CAPÍTULO III. FISCALES COORDINADORES/AS Y DELEGADOS/AS PARA MATERIAS ESPECÍFICAS - 1. VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

1.2 Feminicidios íntimos y otros hechos graves

1.2.1 Feminicidios íntimos de pareja consumados en el año 2022

En el año 2022 se han registrado 50 feminicidios íntimos consumados, un 2% más que en el 2020 (49) y un 3,85% menos que en el año 2021 (52[1]). En relación con el cómputo mensual se acompaña la siguiente tabla:

Enero

2

Julio

2

Febrero

2

Agosto

3

Marzo

5

Septiembre

4

Abril

5

Octubre

1

Mayo

6

Noviembre

3

Junio

5

Diciembre

12

Si bien el número de feminicidios íntimos consumados cometidos en el primer y segundo semestre se mantienen en las mismas cifras (25), resulta especialmente preocupante la concentración de feminicidios que se produjeron en el mes de diciembre. La tendencia registrada hasta el mes anterior, noviembre, era claramente a la baja así, la media de feminicidios íntimos registrados mensualmente en el primer semestre del año 2022 fue de 4,17; la media en los primeros 5 meses del segundo semestre se mantenía en 2,6 por mes. Sin embargo, en el mes de diciembre se computaron 12 feminicidios lo que ha colocado de nuevo la media mensual en la misma proporción que en el primer semestre. Obviamente, esas cifras provocaron, no solamente una alarma social, sino también una preocupación en todas las instituciones implicadas en el ámbito de la prevención, protección, investigación y sanción de esta violencia, sobre todo teniendo en cuenta que, con relación a los 12 feminicidios íntimos consumados del mes de diciembre, el 44,9% de las víctimas habían presentado previamente alguna denuncia por violencia cometida por los presuntos feminicidas. Ello motivó que el día 27 de diciembre de 2022 se convocara por el Ministerio de Igualdad y la Delegación de Gobierno un comité de crisis para valorar las circunstancias de cada uno de estos casos y valorar la actuación de cada una de las instituciones con la idea de plantear aquellas medidas que fueran necesarias para mejorar la respuesta institucional aunque no es la primera vez en la que se produce una concentración de feminicidios semejantes, así, en diciembre de 2013 se registraron 13 feminicidios; 11 en junio de 2007, julio de 2010 y junio de 2012; 10 en febrero de 2017, septiembre de 2018 o junio y diciembre de 2021, por poner algunos ejemplos.

Es difícil encontrar factores que justifiquen o que puedan ser determinantes de esa concentración de feminicidios en diciembre. Las teorías relativas a la mayor convivencia en los periodos de invierno, con días más cortos, y en periodos como el navideño en el que existe una mayor relación familiar y social, no parece que sea determinante si se compara con otros meses en los que se dan también esas circunstancias. Así, si nos fijamos en los meses de invierno, en el mes de noviembre, solamente se registraron 3 feminicidios; y en los meses de verano en los que también se produce un incremento de la convivencia, al ser periodo vacacional y existir mayor relación familiar y social, las cifras fueron mucho más bajas, en concreto en junio fueron asesinadas 4 mujeres, en julio 2 y en agosto 3. Tampoco un posible efecto mimético puede justificar tan tremenda realidad, puesto que es incomprensible que ese efecto se produzca en unas ocasiones y en otras no. En todo caso, esta posibilidad debe tomarse con muchísima cautela porque nunca puede ser el motivo por el cual se deje de informar a la sociedad de esta realidad.

En números absolutos y relativos, se aprecia claramente que la tendencia desde el año 2010 es la del descenso en número de víctimas de feminicidio íntimo, y que el ascenso registrado en el año 2020 fue una excepción en el histórico de la última década y que debemos relacionar con los efectos de la pandemia que ya fueron comentados en anteriores Memorias.

De las 50 mujeres asesinadas en el año 2022, habían denunciado previamente 22, lo que supone el 44%. Si comparamos este dato con el de años anteriores, advertimos un incremento importantísimo pues, en el año 2021 habían denunciado previamente el 23%, y en el año 2020 un 14,30%. Para comprender la razón de ese incremento es necesario partir también del análisis separado del primer y segundo semestre del año 2022. En el primer semestre, de las 25 mujeres que fueron asesinadas habían denunciado previamente 9 de ellas, lo que supone el 36 %. En el segundo semestre, de las 25 mujeres víctimas habían denunciado previamente 13, lo que eleva el porcentaje a un 52%. De estas últimas 7 se corresponden con las víctimas asesinadas en el mes de diciembre. El porcentaje de mujeres asesinadas en diciembre que previamente denunciaron es de un 58%. Esas 22 víctimas habían formulado previamente 37 denuncias; en 6 ocasiones se había dictado orden de protección con prohibición de aproximación y comunicación a la víctima, 3 de ellas estaban vigentes al momento de los hechos; en otras 6 ocasiones se habían dictado sentencias condenatorias cuyas penas de prohibición de aproximación y comunicación en 5 ocasiones habían sido extinguidas con anterioridad a la fecha de la comisión de los hechos y en 1 estaba vigente; 1 denuncia terminó con sentencia absolutoria y en 17 ocasiones se acordó el sobreseimiento provisional. De la información que se ha podido obtener, sabemos que al menos en 6 ocasiones las víctimas se acogieron a la dispensa de la obligación de declarar lo que provocó en 4 ocasiones el sobreseimiento provisional o la sentencia absolutoria y, pese a ello, en dos ocasiones los procedimientos siguieron su curso y están actualmente en trámite. En 6 ocasiones los presuntos feminicidas tenían antecedentes de violencia de género con otras parejas (el 12%), 4 de ellos con varias víctimas (66%) y 3 de ellos (50%) habían sido previamente condenados o sometidos a medidas cautelares.

Examinando datos sociológicos, en cuanto a la nacionalidad, la mayoría de las víctimas eran españolas (38, el 76%) así como los agresores (32, el 64%). El detalle por nacionalidad de las víctimas extranjeras es el siguiente: 3 de Marruecos; 1 de Chipre; 2 de Reino Unido; 2 de Rumanía; 1 de Bulgaria; 1 de Bolivia; y 1 de Guatemala y otra de Venezuela. De ello se deduce que 6 procedían de Europa, 3 de África y 5 de Latinoamérica. 6 de ellas tenían hijos menores de edad, 5 habían denunciado previamente. Se desconoce la situación administrativa de aquellas que no eran europeas; una de las víctimas rumanas estaba efectuando trabajos de temporera en España. En cuanto a la edad, la mayoría de las víctimas tenían entre 26 y 50 años (15, el 58%), seguidas por las que tenían entre 51 y 70 (11, el 22%). En este trimestre se computó una víctima menor de edad (de 17 años), su exnovio, presunto agresor, contaba con 19 años y otra joven de 18 años presuntamente asesinada por su ex novio de 18 años. En cuanto a los agresores también la mayoría tenían entre 26 y 50 años (el 68%) seguidos por los que tenían entre 51 y 70 (18%). En cuanto al mecanismo feminicida, sigue predominando la utilización de armas blancas que fueron utilizadas en un 56% de los casos, los golpes representaron el 16% seguidos de la de estrangulación (10%), armas de fuego (8%), en 2 ocasiones las víctimas fueron quemadas (4%) y, en una ocasión el feminicidio fue presuntamente cometido en comisión por omisión. 18 de las víctimas tenían hijos/as menores de edad sumando un total de 36 y en cuanto al comportamiento posterior de los agresores 9 se suicidaron, 3 lo intentaron o se autolesionaron siendo detenidos al igual que el resto.

En cuanto a la incidencia por comunidades, en números absolutos la Comunidad que más feminicidios registró fue Andalucía (12), seguida de Cataluña (7) y Castilla la Mancha (7), Madrid (7), Castilla y León (4), Valencia (3), Aragón, Murcia y Canarias (2), y Navarra, Asturias, Extremadura y País Vasco (1).

Un aspecto muy preocupante es la incidencia de los feminicidios y violencia de género en el ámbito rural. El mayor enraizamiento de la cultura patriarcal en la sociedad rural determina un mayor grado de normalización y mayor dificultad en la percepción y reconocimiento de las conductas machistas abusivas y violentas y también mayor dificultad para denunciar; a ello hay que sumar otros factores como la escasez de recursos o la dificultad para acceder a aquellos que existan por las distancias y deficiencias estructurales; la ausencia de anonimato, el miedo al estigma, a ser señaladas y culpabilizadas, el aislamiento…, son factores que podrían determinar que, en el ámbito rural, las mujeres víctimas de la violencia de género, tengan mayores dificultades para salir de la violencia y recuperar su vida.

Según algunos estudios[2] la media en que las mujeres tardan en denunciar la violencia a la que están siendo sometidas por sus parejas o exparejas, es de 8 años y 8 meses, y este lapso temporal es muy semejante en poblaciones inferiores a 50.000 habitantes y poblaciones que superan ese número. Las áreas rurales se extienden sobre el 84% de la superficie del país, el 21% de la población reside en zonas rurales y el 60% de la población que habita las áreas rurales está empadronada en municipios con menos de 5.000 habitantes, la mitad de la cual estaría censada en términos municipales inferiores a 2.000 habitantes. No obstante, hay CC. AA. en las que las mujeres tardan un tiempo superior; así en La Rioja la media es de 12 años y 7 meses; en Aragón 12 años y 6 meses; en Canarias 11 años y 9 meses; en el País Vasco 11 años y 7 meses y en Extremadura 11 años y 3 meses. Por otra parte, las mujeres que más años tardan en denunciar son las situadas en las franjas de 46 a 55 años (12 años y 8 meses), seguidas de las de 56 a 65 (19 años y 8 meses) y las demás de 65 años (26 años y 3 meses) dato de gran interés en relación con las zonas rurales en las que, en las últimas décadas, la población ha envejecido ostensiblemente.

Examinados uno a uno los feminicidios íntimos consumados del año 2022, 15 de ellos se cometieron en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, lo que representa el 30%. De ellos, 5 se cometieron en municipios de menos de 1.000 habitantes (el 10%); 6 en municipios de 1.000 a 5.000 habitantes (12%); 2 de 5.000 a 10.000 y 2 de 10.000 a 20.000 (4% respectivamente). En municipios de más de 20.000 se produjeron 35 feminicidios, lo que representa el 70%. De las 5 mujeres que fueron asesinadas en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, solamente una de ellas había denunciado previamente (el 20%). De las 5 mujeres que fueron asesinadas en municipios con una población de entre 1.000 y 5.000 habitantes, 4 no habían denunciado y sí lo había hecho una de ellas hacía muchos años (2009) –el 20%. De las 4 mujeres que fueron asesinadas en municipios de 5.000 a 20.000 habitantes, la mitad de ellas habían formulado denuncia con anterioridad (el 50%).

En el Pacto de Estado, además de desarrollar campañas dirigidas específicamente a mujeres que viven en el ámbito rural y a las mujeres que sufren algún tipo de discapacidad, garantizándoles la accesibilidad de los materiales de información (medida 129), se planteó la necesidad de incrementar el número de centros de acogida y de mejorar la información en coordinación con las CC. AA, impulsar las asociaciones de mujeres en el ámbito rural, realizar estudios para analizar las actuaciones policiales, la respuesta penal y la asistencia sanitaria y jurídica y facilitar los desplazamientos de las mujeres víctimas a aquellas poblaciones en las que se encuentran los recursos. Sin duda se están efectuando muchos esfuerzos por parte de la administración estatal y autonómicas para mejorar la coordinación y colaboración de todas las instituciones y de la sociedad civil, en concreto con la Guardia Civil, que es la competente para la intervención en situaciones de violencia de género en las zonas rurales[3].

La necesidad de dar un respuesta también especializada a esta violencia por parte de los profesionales de la administración de justicia jueces/juezas, fiscales/as, abogados y abogadas…–, hace necesario replantear la necesidad de garantizar el acceso a todos los recursos de apoyo, asesoramiento, acompañamiento y asistencia, y estudiar la posibilidad de prolongación de la jurisdicción de los JVM a otro partidos judiciales, escuchando a las asociaciones de víctimas en el ámbito rural y a todos los profesionales implicados, no solo a la judicatura, también a la Fiscalía, a la abogacía, al cuerpo de LAJs y adoptando, en todo caso, aquellas medidas que resulten necesarias para que las desventajas derivadas de la dispersión geográfica no repercutan negativamente en las víctimas y lleguen a estas, en igualdad de condiciones, la especialización y los recursos específicos.

1.2.2 Feminicidios íntimos de pareja intentados y otros hechos graves

En el año 2022, se han computado 43 hechos graves de los que, sin perjuicio de la ulterior calificación, 35 podrían ser constitutivos de feminicidios íntimos de pareja intentados. En relación con el año 2021 se ha registrado un incremento del 66%. 11 de las víctimas de los feminicidios intentados habían denunciado previamente (el 31,43%). A diferencia de lo que ocurrió en diciembre en cuanto a los feminicidios consumados, en relación con los intentados y hechos graves no se registró esa concentración en ninguno de los meses de 2022.

Como datos sociológicos hay que destacar que la mayoría de las víctimas tiene nacionalidad española– 23 (65,7%) al igual que los agresores –20 (57,14%). En cuanto a la edad, la mayor parte de las víctimas están comprendidas entre los 25 a 50 (31 de las víctimas– el 88,6%) al igual que los agresores (29, el 82.87%). En cuanto a los medios de comisión, también en el feminicidio intentado el apuñalamiento es el método utilizado (en 19 ocasiones; en el 54.29% de los supuestos); en 5 ocasiones la causa de la muerte fueron los golpes (14.29%); en 4 ocasiones el método fue el incendio (11.43%); en 3 el estrangulamiento (8,57%) y en 2 el arma de fuego (5.71%); en una, un corte con botella (2.86%) y en una ocasión fue arrojada la víctima al vacío (2,86%). La Comunidad en la que más feminicidios intentados se han registrado fue Andalucía (10), seguidos de Cataluña (9), Madrid (4), Canarias (3), Galicia (3), Valencia (2), Baleares, Navarra, La Rioja y Castilla y León (1 cada una de ellas). Si analizamos la incidencia de los feminicidios intentados en relación al número de habitantes por núcleos de población, advertimos que el porcentaje mayor se ha registrado en poblaciones de 20.000 a 50.000, de 51.000 a 100.000 y de 100.001 a 500.000 habitantes, con un 17,14% en cada uno de esos grupos; seguidos de los núcleos poblacionales de entre 5.000 a 10.000, de 10.000 a 20.000 y de más de 500.000 (el 11,43%) y solo se registraron 3 feminicidios intentados en localidades de 1.000 a 5.000 habitantes (8,57%) y ninguno en poblaciones de hasta 1.000 habitantes. En las poblaciones de hasta 20.000 habitantes, se cometieron el 31,43% de los feminicidios íntimos no consumados.

1.2.3 Feminicidios ampliados

En este año hemos computado un total de 10 feminicidios ampliados de los que 7 han sido consumados y 3 intentados. Además, se comunicaron 5 hechos graves. De los consumados, en 3 ocasiones las víctimas eran hijos/as comunes, 2 de ellos menores de edad (de 11 y 6 años) y la otra una hija de 18 años. En otra ocasión la víctima fue un hijo de la mujer que estaba gestando y a punto de nacer. Las demás víctimas eran amigos/as de la víctima en 2 ocasiones y la suegra del investigado en otra. En cuanto a los intentados, 1 eran hijo común de 19 años, otro era un amigo de la víctima y el otro un sobrino del agresor de 15 años. Por último y en cuanto a las víctimas colaterales que sufrieron otros hechos delictivos: 4 eran hijos/as comunes (3 de ellos menores de edad), en una ocasión la víctima fue un amigo de la víctima y en otra su actual pareja.

[1] En Memorias anteriores se computaron 50 feminicidios íntimos consumados, pero se han confirmado otros dos en el año 2022.

[3] En el mes de junio del año 2022 La Guardia Civil y AFFAMER firmaron un protocolo que fija el marco de colaboración entre la Dirección General de la Guardia Civil y la asociación de familias y mujeres del medio rural para la protección de las víctimas de violencia sobre la mujer. El objetivo es perseguir la cooperación y colaboración en la asistencia, protección y acompañamiento de las mujeres víctimas de violencia y menores a su cargo, estableciendo para ello 5 áreas de actuación: cooperación e intercambio de información; asesoramiento a las mujeres incluidas en el ámbito del protocolo; realización de actividades de formación; fomento de la sensibilización y comunicación pública a través de campañas en prensa y redes sociales y participación en congresos, jornadas y otros eventos.