1.3 Instrumentos para la protección de las víctimas

1.3.1 Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI)

Un año más comprobamos a nivel estatal la desigualdad de recursos existente entre las distintas provincias, realidad que se cronifica. En Madrid continúa sin establecerse una UVIF y los informes se emiten por los equipos psicosociales no especializados en la materia. En Andalucía, pese a existir en todas las provincias resultan insuficientes, teniendo que acudir, en concreto, en Sevilla o Huelva a equipos no especializados para la elaboración de informes, además de no emitirse los informes de valoración urgente de riesgo al no existir un servicio de guardia de los médicos forenses de la UVIF. En Galicia la valoración integral de las víctimas la realizan los Institutos de Medicina Legal. En País Vasco, tanto en Álava como en Guipúzcoa se detecta un aumento del plazo para la emisión de informes. En Teruel el recurso a la unidad viene limitado a casos de maltrato habitual; en Huesca la unidad no tiene exclusiva dedicación en materia de violencia de género; y en Zaragoza, si bien se dispone de un servicio especializado de valoración integral, no se dispone de un médico forense que atienda en exclusiva las peticiones formuladas por el JVM en las causas urgentes. En Cataluña sólo existe una unidad por capital de provincia. En Navarra y en Canarias no existen unidades, supliendo en Navarra su carencia con el equipo de psicólogos externos. En Cantabria existe una unidad. En Asturias existen dos unidades. En la Rioja existe una unidad. En el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia son 24 las UVIF pero, en opinión común de los/as fiscales delegados/as no cumplen todas las expectativas ni se da respuesta inmediata en los casos de urgencia. El tiempo medio de respuesta de las UVIF a nivel estatal, es de ocho meses. Solo la Comunidad Valenciana está dotada de suficientes recursos materiales y personales. Por ello, nuevamente reclamamos la implantación de estas unidades en todas las provincias con personal suficiente y cualificado con capacidad para atender a todos los órganos judiciales especializados tanto en el ámbito penal como en el civil.

1.3.2 Oficina de Asistencia a la Víctima: OAVD

Según información del Ministerio de Justicia, el número total de víctimas de violencia de género atendidas en el año 2022 por la OAVD del territorio gestionado por el Ministerio ascendió a 7.791, de las cuales 279 han sido víctimas menores de edad (6,58% más que en 2021) y se prestaron 23.391 asistencias por violencia de género. 4.626 mujeres contaban con orden de protección. Se han realizado 4.856 acompañamientos y 11.957 seguimientos. El Ministerio de Justicia dispone de 26 OAVD, además de la Oficina de Información y Asistencia a las Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional. De la información que nos facilitan los/las fiscales delegados/as, en León y Badajoz se detecta escasez de personal o la falta de adecuación de las instalaciones para la prestación del servicio como sucede en Valladolid. La fiscal delegada de Madrid valora muy positivamente la continua relación de la sección con la OAVD y destaca su labor de apoyo a las víctimas dudosas a la hora de declarar habiendo logrado, en un alto porcentaje, que hayan tomado la decisión de hacerlo. En Andalucía, los técnicos del SAVA realizan una atención integral a las víctimas de violencia de género, incluyendo las derivaciones necesarias al Instituto Andaluz de la Mujer, para recibir las ayudas previstas y atención adicional precisada, en su caso. Todos/as los/as fiscales delegados/as destacan la estrecha labor de coordinación con las oficinas, su colaboración en el acompañamiento a las víctimas en su declaración cuando así lo solicitan, así como su participación en la práctica de las pruebas preconstituidas de menores de edad y personas especialmente vulnerables. Descendiendo a los datos, en Cantabria 197 personas fueron atendidas por primera vez en la OAVD en Santander y se prestaron un total de 728 asistencias, siendo la mayoría víctimas de violencia de género. En la OAVD de Pontevedra recibieron asistencia psicológica 89 mujeres víctimas de violencia de género y en la oficina de Vigo 58 mujeres lo que supone un descenso de intervenciones; en Orense su actuación es absolutamente inoperante por cuanto se limitan, en el mejor de los casos, a informar a las víctimas de violencia de género, caso de que allí acudan, de los centros a los que pueden acudir en demanda de ayuda; en Lugo el número de usuarios/as de la oficina en el año 2022 ascendió a 137 personas. Respecto a los delitos que determinan la intervención, en el 25,54% de las ocasiones son delitos de violencia de género. La oficina de A Coruña atendió en 2022 a 97 usuarios/as. De estos, 49 se derivaron por el JVM, siendo estos delitos los que motivaron la intervención en un 84,5% de los casos. En Teruel la oficina ha incoado un total de 287 expedientes relacionados con la violencia de género; y en Zaragoza las consultas o informaciones atendidas han sido 794 relacionadas con la violencia de género, de ellas 448 en relación con causas que se encontraban instruyendo en los JVM y 351 casos que ya se encontraban en los Juzgados de lo Penal. Además, se ha realizado acompañamiento durante la actuación judicial a 24 mujeres. En la Rioja, de las 743 personas atendidas, 431 lo han sido por violencia de género de las cuales, 262 mujeres han sido atendidas en la oficina de Logroño, 126 en la de Calahorra y 43 en la de Haro. El 88,5% de las personas atendidas en dicho servicio son mujeres. En la Comunidad Valenciana, en cada provincia, se ha puesto en funcionamiento la nueva oficina de denuncias de violencia de género con objeto de abordar de manera interdisciplinar la asistencia a las víctimas; en concreto, en Alicante tras la creación de la oficina de Vila Joiosa, son 13 las existentes. En 2022 se abrieron en Alicante un total de 2.837 nuevos expedientes de violencia de género, y han tenido actividad 2.413 abiertos con anterioridad, por lo que el número total de víctimas de violencia de género atendidas fue de 5.250. Estas oficinas también existen en País Vasco, Cataluña, Navarra, Asturias y en Canarias. En Palencia la OAV atendió a 387 víctimas de violencia de género, de las que 181 tenían orden de protección y en Valladolid 238 con 1.322 asistencias (500 jurídicas y 822 psicológicas). En Toledo fueron atendidas 308 víctimas de las que 14 eran menores, y en Albacete 618, de las que 7 eran menores, y 481 tenían orden de protección.

Teniendo presente la desigualdad existente a nivel nacional, sería conveniente garantizar que las OAVD estuvieran dotadas de personal suficiente, multidisciplinar y con formación específica en enfoque de género, infancia e interseccionalidad, que realicen servicios de guardia y que se creen oficinas itinerantes que acudan allí donde se encuentra la víctima, facilitando la atención de éstas en el ámbito rural.

1.3.3 Valoración policial del riesgo, VioGén

El sistema VioGén está en constante revisión con el claro propósito de mejorar la predicción de reincidencia y nuevos episodios de violencia; la identificación de casos de especial relevancia por cuanto, estos, son susceptibles de evolucionar en violencia más grave, incluso la muerte de la mujer víctima y los casos con menores a cargo de la víctima en posible situación de vulnerabilidad y la actuación de la fuerza actuante ante la falta de denuncia de la víctima.

Además de los informes de valoración del riesgo policial que se unen a los atestados, en las fiscalías se reciben los informes de evaluación del riesgo lo que permite tener inmediato conocimiento de aquellas situaciones en las que el nivel de riesgo ha sido modificado a extremo, alto o medio con especial relevancia lo que determina, como relatan las fiscales delegadas de Madrid, Granada, Ciudad Real y Cádiz, la apertura de diligencias de investigación a fin de, si así se estima conveniente, solicitar la celebración de la comparecencia del artículo 544 bis in fine de la LECrim, por si fuera necesario un agravamiento de las medidas cautelares, la colocación del dispositivo GPS, o en su caso, la deducción de testimonio por si los hechos fueran constitutivos de delito. La fiscal de Cáceres destaca, como consecuencia de la implantación del «protocolo 0», la activa intervención policial, al conseguir que vecinos y, sobre todo, viandantes, aporten la prueba necesaria en estos procedimientos ante la negativa de la víctima a declarar.

Respecto a los dispositivos telemáticos se ha incrementado su uso en provincias como A Coruña y Murcia; sin embargo, en provincias como Teruel, Cáceres, Palencia, Ávila, Soria, razones geográficas dificultan su utilización.