11.3 Cuestiones de interés suscitadas por los Fiscales coordinadores
Por razones de espacio no es posible referirnos a todas las cuestiones de interés suscitadas en las Memorias de las distintas Fiscalías sino solamente a las que acumulan mayor carga de preocupación y comentario.
La fiscal de VP de Madrid da cuenta de que el número total de expedientes realizados por la sección de vigilancia penitenciaria correspondientes a los seis juzgados de vigilancia penitenciaria durante el año 2022 ha sido de 55.682 dictámenes frente a los 59.231 del año 2021. Han sido notificados al Ministerio Fiscal, a los efectos del art. 107 del Reglamento Penitenciario, 972 acuerdos de clasificación de grado dictados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En 2022 por el Ministerio Fiscal se han interpuesto 162 recursos frente a las referidas resoluciones, lo que ha supuesto un aumento considerable respecto del año anterior en el que se interpusieron 138 recursos.
En relación a los programas de justicia restaurativa, con el fin de avanzar en la reinserción y resocialización de los penados, la Fiscalía viene tratando de fomentar la implementación de estos talleres. Durante el año 2022, un total de 356 personas internas han participado en los programas impartidos en los centros penitenciarios y de inserción de la Comunidad de Madrid, 186 más que en el año 2021, las prácticas restaurativas se han realizado en nueve de los diez centros que hay en Madrid y, al igual que en ediciones anteriores, el efecto que ha tenido sobre los participantes ha provocado una profundización en la reflexión de su propio delito, con un resultado final muy satisfactorio.
En la memoria de la Fiscalía provincial de Barcelona, se destaca que la población reclusa en Cataluña en el final de 2022 era de 7.715 internos, prácticamente idéntica a la del ejercicio anterior. Pese al mantenimiento del número de internos, se ha producido un espectacular aumento del trabajo en el servicio, de los 25.091 dictámenes realizados en el año 2022 se han pasado a realizar 26.583 dictámenes, es decir 1.492 más, de estos 8.229 son de TBC. Posiblemente la razón se deba a que la incidencia de la pandemia ha sido menor y ha permitido la reanudación de los TBC y a que la situación económica propicia conformidades con penas de TBC, en vez de penas de multa.
La relación con la administración penitenciaria catalana, durante el año 2022, ha sido cordial y fluida, con ánimo de colaboración y entendimiento.
Debe destacarse que en fecha 15 de diciembre el Tribunal Supremo dictó sendos Autos de unificación de doctrina –de lo que se da cuenta en el apartado 1 de esta Memoria– acogiendo la tesis mantenida por esta Fiscalía en cuanto el recurso del Ministerio Fiscal contra la clasificación administrativa en tercer grado de penados que cumplen una pena grave, así como, en su caso, el recurso interpuesto en estos supuestos contra la decisión judicial de otorgamiento de dicho tercer grado tiene efectos suspensivos. Dicha doctrina tiene una especial relevancia para evitar la excarcelación de internos en los supuestos más graves (asesinatos, violaciones, terrorismo etc.), hasta que dicha situación sea revisada por el tribunal sentenciador.
De otra parte, en general, el grado de cumplimiento de la pena de TBC puede considerarse satisfactorio, pues los incumplimientos de la misma son escasos en relación al volumen total.
La Fiscalía provincial de Lleida, informa en relación con los programas de justicia restaurativa –según datos facilitados por el Departament de Justicia de la Generalitat de Catalunya– que durante el año 2022 en Lleida se finalizaron un total de 254 programas de justicia restaurativa. Un 44,8 % finalizaron de forma positiva en tanto que un 41,3% no consiguieron la restauración pretendida. Atendiendo al género de las víctimas el 44,71% eran mujeres en tanto que el 54,52% eran hombres. El 67,6% de los denunciados sometidos a dichos programas eran hombres. Entre las partes intervinientes en estos programas de justicia restaurativa en un 25,6% no existía vinculación previa entre denunciante y víctima, en un 46,7% la vinculación era social y en un 13,4% era familiar.
En la memoria de la Fiscalía provincial de Alicante, el delegado reseña que se continúa con un registro manual de los expedientes, toda vez que seguimos dispensados de uso de la aplicación Fortuny, y que la ficha de los internos, en papel, fue sustituida por otra informática, diseñada y completada por los y las fiscales, en la que se anotan todos los expedientes de cada penado o preventivo en los que se ventilan cuestiones relevantes de régimen o tratamiento.
En cuanto al volumen de trabajo, de los 16.382 dictámenes, el mayor número se corresponde con los TBC, 4.777, siguiendo la tendencia de recuperación tras la paralización sufrida en 2020, habiéndose ya emitido en 2021 un total de 4.185 informes. Siguen –en número de dictámenes– los emitidos en quejas genéricas (2.046) y en permisos, a propuesta del centro (1.699) o por queja del interno (1.350).
Da cuenta de la incoación de expediente gubernativo, a raíz de la queja de un interno, para valorar las posibilidades de conservación de las grabaciones de forma que no se perjudicase la tutela efectiva de los internos. En dicho expediente la Administración indicó que la Instrucción 3/15 de videovigilancia establece que deben conservarse un mes. Las cámaras sin embargo solo graban 7 días sin sobrescribir (salvo las del módulo de mujeres, que permiten conservarlas 3 meses). Por ello la Orden de Dirección 3/19 estableció que las grabaciones de «los incidentes regimentales que hayan de ser comunicados al juzgado» debían conservarse un mes. Por el MF se pidió aclaración sobre los motivos concretos por los que solo se conservaron 7 días. Se reconoció por la Administración que era necesario aumentar el número de «teras» de los discos duros, en cuyo proceso estaban implicados, habiendo conseguido ya que todas graben sin sobrescribir entre 10 y 15 días, número de días que intentarían ir ampliando.
Señala que el Hospital psiquiátrico penitenciario tenía un deterioro importante (se inauguró en el año 1984) y era necesaria una remodelación integral. El año 2017 se cerró el módulo 1 para su reforma, pues no estaba en condiciones mínimamente dignas, habiéndose iniciado la remodelación integral el año 2021, lo que determinó el traslado temporal de algunos internos a otros centros. Se constató en la visita al centro realizada en octubre de este año, que las obras estaban ya finalizadas, pendientes de recibir el mobiliario y equipamiento necesario, estando prevista la apertura de este pabellón residencial a principios de 2023.
El fiscal de A Coruña destaca la implantación en la Fiscalía provincial (no específicamente para la sección de vigilancia penitenciaria) del expediente digital o Fortuny digital. La entrada en funcionamiento para la totalidad de los juzgados se produjo a principios de octubre de 2022. Sin embargo, a fecha 31 de diciembre de 2022 el sistema no estaba implantado en el juzgado de vigilancia penitenciaria con el que se continúa la relación a través de expedientes en formato papel. A principios del año 2023 el LAJ ha comunicado su intención de comenzar la implantación del sistema digital por los expedientes disciplinarios.
Por el Teniente Fiscal de Lugo se informa de que este año ha comenzado la tramitación digital de los expedientes. Se han registrado un total de 2.246 asuntos. La sección emitió un total de 4.650 informes.
El coordinador de Pontevedra da cuenta de que durante el año 2022 han tenido entrada en esta Fiscalía, 5.334 expedientes, lo que supone un aumento de 1.339 expedientes con relación al año 2021 en el que se registraron 3.995 (un 25,10 % más).
La Fiscalía de Sevilla, apunta que se mantiene estabilizado el elevado número de expedientes: 9.723 es la suma de expedientes incoados durante 2022 por ambos juzgados, siendo destacados los 3.353 registros de permisos de salida, 3.353 y los 1.965 de penas de trabajos en beneficio de la comunidad.
En punto a incidencias tras la reforma legislativa de LO 10/22, desde diciembre se inició de oficio por las distintas secciones de la Audiencia provincial, la revisión de condenas por abusos o agresión sexual, manteniéndose por esta fiscalía el criterio indicado por el FGE en Decreto de 21 de noviembre de 2022, si bien las Salas han resuelto en numerosos casos por atenuar las penas conforme la nueva regulación.
Se han promovido por la sección durante 2022 un total de 180 expedientes de acumulación jurídica de condenas frente a los 73 del pasado año.
La Fiscalía de Almería, da cuenta de que a propuesta de la sección de protección de víctimas se va a proceder a articular en el centro penitenciario un proyecto referido a la compensación moral a la víctima con el expreso arrepentimiento del penado en comunicación directa, únicamente con aquellas víctimas que así presten de forma libre su consentimiento, y limitado prácticamente a delitos de contenido patrimonial tras un minucioso proceso previo y valorando en todo caso, que de ninguna forma pueda propiciar para el penado que se acoja a esta propuesta, la concesión automática de beneficios penitenciarios, al considerarse que incrementaría una mayor victimización.
De otra parte, indica que consta culminada la construcción del Centro de Inserción Social de Almería que comenzó su puesta en funcionamiento en el mes de septiembre 2019 centro destinado a internos en régimen de semilibertad y que cuenta con 200 plazas residenciales. Destacar asimismo la continua dinámica por parte de la Dirección del centro penitenciario en cuanto a reformas integrales en los diferentes módulos y talleres con el objetivo de mejorar la infraestructura del centro.
El fiscal de Cádiz, informa de que en los expedientes ordinarios de queja, pero sobre todo en los expedientes de queja por denegación del permiso, se reclama con cierta frecuencia por los internos el acceso directo a su protocolo de personalidad y a los informes que sobre ellos realizan los profesionales involucrados en el tratamiento penitenciario alegando tener derecho de acceso a dicha información, que les resulta esencial para formular alegaciones ante el JVP contra los acuerdos de la Administración Penitenciaria, acceso al que el Ministerio Público se opone al considerar que el art. 15. 2 de la LOGP reconoce a los internos el derecho a ser informados de su expediente relativo a su situación procesal y penitenciaria, pero en ningún caso, ni la LOGP, ni el RP establecen el derecho específico del interno a acceder al protocolo de personalidad de forma directa, considerando además que ello podría originar presiones sobre los profesionales e incluso comprometer su seguridad, además de ser contraproducente al propio tratamiento terapéutico. La Sección Primera de la Audiencia provincial de Cádiz se pronunció en el Auto de 27 de julio de 2022, concluyendo que no existe un derecho de acceso directo al protocolo o de información sobre aspectos puntuales de protocolo en favor del interno, sin perjuicio del acceso a los informes técnicos que obran en los procedimientos sustanciados ante los JVP y que el interno tiene derecho a recibir puntual y detallada información en relación con el tratamiento.
Se plantearon, por otra parte, quejas ante el JVP n.º 10 de Andalucía por internos que habían solicitado su inclusión en programas de tratamiento correspondientes a su tipología delictiva y que no habían sido seleccionados debido a lo limitado de las plazas, que son adjudicadas teniendo en cuenta el perfil del interno con el objetivo de una mayor probabilidad de éxito. De acuerdo con el Ministerio Público, fueron desestimadas tanto en la primera instancia como en sede de apelación por la Audiencia provincial de Cádiz (Autos de 21 de octubre de 2022 y 11 de noviembre de 2022). No obstante, la preocupación por la accesibilidad de los penados a los programas de tratamiento, dio lugar a que por el JVP n.º 10 de Andalucía, con instrucción del fiscal coordinador del servicio de vigilancia penitenciaria, se incoara el Procedimiento Genérico n.º 3611/2022, en el cual se solicitó al centro penitenciario Puerto III la lista de internos a la espera de poder realizar los programas sobre control de agresión sexual ( PCAS) y sobre violencia de género (PRIA), requiriendo información sobre si todos los internos que cumplían los requisitos conforme al parecer de los profesionales responsables habían sido incluidos en los mismos o si había internos en condiciones de realizarlos que no habían sido incluidos por falta de plazas o profesionales disponibles. Por el centro penitenciario se informó que, el caso del programa para condenados por violencia de género, la duración y las plazas lo hace insuficiente para cubrir todas las necesidades terapéuticas, advirtiéndose de la insuficiencia de la plantilla profesional de psicólogos. En relación con el programa PCAS para condenados por delitos contra la libertad sexual, según se informó, el número de plazas es suficiente para cubrir la demanda de los afectados. El procedimiento concluyó con la Propuesta de 1 de diciembre de 2022, realizada por el JVP a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, conforme a lo previsto en el artículo 77 de la LOGP, a fin de que se adoptarán las medidas necesarias para que se incremente en el CP Puerto III el número de plazas para los internos a que puedan realizar los programas específicos para los delitos relacionados con la violencia de género.
La Fiscalía provincial de Huelva, ha confeccionado una detallada memoria en la dación de la estadística y causas despachadas. Resalta en el año 2022 la creación de un módulo terapéutico (módulo 10) de intervención específico para el desarrollo del Programa de Atención Integral para Enfermos Mentales, más conocido como PAIEM, y del programa de intervención dirigido a personas con discapacidad intelectual (INTEGRA) que ya se venían desarrollando en el centro penitenciario de Huelva desde el año 2012, todo ello para que dichos internos convivan en un espacio lo más humanizado y normalizado posible, en el que el respeto y la asunción de responsabilidades marquen las pautas de comportamiento.
Da cuenta el fiscal de Granada de que se convirtió en recurrente a lo largo del pasado año, el sobrevuelo no autorizado sobre el centro penitenciario de drones con toma de imágenes o sueltas de material prohibido. Pudiera resultar episódico, pero gracias a las siempre encomiables labores de los servicios de seguridad interior, y multiplicación de controles preventivos, se lograron abortar sutilísimos e ingeniosos mecanismos.
La fiscal de Santander, destaca la rapidez a la hora de tramitar los diferentes expedientes, dado que los procedentes del juzgado de vigilancia penitenciaria son casi siempre despachados en el mismo día, o en el siguiente de su recepción en fiscalía, a través del sistema de gestión procesal VEREDA, con firma telemática y, en todo caso, las notificaciones se realizan a través del mismo sistema, habiendo comenzado en fechas recientes a introducir los CP los datos en dicho sistema sin necesidad de escanearlos en el juzgado como se hacía hasta mediados de 2022.
Indica los problemas, durante el año 2022, encontrados en la llamada libertad vigilada post penal (no posterior a pena privativa de libertad), en supuestos de condenados por la Audiencia provincial a penas inferiores a dos años de prisión por delitos de índole sexual a los que se les suspendió la pena privativa de libertad, con libertad vigilada; una vez remitida definitivamente la pena se solicitó al JVP propuesta del contenido de la libertad vigilada, solicitándolo este a su vez al servicio de gestión de pena, no efectuándola este organismo en cumplimiento de directrices internas del Ministerio del Interior, que solo autoriza su intervención si se conoce al interno por cumplimiento de pena privativa de libertad o medida de seguridad. Tanto la sección de vigilancia de la fiscalía como el propio JVP consideran que se trata una situación muy compleja al carecer de competencia para proponer contenido de la LV si el sistema penitenciario no informa, y estimando que es competencia del tribunal sentenciador conforme al art. 105, se emitió dictamen en dicho sentido, no aceptándolo aquel, por lo que se planteó cuestión de competencia entre la Sección 1.ª de la Audiencia provincial y el JVP, pronunciándose por la sala de TSJ de Cantabria que siendo la Audiencia provincial superior jerárquico del JVP no procedía la cuestión competencia. No se entró al fondo del asunto, por lo que este criterio se ha acogido por ambas secciones de la Audiencia provincial al considerar que la suspensión de prisión es una forma de cumplimiento, por lo que han determinado que la competencia corresponde al JV penitenciaria.
Este hecho se puso en conocimiento del Fiscal de Sala de Ejecución, y se abordará en las próximas jornadas de fiscales de vigilancia penitenciara, pues se ha planteado también en otras provincias, dada la falta de claridad del Código Penal, siendo necesaria una postura común. De momento, y para solventar este problema y no dejar sin contenido las libertades vigiladas, como se hizo en las dos situaciones mencionadas, se está proponiendo por el JVP, conforme a los arts. 105 y 106, medidas de localización, prohibición de acceso y comunicación, obligación de residencia en determinados lugares, sin perjuicio de poner de manifiesto que es necesaria una reforma legal en la que se determine cuál sería el organismo competente para proponer el contenido de la medida de libertad vigilada, tras la entrevista con el penado.
La Fiscalía de Navarra, a través de la coordinadora de la sección, destaca que en el centro penitenciario de Pamplona este año ha subido el número de internos, en comparación con otros centros, ascendiendo el número de altas de 527 de 473; con aumento en el número de internos extranjeros (66 en 2020, 79 en el 2021 y 92 en 2022). En cuanto a la procedencia la mayoría proviene de Latinoamérica y el Norte de África.
En el apartado de expedientes sancionadores reseña que el elenco de faltas recogidas en el reglamento debería ser objeto de reforma y nueva redacción y enumeración ya que las conductas han cambiado y unas faltas redactadas en el año 1981 están absolutamente obsoletas, quedando muchas veces impunes conductas de carácter menor por falta de acomodo.
Por el fiscal de Burgos se señala que se ha producido una nueva distribución de trabajo en la Fiscalía provincial tras la incorporación en abril de una compañera.
La memoria de Toledo informa que desde el 18 de enero de 2022 se ha implementado la fiscalía digital, de forma que ya se trabaja casi plenamente con las aplicaciones vinculadas al sistema integral digital, constituye un avance de extraordinaria utilidad práctica, que refuerza la eficacia y la agilidad en el desempeño de la función del Ministerio Fiscal. Del sistema de registro se sigue deduciendo que existen tres materias en las que la actuación del Ministerio Fiscal es más intensa: (1.º) trabajos en beneficio de la comunidad (con 734 asuntos de entrada y 816 dictámenes) (2.º) permisos de salida (con 1.340 entradas y 1.280 informes) y (3.º) clasificaciones de grado (con 217 entradas, entre Centro Directivo y Juzgado, y más de 295 informes). Es cierto que peticiones y quejas, o expedientes disciplinarios, son también relevantes, pero el alcance de los dictámenes es de menor intensidad.
Se ha advertido que se mantiene tanto por las Juntas de Tratamiento, como de Centro Directivo, un criterio de flexibilización en la concesión de tercer grado, incluso de manera reiterada tras ser revocados por el juzgado de vigilancia penitenciaria al interponer recurso del Ministerio Fiscal, manteniendo el fiscal que despacha estos asuntos el criterio de recurrir las concesiones en materia de tercer grado en aquellos casos en que no se ve una clara voluntad y esfuerzo en reparar las daños causados a la víctima, llevando a cabo el estudio de la capacidad económica y movimientos del peculio orientados a resarcir a las víctimas.
La Fiscalía de la Rioja informa que la población reclusa del centro penitenciario de Logroño se mantiene en una situación estable en torno a los 300 internos, con una ligera disminución. De ellos, el diez por ciento se encuentra en tercer grado de tratamiento con condena condicional, sin que este año haya sido necesaria la revocación de ninguna, más otros trece que se encuentran en sección abierta. Solamente dos han sido propuestos para primer grado.
Destaca la labor de la Unidad terapéutica y educativa del centro en su coordinación con instituciones como Proyecto Hombre o de la asociación de alcohólicos anónimos, ayudados por la Consejería de Salud del Gobierno de La Rioja en su esfuerzo por el tratamiento de adicciones. Igualmente, se siguen cursos de enseñanza tanto primaria como secundaria que permiten el acceso al certificado de escolaridad.
En cuanto a la finalización de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad, el régimen de cumplimiento es elevado, alcanzando un porcentaje total de un 73 % de cumplimiento correcto, mientras que el volumen de los incumplimientos apenas alcanza un 4%, y una revocación de la pena de un escaso 1%, finalizando el resto por otros motivos diferentes (traslados, etc.).
En la Fiscalía de Badajoz en este año 2022 se le concedió al fiscal de vigilancia penitenciaria la Medalla de Plata al Mérito Penitenciario, entregada en fecha 23 de septiembre, con motivo de la Fiesta de la Merced.
Se muestra muy crítica la fiscalía con el modelo de implantación de la fiscalía digital. Señala que se ha implantado de modo desorganizado subsistiendo los problemas en la itineración de expedientes digitales desde el JVP a la FVP, retrasando el trabajo al no contar los expedientes digitales con un índice.
La fiscal de Las Palmas, señala que el número total de dictámenes emitidos por la Fiscalía en asuntos procedentes de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria ascendió el pasado año a 6.888, por tanto, han aumentado de manera considerable los dictámenes con respecto al año pasado en que se emitieron un total de 4.486 dictámenes.
La Fiscalía de Tenerife, da cuenta de que se han emitido durante el año 2022 un total de 4.150 dictámenes (por los 4.023 dictámenes del año 2021). Tal número, viene a suponer el despacho anual de 830 dictámenes anuales y 69 dictámenes al mes por cada uno de los 5 fiscales que integran el servicio de vigilancia penitenciaria de la fiscalía. Señala que buena parte de las notificaciones se efectúan de modo telemático, a través del sistema informático Atlante. Respecto a la situación en los centros penitenciarios de la provincia, se observa estabilidad en el número de internos recluidos en los tres establecimientos existentes. Se deja constancia de que por parte de los fiscales del servicio de vigilancia penitenciaria durante el año 2021 se han efectuado un total de 10 visitas de inspección a los centros penitenciarios de Santa Cruz de Tenerife. De las visitas efectuadas al centro penitenciario Tenerife II durante el pasado año 2022 se ha constatado la necesidad de mejoras en relación a aspectos como la limpieza, desinfección, humedades y calefacción, así como la necesidad de ampliación de instalación de cámaras de videovigilancia que garantice la seguridad y orden en el centro.