13.4 Relaciones institucionales
13.4.1 Fiscalía General del Estado
Son numerosas las ocasiones en las que recaba la presencia institucional de la Fiscalía General del Estado, en las que se exterioriza la postura del Ministerio Público en proyectos o actos relacionados con la materia. Si bien no se pretende hacer una relación exhaustiva, pues su participación alcanza al ámbito ministerial, policial y entidades de la sociedad civil, se considera crucial hacer mención, por su trascendencia y carácter global, al Acuerdo de cooperación Interministerial para luchar contra el racismo, la xenofobia y otras formas de intolerancia, como forma de dar visibilidad a su existencia, funcionamiento y evolución.
El 21 de septiembre de 2015 se suscribió el Convenio Marco entre el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y diversos órganos del Gobierno contra el racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia. El 19 de septiembre de 2018, el acuerdo se renovó como Protocolo General de Actuación al constituir una herramienta de colaboración entre los partícipes en el ámbito de sus respectivas competencias. En este el Acuerdo participan el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Estado de Seguridad, la Secretaría de Estado de Educación, la Secretaría de Estado de Migraciones, Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, la Subsecretaria de Cultura y Deporte y el Centro de Estudios Jurídicos, incorporándose posteriormente el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructura Digitales.
El Acuerdo de 19 de septiembre de 2018 respecto a su vigencia, preveía en su cláusula séptima un plazo de cuatro años, y que se perfeccionaría según el artículo 48.8 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, con la prestación del consentimiento de las partes, pudiendo las mismas acordar unánimemente antes de su finalización, conforme al artículo 49 de aquella norma, su prórroga por otros cuatro años, salvo que mediara denuncia expresa por escrito y con antelación de 30 días formulada por alguna de las partes.
Con ocasión de esta previsión, el 17 de septiembre de 2022 se firmó por el Fiscal General del Estado la renovación del acuerdo suscrito el 19 de septiembre de 2018. La Institución renueva de esta forma su compromiso como muestra de la importancia que para la Fiscalía General del Estado tiene esta materia, que en el ámbito delictivo gana terreno en situaciones de crisis económicas y de polarización de la sociedad. Este Acuerdo se concibe como una herramienta para luchar contra este tipo de delincuencia por el daño real a la convivencia que supone, y se concreta en el empeño de los firmantes de organizar y realizar conjuntamente actividades de formación y sensibilización a través de conferencias, seminarios, jornadas y cursos, contando con la asistencia o participación de terceras instituciones, que sean de especial interés para mejorar los objetivos institucionales de cada una de las partes.
El Acuerdo crea una Comisión de seguimiento con el fin de velar por su cumplimiento y de la que forman parte representantes de las distintas instituciones firmantes, habiéndose celebrado este año 2022 sendas reuniones semestrales en junio y diciembre respectivamente. La primera de ellas contó con la asistencia del todavía Fiscal de Sala delegado, y la segunda con un miembro de la Secretaría Técnica, participando en ambas sesiones la Fiscal de Sala de Criminalidad Informática, quien intervino en el ámbito de sus competencias. En esta Comisión están formados distintos grupos de trabajo, siendo los más representativos en los que participa el Ministerio Fiscal los de «Análisis de sentencias y recogida de datos estadísticos», el subgrupo de «Respuesta penal a los delitos de odio», el «Grupo de Discurso de odio on line», el subgrupo de «Protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea» y el «Grupo de Formación y sensibilización».
La mayor aportación que hace el Ministerio Fiscal se mueve en torno a dos ejes fundamentales: la extraordinaria formación jurídica en la materia de los y las fiscales que se dedican a ella en todos los territorios, y la inversión en formación desplegada por la FGE en estos delitos. En la Comisión y en los respectivos grupos se ponen en común las iniciativas, experiencias y conocimientos de las distintas instituciones representadas y cada uno en el ámbito de sus competencias para mejorar la respuesta legal ante conductas discriminatorias. En el marco penal se trabaja en un documento de «Recomendaciones de mejora de la respuesta penal ante los delitos de odio y su trazabilidad», que se centra fundamentalmente en el perfeccionamiento de los registros existentes sobre estos delitos en el ámbito de los órganos jurisdiccionales y del Ministerio Fiscal, siendo imprescindible contar con un sistema de control que posibilite la trazabilidad de las causas penales por estos delitos desde su inicio hasta su completa finalización.
De la necesidad de ese registro se hará mención más adelante.
13.4.2 Fiscalías Territoriales
En el ámbito territorial, es generalizada la referencia en las memorias provinciales al contacto fluido y directo que se mantiene por vía telefónica, electrónica o presencial con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tanto con la Brigadas provinciales de Policía Nacional como con la Guardia Civil. Algunos de las delegaciones dejan constancia de la existencia de contacto con los novísimos grupos policiales creados para la investigación y persecución de actos de esta naturaleza, como se apuntó anteriormente; así a la comunicación con los grupos REDO de la Guardia Civil se refieren los fiscales de Badajoz y Granada o las delegadas de Cáceres y Pontevedra, o con los grupos EVO de la Policía Nacional, como las fiscalías de Madrid o Toledo.
De igual forma el contacto es cotidiano con las policías autonómicas –Ertzaintza y Mossos d’Esquadra– y las forales especializadas en esta materia, así como las policías locales creadas en distintas ciudades para la persecución de estos tipos delictivos, como la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid. En esta especialidad, las relaciones con los diferentes cuerpos policiales son fundamentales, pues se instituyen como primera fuente de información, al dar traslado de los atestados donde se recogen comportamientos que pueden constituir delitos de odio. A su vez es la forma de verificar si la investigación de estas conductas está siendo la adecuada respecto a la recopilación de los distintos datos que constituyen los factores de polarización que posteriormente permitan formular la acusación, y es también la vía para transmitir lo que la fiscalía necesita a estos efectos o para sugerir o apuntar cambios en la forma de recabar esa información y también para dar respuesta a las cuestiones que se puedan plantear por aquellos en el marco de nuestras competencias.
Se mantienen por las/os fiscales especialistas contactos con otras instituciones como refiere el delegado de Barcelona con la Dirección General de Igualdad y contra la Discriminación de la Consejería de Igualdad y Feminismos de la Generalitat, concretamente con la Oficina de Igualdad de Trato y no Discriminación, que tiene entre sus funciones la de aplicar el régimen sancionador administrativo previsto en la Ley 19/20 del Parlamento de Cataluña sobre Igualdad de Trato y no Discriminación y que aplica supletoriamente la Ley estatal 15/22; o el fiscal de Alicante que refiere su comunicación con la Consejería de Igualdad del Ayuntamiento de Alicante, Oficina de atención a las víctimas y entidades del tercer sector, así como su participación en el acto celebrado con ocasión del recordatorio del Día Europeo de las Víctimas de Crímenes de Odio.
Las comunicaciones que tienen lugar entre las fiscalías y las asociaciones del tercer sector responden a una parte básica del trabajo de la especialidad cual es la atención a las víctimas. Estos contactos son importantes no solo porque nos trasladan la problemática de cada colectivo vulnerable, sino además porque constituyen otra de las fuentes de conocimiento de las denuncias. Ya sea como divulgadores a través de las charlas a las que se ha hecho referencia o como receptores de la información sobre los problemas, los objetivos o los proyectos de las distintas asociaciones y fundaciones de la sociedad civil, la prioridad es proporcionar atención y dar visibilidad a la víctima, máxime teniendo en cuenta que es el sector civil quien alerta del problema de la escasez de denuncias que existe en este tipo de delitos y de la problemática concreta de cada de uno de estos colectivos. La infradenuncia tiene diferentes motivaciones pero quizá, entre las más reseñables se pueden citar: las que responden a la situación irregular de algunas víctimas y su miedo a ser expulsadas; la desconfianza en las instituciones que han de proporcionarles protección, bien por la existencia de malas experiencias previas o por el concepto que tienen de las mismas en sus países de origen; el carácter estigmatizante que supone ser víctima de un delito de odio que te muestra al exterior como una persona no solo diferente, sino desigual a lo que hay que sumar el que en muchas ocasiones, ante la frecuencia y naturalidad con la que se realizan estos actos, no tiene la percepción de ser víctimas.
En este marco de relaciones podemos citar como ejemplos que se recogen en las memorias provinciales el de la delegación de Zaragoza, que refiere sus reuniones con la Fundación CEPAIM para la presentación del programa RED que tiene por objeto la atención a las víctimas de discriminación étnica o racial así como trabajar en la prevención y reconocimiento de dichas conductas, y con ACCEM, asociación dedicada a la lucha contra la discriminación de colectivos vulnerables; también destaca la delegada de Cáceres, su relación con Extremadura Entiende, entidad centrada en la presentación del programa de asistencia integral de las víctimas, campañas de sensibilización y prevención de delitos de odio contra las personas LGTBI. Otras entidades del tercer sector respecto a las que se recoge mención expresa por las/os delegadas/os por el contacto que han mantenido con las mismas son Secretariado Gitano, como se cita en la memoria de Badajoz, Granada o Salamanca; Sos racisme Catalunya y Observatori contra la l´Homofobia de Cataluña a la que se refiere la memoria de Barcelona o con RED ACOGE (federación de organizaciones especializadas en la inclusión social de las personas migrantes y aisladas en España), mencionada en la memoria de Guadalajara. Por su parte la fiscalía de Soria alude a la relación con CEPAIM y APIPACAM- asociaciones que realizan funciones de asesoramiento y acompañamiento a víctimas extranjeras.
Por la delegada de Valencia se hace una interesante reflexión respecto a importancia de la relación con los medios de comunicación en una materia tan mediática como delicada, pues entiende que con ello se ahonda en la visibilización de estos delitos y que puede servir de cauce para apuntalar la confianza en la ciudadanía en la justicia, y potenciar la denuncia de estos comportamientos tan dañinos para la convivencia social.
En la memoria de Illes Balears se hace referencia a que, sin perjuicio de las comunicaciones con colectivos concretos y en atención a casos específicos, debe destacarse la coordinación con el Servicio de Asistencia y Orientación a Víctimas de Discriminación Racial o Étnica (CEDRE-Cruz Roja), siendo cada vez más frecuentes los contactos en los que se está trabajando conjuntamente, sobre todo en cinco ejes principales: primero: extender el ámbito de actuación y asesoramiento de la misma a todos los posibles colectivos vulnerables, pues en la actualidad se vienen centrando especialmente en la inmigración; segundo: la mayor colaboración de aquella con otras representaciones de colectivos vulnerables y con el IBDona, con la finalidad de ampliar el espectro de intervención y la consideración de los aspectos discriminatorios comunes; tercero: la potenciación de las comunicaciones a fiscalía de los posibles hechos delictivos (o que puedan afectar a derechos fundamentales relacionados con la materia), intentando concienciar a los usuarios de la importancia de tal decisión; cuarto: la implementación de un formato de intervención más amplio e interconectado que permita la solicitud y obtención de recursos para la gestión de dicha labor; y, quinto: potenciar la labor formativa y divulgativa desde la fiscalía, en aras a la concienciación de la denuncia y de las posibles actuaciones, paralelas o no, en relación con la temática tratada.