1.9 Propuestas de actuación administrativa

Nos vemos obligados a reiterar las propuestas efectuadas en la anterior Memoria a nivel administrativo: ventanillas únicas de recepción de denuncias y creando un sistema de asistencia coordinado, especializado y multidisciplinar –policial, trabajo social y psicológico– para dar una adecuada respuesta a la demanda de las víctimas; creación en todas las provincias de las UVFI, con una dotación suficiente de profesionales adecuadamente formados en violencia de género y maltrato infantil y que estén a disposición de los JVM durante las guardias; garantizar la fácil comprensión y la comunicación de las personas con discapacidad –víctimas, investigados y demás intervinientes en el proceso penal o civil competencia de los JVM–, asegurando la disponibilidad de intérpretes, facilitadores y el uso de herramientas como la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas, etc.; mejorar las instalaciones de los edificios judiciales, adaptando espacios para evitar el encuentro entre víctimas e investigados; salas para la recepción y espera de los menores; creación de espacios que permitan que la audiencia de los y las menores de edad sea realizada con rigor, tacto y respeto (cámaras Gesell), en definitiva, la mejora de las instalaciones de los edificios judiciales pensando en la calidad del servicio público y en el bienestar emocional de los usuarios; garantizar que todas estas OAV estén debidamente dotadas de personal multidisciplinar (gestor, psicólogo/a, trabajador/a social y letrado/a) formados en la especialidad, que tengan disponibilidad durante el servicio de guardia de los juzgados y que cuenten con el apoyo de intérpretes, facilitadores y herramientas como la lectura fácil, sistemas alternativos y aumentativos de comunicación, pictogramas, etc., para facilitar la comunicación y comprensión de las víctimas con discapacidad; aprobación y fomento de protocolos de actuación de las OAV y en su caso de coordinación y colaboración con otras instituciones y creación de oficinas itinerantes; dotar a los órganos judiciales de un sistema informático único o, en su defecto, proceder a la integración de los diferentes sistemas informáticos existentes en España, de manera que se permita acceder a toda esa información en todo el territorio nacional, y crear un sistema de alertas que pueda advertir a los jueces y fiscales de la existencia de esos procesos e implementación en la Fiscalía de herramientas informáticas que nos permitan la gestión, el tratamiento y acceso a los procedimientos, para dar una respuesta unitaria y fiable frente al fenómeno de la violencia contra la mujer.