12.6 Resumen de las Memorias de las Fiscalías territoriales
Los Fiscales superiores y provinciales, dedican una parte de su memoria a exponer el trabajo de las secciones de delitos económicos, de donde se infiere con claridad el compromiso de los fiscales especialistas y la extraordinaria calidad de su trabajo.
La imposibilidad de reflejar los datos y textos completos de cada fiscalía en la Memoria anual no excluye el proporcionar unas pinceladas de las circunstancias o datos sugestivos de las mismas, por constituir la esencia del trabajo de los compañeros especialistas en esta materia.
La Superior de Andalucía refiere como, al amparo de las Instrucciones 3/2007 y 1/2015 de la FGE, los especialistas asumen las causas por los delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, insolvencias punibles, administración desleal, así como los relacionados con la frustración de procedimientos ejecutivos para el cobro de créditos y delitos societarios.
Dentro de la Superior se observan diferencias provinciales. Así mientras Granada dice que han disminuido las Diligencias de Investigación incoadas este año y que todas lo han sido por denuncia de la AEAT por delito contra la Hacienda Pública, por Almería se alude a un aumento tanto de Diligencias de Investigación como de procedimientos judiciales relativos al mismo delito y que se mantiene el número en obtención de sentencias condenatorias.
Al tiempo que por Cádiz se destaca la importancia de los fiscales de enlace en las Fiscalías de Área del territorio (Jerez de la Frontera, Algeciras y Ceuta) que tienen un volumen y complejidad de trabajo similar a la sección provincial, por Córdoba se refiere la necesidad de crear una autentica sección de delitos de esta naturaleza, que justifica ante el incremento de estas conductas delictivas caracterizadas por la dedicación que exige su complejidad, y alude en esta anualidad a la calificación del PA 33/20 relativa a un fraude a la Tesorería General de la Seguridad Social, cuya tramitación ha durado ocho años, con 489 personas físicas investigadas y 3 personas jurídicas, contando con una pieza principal y 340 piezas separadas.
Por la Fiscalía de Huelva se aprecia un importante aumento de asuntos, y menciona expresamente la dificultad y falta de práctica para introducir en el proceso la responsabilidad de las personas jurídicas, observándose que en ocasiones se deja de dar traslado por los órganos de instrucción de la imputación a las empresas o sociedades contra las que también se dirige el procedimiento.
Jaén refleja nuevamente la situación del PA 413/2018 en el que se formuló acusación contra 300 personas por delito de fraude de prestaciones de la Seguridad Social, causa que fue indebidamente fraccionada por la Audiencia Provincial en distintos procedimientos por cada 10 acusados y remitidos para su enjuiciamiento a los Juzgados de lo Penal, asumiendo para si la Audiencia solo el conocimiento de la acusación contra los empresarios ficticios que facilitaron el cobro fraudulento de las prestaciones. Se incide en que al estar pendiente de casación la sentencia absolutoria dictada por la Audiencia provincial, ha quedado en suspenso el juicio de las otras 30 causas ante los penales, a expensas de lo que resuelva el TS que determinará que las defensas opten por la celebración del juicio o por alcanzar conformidades con la acusación.
Por la Fiscalía de Málaga se reseña el incremento significativo de los asuntos de la especialidad, alcanzando la cifra de 112 casos frente a los 53 de la anualidad anterior. Se asume por los especialistas el reto de combatir las dilaciones de las causas, al no tener los juzgados de instrucción personal ni estructura que permita una instrucción ágil y profunda, y remarca que sería deseable disponer de personal especializado que arrojara luz sobre aspectos técnicos de esta forma de delincuencia. Se insiste en que son delitos que producen un daño importante al tejido social y empresarial, y que socavan las arcas del Estado que necesita ahora más que nunca que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones, y que dar una mayor difusión a la labor que hace el Ministerio Fiscal contribuiría a trasladar el mensaje a la opinión pública de que el crimen no compensa.
También Sevilla refiere un incremento importante de asuntos esta anualidad, 48 nuevos casos frente a los 36 del año anterior, en su mayoría por el delito contra la Seguridad Social y fraude de subvenciones, sobre todo por fraude en las subvenciones relacionadas con los Programas de Reindustrialización desarrollados por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo en zonas desfavorecidas. Se llama la atención sobre determinados problemas en instrucción derivados de las modificaciones legales introducidas en estos delitos y señala que la TGSS o la Inspección de Trabajo y Seguridad Social presentan denuncias contra sociedades por impago de cuotas de numerosos años, que están prescritos penalmente o que no alcanzan el mínimo de 50.000€, cuando la fiscalía solo acusa cuando los 4 años a que refiere el tipo lo son consecutivos y alcanzan la cuantía señalada.
De ligero incremento en la incoación de Diligencias de investigación habla la Fiscalía Superior de Aragón, que han sido 9, todas ellas de Zaragoza y en todos los casos relativas al delito contra la Hacienda Pública, pero en todo caso muy lejos de las cifras de 2019.
La Fiscalía Superior de Asturias refleja en sus estadísticas un aumento de los asuntos de la sección en cuanto a las Diligencias de investigación, habiéndose incoado 17 diligencias frente a las 11 del año anterior, pero sin alcanzar las 20 del año 2019. Si bien han disminuido las cifras globales de nuevos procedimientos en un 17 %, han aumentado en relación con la anualidad anterior los delitos contra la Seguridad Social y los delitos societarios, siendo 27 las calificaciones realizadas y 47 sentencias dictadas. Se resalta la dictada en el PA 255/20 contra varios miembros de la comisión ejecutiva de un sindicato por delito de fraude de subvenciones porque se condena al sindicato como persona jurídica.
Informa la Fiscalía Superior de Las Illes Balears, de la creación de una sección de delitos económicos en la que junto al delegado se han asignado tres fiscales más, dada la relevancia y aumento de la actividad delictiva en esta materia. Señala que muchas de las diligencias de investigación y de las causas asumidas e investigada inicialmente por esta sección son remitidas a la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad organizada, lo que da cuenta de la entidad y extensión de dichas conductas delictivas. Pone el acento en que son numerosos los procedimientos penales contra grupos de delincuentes que operan en el territorio, lo que exige la práctica de intervenciones instadas por Interpol y autoridades judiciales extranjeras, algunas de ellas con relación a grupos organizados que blanquean sus beneficios en territorio balear.
Por Canarias se refleja como la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife alerta sobre la necesidad de utilizar por el órgano judicial con más frecuencia medidas cautelares de carácter real para garantizar la eficacia de la ejecución en caso de sentencias condenatorias, al observar que la Administración Tributaria no ha incrementado las mismas pese a haberse ampliado su repertorio por la Ley 7/2012 de 29 de octubre, cuando con motivo de un procedimiento de comprobación e investigación inspectora, se haya formalizado denuncia o querella por delito contra la Hacienda Pública, pudiendo incluso adoptarlas aun cuando no sea parte denunciante con posterioridad a la incoación de las diligencias de investigación del MF o la incoación de un procedimiento penal. En esta Fiscalía se han incoado 9 diligencias de investigación frente a las 3 del año precedente, se han formulado 17 escritos de acusación y dictado 30 sentencias.
También Las Palmas refleja el aumento del trabajo de la Fiscalía en relación al año precedente, extensivo a las diligencias de investigación que han sido 14 diligencias frente a 5 el año anterior, pero sin llegar a las 16 de 2019; se ha formulado 48 escritos de acusación y son 37 las sentencias dictadas frente a los 43 escritos y 37 sentencias de 2020. Destaca como novedoso el aumento de procedimientos concursales que requirieron de calificación y que tiene asumida la sección alcanzando los 92, con asistencia a 24 vistas.
El esfuerzo realizado para lograr una mayor agilización en la tramitación de los procedimientos por parte de todos los operadores jurídicos es destacado en la Memoria de Cantabria, que atribuye el elevado grado de defraudación tributaria del IVA y del impuesto de sociedades a la crisis de la actividad de la promoción y construcción inmobiliaria, y que es la materia que constituye el grueso de la investigación de la fiscal. Entiende que la disminución de denuncias de la AEAT se corresponde a que, en el marco de su actividad inspectora, se abstiene de denunciar en vía penal cuando exista la mínima posibilidad de regularizar extrajudicialmente. Se han incoado 2 diligencias de investigación, formulado 3 escritos de acusación y dictado 5 sentencias en 2021.
La Fiscalía Superior de Cataluña refleja unos datos estadísticos muy similares a la anualidad anterior en calificaciones, con una leve disminución de las diligencias de investigación, en un 4,55 %, con aumento en un 56,82 % de los juicios celebrados, lo que parece lógico después de un año de pandemia y que ha supuesto un incremento considerable de sentencias dictadas en primera instancia (en 115,79 %). Se alude por la delegada de Tarragona como ejemplo de la complejidad de la materia y la necesidad de la especialización de los órganos judiciales, a la sentencia de 3 de mayo de 2021 del Juzgado de lo Penal n.º 3, juicio que se celebraba por segunda vez al haber sido anulado el primero por la Audiencia Provincial, en el que la juez apreció la prescripción del delito, cuando esto ya se había planteado por la parte en el recurso y la Audiencia lo había desestimado. El fundamento es que computó el plazo de prescripción referido a una defraudación del IVA correspondiente al ejercicio de 2010 no desde la fecha de la declaración del resumen anual del IVA sino desde la fecha de cada una de las declaraciones trimestrales, lo que lógicamente ha sido recurrido por la Fiscalía
En el ámbito territorial de Castilla la Mancha, hay tres secciones constituidas de delitos económicos, concretamente en Ciudad Real, Albacete y Toledo, mientras que en Cuenca y Guadalajara las causas por estos delitos son asumidas por los respectivos Jefes provinciales. Valora la Memoria que los datos estadísticos expresan la tendencia descendente del último quinquenio en cuanto a las diligencias previas incoadas en casi todos los territorios: 66,66 % en Guadalajara, 60 % en Cuenca, 55,56 % en Ciudad Real y 14,30 % en Albacete, siendo la única excepción el incremento en un 111,10 % de la fiscalía de Toledo.
La delegada de Albacete traslada que si bien no se han incoado diligencias de investigación si ha habido 8 nuevos procedimientos de la especialidad. Por su parte la delegada de Ciudad Real computa 3 escritos de acusación y 6 sentencias dictadas, mientras que Toledo resalta el avance en esta materia desde que se constituyó la sección en el año 2019, siendo 27 las diligencias de investigación asumidas desde entonces. Por su parte Cuenca y Guadalajara refieren un procedimiento de la especialidad y unas diligencias de investigación respectivamente, lo que justifica la ausencia de sección.
El sistema de delgados no se ha visto modificado en 2021 en Castilla y León lo que responde a factores como la escasa población y el correlativo tamaño de las fiscalías provinciales, a lo que se añade el marcado carácter agropecuario de la zona con escaso tejido industrial, y es por ello que no todas las Fiscalías Provinciales cuentan con sección de delitos económicos (no tienen Ávila, Palencia, Segovia y Soria), y aquellas que sí la tienen, en ningún caso se trabaja en exclusividad. Los datos estadísticos la Memoria del Superior reflejan, una ligera disminución de las Diligencias de Investigación pasando de 17 en 2020 a 14 en la presente anualidad, si bien hay un aumento del número de calificaciones en relación con el año anterior que se cifra en un 13,5 % (de 48 a 51), que se produce especialmente en los delitos de frustración de la ejecución y en el delito de blanqueo de capitales. También ha aumentado el dato global de sentencias dictadas en un 11 % pasando de 36 a 40. En la Memoria se sugiere la creación de un delegado de la especialidad en la Fiscalía Superior, así como la creación de grupos de unidades de funcionarios de los cuerpos y fuerzas de seguridad especializados en la materia y a las órdenes de jueces y fiscales.
Ejemplo de organización del trabajo lo encarna el delegado de Salamanca, quien ha elaborado varios libros de registro informáticos para la organización de la entrada, distribución y consulta de toda la materia de la especialidad, creando también una base de jurisprudencia de los tipos penales que asume la sección a fin de facilitar el trabajo. La memoria recalca la importante relación con la especialidad de Extranjería al ser frecuente que en los delitos de prostitución también se cometan delitos de blanqueo de capitales y también con la fiscal encargada de lo contencioso-administrativo en lo referente a las entradas y registros a instancias de la AEAT.
Por la Fiscalía de Burgos se menciona un supuesto similar al anteriormente referido por la Fiscalía de Jaén, en el que tratándose de enjuiciar un delito de fraude fiscal con 38 investigados y 44 empresas, la Audiencia Provincial ha dividido la causa en tomos separados por tramas hasta un número de 5. León refiere que a diferencia de lo que ocurre con la AEAT que suele presentar sus denuncias ante la Fiscalía para que, si procede, sea el/la fiscal quien active la vía judicial, la Tesorería de la Seguridad Social suele presentar la denuncia directamente por sus grupos de policías especializada o en su caso por los letrados que ejercen la acusación particular, lo que determina que la fiscalía tenga conocimiento de estas causas de modo tardío y solo tras la incoación de las diligencias previas.
La Fiscalía Superior de Extremadura destaca la asunción por la especialidad de delitos económicos de los asuntos del Juzgado de lo Mercantil de Badajoz, cuya conflictividad ha aumentado un 30 %, así como la creación de un segundo Juzgado de lo Mercantil con sede en Mérida, lo que ha dado lugar a 78 intervenciones de la sección en actos procesales diversos. Señala que a las calificaciones de concurso de empresas de gran tamaño, se ha unido la situación de insolvencia creada por la pandemia por lo que la asunción por la sección de delitos económicos del control de lo mercantil es valorada muy positivamente por sus posibilidades de conexión con el objeto de la sección y por la existencia de procesos penales impulsados por la misma que conviven con los concursales, lográndose una visión de conjunto y una solución integral en «clave de legalidad a los intereses sociales en presencia». También se refiere la Memoria a la posibilidad de utilizar los cauces del juicio rápido en los supuestos del artículo 258.2 del CP cuando el deudor en un proceso de ejecución no presente su relación de bienes o patrimonio, y afirma que es evidente la aplicación en los casos de ejecución tributaria que se dilata por falta de colaboración del obligado tributario y se sugiere que en estos casos el atestado sea elaborado por el Servicio de Vigilancia Aduanera. Recalca la idoneidad de esta vía tanto para el interesado porque puede beneficiarse de la rebaja de un tercio de la pena, como para la sociedad al generar un efecto de prevención, así como una reducción del tiempo de tramitación judicial. Los datos estadísticos que aporta se traducen en un total de 83 escritos de acusación.
En la Memoria de Galicia se reflexiona sobre los efectos que provoca la delincuencia económica, que se extienden no solo a los daños materiales o económico-financieros sino también a los de carácter inmaterial como la pérdida de confianza en el tráfico mercantil, la deformación del equilibrio de mercado y la eliminación de la competencia, lo que puede llevar a quebrantar el sistema financiero. Aporta como datos globales la realización de 40 calificaciones y 34 sentencias, cifras superiores a las de 2020 que fueron 28 acusaciones y 27 sentencias, pero lejos de los reflejados en 2019 (52 y 96 respectivamente). Las Diligencias de Investigación incoadas en la materia ascienden a 26, frente a las 24 del año 2020 y sustancialmente inferiores a las 47 de 2019. Se retoma en la memoria la petición de nombramiento de un fiscal delegado autonómico de delitos económicos y se informa sobre la incorporación de otro fiscal en la Comisión mixta de seguimiento creada por el Protocolo de colaboración entre la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Galicia y el Consello de Contas de Galicia para la prevención de la corrupción en el Sector Público de la Comunidad Autónoma de Galicia.
La Fiscalía Superior de La Rioja expone como las condiciones y estructuras de nuevo sistema social han generado unas conductas criminales muy alejadas de la delincuencia tradicional, en las que a través del fraude y el engaño lo que se ocasiona es un daño real y directo al orden económico de un país, ejecutado por móvil de puro enriquecimiento y bajo el amparo del abuso de las formas societarias, de la internacionalización de la economía y del perfeccionamiento de los medios técnicos. Subraya la extraordinaria utilidad de la ampliación del convenio suscrito entre la FGE y el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España en orden a facilitar la investigación de hechos delictivos de gravedad, al posibilitar el inmediato conocimiento de la titularidad de las entidades inscritas en el registro que permite determinar quienes sean las personas físicas o jurídicas que en última instancia son beneficiarias de la actividad delictiva. Se han dictado 4 sentencias en 2021 por los juzgados de lo penal, 3 de ellas condenatorias.
Madrid destaca lo positivo de la colaboración con la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social que permite establecer una estrategia conjunta en la lucha contra la delincuencia económica, y destaca también la labor positiva que desarrolla el Observatorio del Delito Fiscal. Se ha producido un aumento de diligencias de investigación incoadas, ascendiendo a 106 este año memorial frente a las 85 del año anterior, interponiéndose 7 querellas y 47 denuncias, lo que implica un incremento del 38,4 %. Se han elaborado 63 escritos de acusación frente a los 31 de 2020, y traslada que no debe olvidarse la carga de trabajo que supone la elaboración de los escritos de sobreseimiento (74 este año) que implican un profundo estudio de causas complejas, que en ocasiones presentan mayor entidad que la formulación de una acusación. El año 2021 ha sido fructífero en la celebración de juicios de esta materia que han dado lugar a un incremento importante en las sentencias dictadas que ascienden a 89, cifra que prácticamente duplica las de 2020. También se han tramitado 2.491 procedimientos concursales en las modalidades de procedimientos abreviados y ordinarios, aumento importante respecto a 2020 que fueron 2.142 y mucho más elevado que la cifra arrojada en 2019 que fue la de 649. Destaca la Memoria el procedimiento del juzgado n.º 2 de Alcobendas por defraudación de IVA intracomunitario de más de 26 millones de euros y que tras 18 meses de tramitación se remitió a la Audiencia Nacional y ha sido finalmente asumida por la Fiscalía Europea.
De normalización habla la Memoria de Murcia en cuanto a los asuntos tramitados por la sección, ascendiendo a 26 las diligencias de investigación incoadas; 12 los escritos de acusación y 14 las sentencias dictadas en delitos económicos. Llama la atención la Memoria en relación a años anteriores respecto al aumento de la incoación de diligencias por infracciones relacionadas con la frustración de la ejecución, tanto las denunciadas por la AEAT al ser detectadas en el curso de actuaciones de recaudación, como aquellas que traen causa en procedimientos concursales, bien sea por testimonio de particulares remitidos por los juzgados de lo mercantil o por comunicaciones de los administradores concursales al apreciar salidas fraudulentas de empresas en situación concursal. Refleja cómo las actuaciones de las Dependencias de Recaudación ya no se limitan a los informes, en trámite de ejecución de sentencias, a que se refieren el artículo 308.bis del CP y 900 de la LECrim, elaborados con la finalidad de valorar la procedencia de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad, o sobre la revocación de una suspensión previamente concedida, sino que describen de forma detallada y con toda la justificación documental, todas las maniobras de vaciamiento patrimonial o de ocultación de bienes que hayan podido producirse. Con este sólido sustento se promueven procedimientos judiciales por delitos del artículo 257 del CP que son dirigidos no solo contra los deudores, sino también contra las personas o entidades que han podido colaborar con ellos.
La Fiscalía Superior de Navarra señala que la mayoría de los delitos instruidos en esta Comunidad lo son contra la Hacienda Pública por supuestos de defraudación del IVA y del Impuesto de Sociedades, dada su diversidad, sin que la dedicación profesional de las personas investigadas haya permitido encontrar un patrón general en la actividad desarrollada por aquellos. También llama la atención sobre la forma de actuar de las representaciones procesales de las administraciones perjudicadas, que al estar acostumbradas a valorar la prueba de cargo en los términos de la jurisdicción contenciosa-administrativa en la que habitualmente se desenvuelven, determina el que haya que trasladar que la prueba de cargo del orden penal es más exigente. Como datos estadísticos, el presente año se han formulado 4 escritos de acusación y se han dictado 3 sentencias.
En la memoria de la Fiscalía Superior del País Vasco, por Bizkaia se informa que se mantiene la tendencia iniciada en años anteriores relativa a que las diligencias de investigación tienen su origen mayoritariamente en denuncias de particulares y no de las administraciones públicas. Así de las 13 diligencias de investigación iniciadas este año, sólo 3 lo han sido por denuncia de la Diputación Foral todas ellas relativas a delitos contra la Hacienda Pública. Han sido 2 los escritos de acusación este año por delito contra la Hacienda Pública y 1 por delito contra la Seguridad Social, y se han dictado 9 sentencias de las cuales 8 han sido condenatorias. Por su parte la sección de Guipuzkoa constata que pese al tiempo transcurrido, subsisten los problemas en la citación en debida forma de las personas jurídicas como investigadas (a lo que también se refiere como ya se ha expuesto la Fiscalía de Huelva). La sección ha incoado 2 diligencias de investigación; se han presentado 6 escritos de acusación y se han dictado 2 sentencias.
La Fiscalía Superior de Valencia proporciona los datos diferenciados de cada una de las provinciales. Alicante ha incoado 27 diligencias de investigación, se han elaborado 19 escritos de acusación lo que supone un aumento respecto de los 11 de 2020, y se han dictado 13 sentencias, número este inferior a las 17 dictadas en el año anterior. Por su parte, la sección de Castellón ha incoado 3 diligencias de investigación, se han formulado 4 escritos de acusación y se han dictado 9 sentencias. Respecto a la Fiscalía de Valencia, se apuntan dos modificaciones de carácter organizativo que enriquecen la sección de delitos económicos. Una es relativa a la asignación de una Gestora cuyas funciones van a suponer un auxilio para los fiscales en cuanto a la descarga de tareas administrativas que hasta el momento eran asumidas. La otra, considerada como una apuesta pionera consiste en la incorporación a la Fiscalía de una licenciada en Derecho y administración de Empresas para prestar auxilio a los fiscales en materia contable y económica. Destaca el dato de que se han reducido en sustancialmente el número de asuntos pendientes mejorando la tendencia positiva de los últimos años. Se mantiene estable el número de diligencias de investigación que este año ascienden a 44 frente a las 46 de 2020 y 43 de 2019, habiéndose judicializado 26 de ellas; han sido 29 los delitos de acusación presentados frente a los 21 de 2020 y se han dictado 44 sentencias en 2021 frente a las 43 dictadas tanto en 2020 como en 2021. Concluye señalando que se ha mantenido el despacho de ejecutorias centralizado en el delegado, lo que permite mantener un criterio homogéneo en esta fase con la que culmina el procedimiento.