos conocido por la sociedad es la actuación de esta sección respecto a los delitos cometidos por menores españoles en el extranjero. A través de las mismas líneas de actuación, aunque acomodadas a la propia tipología delictiva, se lucha para evitar comportamientos inadecuados que, de continuar en el futuro, convertirían los hechos en delitos. Educación, concienciación y sobre todo pedagogía, son las pautas de este órgano para luchar contra estas conductas, que son el resultado en muchas ocasiones del abuso de sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas, a lo que se añade una visión desigual y asimétrica del otro al que no se percibe como persona igual en derechos y obligaciones.

b) Sección de Vigilancia Penitenciaria.

En este escenario, la Fiscalía juega un papel crucial, pues tiene encomendada en el ámbito de su competencia la ejecución de las penas privativas de libertad, medidas de seguridad, de amparo de los derechos y beneficios de los internos dentro de los edificios penitenciarios, así como otros que marque la ley penitenciaria. De igual manera tiene encomendada la defensa del interés social tutelado por la ley, encarnado en esta jurisdicción no solo en la sociedad en su conjunto, sino en las víctimas de los delitos, especialmente las del terrorismo. Su actividad se extiende a:

1. El control y seguimiento de los internos. Supervisa el cumplimiento de las penas impuestas a los terroristas (y a los otros internos condenados por hechos competencia de este tribunal), incluyendo el régimen de prisión, las medidas de seguridad, las progresiones de grado, los permisos, redenciones y demás actividades de reinserción.

2. La prevención de la radicalización. Colabora con las autoridades penitenciarias en la implementación de programas de prevención de la radicalización y detección de conductas extremistas en las prisiones.

3. La intervención en la ejecución penal. Interviene en los procedimientos de clasificación de los internos, permisos de salida, libertad condicional y otros beneficios penitenciarios, velando por la seguridad pública y la correcta aplicación de la ley.

4. Conclusiones. La Fiscalía de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional desarrolla una actividad clave en la lucha contra el terrorismo, la recta aplicación de la ley por las autoridades administrativas y la defensa de las víctimas de actos terroristas. Su trabajo es esencial para garantizar la seguridad de la sociedad, la dignidad de las personas privadas de libertad y el respeto a los derechos de las víctimas.

c) Secciones de lo Contencioso-administrativo y Social.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional es un pilar fundamental en la defensa del interés público en estas jurisdicciones. Estas secciones de la Fiscalía intervienen en los procesos tramitados por los juzgados y tribunales de los órdenes jurisdiccionales social y contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, en los procedimientos que prevén la participación del Ministerio Fiscal en cumplimiento de la misión de defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos, del interés público tutelado en la Ley, velar por la independencia de los tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social (art. 124 CE).

Asimismo, participa en la jurisdicción europea en concreto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en aquellos asuntos de su competencia y donde se hayan planteado cuestiones prejudiciales que les competan.

Los actos de comunicación procesal entre los órganos judiciales y la Fiscalía se han tramitado a través de Lexnet, habida cuenta que no se ha implementado Fortuny en estos órdenes jurisdiccionales. Entre sus funciones:

a) Garantizar el cumplimiento de la legalidad. Velar por el cumplimiento de la ley y la correcta aplicación del ordenamiento jurídico en la actuación de las Administraciones Públicas en toda su extensión.

b) Proteger los derechos e intereses de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas, en los términos previstos en la legislación correspondiente.

c) Defender el interés general, incluso cuando no hay intereses particulares en juego.

d) Retos y desafíos a los que se enfrenta la Fiscalía:

– La complejidad legislativa: el marco legal en las jurisdicciones de lo contencioso-administrativo y social es cada vez más complejo, lo que exige a estas secciones una constante actualización y especialización.

– La sobrecarga de trabajo: que puede dificultar la atención adecuada a todos los procedimientos.

– La falta de recursos: que puede afectar a su eficacia en la defensa del interés público.

e) Conclusiones.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional es un instrumento esencial para la defensa del interés público en las jurisdicciones de lo contencioso-administrativo y social.

Es necesario reforzar la sección de esta fiscalía para que pueda seguir desarrollando su labor de manera eficaz. La coordinación con las demás instituciones implicadas en la defensa del interés público es fundamental para lograr un éxito sostenido.