9. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y MAYORES

9.1 Unidad Coordinadora de Protección a Personas con Discapacidad y Mayores

El ejercicio 2021 tiene una importancia reseñable para esta Unidad Coordinadora. La efectiva dotación de la plaza de Fiscal de Sala coordinadora de los servicios especializados en la protección de las personas con discapacidad y atención a los mayores, creada por Real Decreto 255/2019 de 12 de abril, cerraba la estructura nacional de los servicios especializados en personas con discapacidad y mayores acompasándola al modelo de éxito de especialización del Ministerio Fiscal.

La actividad de la Unidad se ha desarrollado de manera intensa y dinámica, en sintonía a la desarrollada por la red de fiscales especialistas (delegados/as, coordinadores/as y enlaces), cuyo esfuerzo y compromiso en la promoción y defensa del pleno ejercicio de los derechos que corresponden a estas personas, merece ser puesto en valor.

Los ejes fundamentales de actuación de la Unidad Coordinadora en 2021 pueden resumirse en: i) la coordinación/supervisión de la actividad desarrollada por los fiscales especialistas; ii) las relaciones institucionales; iii) el contacto permanente con el tercer sector de acción social; iv) atención al público, a través del correo institucional fge.discapacidadymayores@fiscal.es; iv) actividad formativa; v) accesibilidad.

La aprobación de la Ley 8/21, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, ha demandado una importante actividad coordinadora para orientar la actuación de los fiscales de las secciones especializadas ante una reforma de gran calado. Las conclusiones de las jornadas de fiscales especialistas, que se celebraron los días 27 y 28 de septiembre de 2021, supieron concentrar las cuestiones más problemáticas, previamente identificadas en una reunión operativa, celebrada con los fiscales delegados el día 16 de junio de 2021. La sentida necesidad de extender el conocimiento de la reforma y sus implicaciones a todos los fiscales determinó que se facilitara su seguimiento telemático, en directo y en diferido.

La formación de los fiscales y terceros relativa a la reforma, dando cumplimiento a la DA 2.ª de la Ley 8/2021, ha sido objetivo prioritario para la Unidad. Esta capacitación se ha materializado en intervenciones presenciales, así como en webinarios celebrados en distintos foros: Centro de Estudios Jurídicos, colegios profesionales, entidades del tercer sector o FFCCSE. Se ha cuidado, asimismo, la importante faceta formativa de la carrera fiscal, tanto en la inicial como continuada, en desarrollo de dicha obligación legal, con especial atención a la formación de los fiscales que participan en órdenes jurisdiccionales ajenos al civil, debido al carácter transversal de la discapacidad.

La Unidad se ha esmerado en consolidar y reforzar los lazos que a lo largo de los años se han creado por la Fiscalía de Sala de lo Civil del Tribunal Supremo con diversas entidades del tercer sector. Muestra de ello es el convenio de colaboración suscrito entre la FGE y la Confederación Plena Inclusión el pasado 9 de septiembre de 2021 para favorecer el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.

Se han celebrado las oportunas comisiones de seguimiento de convenios vigentes como el de Cruz Roja, el Consejo General del Notariado, CERMI o con el Foro Justicia y Discapacidad.

Al margen de estas, se han sostenido reuniones con las diversas instituciones públicas implicadas en el sector y se han atendido las demandas de numerosas asociaciones y particulares, pues el carácter heterogéneo de la discapacidad implica conocer las dificultades específicas de personas con distintas formas de discapacidad, algunas no muy conocidas (síndrome de Klinefelter o síndrome alcohólico fetal, entre otros). Asimismo, se ha potenciado la atención al público por medio del buzón ciudadano de nuestra web, respondiendo a 148 solicitudes de información.

Otra de las líneas de trabajo de la Unidad ha sido la atención a la vulnerabilidad de las personas mayores ante la generalización del uso de las nuevas tecnologías por parte de instituciones o entidades. Para mejorar la inclusión y, sobre todo, favorecer el reconocimiento del ámbito de actuación del guardador de hecho (art. 264.3 CC) por parte de las entidades bancarias en relación con la atención a las necesidades cotidianas de la persona, se sostuvo una reunión con el Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España el día 2 de diciembre, con la expectativa de obtener su patrocinio en el necesario debate con el sector. Esta iniciativa es reflejo de la preocupación comunicada por los fiscales, siendo necesarios la existencia de protocolos de actuación que permitan evitar el riesgo de judicialización de la guarda de hecho ante los obstáculos que presenta la práctica.

A lo largo del año, la Unidad ha tenido conocimiento de diversos problemas relacionados con la accesibilidad y discriminación de personas con discapacidad en variados aspectos: acceso a la educación inclusiva en centros ordinarios, de titulación en la enseñanza secundaria cuando el alumno ha tenido adaptación curricular significativa o en materia urbanística y de transportes, abriéndose 15 expedientes de seguimiento. Algunos de ellos, no subsanados por la administración tras la comunicación remitida por la Unidad, podrían constituir, una vez judicializados, litigios estratégicos que aborden la plena inclusión en la sociedad de las personas con discapacidad.

A modo de ejemplo se puede mencionar el expediente abierto de oficio ante la situación de un profesor con discapacidad auditiva que no puede ejercer su trabajo como docente en la Comunidad de Madrid, pese a haber superado una oposición que lo habilita, al no proporcionarle la administración los apoyos que precisa para el desempeño de su actividad, especialmente un intérprete en lengua de signos. La coordinación con el Fiscal de Sala de lo contencioso-administrativo ante una previsible intervención del Ministerio Fiscal en este orden jurisdiccional permitirá abordar mejor una posible solución.

En total se han tramitado 40 expedientes de seguimiento, documentando las intervenciones desde la Unidad. Las temáticas se reparten entre los problemas de accesibilidad y discriminación por razón de discapacidad (34,14 %), de accesibilidad de la justicia (7,31 %), coordinación actuaciones de las secciones especializadas (36,58 %) y denuncia de situaciones de abuso o desprotección (14,63 %).

Las expectativas que se forjaron con la creación de la Unidad comienzan a materializarse, lo que nos lleva a ser cada vez más conscientes de la enorme labor que queda por hacer.