8.3 Estructura y funcionamiento del área de especialización

Transcurridos más de 10 años desde su constitución, a día de hoy podemos afirmar que la Red de Fiscales de criminalidad informática es ya una estructura prácticamente consolidada que, en el año memorial, se compone de un total de 148 fiscales/as especialistas. La Red, siguiendo el modelo establecido por la Instrucción 1/2015 sobre algunas cuestiones en relación con los Fiscales de Sala Coordinadores y los Fiscales de Sala Delegados, es coordinada por la Fiscal de Sala desde la Unidad de Criminalidad informática de la FGE, con la colaboración de 2 fiscales adscritas. A nivel central también cuenta con 1 fiscal delegado de la especialidad en la Fiscalía de la Audiencia Nacional. La columna vertebral en la que se apoya el funcionamiento de esta estructura son las cincuenta secciones territoriales, distribuidas en cada una de las demarcaciones provinciales y dirigidas por los/las 50 fiscales delegados/as. Actualmente, en las secciones territoriales se integran 59 fiscales colaboradores además de los 32 fiscales de enlace que han sido designados para las Fiscalías de Área constituidas en 17 demarcaciones provinciales. Además, en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Madrid, se ha designado un fiscal de enlace que asume la coordinación de esta especialidad en dicho ámbito territorial.

En el año 2021, la Red de fiscales especialistas ha experimentado pocos cambios y las escasas variaciones han obedecido, en su mayor parte, a decisiones de los/las Fiscales Jefes/as orientadas a reforzar la capacidad de acción de las secciones. Tal es el caso, por ejemplo, de la Fiscalía de Cádiz en la que se han incorporado al servicio dos nuevos miembros, una fiscal como colaboradora en la Capital y otra como enlace para el Área de Jerez de la Frontera o de la Fiscalía provincial de Valencia cuya plantilla se ha incrementado también con un nuevo compañero. En otras ocasiones el apoyo al servicio se ha materializado en la adscripción a la sección de nuevos/as funcionarios/as para dar una respuesta más eficaz a la creciente incidencia de esta forma de criminalidad. No obstante, como suele ser habitual, algunos cambios han venido motivados ya sea por el traslado de determinados miembros de la red a otros órganos territoriales, como es el caso del reciente nombramiento como fiscal delegada en la Fiscalía de la Rioja de la Ilma. Sra. Andrea Sanjuán Castrigno o por reorganizaciones internas de los órganos territoriales, como ha ocurrido en la Sección de Valencia, dos de cuyos miembros han sido destinados a otras funciones por lo que han debido ser sustituidos, y también en la Fiscalía de Área de Ferrol cuya fiscal de enlace titular hubo de ser reemplazada provisionalmente, por razones personales, por la Ilma. Sra. Dña. Lucía Formosa Panceiro.

En lo que se refiere a la composición de la Red es de esperar que, en un futuro próximo, se vea ampliada con la designación de fiscales delegados/as en cada una de las Comunidades Autónomas. Al respecto, ha de reseñarse que con ocasión de las Jornadas de especialistas celebradas los días 29 y 30 de noviembre, se ha trasladado a la Fiscalía General del Estado la conveniencia de que dichos órganos de ámbito comunitario cuenten respectivamente con un fiscal delegado para criminalidad informática que, integrado plenamente en la red territorial de fiscales de especialistas, participe de forma activa en su marco de relación y actuación y contribuya con sus conocimientos y experiencias a la labor de unificación de criterios, particularmente en lo relativo a la preparación de los recursos de casación tras las nuevas competencias establecidas por Ley 41/2015 de 5 de octubre.

En lo que concierne al trabajo efectuado desde la Unidad de Criminalidad Informática de la FGE, en el año 2021, se han tramitado un total de 651 expedientes de los que 72 corresponden a diligencias de investigación; 14 a expedientes por consulta Informal; 7 a traslados relacionados con cooperación internacional; 1 a expedientes de coordinación territorial y 227 a expedientes de seguimiento. En este último apartado se incluye los 186 relativos a la supervisión de escritos de acusación que han sido trasladados a esta Unidad por los órganos territoriales en cumplimiento de lo dispuesto en la Instrucción 1/2015 y respecto de los cuales ha de señalarse que un buen número de ellos presentaba una especial complejidad, al referirse a una pluralidad de víctimas y de hechos delictivos y que, por ello, han exigido una atención pormenorizada por parte de los delegados y de la propia Unidad. Por último, tras la puesta en marcha del Protocolo para combatir el Discurso de Odio Ilegal, han de incluirse los 2 expedientes tramitados en su ejecución, para la retirada de contenidos online.

Desde la Unidad especializada también se impulsa la actualización permanente de conocimientos mediante la recopilación de jurisprudencia tanto nacional como internacional sobre esta materia –por su naturaleza trasnacional una de las más afectadas por el proceso de armonización normativa en el marco UE y que está dando lugar a una doctrina muy relevante del TJUE y el TEDH– así como de otros documentos jurídicos de interés que llegan a conocimiento de la Unidad. El resultado de este trabajo conforma un valioso fondo documental que se remite con periodicidad a los integrantes de la red junto con las contribuciones que realizan los propios fiscales especialistas que ponen a disposición de los demás cualquier resolución o información, de la que hayan tomado conocimiento, que pueda contribuir a facilitar el trabajo común y a mejorar la preparación en este ámbito. La existencia de una lista de distribución para la Red de Fiscales, de cuya actualización se encarga periódicamente una funcionaria de la Unidad de Criminalidad Informática de la FGE, facilita la remisión de estos archivos, así como la difusión en tiempo real tanto de noticias relacionadas con el cibercrimen como de ofertas de actividades formativas que afectan a la especialidad.

Por su parte, las secciones de criminalidad informática, configuradas según el modelo establecido en la Instrucción 1/2015 FGE, constituyen la piedra angular del correcto funcionamiento del área de especialización y garantía de cumplimiento del principio de unidad de actuación. Como ya se ha manifestado en anteriores Memorias, la estructura y composición de estas secciones, de acuerdo con los parámetros establecidos en la indicada Instrucción, es competencia de los/las Fiscales Jefes provinciales en atención a las circunstancias específicas del respectivo órgano territorial. De ahí, que existan ciertas divergencias en las funciones atribuidas a sus integrantes, de lo que es ejemplo el régimen de exclusividad atribuido a los/las fiscales delegados de las secciones de Madrid, Las Palmas, Valencia o Barcelona, frente a los supuestos más comunes en que los/las fiscales especialistas compatibilizan la atención a la especialidad con el despacho de los asuntos de otra naturaleza que les correspondan por reparto. Por otro lado, con algunas excepciones puntuales, los/las fiscales delegados/as han asumido funciones de visado o pre-visado de las acusaciones por delitos de la especialidad, tarea que, además de facilitar el control de procedimientos, asegurando la aplicación de la unidad de criterio, facilita el cumplimiento de las obligaciones establecidas en Instrucción 1/2015 en referencia a la remisión de determinados asuntos para supervisión de la Unidad especializada. En general, los/las Fiscales Jefes recurren a Notas de servicio para fijar los criterios de organización interna del área a partir de las pautas generales establecidas desde la Unidad, como así ha ocurrido en 2021 en las Fiscalías de Álava, Badajoz, Cádiz, Cantabria, Castellón, Sevilla o Valencia.

La base del buen funcionamiento de la Red está en la comunicación frecuente y fluida entre sus miembros, que posibilita la labor de coordinación y el establecimiento de criterios que garanticen la unidad de actuación en el área de especialización. El espíritu de colaboración y permanente disponibilidad que impregna el funcionamiento de la Red contribuye a ello, no siendo extraño que las cuestiones especialmente relevantes que se plantean, con motivo de la investigación tecnológica o de la interpretación y/o aplicación de los preceptos penales, sean resueltas por la Unidad de criminalidad informática de la FGE tras recabar la opinión de los diferentes servicios territoriales, garantizando de esta forma una respuesta técnico-jurídica de mayor calidad.

Además, la capacidad de trabajo en equipo, que constituye uno de los principales activos del MF, determina que los/las fiscales de plantilla de cada órgano territorial acudan de manera regular a los/las fiscales especialistas para consultar cuestiones relativas a la interpretación y/o aplicación de los preceptos penales relativos a la ciberdelincuencia o sobre la aplicación de medidas de investigación tecnológica en la instrucción de los procedimientos. En 2021, una vez superadas las fases más duras de la pandemia, esta importante labor se ha visto facilitada por la definitiva reincorporación de los/las fiscales a sus sedes de trabajo lo que, sin desdeñar las ventajas de los encuentros virtuales, favorece el intercambio de información y de experiencias y, por ende, revierte en un tratamiento más dinámico y eficaz de las cuestiones planteadas.

La colaboración entre las distintas áreas de actuación de la Fiscalía es especialmente intensa con respecto a las secciones de cooperación internacional, violencia doméstica y de género y de menores, ya que son ámbitos en los que la incidencia del uso de las TIC es cada vez mayor por lo que se hace especialmente necesario el trabajo conjunto con el área de criminalidad informática. En algunos casos esta coordinación se ve facilitada por el hecho de que en una misma sección se integren especialistas de cualquiera de dichas materias permitiendo el intercambio constante de experiencias y la valoración jurídica conjunta de las cuestiones concernidas. Así ocurre en las secciones de las Fiscalías de Sevilla, León, Lleida, Pontevedra o Badajoz en las que se integran especialistas en menores o en la de Castellón en la que dos de sus miembros, además de colaborar en la sección de criminalidad informática son respectivamente delegados de las secciones de violencia doméstica y de género y de la de menores.

En los demás territorios se fomenta especialmente el intercambio de información y experiencias entre quienes integran la sección de criminalidad informática y los pertenecientes a otras secciones especializadas, llegando incluso a la fijación de criterios de actuación comunes como es el caso de la Fiscalía de Ciudad Real, en materia de menores o la de Girona en la que se ha establecido la obligación de que tanto la sección de menores como la de violencia contra la mujer mantengan informado al delegado de criminalidad informática sobre actuaciones en delitos de su competencia cometidos a través de las TIC.

En lo que atañe a la proyección externa de las secciones especializadas, a medida que han ido ganando en visibilidad, se han ido convirtiendo en punto de referencia para asesoramiento y consulta de otros organismos e instituciones, que por razón de sus funciones se ven involucrados en la lucha contra esta forma de criminalidad. Por esta misma razón cada vez con más frecuencia los/las ciudadanos/as, especialmente cuando han sido víctimas de estas actividades delictivas, se dirigen a los/las fiscales especialistas, bien a través de la Unidad de Criminalidad Informática de la FGE bien directamente a la sección especializada territorialmente competente, para denunciar hechos de esta naturaleza o realizar consultas sobre denuncias ya presentadas.

Como en años anteriores los/las fiscales especialistas, coinciden en denunciar la escasez de medios técnicos y personales para realizar su labor, subrayando especialmente su preocupación por la imposibilidad de llevar a cabo un control estadístico exhaustivo de los asuntos de la especialidad dadas las carencias de las aplicaciones informáticas. En el caso de Fortuny, los/las fiscales delegados/as refieren disfunciones derivadas de la itinerancia de datos judiciales, de la trasversalidad de este tipo de actividades ilícitas o de la dispersión de las distintas sedes de la Fiscalía territorial. Por su parte, en el País Vasco, esta misma situación determinó que desde la Fiscalía de la Comunidad Autónoma se convocaran sendas reuniones, a las que asistieron las tres fiscales delegadas provinciales y también representantes de la Ertzaintza, del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, para acordar conjuntamente un sistema común de identificación de atestados por ciberdelitos y la remisión mensual por la policía, vía email, de un listado completo de todos los instruidos y judicializados por ilícitos de esta naturaleza. Similares medidas se han ido adoptando en otras muchas secciones territoriales a fin de mejorar el control de los delitos tecnológicos, cuyo detalle se explica pormenorizadamente en algunas Memorias, entre otras, de las Fiscalías de Badajoz, Gerona y León.

Para concluir ha de hacerse referencia necesariamente a la importancia que otorgan los/las fiscales especialistas a las actividades de formación en esta materia, sometida a constantes cambios como consecuencia del propio desarrollo tecnológico. El compromiso asumido por los/las fiscales de la Red para hacer frente a este fenómeno criminal con garantías de éxito, exige de ellos un importante esfuerzo de capacitación que se concreta en la asistencia a cursos y jornadas –a veces a costa de su tiempo libre– para mantener actualizados sus conocimientos, tanto en lo que afecta a las iniciativas legislativas internacionales o de derecho interno, como en lo que atañe a la aparición de nuevas herramientas y/o medios de comisión de esta clase de ilícitos. Solo así pueden afrontar las nuevas realidades surgidas con el desarrollo tecnológico, de entre las que, a título de ejemplo, podemos mencionar el empleo de las criptomonedas o el uso de la inteligencia artificial al servicio del delito.

Especialmente importantes en este concreto apartado son las Jornadas de Especialistas celebradas en el mes de noviembre, nuevamente de forma presencial, ya que permiten el análisis en profundidad de muchas de estas cuestiones, así como el intercambio de experiencias y conocimientos en las materias más acuciantes.