3.4 Inmigrantes en situación administrativa irregular
Una de las misiones centrales de la Unidad de Extranjería de la Fiscalía General y de los fiscales delegados, es velar por el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes.
La crisis migratoria es un problema global, como lo es la intolerable indiferencia hacía la misma. Esta crisis, según informan las autoridades nacionales e internacionales implicadas en la materia, no solo no va a remitir, sino que se agravará por las nuevas realidades de conflictos bélicos y catástrofes derivadas del cambio climático, que van a provocar, y de hecho están provocando, flujos crecientes de personas afectadas por situaciones generadoras de penuria económica, muerte y hambre.
La situación política, económica y geográfica de nuestro país, le hace estar especialmente afectado al pertenecer al grupo de los llamados «Estados del bienestar» y además ser una de las principales puertas de entrada de África hacia Europa, constituyendo la tercera frontera europea en número de llegadas de personas migrantes por mar.
Como dato de referencia, señalar que solo en el año 2020, momento de eclosión de la pandemia por SARS-CoV-2, llegaron por vía marítima a costas españolas 32.427 migrantes, la mayoría de ellos y ellas en infra-embarcaciones como pateras, cayucos o lanchas neumáticas. Por otro lado, también han accedido a territorio español un importante número de inmigrantes de origen africano a través de los conocidos como saltos a las vallas de Ceuta y Melilla.
Los modos de entrada descritos, comprometen gravemente la integridad y la vida de los migrantes. Según datos de la OIM, desde el año 2014 a 2020, perdieron la vida en el Mediterráneo al menos 20.000 personas.
Todo este flujo migratorio, da lugar a un número importante de personas carentes de documentación y en situación administrativa irregular, abocadas a formar parte de núcleos marginales en condiciones de pobreza y exclusión de larga duración, y les hace susceptibles de caer en procesos de explotación.
Hay que tener en cuenta que la entrada masiva de migrantes en momentos concretos, ha conllevado importantes problemas de provisión de medios de acogimiento y atención inmediata a los recién llegados, circunstancias que deben de estar previstas con antelación por las autoridades competentes para poder garantizar un trato digno, de acuerdo a nuestro Estado de derecho y bienestar.
La Fiscalía de Extranjería tiene una posición privilegiada para poder observar y conocer la realidad de la evolución y problemática del fenómeno migratorio, especialmente a través de la información que recibe de manera continuada de las/os fiscales delegadas/os de toda España, de la interacción con el resto de operadores públicos y privados que actúan en este campo, así como de la información derivada de la coordinación que se realiza de los delitos de trata, tráfico y explotación.
Por ello, para conseguir un resultado efectivo, se hace necesario incentivar las medidas que en cada momento se consideren precisas para la defensa de los derechos fundamentales de los inmigrantes.
Especial relieve adquiere la función de los/las fiscales de inspección de los Centros de Internamientos de Extranjeros, desarrollada a través de visitas periódicas, a fin de constatar el efectivo respeto a los derechos de las personas allí ingresadas, comprobar que las instalaciones sean dignas y adecuadas para preservar su dignidad, así como que el trato que reciben es el adecuado. Los informes emitidos por los delegados, reiterando las deficiencias observadas, han motivado en no pocas ocasiones, reformas importantes en las instalaciones (incluso cierres temporales) y modificaciones en las dinámicas de los centros, siempre en aras de mejorar su calidad de vida y la preservación de sus derechos.