5.2 Fiscalía Especial Antidroga en la Audiencia Nacional
5.2.1 Incidencias personales y aspectos organizativos
La plantilla de la Fiscalía Especial Antidroga sigue siendo de 12 fiscales, más el Teniente y la Fiscal Jefa, plantilla notoriamente escasa para el ejercicio de todas las funciones que corresponden a esta Fiscalía. En 2022 se han producido cambios personales en la estructura ya que, el 19 de mayo, tomaron posesión tanto la nueva Fiscal Jefa de esta Fiscalía, procedente de la Unidad de Cooperación Internacional de la Fiscalía General del Estado, en la que ejerció como Fiscal de Sala desde mayo de 2011, como el Teniente Fiscal, D. Ignacio de Lucas Martín. La extensa experiencia internacional de ambos posibilita un renovado impulso de la presencia y actividad internacional de esta Fiscalía que, dedicada al narcotráfico, tiene no solo competencia directa en la ejecución de instrumentos de reconocimiento mutuo sino, en su propia esencia, el conocimiento de la delincuencia organizada transfronteriza; y ello pese a que la actual definición de las competencias de la Audiencia Nacional no encaje bien con la delincuencia transnacional más grave, lo que determina la propuesta de modificación de las competencias de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Especial Antidroga.
Además de estos cambios en la dirección, se han producido otros cambios destacables en la plantilla. En primer lugar, debido a la adaptación del puesto de trabajo de dos fiscales por circunstancias personales, a mediados del mes de enero se incorporó una fiscal en comisión de servicio y, posteriormente, en septiembre de 2022, se autorizó el destacamento temporal de otra, desde la Fiscalía de Madrid.
A la vez, en septiembre se consolidaba la plaza, en la vacante generada por el nuevo Teniente Fiscal, de un compañero que, hasta esa fecha, ocupaba en comisión de servicios la vacante de una fiscal de plantilla en comisión de servicios en Eurojust. Las necesidades de aumento y consolidación de la plantilla llevaron a solicitar fundadamente la creación de una nueva plaza de fiscal teniendo en cuenta que desde 2008 la plantilla no había aumentado. Finalmente, la Fiscalía General ha realizado la propuesta de creación de una nueva plaza que esperamos se materialice en los próximos meses de este año 2023.
La Fiscalía cuenta con una Unidad policial adscrita que, lamentablemente por razones de espacio, se encuentra ubicada en otro edificio. La Unidad está formada por 4 funcionarios del CNP y un Guardia Civil, aunque durante gran parte de este año, por diversas circunstancias, solo tres estuvieron en activo. La Unidad sirve de enlace permanente con las unidades policiales a las que pertenecen los funcionarios (UDYCO y UCO) y colabora con la Fiscalía especialmente en la tramitación de diligencias de investigación y en la ejecución de los expedientes de cooperación internacional. Este año, el número de expedientes ejecutados por la Unidad ha sido muy superior a años anteriores, tanto en OEIs (80) como en CRIs (83).
5.2.2 Medios materiales y proceso de digitalización
La Fiscalía Especial Antidroga ocupa la 7.ª planta del edificio de la Audiencia Nacional y todos los fiscales cuentan con despachos individuales; sin embargo, el espacio común es escaso y no se dispone de una sala polivalente para la celebración de juntas, videoconferencias, etc. por lo que, ante la necesidad de mantener reuniones semanales la Fiscal Jefa ha adaptado su despacho para poder celebrar las mismas.
La digitalización de la Audiencia Nacional en el orden penal se ha completado en el año 2022. Sin embargo, las diligencias de investigación propias de la Fiscalía, y los expedientes de cooperación internacional aun no permiten una completa tramitación digital. Aunque el proceso de digitalización es positivo y deseable, el funcionamiento actual de las distintas aplicaciones es mejorable, las incidencias en su funcionamiento son continuas en la propia sede, y el acceso a través los equipos externos proporcionados por el Ministerio de Justicia en ocasiones no es posible.
5.2.3 Actividad de la fiscalía especial antidroga en la Audiencia Nacional
La actividad de la Fiscalía Especial no ha experimentado este año cambios relevantes en relación con el número o las características de las causas que se tramitan por el órgano central ante los Juzgados de la AN.
Sí se han tomado algunas decisiones de actuación estratégica destinadas al incremento de efectividad del trabajo de la Fiscalía. Así, como prioridad de este nuevo periodo, nos hemos propuesto mejorar el régimen de recuperación de activos, por lo que, tras la primera Junta de fiscales celebrada en junio, se nombró a un fiscal coordinador de la materia, a la vez que se aprobó un Protocolo de recuperación de activos que incide en la necesidad de una pronta y completa investigación patrimonial, en la correcta identificación de los efectos en el escrito de acusación y en la debida aplicación de los distintos tipos de decomiso. Este protocolo se dirige a orientar el trabajo, no solo del órgano central, sino también de los/as delegados/as y se complementa con una base de datos elaborada y actualizada periódicamente por el coordinador a disposición de la Fiscalía central y delegaciones.
Este año se ha nombrado también a un compañero coordinador de la materia de OEDEs y extradiciones quien, junto con otro, realiza una tarea de coordinación y supervisión de los informes de extradición, recopilando resoluciones judiciales y asistiendo a los y las fiscales que lo requieran, además de asegurar la uniformidad de criterios con la Fiscalía de la AN con la se comparte esta competencia.
Con el objeto de evitar las posibles contradicciones entre los/as fiscales de la Fiscalía antidroga y los/as fiscales provinciales, en casos de solicitud de inhibiciones de asuntos a la Audiencia Nacional, en septiembre se aprobó un Protocolo de inhibiciones que procura reducir informes contradictorios y limitar el indeseado «peloteo», de forma que los/as delegados/as deben visar cualquier informe solicitando al juzgado la inhibición de unas diligencias a la Audiencia Nacional que, además, debe remitir para el visado previo de la Fiscalía Especial. A través de este Protocolo se acuerda que las inhibiciones se efectúen con prontitud, evitando remisiones tardías de casos ya prácticamente instruidos, acompañadas de un extracto que permita conocer la realidad de lo que consta en la causa.
En última instancia, debemos subrayar que la competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en materia de delitos contra la salud pública y el blanqueo procedente de estos delitos no se corresponde con la realidad de la delincuencia organizada, de forma que esta se instruye y enjuicia, en la mayoría de los casos, en las provincias, algunas saturadas, sin especialización en los órganos judiciales ni estructuras adecuadas para afrontar la nueva realidad delictiva. Este análisis que se desprende de los informes de inhibiciones o de las daciones de cuentas de las delegaciones, permite concluir que los casos más graves del narcotráfico organizado no son, en muchos casos, competencia de la Audiencia Nacional y, por tanto, tampoco de la Fiscalía Especial, por lo que es precisa una modificación del art. 65 de la LOPJ para dar una respuesta a esta situación.
Datos estadísticos.
El resumen estadístico debe empezar por las diligencias de investigación que este año han sido 64, un 33,3% más que las 48 del año 2021, de las cuales se han judicializado 23, algunas tras la explotación y detención de alguna operación derivada de entregas controladas o agentes encubiertos autorizados en la Fiscalía, y otras a través de la correspondiente querella. Otras 6 se han remitido a Fiscalías territoriales, 22 han sido archivadas y el resto siguen en tramitación. La mayor parte de las diligencias de investigación han tenido por objeto investigaciones en las que se han practicado entregas controladas. En total se han autorizado 30 entregas controladas. El total de autorizaciones para agente encubierto ascendió a 23. Además de las diligencias incoadas el año 2022, se han seguido tramitando diligencias de investigación incoadas en el año 2020 y 2021, de las que 12 fueron archivadas y 4 remitidas a los juzgados. También se tramitó una entrega controlada en tránsito de Alemania a Chile, que dio como resultado la incautación de una cantidad relevante de cocaína en Santiago.
En relación con las diligencias previas por tráfico de drogas en los Juzgados Centrales, la actividad de la Audiencia Nacional se ha reducido desde el punto de vista estadístico: 50 diligencias previas, 5 procedimientos abreviados y 19 sumarios. No obstante, este descenso no ha supuesto una reducción de la carga de trabajo que queda reflejada en un número mayor de dictámenes de la fiscalía que este año ha presentado 10.071 escritos, un 3,47% de incremento frente a los 9.733 del año pasado. El mayor aumento de informes se produce, además, en relación con los procedimientos ordinarios en los que se han presentado 40 escritos de calificación y también en los expedientes de extradición que crecen en número y litigiosidad.
Durante el año 2022 se han celebrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional 40 juicios orales contra un total de 124 acusados, que se han extendido en un total de 149 sesiones, gran parte de ellas en sesiones de mañana y tarde, así como 405 comparecencias para la adopción de medidas cautelares privativas de libertad.
En materia de vigilancia penitenciaria se han emitido 1.879 informes. Se han informado favorablemente 95 progresiones de grado y se han recurrido 54.
5.2.4 Causas de relevancia de la Fiscalía Especial Antidroga en la AN
Una parte muy importante de las causas competencia de la Audiencia Nacional se refieren a incautaciones de droga (generalmente cocaína) que tienen lugar tras el abordaje de embarcaciones con pabellón nacional o extranjero en altamar, y que son realizados de conformidad con los convenios internacionales, la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y el Convenio de Naciones Unidas sobre el derecho del mar de 1982 (Montego Bay). Cuando no existe investigación previa en España, la competencia, al ser delito cometido fuera del territorio nacional, corresponde a la Audiencia Nacional tras la interposición de querella por el Ministerio Fiscal. En 2022 se han presentado 5 querellas en estos supuestos.
Lamentablemente, en muchos casos de abordaje de embarcaciones en alta mar no hay investigación suficiente anterior o posterior que pueda revelar la verdadera envergadura de las organizaciones que se encuentran detrás de estos transportes. Ello supone que, en algunos casos, los juicios orales se siguen solo contra la tripulación, sin que sea fácil de demostrar su pertenencia a la organización que lógicamente, es la que ha gestionado estos transportes, en la mayoría de los casos trasatlánticos, pese a que las máximas de lógica y la experiencia demuestran que se requieren unos niveles de preparación y financiación imposibles de conseguir sin una fuerte organización detrás.
En muchos de estos casos tiene lugar una concurrencia de competencias, la del estado del pabellón como preferente y la del país que realiza el abordaje, y que normalmente se gestionan sin problemas con la aplicación de los tratados internacionales. Sin embargo, ha aflorado un problema específico con Francia, al carecer el país galo de jurisdicción propia para el enjuiciamiento de incautaciones realizadas en aguas internacionales, por lo que solicitan la cesión de jurisdicción de España en caso de abordaje por la marina francesa de un barco de pabellón español. La respuesta en estos casos ha sido diferente y las conclusiones nos llevan a considerar que es más conveniente no ceder jurisdicción en estos casos. Dos supuestos paradigmáticos resueltos este año son:
– Las diligencias previas 39/2019 del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 (Caso Navis Optata). En estas diligencias se investigaba una organización dedicada al tráfico de drogas y fueron archivadas en 2020. En abril de 2021, la armada francesa abordó en aguas internacionales, cercanas a Martinica, el velero Navis Optata, de pabellón español, tras obtener autorización del CITCO y al amparo del art. 17 del Convenio de Naciones Unidas de 1988, incautando 210 kilogramos de cocaína y deteniendo a los dos tripulantes. Las autoridades francesas, al carecer de jurisdicción, pidieron urgentemente la cesión de jurisdicción para poder adoptar medidas contra los detenidos y, por ello, la Fiscalía Especial Antidroga remitió a la Fiscalía de Martinica una denuncia al amparo del art. 21 del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en materia penal de 1959. Sin embargo, posteriormente la Sala de lo Penal denegó la cesión de jurisdicción y acordó la reapertura de las diligencias previas que se encontraban archivadas, en las que se emitieron OEDEs a Francia para la entrega de los tripulantes, emergiendo el conflicto de jurisdicción, ya que Francia seguía sus diligencias contra los dos tripulantes mientras España seguía la investigación contra estos y otros integrantes de la organización asentada en Tenerife. Se abrió caso en Eurojust y, tras una reunión de coordinación celebrada en marzo de 2022, Eurojust dirigió una recomendación por la que se constataba que Francia estaba en mejor posición, exclusivamente, para el enjuiciamiento de los dos tripulantes del velero Navis Optata, los cuales se encontraban, al igual que la embarcación y la droga, a disposición de las autoridades francesas de Martinica, mientras que España seguiría con la investigación del resto de la organización. La Fiscalía, en abril de 2022, solicitó al Juzgado instructor que remitiese exposición razonada a la Sala para que se acordase la cesión de jurisdicción en los términos expuestos tras lo que la Sala acordó ceder la jurisdicción en los términos referidos. La sentencia condenatoria respecto a los tripulantes ha sido ya dictada por las autoridades francesas y consta ya, junto a otra documentación, en nuestro procedimiento.
– Las diligencias previas 73/2022 del Juzgado Central de Instrucción n.º 6 (Caso Bacus). En un supuesto similar, la solución adoptada fue completamente diferente, también desde la cooperación internacional, pero evitando la producción del conflicto de jurisdicción a través del uso ágil de los instrumentos de cooperación internacional. En este caso, en septiembre de 2022, el CITCO recibió de las autoridades francesas una solicitud de abordaje en aguas internacionales, cerca de Martinica, de la embarcación Bacus, de matrícula española, que le fue concedida. Se llevó a cabo el abordaje, deteniendo a dos españoles y un francés e incautando 1.328 kg de cocaína. A la vez, Francia solicitaba una cesión de jurisdicción al carecer de ella y ante la necesidad de legalizar la situación de los detenidos y la adopción de medidas cautelares. La Fiscalía Antidroga decidió negar la cesión de jurisdicción y comunicar la asunción del caso por España, interponiendo urgentemente la querella ante el juzgado central de instrucción y solicitando la inmediata emisión de OEDEs para la entrega a España de los detenidos, solicitando al mismo tiempo la emisión de una OEI para el registro de la embarcación y los dispositivos electrónicos, y la emisión de un certificado de embargo del Reglamento de la UE 1805/2018 para la adopción de medidas cautelares de embargo de la embarcación y otros efectos. A la vez, se solicitó la venta anticipada de la embarcación, que se encargó a la ORGA, quien coordinó con la AGRAS francesa la realización del barco y otros efectos. Se trata de uno de los más completos ejemplos de uso urgente, completo y eficaz de los instrumentos de cooperación internacional.
Estas cuestiones sobre las dificultades de la determinación de la jurisdicción en abordajes en alta mar fueron tratadas en unas jornadas bilaterales celebradas en noviembre en Madrid, con participación, por parte de Francia de la JUNALCO, la OFAST, varias JIRS, fiscales de Fort de France y el Ministerio de Asuntos Exteriores franceses y, por parte España, el CITCO, el DAVA, UDYCO y UCO, jueces, fiscales de la Fiscalía Antidroga y LAJ de la Audiencia Nacional.
Otras diligencias relevantes este año son las siguientes:
– Las diligencias previas 70/2022, del Juzgado Central de Instrucción n.º 2, dimanantes de las diligencias de investigación 54/2022 de la Fiscalía Especial Antidroga, en cuyo seno se ha desarticulado una importante organización criminal internacional dedicada a la introducción de grandes cantidades de cocaína en España, desmantelando en la provincia de Pontevedra uno de los laboratorios más grandes hallados hasta ahora en Europa, con capacidad para procesar hasta 300 kg de cocaína diarios. El total de cocaína que se ha incautado es de 1.351 kilos. Sus 18 integrantes se encuentran todos en prisión provisional.
– Relevante resulta la presentación de escrito de acusación en el Sumario 5/2020 del Juzgado Central de Instrucción n.º 3 contra un conocido narcotraficante gallego que, pese a encontrarse cumpliendo condena, mantenía su actividad delictiva de introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España. Utilizando sus contactos y la confianza de las organizaciones suministradoras de la droga en Suramérica, disponía de la logística para ese fin contando también con una infraestructura personal y una pléyade de individuos que, en muchos casos, ya habían acumulado una experiencia criminal significativa en el negocio del narcotráfico.
– Se presentó acusación contra 53 personas por delitos contra la salud pública de sustancias que causan grave daño, cometido en el seno de una organización criminal, concurriendo la circunstancia de extrema gravedad, blanqueo, falsedad de documentos oficiales y mercantiles, homicidio en grado de tentativa, atentado, lesiones y tenencia ilícita de armas.
– Se presentó también escrito de acusación en el Sumario 6/2021 del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 contra 64 ciudadanos chinos y uno español que crearon un entramado criminal dedicado a la adquisición de grandes superficies de terreno dedicado a plantaciones intensivas de cánnabis que, una vez realizadas todas las gestiones para su crecimiento, eran distribuidas mediante paqueterías a diferentes puntos de Europa o mediante venta directa a compradores locales, obteniéndose de esta manera enormes beneficios ilícitos. Los acusados utilizaron, además, ilegalmente fluido eléctrico para el cultivo de las plantas de cánnabis, causando perjuicio de cientos de miles de euros a distintas empresas eléctricas.
– En el año 2022 se dictó auto de procesamiento contra 7 individuos en el Sumario 5/2022 del Juzgado Central de Instrucción n.º 1, seguido contra una gran organización que utilizaba varias viviendas cercanas a Barcelona como laboratorios que fueron desmantelados y en los que se intervinieron, además de 336 kg. de MDMA, grandes cantidades de anfetaminas, éxtasis, metanfetamina, GHB y GLB, y diversas armas.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado 29 sentencias en materia de salud pública, 20 de ellas en procedimientos sumarios y 9 en procedimientos abreviados. Todas ellas han sido condenatorias, aunque se ha producido la absolución de 3 de los acusados en ellas. En conjunto, en estas sentencias han sido condenados 64 ciudadanos españoles y 59 extranjeros y 1 persona jurídica.
Destaca por ejemplo la sentencia condenatoria de 5 de septiembre de 2022, dictada en el Sumario 2/2019, del Juzgado Central de Instrucción n.º 1, confirmada íntegramente por la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional, con condenas que oscilan entre los 10 y 20 años de prisión para los integrantes de una organización internacional de narcotráfico asentada en Colombia, Turquía y España, a los que se les ha intervenido, además de 1.558 kg de cocaína, el mayor alijo de heroína incautado nunca en España, 311.643 kg. Se encuentra pendiente de recurso de casación.
También el 21 septiembre de 2022 se dictó sentencia condenatoria por tráfico de cocaína y blanqueo de capitales, a penas de entre 16 y 4 años de prisión, cometido por un entramado criminal dirigido por una narcotraficante conocida como «la reina de la coca», quien ejecutaba transportes de droga y posteriormente ocultaba sus beneficios a través de transferencias a Panamá realizadas por una entidad financiera.