CAPÍTULO III. FISCALES COORDINADORES/AS Y DELEGADOS/AS PARA MATERIAS ESPECÍFICAS - 7. COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL

7.4 La actividad de la Fiscalía en el marco de la cooperación al desarrollo

7.4.1 Participación en proyectos internacionales en 2022

Durante el año 2022 en la UCIF se gestionaron un total de setenta y cuatro convocatorias solicitando la participación de fiscales como expertos en proyectos internacionales de cooperación al desarrollo. El número es sensiblemente inferior al del año 2021 en el que se tramitaron ochenta y dos convocatorias, quizás debido a las actividades que tuvieron que posponerse en 2020 por la pandemia del COVID-19 y que finalmente se ejecutaron a lo largo del año 2021.

Tomando como referencia el número de actividades, los principales proyectos que han requerido la intervención de fiscales han sido los siguientes: el proyecto para el «Apoyo de las Fuerzas de la Ley de la Unión Europea en la lucha contra las drogas y el crimen organizado en Perú» (catorce actividades); y el PAcCTO –Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado– (trece actividades); el proyecto «EU Law enforcement support to Bolivia’s Special Police Force to Fight Drugs. Gap Phase 2021-2023» (doce actividades); y proyecto «Fight against organised crime in Albania through criminal and financial investigation» (seis actividades). En relación con el PAcCTO, hay que apuntar que a finales del año 2022 finalizó con éxito la primera fase del proyecto. La vía de entrada de las convocatorias sigue siendo, mayoritariamente, el Ministerio de Justicia (cincuenta convocatorias), circulándose a través del Ministerio las convocatorias relacionadas con proyectos financiados por la FIIAPP, como son los ya citados de Perú, Bolivia o Albania; a los que debemos sumar el proyecto de hermanamiento con Marruecos, con número MA 18 EN JH 01 19, y que se está desarrollando desde el año 2019.

7.4.2 Indicadores sociológicos

La intervención de fiscales en las actividades para la cooperación al desarrollo debe analizarse a la luz del informe sobre indicadores de igualdad publicado por la Fiscalía General del Estado en el mes de marzo de 2023, actualizando el informe previamente elaborado en el año 2021. En este sentido, conviene recordar que la plantilla de la carrera fiscal en el año 2022 se situó en 2.704 fiscales, de los cuales 1.769 son mujeres (65%). Otro dato de interés es el que se refiere a la distribución de los/as fiscales entre órganos centrales y fiscalías territoriales, constatándose que el 7% de fiscales están destinados en los primeros (en el caso de las mujeres, esta cifra representa únicamente el 4,7% del total que integran la plantilla) y el resto en fiscalías territoriales (93%).

Proyectando estos datos sobre el proceso de gestión y selección de expertos para actividades de cooperación al desarrollo nos referiremos, como primer elemento para el análisis, al bajísimo número de peticionarios que han optado a las mismas, lo que es una constante en los años anteriores. Así, de la información obrante en los expedientes de la UCIF, únicamente setenta y cuatro fiscales se postularon en el año 2022 para participar en las setenta y cuatro convocatorias. Lo anterior no significa que el balance sea de un candidato por convocatoria, puesto que treinta y ocho peticionarios optaron a más de una actividad, diecisiete de los cuales lo hicieron a tres o más de las actividades ofertadas en el año 2022. Desde una perspectiva de género, destacaremos que treinta de los setenta y cuatro candidatos han sido mujeres, lo que representa el 40,5% del total. Adviértase que, en los proyectos que demandan expertos a largo plazo, han sido mujeres las fiscales designadas en Bolivia, Albania y Marruecos. También es una fiscal la persona secundada por España como asesora en la European Union Advisory Mission in Ukraine (EUAM Ukraine) entre los meses de septiembre de 2021 y septiembre de 2022.

Invita a la reflexión el hecho de que el número de fiscales que ha mostrado interés en participar en este tipo de actividades sea tan reducido (74 sobre 2.704). A los efectos de explorar diferentes iniciativas y propuestas que fomenten la implicación de un mayor número de fiscales en los proyectos internacionales de cooperación al desarrollo, conviene analizar las posibles causas que determinan el bajo nivel de participación. Obsérvese que la cifra de setenta y cuatro peticionarios/as es similar a la de los años anteriores (sesenta y nueve candidatos en 2020 y setenta y uno en 2021), a lo que se suma que todos los años han concurrido prácticamente las mismas personas.

En este sentido, mencionaremos en primer lugar la sobrecarga de servicios y volumen de trabajo que asumen los/as fiscales, lo que dificulta la planificación de una actividad que normalmente implica ausentarse varios días del despacho. Al respecto, llama la atención que el 34% de los solicitantes en el año 2022 está destinado en órganos centrales –cuando representan únicamente el 7% de la plantilla– lo que permite inferir que las dificultades para gestionar eficazmente la sustitución interna son mayores en las fiscalías territoriales. Otro de los motivos puede estar relacionado con los requisitos que se exigen a los expertos en el proceso de selección. A priori, los años de antigüedad en el ejercicio de la profesión no debería ser un inconveniente para la participación, toda vez que los años trabajados normalmente oscila entre 5 – 15 años de experiencia; lo que posibilita la entrada de las últimas promociones en un gran número de convocatorias. Otro motivo que justifica la escasa participación puede ser la exigencia del conocimiento de un segundo idioma, principalmente inglés o francés según el lugar donde se vaya a desarrollar la actividad.

7.4.3 Propuestas para la gestión de convocatorias y designación de expertos en proyectos de cooperación internacional al desarrollo

Uno de los retos para los próximos años consistirá en impulsar la participación de los/as fiscales en las actividades de cooperación al desarrollo, como parte esencial de la proyección profesional dentro de la carrera fiscal.

En esta línea, constituye una pieza clave la recientemente aprobada Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, cuya gestión ha tenido lugar durante el año 2022, que aborda los proyectos de cooperación desde una perspectiva cíclica, de suerte que comprende una primera fase de planificación, pasando por una fase de seguimiento que finaliza con la evaluación de la actividad realizada. Idéntica filosofía debe guiar la implicación de la fiscalía en este tipo de proyectos, lo que contribuirá a diseñar e implementar una estrategia dirigida desde la Fiscalía General del Estado en materia de cooperación al desarrollo en el marco de lo dispuesto en la Instrucción FGE 1/2011, de 9 de marzo, articulando mecanismos que garanticen que todos los miembros de la carrera fiscal cuenten con las mismas oportunidades de participar efectivamente en aquellas actividades de cooperación internacional al desarrollo en cuya organización colabore la FGE.

A tal fin, en el año 2022 desde la UCIF se ha trabajado, en coordinación con la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, en el diseño de un procedimiento para la difusión, gestión de convocatorias y selección de fiscales para participar como expertos en proyectos de cooperación internacional al desarrollo, ajustado a los principios rectores que recoge la Ley 1/2023, en aras a cimentar las bases de la estrategia de la Fiscalía General del Estado en cooperación al desarrollo.

7.4.4 Actividades AECID

En el marco de la tradicional colaboración con AECID, en el año 2022 se han programado cinco actividades dentro de programa INTERCOONECTA, de las que tres tuvieron lugar en el año 2022: dos de ellas relacionadas con temática de género («Feminicidio, desde Belem do Pará a Estambul») y la tercera sobre la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. Este tipo de actividades se desarrollan en coordinación con las distintas redes y grupos de trabajo de la AIAMP. Las dos actividades restantes versan sobre el 2.º Protocolo del Convenio de Budapest y la Carta de Principios Éticos de los Ministerios Públicos, y se realizarán durante el primer semestre de 2023 en formato presencial en el centro de la AECID en Cartagena de Indias (Colombia).

7.4.5 La participación de la Fiscalía en las misiones civiles de la UE en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD)

La UE desempeña un papel de liderazgo en las operaciones de mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos y el fortalecimiento de la seguridad internacional, constituyendo una herramienta fundamental las misiones que se despliegan en el extranjero desde 2003, y que en el año 2022 se concretaban en 21 misiones, 12 de las cuales son civiles desplegadas en Irak, la República Centroafricana, Libia, Palestina, Sahel Mali, Kosovo, o Georgia.

En el año 2021 se designó por primera vez a una fiscal española como experta nacional destacada en la misión civil para la reforma del sector de seguridad civil en Ucrania (European Union Advisory Mission in Ukraine –EUAM Ukraine–), y si bien se procedió a su evacuación en el mes de febrero de 2022, antes del inicio del conflicto bélico, ha continuado desempeñando sus funciones en modo online hasta la finalización de la misión en el mes de septiembre de 2022. La experiencia en Ucrania ha permitido visibilizar la importancia de contar con expertos en el terreno que contribuyan a la implementación de la estrategia de la Fiscalía General del Estado en el ámbito de la cooperación internacional, en coordinación directa con la UCIF y la Secretaria Técnica. Resulta necesario reforzar la colaboración juntamente con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Asuntos Exteriores, para potenciar la participación de fiscales en las misiones civiles de la UE, identificando aquellas operaciones más relevantes para la fiscalía y apoyar a los/as fiscales que se postulen durante el proceso de selección y posterior despliegue en las misiones.