CAPÍTULO III. FISCALES COORDINADORES/AS Y DELEGADOS/AS PARA MATERIAS ESPECÍFICAS - 4. TRATA DE PERSONAS Y EXTRANJERÍA

4. TRATA DE PERSONAS Y EXTRANJERÍA

4.1 Introducción

Iniciamos este apartado de la memoria, haciendo una referencia a los aspectos más relevantes de nuestra organización y actividades.

Desde el punto de vista organizativo, es imprescindible destacar los importantes cambios que se han producido en la Unidad. En mayo del año 2022, D. Joaquín Sánchez-Covisa Villa, Fiscal de Sala Coordinador de la Unidad desde su creación, fue nombrado Fiscal de Sala Jefe de la sección penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, siendo designada como Fiscal de Sala Coordinadora, Dña. Beatriz Sánchez Álvarez, quien tomó posesión el día 23 de mayo de 2022, tras su nombramiento en virtud de RD 318/2022 de 3 de mayo y quien, hasta ese momento, había sido fiscal adscrita al Fiscal de Sala. Dicho nombramiento dio lugar a la designación de dos nuevas fiscales adscritas a la Fiscal de Sala, quienes tomaron posesión el día 8 de julio tras su nombramiento mediante RD 555/2022 y 554/2022, de 5 de julio, respectivamente.

Asimismo, en 2022, se han renovados los enlaces policiales adscritos a la Unidad, ocupando actualmente dicho puesto un inspector de Policía Nacional, quien desde febrero del año 2012 se venía haciendo cargo de la jefatura del Grupo del GOE 8 de la UCRIF de Madrid, y una teniente de Guardia Civil de la Sección de Trata de Personas de la UTPJ, con amplia experiencia en investigaciones de delito de Trata de Seres Humanos de ámbito nacional e internacional.

Además, la Unidad también ha sufrido cambios en la Secretaría, integrada en la actualidad por tres funcionarias, una de ellas nombrada de refuerzo este año.

Nuestra actuación se lleva a cabo desde una sede con inmejorables instalaciones y con dotación de medios materiales e informáticos suficientes. Si bien, a la vista de la actual carga de trabajo, el incremento que se viene observando en el número de investigaciones iniciadas, la extensa participación en actividades nacionales e internaciones y el liderazgo asumido en los grupos de trabajo, podría valorarse la ampliación de la Unidad con un nuevo fiscal adscrito, con el fin de poder seguir dando una respuesta eficaz, moderna y de calidad que sitúe a la Fiscalía en la vanguardia de la lucha contra la trata y el tráfico de personas.

La Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la FGE continúa coordinando una red de especialistas integrada en 2022 por 101 fiscales: 52 fiscales delegados de Extranjería (FDE), 1 por cada provincia, 1 en la Fiscalía Antidroga y 1 en la Audiencia Nacional; 19 fiscales de enlace en las fiscalías de área; y 28 fiscales adscritos.

El amplísimo campo de actuación de nuestra especialidad, y la naturaleza transversal de muchas de sus competencias internas (menores extranjeros, persecución penal de determinados delitos, expulsión judicial y administrativa de extranjeros, visitas al CIE, Registro Civil), exige una puesta a disposición casi permanente de nuestra Unidad, no sólo con los/as delegados/as, sino con el resto de compañeros/as que abordan temas de nuestra materia, todo ello con el fin de resolver los problemas interpretativos o de aplicación de la normativa vinculada a esta especialidad.

En el ámbito del derecho penal es esencial, por su trascendencia y complejidad, la persecución del delito de trata de seres humanos (artículo 177 bis CP), que ha dado lugar a la creación en la Unidad de un sistema de seguimiento pormenorizado de todas y cada una de las fases en las que se desarrolla cada investigación, y ello a través de la incoación de lo que se denomina diligencias de seguimiento. Este mismo sistema es aplicado a los delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros en su modalidad agravada, es decir aquellos que se encuentran tipificados en el ordinal 3 del artículo 318 bis CP (subtipos agravados de organización criminal).

1.2 El año 2022 ha supuesto una vuelta a la normalidad tras los cambios sufridos por la pandemia COVID-19, si bien se ha mantenido la tendencia de años anteriores, tanto la disminución de la tasa de turismo de ciudadanos extranjeros, como de la migración regular, no habiéndose alcanzado durante el año 2022 los niveles de prepandemia. Sin embargo, como ya indicábamos en anteriores Memorias, esta situación no ha desalentado a aquellas personas que, movidos por la búsqueda de una vida mejor, deciden trasladarse a territorio europeo, bien huyendo de la extrema pobreza, la discriminación o los conflictos bélicos, bien buscando un futuro más digno, libre, seguro y con posibilidades de trabajo.

Los métodos utilizados para ello siguen siendo en numerosas ocasiones extremadamente peligrosos, poniendo en serio peligro sus vidas y, a veces, incluso la de sus hijos, llegando a nuestras costas a bordo de cayucos, pateras y otras infraembarcaciones, tras duras y largas travesías marítimas. Este año, han continuado las importantes cifras de entradas por la vía citada, si bien, conforme a los datos oficiales, se aprecia un acentuado descenso con relación al año anterior.

Así, según fuentes del Ministerio del Interior, este año fueron localizadas 1.701 embarcaciones (487 embarcaciones menos que en 2021, suponiendo un 22,2 % menos) ascendiendo el número de inmigrantes a un total de 29.055 (11.045 menos que el año anterior, lo que supone un 27,5 % menos), de los cuales 23.615 fueron hombres, 2.324 fueron mujeres, 741 menores acompañados y 2.375 menores no acompañados Es de destacar el descenso de entradas irregulares por las costas españolas.

A diferencia de los datos anteriores, es necesario señalar el incremento del porcentaje en la entrada de inmigrantes por vía terrestre, a través de Ceuta y Melilla, en muchos casos empleando el sistema conocido como «asalto a la valla», que constituye un peligroso método que pone en riesgo la integridad física de las personas que intentan acceder de este modo, así como de los miembros de las fuerzas del orden público que pretenden evitarlo. Hay que destacar el descenso de entradas irregulares por las costas españolas.

El número de inmigrantes que entraron por vía terrestre a través de Ceuta y Melilla ha aumentado en un 4´49 % respecto al año anterior, ascendiendo a un total de 2.291 frente a los 1.845 del año 2021, año en el que ya se había apreciado un incremento en el porcentaje de entradas con relación al año 2020. De estas 2.291 entradas irregulares, 1.175 personas fueron por Melilla (83 más que el año anterior) y 1.116 por Ceuta (363 más que el año precedente).

En este apartado cabe reseñar, que como consecuencia del lamentable incidente que tuvo lugar el día 24 de junio de 2022, en el que en un intento de entrada ilegal a la ciudad autónoma de Melilla a través del puesto fronterizo conocido como «Barrio Chino» fallecieron 23 personas, se incoaron las diligencias de investigación núm. 1/22 de esta Unidad, previa designación por parte de la Excma. Sra. Fiscal General del Estado, de la Fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería como instructora de la investigación. Las referidas diligencias finalizaron, tras una dilatada investigación, con un Decreto de Archivo de fecha 22 de diciembre, por no apreciarse la existencia de elementos que determinasen, que el día de los hechos los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actuantes incurriesen en infracción penal alguna, ni en su actuación general durante el desarrollo de los acontecimientos, ni posteriormente en el momento de la materialización de los rechazos en frontera de parte de las personas que consiguieron acceder a territorio nacional.

1.3 En otro orden de cosas, puede afirmarse que, durante el año 2022, tras el cese de las restricciones de movilidad adoptadas durante la pandemia, no ha habido dificultades, derivadas de este motivo, en el ámbito de las expulsiones, tanto judiciales (art. 89 CP) como administrativas (art. 57.7 LOEX), ni en relación con el internamiento cautelar de ciudadanos extranjeros (art. 61 LOEX).

1.4 En este periodo anual, la Unidad coordinadora, como ha venido haciendo en años anteriores, ha elaborado un boletín jurisprudencial que recopila todas las sentencias relativas al delito de trata de seres Humanos, dictadas por las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia y Tribunal Supremo relativas al año 2022.

1.5 En el ámbito de las relaciones interinstitucionales nacionales internas, se ha mantenido constante y fluida la relación con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, así como con las unidades especializadas de la Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y la Ertzaintza.

Hay que añadir que este año se ha iniciado el contacto regular a través de reuniones periódicas a iniciativa de esta Unidad, con el Grupo de Inmigración Irregular UCE-JIGCE de la Guardia Civil, y con la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional, en aras a coordinar investigaciones de gran complejidad relativas al tráfico de personas.

Respecto a las relaciones interinstitucionales nacionales, debemos señalar que durante el año 2022, se ha continuado participando activamente en los siguientes grupos de trabajo institucionales ya iniciados en años anteriores: (1) Grupo de Trabajo para la elaboración del Plan Nacional de Trabajo Forzoso y otras Actividades Forzadas, organizado por la Secretaría General Técnica del Ministerio de Trabajo; (2) Grupo de Trabajo para la Elaboración del Plan Estratégico Nacional contra la TSH (PENTRA), organizado por CITCO; (3) Participación en la reuniones del Foro Social contra la trata con fines de explotación sexual, dirigido por la DGVG.

Fruto de los grupos de trabajo referidos, se participa en el seguimiento de sendos planes mencionados, el primero de ellos publicado en el BOE del 24 de diciembre del mismo año, y el segundo fue aprobado por el Ministerio del Interior en enero de 2022.

1.6 Durante el año 2022 la Unidad de Trata de Personas y Extranjería de la FGE ha liderado dos grupos de trabajo interinstitucionales de máximo interés, que se constituyeron en el segundo semestre de 2021, «Grupo Ucrania» y «Grupo Barajas».

Grupo Aeropuerto Madrid-Barajas/Visita al Aeropuerto

En julio de 2021 se constituyó este grupo con la finalidad de abordar ciertas disfunciones que se estaban produciendo en el aeropuerto de Madrid-Barajas y que podrían estar dificultando la identificación de potenciales víctimas solicitantes de protección internacional. Tras varias reuniones periódicas de las diferentes instituciones implicadas (Policía Nacional, UCRIF, BPEF, Comisaría del Aeropuerto, OAR, CEAR, ACNUR, RECTP, Cruz Roja y otras ONG especializadas), se logró un amplio consenso en cuanto a pautas de actuación y coordinación, así como a la elaboración de un listado de indicadores unificado, aprobado en la reunión de 29 de septiembre de 2022. Asimismo, fruto de las necesidades detectadas, por parte de Policía Nacional, se ha constituido un grupo de siete agentes especializados de la Brigada Provincial, destacados de forma permanente en el aeropuerto, quienes de manera presencial efectúan una labor de rastreo y detección entre los extranjeros demandantes de asilo, además de prestar apoyo a los compañeros que trabajan en el filtro de frontera.

Para conocer mejor la situación sobre el terreno y comprobar el funcionamiento del filtro de frontera y el procedimiento que se sigue en el aeropuerto con los solicitantes de asilo, por la Fiscal de Sala, las dos fiscales adscritas junto con la fiscal delegada de extranjería de Madrid y los fiscales especialistas de esa sección, se efectuó una visita el día 3 de noviembre de 2022 a las dependencias de la terminal 1 del aeropuerto, destinada a Sala de Inadmitidos y Sala de Solicitantes de Asilo. Se comprobó no solo el estado de las instalaciones, sino el sistema que se sigue en las entrevistas que los solicitantes de asilo mantienen con los miembros del CNP, personal del CEAR (asistencia letrada) y Cruz Roja; constatándose que los ciudadanos/as extranjeros cuentan con adecuada asistencia y asesoramiento, y que reciben un trato óptimo por parte del personal de las instituciones citadas, aun cuando hay cuestiones susceptibles de mejora, ya que no hay presencia de personal de la OAR (instructores del expediente), por lo que su acceso a las valoraciones que efectúan los agentes de Policía Nacional, letrados del CEAR y personal de Cruz Roja es únicamente a través de comunicación escrita.

Dado lo avanzado de los trabajos y los objetivos ya alcanzados, se decidió que en adelante sea la fiscalía territorial de Madrid, a través de la fiscal delegada de extranjería, la que asuma la coordinación de las reuniones de este grupo de trabajo.

Grupo Ucrania

El segundo de los grupos de trabajo referidos se constituyó por iniciativa de la Unidad tras el inicio del conflicto bélico de Ucrania. La preocupación existente por procurar una detección temprana y por la prevención de posibles situaciones de trata entre los más de 130.000 refugiados ucranianos a los que se ha concedido protección internacional en nuestro país, en particular mujeres y menores, motivó el inicio de las sucesivas convocatorias de este grupo de trabajo del que forman parte Policía Nacional, Guardia Civil OAR, CEAR, Ministerio de Inclusión, ONG especializadas y, recientemente, el CITCO, como punto focal de la Relatoría Nacional contra la Trata. Además de los protocolos y planes de acción sectoriales que se han ido aprobando a lo largo del proceso ( Plan Operativo Funcional Ucrania de la Policía Nacional, Protocolo del MISSM para la prevención, detección, atención y derivación de posibles víctimas de TSH en los CREADES, entre otros) se consideró necesario establecer un punto de encuentro en el que todas las instituciones implicadas pudieran poner sobre la mesa los problemas prácticos detectados sobre el terreno en su trabajo con los desplazados ucranianos. Se han buscado posibles soluciones concretas, como la introducción de una serie de «preguntas filtro» en los cuestionarios realizados por las entidades gestoras de los CREADES en las entrevistas de filiación, el establecimiento de planes de formación para el personal de estos centros, la entrega de información accesible y de una tarjeta de «autoidentificación» a los desplazados, la comunicación directa y bidireccional entre Policía y ONG, el control en las llegadas masivas, la supervisión y registro de las familias de acogida, etc. Una vez superada la primera fase de acogida de emergencia, la preocupación se centra en el seguimiento de los refugiados que pasan a un régimen de autonomía y de los que quedan fuera del sistema de protección, en los nacionales de terceros países, y en el uso de las redes sociales para la captación de víctimas potenciales.

El número de víctimas de trata identificadas desde que estalló el conflicto bélico y comenzó la llegada de desplazados ucranianos a nuestro país ha sido insignificante, y a la fecha de este informe solo consta un procedimiento judicial vivo referente a una víctima de trata con fines de explotación laboral en el sector del servicio doméstico. Otras dos menores, víctimas potenciales, fueron detectadas a su llegada a Madrid, habiéndose sobreseído el procedimiento judicial por no encontrarse suficientes indicios para su continuación. Estos resultados positivos son muestra de que los protocolos y sistemas preventivos que se han implementado, entre ellos la iniciativa de este grupo de trabajo interinstitucional, están siendo eficaces.

1.7 Igualmente, se continúa participando en proyectos formativos nacionales en colaboración con Universidades, CEJ, CGPJ y otras entidades e instituciones públicas y privadas, con relación a las materias propias de nuestro ámbito de competencias.

En la esfera internacional, nuestra actividad se ha incrementado notablemente, habiéndose desarrollado numerosos proyectos, organizados por distintos organismos españoles (AECID), europeos (Proyecto EUPROM, EMPACT, Instituto Internacional de Siracusa para la Justicia Penal y los Derechos Humanos), e internacionales (UNODC, AIAMP), entre otros.