CAPÍTULO III. FISCALES COORDINADORES/AS Y DELEGADOS/AS PARA MATERIAS ESPECÍFICAS - 7. COOPERACIÓN...

7. COOPERACIÓN PENAL INTERNACIONAL

7.1 Introducción

El año 2021 ha sido un año de transición entre las restricciones de la pandemia que afectaron de forma ostensible a la actividad internacional y los niveles de actividad previos a ésta que aún no se han alcanzado. Se observa en todo caso una recuperación progresiva de las reuniones y de la actividad presencial, especialmente en el segundo semestre, si bien en número notoriamente más reducido que en años previos a la crisis sanitaria.

La actividad de esta especialidad, desde el punto de vista procesal, está centrada esencialmente en la ejecución de solicitudes de asistencia judicial internacional e instrumentos de reconocimiento mutuo y se constata que sigue incrementándose, siendo destacable, por ejemplo, el creciente número de solicitudes de videoconferencia. La pandemia ha empujado y acelerado en general todo el proceso de digitalización de las actuaciones procesales y las dificultades de movilidad han determinado que la videoconferencia sea actualmente el modo ordinario de la práctica de declaraciones, tanto en las investigaciones como en el juicio oral, sustituyendo a cualquier desplazamiento de los declarantes o autoridades judiciales. La necesidad de asegurar la veracidad, la inmediación y los derechos fundamentales de declarantes y participantes en el proceso requiere una atención a las circunstancias concurrentes de cada caso que ha llevado a que la Fiscal de Sala publicara el Dictamen 1/21 sobre el uso de la videoconferencia en la cooperación judicial internacional al que se hará mención más adelante.

La transformación digital procesal está también presente en el modo de intercambio de las solicitudes de auxilio superando definitivamente al uso del correo postal, tras la decisión del Ministerio de Justicia, como autoridad central, de aceptar solo las solicitudes tramitadas por vía electrónica. Esta decisión junto al avance de las plataformas como la eEDES de la Comisión Europea, que ya está en periodo de pruebas, y la entrada en vigor en mayo de 2022 del Tratado de Medellín, que posibilitará el uso de Iber@ para los traslados de las solicitudes de asistencia, aseguran una mejora en la celeridad y la seguridad de este proceso que sienta además las bases para demandar un esfuerzo del Ministerio de Justicia en la adopción de las decisiones necesarias para superar los actuales retrasos derivados de su gestión como autoridad central, de los que se informará más adelante.

La celebración de reuniones de Cumbres, Redes y Asociaciones regionales y globales de fiscales ha sido aún muy reducida, de forma que muchos de estos encuentros periódicos que se suelen celebran anualmente no fueron convocadas este año. La Asamblea Ordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos –AIAMP–, que en el año 2020 se llevó a cabo virtualmente, fue anunciada y suspendida en dos ocasiones durante 2021, debido a las condiciones sanitarias del país anfitrión, Colombia, de forma que finalmente no se celebró, y la próxima Asamblea tendrá lugar en ese país ya en 2022. Otras reuniones de Fiscales Generales como la de la Red de Fiscales Generales y Jefes de Ministerios Públicos de la Unión Europea, conocida como Red Nadal, fue nuevamente suspendida en 2021 y anunciada para mayo de 2022. El Foro Consultivo de Fiscales Europeos sí celebró una reunión en La Haya organizada en formato híbrido en el que por la Fiscalía española participó virtualmente la Secretaría Técnica. También tuvo lugar en formato híbrido el foro de Fiscales Generales de EUROMED que se celebró en La Haya, en la sede de Eurojust, en el mes de noviembre y al que asistió la Fiscal de Sala de Cooperación Internacional.

El tercer aspecto, que comprende el ámbito de actuación internacional del Ministerio Público español, ejecutando o participando en asesoramientos o asistencias técnicas en países con menor grado de desarrollo o en países candidatos a la adhesión a la UE, que había sido muy afectado por las limitaciones de movilidad de la pandemia, ha vuelto a recuperar este año niveles similares a 2019, incluso podríamos afirmar que ha habido un crecimiento en la implicación de la Fiscalía en estos proyectos y, por tanto, un mayor número de fiscales españoles tomando parte activa en los mismos. Es importante destacar muy especialmente el cada vez mayor número de mujeres participantes en estas actividades, de forma que, a primeros de 2022, hay cuatro mujeres fiscales destinadas como expertas a largo plazo en el exterior y, por tanto, dirigiendo o coordinando relevantes proyectos de cooperación, en Marruecos, Albania, Bolivia y Ucrania (aunque esta última trabaja desde España tras la invasión rusa de ese país). A ello debe sumarse que las dos plazas en magistraturas de enlace ocupadas por miembros de la carrera fiscal, concretamente en EEUU y Benelux, lo son también por mujeres.

Durante el año 2021 el número de comisiones de servicio para el traslado al extranjero de fiscales ha sido de 48, un número muy escaso en relación con años previos, pero mayor que las 27 tramitadas en 2020, que además habían sido todas ellas realizadas antes de las restricciones a la movilidad adoptadas en marzo. Sin embargo, igual que el año pasado, han sido realizadas a distancia 72 asistencias técnicas en proyectos de mejora de la Administración de la Justicia y lucha contra la delincuencia, como el PAcCTO o EUROsociAL u otros de carácter bilateral gestionados principalmente por FIIAPP; en total 55 fiscales ha participado en estas asistencias ya que algunas son continuación de otras y por tanto han sido ejecutadas por quienes participaron en la primera actividad.

Debe constatarse este año que, aunque la Instrucción 1/2011 sigue vigente y por tanto la Fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional y la UCIF coordinan las tres áreas de intervención internacional, durante este año algunas de ellas han sido organizadas por la Secretaría Técnica quienes se han encargado de concretar la agenda y recibir visitas de autoridades extranjeras.

La UCIF ha realizado este año, como en anteriores, un trabajo de estudio e informes de anteproyectos de Ley relacionados con la materia de la cooperación internacional remitiendo sus aportaciones a la Secretaría Técnica y al Consejo Fiscal, quienes han acogido muchas de ellas como aportaciones de utilidad, incorporándolas al informe final del Consejo Fiscal. Esta actividad ha sido especialmente relevante en 2021 por lo que conviene dejar constancia de estos informes: En el mes de febrero se emitió cumplido informe al Anteproyecto de LO por la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento 2017/1939 por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea. En el mes de marzo se emitió un extenso informe sobre el Anteproyecto de Ley por la que se adapta el ordenamiento nacional al Reglamento 2018/1727 sobre Eurojust, y se regulan los Conflictos de Jurisdicción, las Redes Judiciales de cooperación. En el mes de julio se informó el Anteproyecto de LO por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales. En el mes de octubre se informó el Proyecto de Real Decreto por el que se regula el procedimiento para la selección y designación de la terna de candidatos a Fiscal Europeo y candidatos a Fiscal Europeo Delegado en España y finalmente, en diciembre se elaboró informe al Anteproyecto de LO por la que se modifican la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para la transposición de directivas en materia de lucha contra el fraude y la falsificación de medios de pago distintos del efectivo y abuso de mercado, y la Ley Orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, sobre intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea.

Por designación de la Fiscal General, la Fiscal de Sala se integró en el equipo encargado de las diligencias de investigación 17/20, 40/20 y 44/20, referidas al Rey emérito, y en las que la Fiscal de Sala se encargó de la gestión de las solicitudes de auxilio internacional con las autoridades encargadas de su ejecución en Irlanda, Jersey, Suiza y Mónaco, con un resultado muy positivo en la colaboración recibida de todas ellas.